Ciudad de México.— Con el objetivo de profundizar respecto a las problemáticas que afectan el ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en México. Aldeas Infantiles SOS, organizaciones de la sociedad civil expertas en infancias y adolescencias que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo, coincidieron en la necesidad de generar acciones para la prevención de la separación de las familias.
El derecho a vivir en familia, es un derecho que afecta directamente al desarrollo psico-afectivo, social, de identidad y protección de niñas, niños y adolescentes. Es un derecho que como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), es un derecho que permite el ejercicio de otros, es por ello importante reflexionar respecto a la situación actual de las infancias y adolescencias que han perdido el cuidado familiar o se encuentran en riesgo de hacerlo en nuestro país.
NO VULNERAR DERECHOS
A través del Simposio “Derecho a vivir en familia en México”, el cual se llevó a cabo en el Senado de la República, las organizaciones expertas en infancias, adolescencias y juventudes dialogaron sobre la importancia de garantizar que los niños, niñas y adolescentes crezcan en un entorno familiar donde sus derechos no sean vulnerados.
Los temas principales del simposio se desarrollaron desde la perspectiva de la prevención de la separación de las familias y de los cuidados alternativos.
Las principales razones de la separación familiar son: negligencia, discapacidad severa trastornos de salud mental, ausencia de cuidador/a adulto/a por abandono, migración, o privación de libertad, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, abuso y explotación sexual y consumo problemático de sustancias psicoactivas.
“Es clave profundizar respecto a las problemáticas que afectan el ejercicio del derecho a vivir en familia de las niñas, niños y adolescentes, por ello, es importante que como organizaciones que trabajamos en beneficio de las infancias y adolescencias sumemos esfuerzos con el Estado, para que se generen políticas públicas que garanticen la protección de aquellos que han quedado en situación de orfandad o desamparo, garantizando se evalúe la situación de cada caso para garantizar el interés superior de cada niña y niño, se promueva la reintegración familiar o brindar un cuidado alternativo de calidad en los Centros de Asistencia Social”, comentó Diana Rosales, Directora Ejecutiva y Representante Legal de Aldeas Infantiles SOS en México.
ENTORNO FAMILIAR
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los centros de asistencia social brindarán “acogimiento residencial” a niñas, niños y adolescentes como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. Sin embargo, residen más de 50 mil niñas, niños y adolescentes en todo tipo de alojamientos asistenciales.
Es por ello, la importancia de generar espacios de intercambio respecto a lo que hace falta por hacer para garantizar un entorno familiar a niñas, niños y adolescentes. Es clave que este tema sea discutido por expertos de la niñez desde un enfoque de derechos que permita encontrar medidas integrales y transversales que impacten directamente en el desarrollo de la niñez y adolescencia en nuestro país.
Ante esta situación y cifras es importante trabajar en coordinación como sociedad civil, Estado y organizaciones, por ello, exhortaron a fin de proteger y salvaguardar el interés superior de la niñez y la adolescencia que la garantía del derecho a vivir en familia sea una prioridad.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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