Desapariciones en México: ONU eleva alerta mundial mientras Estado niega crisis

Ciudad de México.— El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de la ONU que remita la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, con el fin de que se consideren medidas de apoyo al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este delito.

La determinación, adoptada en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, responde a la evaluación del Comité sobre la existencia de indicios fundados de que en el país se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Indicios de patrones sistemáticos y crisis persistente

El CED señaló que la información analizada apunta a múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en distintas regiones y periodos. No obstante, aclaró que este procedimiento es de carácter preventivo y no busca establecer responsabilidades penales individuales.

El análisis se sustenta en información proporcionada por organizaciones civiles, respuestas del Estado mexicano, incluida la entregada en septiembre de 2025, así como datos recopilados por el propio Comité desde 2012, entre ellos su visita al país en 2021 y solicitudes de acción urgente de víctimas.

Aunque el Comité reconoció que la violencia vinculada a la llamada “guerra contra las drogas” ha influido en este contexto, subrayó que no encontró evidencia de una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas.

Participación de actores estatales y no estatales

El organismo también tomó nota de la postura del Estado mexicano, que atribuye muchas desapariciones a grupos delictivos. Sin embargo, advirtió que existen casos con información fundamentada que apunta a la posible participación, autorización o aquiescencia de funcionarios públicos.

Asimismo, recordó que, conforme al derecho internacional, las desapariciones forzadas pueden constituir crímenes de lesa humanidad incluso cuando son perpetradas por organizaciones no estatales, siempre que formen parte de ataques sistemáticos contra la población civil.

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Magnitud del problema y hallazgos forenses

El Comité destacó la dimensión de la crisis, señalando que, aunque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no distingue con claridad los casos de desaparición forzada, el volumen de registros evidencia la gravedad del fenómeno.

Además, citó el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas, con más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos, así como cerca de 72,000 restos sin identificar. A pesar de medidas adoptadas en años recientes, el organismo consideró que no se observa una mejora sustancial.

Solicitud de apoyo internacional y medidas estructurales

Ante este panorama, el CED solicitó a la Asamblea General considerar mecanismos de cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, análisis forense e investigación.

También propuso la creación de un mecanismo eficaz para el esclarecimiento de la verdad y la protección de familias, organizaciones y personas defensoras involucradas en la búsqueda de desaparecidos.

SRE rechaza informe y defiende avances institucionales

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe del Comité, al considerarlo “tendencioso” y ajeno a la realidad actual del país. Señaló que el documento no incorpora adecuadamente las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México.

La dependencia sostuvo que el procedimiento del artículo 34 está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de forma sistemática por el Estado, lo que, afirmó, no corresponde al México actual.

Señalamientos de parcialidad y falta de rigor

La SRE argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y que se limita a cuatro estados, por lo que calificó la decisión del Comité como parcial y sesgada.

Asimismo, cuestionó la solidez jurídica del documento y señaló posibles conflictos de interés entre integrantes del Comité, al asegurar que al menos uno de ellos habría trabajado con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano.

Gobierno niega política de desapariciones forzadas

El Gobierno de México reiteró que no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Subrayó que el propio Comité reconoce la inexistencia de indicios de una política federal en ese sentido.

Además, defendió que en la actual administración se han impulsado reformas legales e institucionales para atender el problema, con participación de colectivos de familiares.

Reformas y nuevas herramientas de búsqueda

Entre las acciones destacadas por la SRE se encuentran las reformas aprobadas en julio de 2025, que incluyen la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, la consolidación de bases de datos nacionales y el fortalecimiento de capacidades forenses.

También mencionó la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda.

México mantiene apertura a cooperación internacional

Finalmente, la Cancillería aseguró que México mantiene una política de cooperación con organismos internacionales de derechos humanos y está abierto a recibir asistencia técnica, siempre que se base en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.

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