Educación y trabajo, binomio para reconstruir proyectos de vida tras la prisión

Ciudad de México.— La posibilidad de estudiar y aprender un oficio dentro de prisión se perfila como una vía concreta para romper inercias de exclusión, reducir la reincidencia y abrir oportunidades al recuperar la libertad, especialmente para quienes han enfrentado rezagos educativos y laborales antes de ingresar al sistema penitenciario.

La diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, impulsa una iniciativa para asegurar que las personas privadas de la libertad accedan a educación en todos los niveles y a formación para el trabajo, como parte de su proceso de reinserción social.

El proyecto legislativo plantea que fortalecer la educación en los centros penitenciarios puede incidir en la reducción de la criminalidad, al ofrecer alternativas de desarrollo personal y profesional.

Asimismo, destaca la necesidad de articular la formación académica con políticas de inclusión laboral, tanto durante el internamiento como después de la liberación.

Acceso a educación desde alfabetización hasta nivel superior

La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Educación, plantea reformar el artículo 10 y adicionar la fracción IX Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el fin de que las personas en centros de readaptación social, en particular las mujeres, tengan derecho a recibir educación gratuita en alfabetización, básica, media superior y superior.

Asimismo, se busca incorporar este derecho en la Ley General de Educación mediante la adición de la fracción XIV al artículo 9, para garantizar la cobertura educativa dentro del sistema penitenciario.

Capacitación laboral para la reinserción

El proyecto contempla que, durante la prisión preventiva o el cumplimiento de sanciones penales, las personas privadas de la libertad puedan acceder a capacitación laboral avanzada, con el propósito de adquirir habilidades y conocimientos que faciliten su incorporación al mercado laboral.

El objetivo es que la formación académica se complemente con herramientas prácticas que favorezcan una reintegración efectiva a la vida productiva.

Continuidad educativa tras la liberación

Uno de los elementos de la iniciativa es asegurar que, al obtener la libertad anticipada o definitiva, las personas beneficiarias continúen con su proceso educativo y de inserción laboral.

Para ello, se plantea que los servicios previstos en los artículos 7 y 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal den seguimiento a la formación iniciada en reclusión, evitando interrupciones derivadas del cambio de situación jurídica.

Educación como derecho que no se suspende

La diputada Gómez Pozos refirió que la educación es un derecho humano fundamental que no se pierde con la privación de la libertad, por lo que el Estado debe garantizar la alfabetización y acceso a niveles medio superior y superior.

Señaló que la falta de oportunidades educativas constituye un factor que puede incidir en la reincidencia delictiva, por lo que invertir en educación penitenciaria contribuye a la seguridad pública a largo plazo.

Enfoque en mujeres privadas de la libertad

La iniciativa reconoce que las mujeres en reclusión enfrentan condiciones diferenciadas, debido a que la oferta educativa y laboral en los centros femeniles ha estado limitada. Con la reforma propuesta, se busca ampliar las oportunidades hacia capacitación técnica y profesional, con el fin de brindar herramientas que permitan competir en el mercado laboral en condiciones más equitativas.

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