Legisladores buscan cerrar vacío legal en reclutamiento de menores por el crimen organizado

Ciudad de México.— Legisladores de distintos partidos políticos coinciden en que el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado constituye una forma de apropiación del futuro de la infancia. En ese contexto, la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal para aumentar las sanciones cuando la corrupción de menores se relacione con actividades criminales.

La reforma modifica el artículo 201 del Código Penal Federal. El objetivo consiste en establecer el reclutamiento de menores para actividades relacionadas con el crimen organizado como circunstancia agravante del delito de corrupción de menores.

El dictamen establece que las penas por corrupción de menores aumentarán hasta en una mitad cuando exista relación con delitos de delincuencia organizada. La medida pretende reforzar la protección jurídica de niñas, niños y adolescentes frente a redes criminales.

Reclutamiento criminal como forma de esclavitud moderna

La diputada de Morena Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez señaló que quien incorpore a un menor en actividades delictivas enfrentará consecuencias proporcionales al daño causado.

Explicó que esta práctica no puede analizarse únicamente como un delito y definió como una forma moderna de esclavitud moral que arrebata a la infancia la posibilidad de construir su propio proyecto de vida.

Crimen organizado avanza hacia el entorno digital

También surgió preocupación por el uso de plataformas digitales para atraer a menores. La diputada del PAN Tania Palacios Kuri explicó que los grupos criminales ya operan en redes sociales, chats privados y otras herramientas en línea.

Según la panista, la legislación actual se diseñó en un contexto analógico que no contempla las nuevas modalidades de captación; Esta situación provoca que el marco jurídico avance con lentitud frente a las formas de reclutamiento que utilizan organizaciones criminales.

Palacios Kuri mencionó que el narcomenudeo y otras actividades ilícitas recurren cada vez más a adolescentes para tareas operativas o de contacto.

Frenar la incorporación de menores a estructuras criminales

El diputado del Partido Verde Felipe Miguel Delgado Carrillo explicó que el objetivo central de la reforma consiste en proteger a la infancia frente al reclutamiento forzoso.

Indicó que diversas organizaciones criminales integran a menores en tareas dentro de sus estructuras. Estas actividades forman parte de operaciones planificadas por grupos que operan de manera coordinada y que utilizan el delito como medio de subsistencia.

De acuerdo con el legislador, la reforma establece sanciones específicas para quienes involucren a menores en actividades propias de la delincuencia organizada.

Laguna legal que persiste

La diputada del PT Mary Carmen Bernal Martínez señaló que en varios estados del país se reportan casos de niñas, niños y adolescentes incorporados de manera obligada a grupos criminales, pero la falta de un tipo penal específico limita la actuación de las autoridades.

En el mismo sentido, el diputado del PT Ricardo Mejía Berdeja afirmó que algunas fiscalías muestran resistencia a reconocer el reclutamiento forzado como delito autónomo. Señaló que el combate a los grupos criminales requiere actuar sobre tres factores: financiamiento, armas y captación de nuevos integrantes.

Tipificación del delito

El diputado del PRI Miguel Alejandro Alonso Reyes sostuvo que el reclutamiento forzado aún carece de reconocimiento claro dentro del marco legal mexicano. Consideró que esta omisión permite espacios de impunidad.

Explicó que encuadrar estas conductas dentro del delito de corrupción de menores no equivale a reconocer jurídicamente el fenómeno del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Para el legislador, el problema requiere un tratamiento penal específico que refleje la gravedad del fenómeno.

Primer paso

El diputado de Movimiento Ciudadano Pablo Vázquez Ahued indicó que el reclutamiento de menores forma parte de un fenómeno extendido en distintas regiones del país.

Explicó que la incorporación de niñas, niños y adolescentes en redes criminales adopta múltiples modalidades y se reproduce en diversos contextos sociales. Según el legislador, combatir esta práctica constituye una prioridad para proteger a la infancia y también una medida estratégica frente al crecimiento de la delincuencia organizada.

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