Ciudad de México.— El Pacto por la Primera Infancia externó su preocupación sobre la propuesta de cancelación de 34 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud.
Consideró que la autoridad sanitaria no ha sido transparente en explicar las razones por las que registró su cancelación y tampoco ha informado sobre los siguientes pasos para la regulación de la prestación de servicios de salud.
CANCELACIÓN
Recordó que el jueves 1 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 en el que la Secretaría de Salud, a través del Comité de Normalización y Salud Pública, registró la propuesta de cancelación de diversas NOM. La publicación de este suplemento ha generado gran incertidumbre, ya que la autoridad sanitaria ha señalado que las Normas Oficiales Mexicanas “no se requieren para regular la prescripción, terapéutica y diagnóstico de cada una de ellas”, y que en la fabricación de las NOM propuestas a cancelar existiría “interés comercial directo” de carácter privado (Comunicado 154). Cabe mencionar que el comunicado no presenta una propuesta de sustitución o alternativa para la regulación de las acciones establecidas en las NOM.
Ante ello, el Pacto por la Primera Infancia reconoció que existe consenso en que mucha de la información contenida en las NOM se encuentra desactualizada, debido a que la Secretaría de Salud ha sido omisa en realizar los procedimientos necesarios para actualizar las normas y revisarlas al menos cada 5 años posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mediante un proceso de revisión sistemática, tal como está establecido en el Artículo 32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad.
La Ley de Infraestructura de la Calidad también señala que la autoridad normalizadora, en este caso el Comité de Normalización y Salud Pública, tendría que haber presentado un informe de la revisión sistemática para cada una de las normas que desee modificar o cancelar.
El informe debe incluir una justificación con los siguientes elementos:
1) el diagnóstico sobre la NOM con el análisis de medidas alternativas (explicando si hay o no); 2) el impacto o beneficios de la Norma Oficial Mexicana en cuestión; 3) los datos cualitativos y cuantitativos, y 4) la confirmación o, en su caso, la propuesta de modificación o cancelación.
Este informe debía ser presentado al Comité Consultivo Nacional de Normalización para su análisis y dictaminación en un plazo de 30 días para posteriormente realizar la publicación de la cancelación definitiva de la NOM en el Diario Oficial de la Federación (Artículos 32, 33, 41 y 42).
Hasta el momento, desde la Sociedad Civil, puntualizan que no hay evidencia de que la Secretaría de Salud haya presentado los informes de la revisión sistemática correspondiente para cada una de las 34 normas de las que se promueve su cancelación.
Las Normas Oficiales Mexicanas establecen las medidas mínimas que deben seguirse para asegurar la calidad, sanidad y armonización de productos o servicios otorgados a la población en México. Son el único instrumento específico, de observancia general y obligatoria para todos los sectores (público, social y privado) en todo el territorio nacional.
Las NOM son muy importantes porque en ellas se detalla todo aquello que no puede ser especificado en las leyes. En el caso de la atención a la salud su importancia es crítica, en tanto que establecen con claridad los procesos mínimos que el personal de salud debe seguir, por ejemplo, en la consulta médica.
El hecho de que la autoridad sanitaria considere la desaparición de una NOM sin presentar el instrumento que la sustituya implica el riesgo de eliminar los pisos mínimos de calidad deseada en la prestación de servicios de salud.
Con ello, lo poco que hay se debilita, se socavan las bases para la rendición de cuentas y se da un golpe a los fundamentos normativos que amparan la existencia de servicios de salud e intervenciones indispensables a las que no debemos renunciar.
En este caso, 32 de las NOM susceptibles de cancelación están relacionadas con las primeras causas de enfermedad y muerte en el país, donde las personas más afectadas son mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Conflictos
Si el supuesto es que hay conflictos de interés privado en las NOM existentes, entonces la autoridad sanitaria debe informar exactamente dónde se encuentran esos conflictos: ¿Dónde se encuentra el conflicto de interés en la norma 031 para la atención de la salud del niño? ¿Existe conflicto de interés en las disposiciones para prevenir las enfermedades diarreicas o en las infecciones respiratorias? ¿Existe conflicto de interés en las disposiciones para el control de la nutrición, crecimiento y desarrollo de las niñas y niños menores de 5 años? ¿En dónde? La autoridad sanitaria debe presentar los informes detallados para cada una de las NOM y, en lugar de cancelarlas, considerar la evidencia y actualizar todas las normas que sean necesarias. Es un buen momento para asegurar y blindar las Normas Oficiales Mexicanas de esos conflictos de interés.
Es por ello que el Pacto por la Primera Infancia hizo un llamado a que el Secretario de Salud federal, el Presidente del Comité de Normalización y Salud Pública, y el Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud presenten un Informe detallado sobre la revisión sistemática de cada una de las 34 Normas Oficiales Mexicanas susceptibles de cancelación. Asimismo, el llamado también es para que la Secretaría de Economía y el Comité Consultivo Nacional de Normalización vigilen el cumplimiento de la normatividad correspondiente a los procesos de elaboración, modificación o cancelación de Normas Oficiales Mexicanas.
“Sin regulación, no hay calidad y mucho menos habrá excelencia”, finalizó.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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