Ciudad de México.— La Mesa Directiva del Senado de la República regresó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda el dictamen que deroga la Ley de Población y crea una nueva que incluye la Clave Única de Registro (CURP) con fotografía.

De acuerdo con la Mesa Directiva el dictamen será ajustado por los senadores de dichas comisiones, toda vez que no hay consenso para su aprobación entre los grupos parlamentarios.

Recordar que a finales de septiembre, se aprobó en comisiones la Ley General de Población que propone crear una Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía, obligatoria para menores de edad y adultos.

De esta forma, los mexicanos tendrían la obligación de inscribirse en un Registro Nacional de Ciudadanos un Registro de Niñas, Niños y Adolescentes, menores de 18 años y con datos de los registros civiles y un Catálogo de los Extranjeros residentes en la República Mexicana.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Al respecto, integrantes de la Plataforma Actívate consideraron que la devolución a comisiones de esta iniciativa es un logro de la sociedad civil que ven amenazados sus derechos fundamentales.

Indicaron que gracias a la presión de la sociedad civil y organizaciones se pudo detener la Nueva Ley General de Población que atenta contra los derechos fundamentales como la protección y seguridad de los datos personales y el derecho a la vida.

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TRASGREDE EL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL

Cabe recordar que organizaciones de la sociedad civil que integran Red Familia consideran que la iniciativa de “Nueva Ley de Población” que impulsa la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, está plagada de graves deficiencias jurídicas de fundamentación y contenido, además, trasgrede abiertamente el marco jurídico nacional e internacional.

Red Familia indicó que se pretende imponer, entre otras cosas, una nueva Clave Única de Registro de Población (CURP), para recabar todos los datos biométricos y de fotografía para disponer arbitrariamente de ellos y hacer a un lado la credencial de elector como identificación oficial.

Por ello, señala que dicha iniciativa, no afronta el desafío poblacional más importante: el envejecimiento poblacional, sino que centra su atención en los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, los cuales carecen de fundamento jurídico y de consenso social.

Por lo anterior, solicitaron que la iniciativa sea votada en contra por las siguientes 10 razones:

1.- Es inconstitucional porque vulnera el principio constitucional de la división de poderes ya que pretender otorgar facultades de interpretación legal a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) cuando es exclusiva del poder judicial. La SEGOB no cuenta con ninguna facultad interpretativa.

2.- Mantiene políticas obsoletas en materia de registro de la población. En su exposición de motivos dice “ser un modelo de vanguardia e innovación”, sin embargo, en materia de Registro Nacional de Población y Registro Ciudadano y Cédula de Identidad ciudadana” copia y pega dichos capítulos de la Ley General de Población de 1974 lo cual no responde a las necesidades de la población del siglo XXI.

3.- El Consejo Nacional de Población (CONAPO) invadiría la competencia de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Educación. Ya que se establecería como facultad de la SEGOB “incorporar la educación integral de la sexualidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional”, sin embargo, esto no se encuentran dentro de las atribuciones de dicha secretaría. Las facultades en el ámbito educativo corresponden a la SEP únicamente.

4.- De igual manera, establece como facultad del CONAPO “elaborar y difundir programas de información, educación integral de la sexualidad”, lo cual, como en el caso anterior corresponde a la SEP.

5.- Constituye el andamiaje jurídico para la promoción e imposición del aborto en todo el país. Es evidente que el propósito principal de la iniciativa es la instauración de los mal llamados derechos sexuales y reproductivos en las políticas de salud y educación, por lo que en virtud del contenido del modelo de educación de la sexualidad que pretende implementar la llamada “Educación Sexual Integral” y del significado que se asume de los supuestos “derechos reproductivos”.

6.- Busca imponer un modelo de educación en sexualidad para niñas, niños y adolescentes que actualmente está desacreditado en el ámbito internacional. La “Educación Sexual Integral” (ESI) no es un término neutro, sino que conlleva un contenido ideológico específico que busca imponerse a nivel mundial. Cabe destacar que el intento de imposición de este modelo educativo fue una de las razones de la ruptura del consenso de la reciente reunión de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, como pueden dar cuenta de ello un grupo de senadores mexicanos que acudieron a la reunión internacional.

7.- Pretenden establecer derechos que carecen de fundamento jurídico y de consenso social. No reconoce las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o tutores en materia de salud y educación de sus hijos.

8.- Aborda aspectos ya regulados en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Dentro de su objeto está el combate a la discriminación, sin embargo, este aspecto ya se encuentra regulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

9.- No plantea ninguna propuesta concreta para atender la dinámica del envejecimiento de la población. El envejecimiento poblacional es un tema central a nivel nacional y global, sin embargo, no plantea ninguna propuesta concreta para atenderlo. Por el contrario, es de llamar la atención que en la iniciativa se dedique un capítulo entero a los mal llamados derechos sexuales y reproductivos y ni uno solo al envejecimiento poblacional.

10.- Finalmente, tiene un impacto presupuestal importante, puesto que establece el derecho de todos los migrantes a acceder a los programas y servicios públicos de los tres órdenes de gobierno. Crea una Comisión Interdependencias para la conducción de una política de interculturalidad dentro de la SEGOB. Crea la obligación para la CONAPO de producir estudios e indicadores sociodemográficos con el fin de orientar la distribución territorial de los habitantes.

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ebv