Ciudad de México.- Este miércoles tocó el turno de comparecer ante el Senado de la República, al secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza, quien como sus antecesores en este ejercicio de análisis del último Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, ahora con un Congreso de mayoría morenista y con un PRI notablemente disminuido en número y reputación, fue duramente cuestionado, en su caso de manera enfática, por los múltiples escándalos de corrupción del sexenio en los que se ha visto involucrado el Gobierno federal y de forma particular esta Secretaría.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, Higinio Martínez Miranda, cuestionó a Ruiz Esparza, por qué no renunció en su momento por motivos morales, éticos, y personales, en el caso del Paso Exprés; ya que, dijo, no es sólo enfrentar una responsabilidad, sino que había razones suficientes para que hubiera presentado su renuncia en ese momento.
El senador Martínez Miranda consideró que el funcionario termina el sexenio con una fuerte y contundente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; “esa no se la va a poder quitar por un buen tiempo”.
Durante la comparecencia del funcionario federal en el seno de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, los legisladores cuestionaron al secretario Ruiz Esparza, sobre diversos temas como el costo de una posible cancelación del nuevo aeropuerto, el Paso Exprés, el aumento de tarifas en autopistas, el Tren Interurbano México-Toluca, OHL y diversos casos de corrupción, entre otros asuntos.
Para el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, el titular de la SCT es protagonista principal de los escándalos de corrupción en la presente administración; “la Secretaría a su cargo ha estado envuelta y el socavón es una buena imagen de ello”. Recordó que en 2016, la SCT transfirió un subsidio de mil 600 millones de pesos al Sistema de Autopistas del Estado de México, justo antes de un año electoral.
Aunado a ello, agregó, está documentado cómo se han utilizado los cuerpos carreteros en el Estado de México, como un fondo sin fin de corrupción, para financiar elecciones. Además, refirió que la subsidiaria OHL México, que pagó un soborno en Suiza de 1.4 millones de euros, con cargo al Circuito Exterior Mexiquense, y cuestionó por qué se le sigue beneficiando con la construcción del Tren México-Toluca y la Autopista Atizapán-Atlacomulco.
Nos enteramos por la justicia suiza que recursos de aquí van a procesos electorales en España. Hace un año no tenemos titular de la PGR y usted ha sido uno de los beneficiados de eso. Sabemos por la justicia de otros países como se lava el dinero y se utiliza en procesos electorales, subrayó.
Claudia Esther Balderas Espinoza, legisladora por Morena, subrayó que la baja de inversión derivó en deficiencias en la construcción de vías primarias, pues suman 53 mil los caminos rurales en malas condiciones, mientras que siete de cada 10 kilómetros, no recibieron mantenimiento suficiente.
A ello, resaltó, se suma la opacidad e incrementos abusivos de peaje, no existe certeza de que en los contratos a empresas privadas se salvaguarde el interés público, y preguntó qué mecanismos se han implementado para transparentar las concesiones y obligar a gobiernos estatales y municipales a garantizar la construcción y mantenimiento de caminos rurales.
Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, se refirió al abandono del sector carretero, que es prioritario para el desarrollo. En el VI Informe se reconoce el retroceso de la inversión entre 2015 y 2017, lo que afectó sus participaciones en el Producto Interno Bruto (PIB) al pasar de 8 a 6.3 por ciento, comentó.
Señaló que Capufe redujo en 22.2 por ciento la inversión en mantenimiento y ampliación en la red carretera y la calidad de sus condiciones disminuyó de 82 a 76 por ciento, en tanto el aforo vehicular aumentó 31 por ciento de 2013 a 2017.
El senador del PRI, Eruviel Ávila Villegas cuestionó al funcionario sobre la calidad, operación, seguridad y conclusión de la obra del Tren Interurbano México-Toluca, ya que se habló de la posibilidad de concluirlo en septiembre del año pasado, “esto no sucedió así” ¿por qué el retraso? ¿Cuándo se tendrá finalmente? “Se dice que el costo del tren resultó tres veces más caro de lo que se calculó al principio ¿Es cierto? y si fuera cierto ¿Es justificable?”
Responde Ruiz Esparza
En sus respuestas, Gerardo Ruiz Esparza dijo que el costo inmediato de la cancelación del NAICM sería de 100 mil millones, de los cuales 60 mil se han destinado a obra y 40 mil a materiales ya adquiridos. En tanto, la demolición de lo que se ha construido, y resarcir el daño en el terreno, costaría “varios miles de millones de pesos” más.
Advirtió que se tendrían demandas de las 307 empresas que se verían afectadas, porque operan con créditos nacionales e internacionales; si se cancelan los contratos, habrá que analizar la fórmula para hacerlo y la única forma es la indemnización por la pérdida de los contratos que se tienen en este momento, apuntó.
Refirió que “desde hace sexenios” existen estudios previos realizados por organismos nacionales e internacionales, el más importante el de MITRE, que analizan diferentes lugares para instalar el aeropuerto, los cuales concluyeron que el sitio adecuado es Texcoco.
“Las conclusiones fundamentales, debo decirlo, que la información que yo tengo y que conozco, es que Texcoco es el lugar correcto para que haya un aeropuerto. No es la opinión de un servidor público, sino la opinión técnica de organismos internacionales que son los más importantes para dar una opinión de esta naturaleza”, aclaró.
Opinó que no es posible que un ciudadano pueda dar una respuesta al respecto, puso como ejemplo que si se analizan las corrientes del mar del Océano Pacífico y del Atlántico, es difícil que una persona responda a esa pregunta, ninguno de nosotros estaríamos capacitados para hacerlo, lo mismo pasa con las corrientes áreas.
Recordó que en el estudio de MITRE, Santa Lucía no puede operar simultáneamente al aeropuerto actual, debido a la interferencia de espacios aéreos; es algo que se ha analizado en varias ocasiones, incluso a petición del propio partido que entrará al gobierno, y la respuesta fue que no era factible.
El secretario comentó que si resulta Santa Lucía, en los estudios que se están haciendo, se deberá realizar un análisis totalmente técnico sobre la factibilidad de la operación simultánea.
Informó que de acuerdo con la empresa Parsons, el avance real de la construcción del nuevo aeropuerto es de 31.8 por ciento y su término está previsto para diciembre de 2021; sin embargo, dijo, hay discusión sobre si se tomaron en cuenta algunos elementos, o no, para realizar tal medición, “pero lo importante es la cifra oficial que Parsons reporta”.
Ruiz Esparza aclaró que la fecha de diciembre de 2021, para terminar la obra, va a requerir de seis meses más, es decir, hasta junio de 2022, debido a que se tiene que certificar, “porque un aeropuerto no puede abrir de la noche a la mañana sus puertas sin estar certificado por autoridades nacionales e internacionales”
En cuanto al impacto ecológico, respondió que “toda obra, y hasta respirar, tiene un costo ambiental”. Lo importante, precisó, es que en este proyecto se ha cuidado esa parte “como un tesoro” y “estamos tratando de que sea un aeropuerto LEED Platinum, que significa totalmente amigable con el medio ambiente”. Negó que el lago Nabor Carrillo desaparezca.
También aseguró que la obra se financia con la Tarifa de Uso Aeroportuario que se cobra a los 44 millones de usuarios de la actual terminal aérea, por lo que “alcanza para pagar la construcción del nuevo aeropuerto”.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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