México.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó en lo general y en lo particular, con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el Ejercicio Fiscal 2021, que estima ingresos por un total de 6 billones 262 mil 736.2 millones de pesos.
El dictamen, avalado con 18 votos a favor, once en contra y cero abstenciones, se remitió a la Mesa Directiva para efectos de la programación legislativa.
La presidenta de la Comisión, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) indicó que se estipula una recaudación federal participable por 3 billones 351 mil 759.7 millones de pesos.
Asimismo, dijo que se adicionó una fracción octava al artículo 16, para otorgar un estímulo fiscal consistente en una deducción por el ISR del ocho por ciento del costo de los libros, periódicos y revistas adquiridos por personas físicas y morales residentes en México, cuyos ingresos de la enajenación de tales productos representen al menos el 90 por ciento de total de los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior y el total de ingresos no exceda de 6 millones de pesos.
Respecto al destino de los recursos de la Lotería Nacional, Terrazas Baca mencionó que se incorpora una disposición transitoria que permita dar viabilidad operativa a lo establecido en el artículo décimo cuarto del Decreto por el que se modifica la denominación del organismo público descentralizado Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.
El propósito, añadió, es facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para destinar los recursos que sean enterados a la Tesorería de la Federación, a programas que permitan contribuir a la asistencia pública y social, así como prestar servicios de salud.
Sobre el Fondo de Salud para el Bienestar, comentó que la iniciativa del Ejecutivo en el artículo Décimo Transitorio establece que el Instituto de Salud para el Bienestar instruirá a la institución fiduciaria del Fondo para que a más tardar el primero de abril de 2021 concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de pesos del patrimonio de ese fideicomiso.
Por lo que se considera que dicha disposición transitoria contraviene lo previsto en el artículo 77Bis de la Ley General de Salud, ante lo que se propone ajustar la carátula del artículo primero de la Ley para eliminar un monto de 33 mil millones de pesos dado que no corresponde con una estimación de montos futuros, sino con un monto que ya se encuentra en el fondo antes referido.
Por otra parte, se aceptó la propuesta del diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) para eliminar el trigésimo cuarto transitorio y recorrer los siguientes numerales para ajustar el orden que corresponda, para quedar como sigue: “Esta Comisión que dictamina estima que la medida planteada en el artículo transitorio décimo tercero, requiere de un mayor análisis, discusión y consenso”.
Planteamientos del dictamen
El documento señala que se faculta al Ejecutivo Federal para que durante el ejercicio fiscal del próximo año, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.
Se establece que el Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos por contribuciones pagados en especie o en servicios, así como, en su caso, el destino de los mismos.
El dictamen precisa que para el ejercicio fiscal de 2021, el gasto de inversión del Gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Se estima que en términos monetarios, el pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación, previsto en las disposiciones relativas a diversos impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968, ascenderá al equivalente de mil 570.6 millones de pesos.
La aplicación de dichos recursos se hará de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2021.
El gasto de inversión se reportará en los informes trimestrales que se presentan al Congreso de la Unión, de acuerdo al artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, la SHCP deberá reportar la evolución del precio del petróleo observado respecto del cubierto mediante la Estrategia de Coberturas Petroleras para el ejercicio fiscal de 2021, así como de la subcuenta que se haya constituido como complemento en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.
Durante el siguiente ejercicio fiscal, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos que se generen por un precio promedio anual del barril del petróleo crudo mexicano que exceda y hasta de 42.12 dólares de los Estados Unidos de América, deberá destinarlos a mejorar su meta de balance financiero aprobada en el decreto de PEF 2021.
A fin de atender la problemática social de los ahorradores afectados por la operación irregular de las cajas populares de ahorro y préstamo, la SHCP, por conducto del área responsable de la banca y ahorro, continuará con la instrumentación, fortalecimiento y supervisión de las acciones o esquemas que correspondan para coadyuvar o intervenir en el resarcimiento de los ahorradores afectados.
El dictamen plantea que el producto de la enajenación de los derechos y bienes decomisados o abandonados relacionados con los procesos judiciales y administrativos se destinará, en primer término, para cubrir los gastos de administración que eroguen los entes públicos federales que lleven a cabo las operaciones y se destinarán a restituir al Gobierno federal los recursos públicos aportados para el resarcimiento de los ahorradores afectados.
Se otorgarán estímulos fiscales a las personas, que realicen actividades empresariales, que obtengan en el ejercicio fiscal en el que adquieran el diésel o el biodiésel y sus mezclas, ingresos totales anuales menores a 60 millones de pesos y que para determinar su utilidad puedan deducir dichos combustibles cuando los importen o adquieran para su consumo final, siempre que se utilicen exclusivamente en maquinaria en general, excepto vehículos.
Indica que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionará a las entidades financieras por el incumplimiento de los plazos para la atención de los requerimientos de información, documentación, aseguramiento, desbloqueo de cuentas, transferencia o situación de fondos formulados por las autoridades competentes, con una multa administrativa del equivalente en moneda nacional de uno hasta 15,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Los recursos que durante el ejercicio fiscal 2021 se destinen al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas podrán utilizarse para cubrir las obligaciones derivadas de los esquemas que se instrumenten para potenciar los recursos de dicho fondo, de acuerdo a lo dispuesto por la SHCP.
Refiere que hasta el 25 por ciento de las aportaciones que con cargo a los fondos de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, corresponda recibir a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México podrán servir como fuente de pago o compensación de las obligaciones que contraigan con el Gobierno federal, siempre que exista acuerdo entre las partes y se cumpla con los destinos establecidos para cada fondo en la Ley de Coordinación Fiscal, sin que sea necesario obtener la autorización de la legislatura local.
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emc
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Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.
De esta forma se extinguen siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante ello el Pleno del INAI lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece este Instituto autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.
Dijo que el acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos.
“La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, refirió.
En ese sentido, alertó que sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI.
“Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos”, refirió.
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Señaló que esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.
Finalmente, manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, “aún hay tiempo”.
ebv
Ciudad de México.— En el marco del mes de la eliminación de la violencia por razón de género y para cerrar su estudio más reciente sobre Violencia por razón de género en Instituciones de Educación Superior (DIVIGE), Unión Mujer identificó alarmantes datos relacionados con la violencia y los retos que enfrentan estudiantes, docentes y autoridades para erradicar este grave problema.
Los resultados del estudio fueron presentados durante el Panel “Violencia por Razón de Género: perspectivas para su análisis, prevención y erradicación” ante estudiantes, docentes y administrativos de Instituciones de Educación Superior del país.
Con 6,883 encuestados a nivel nacional se encontró que la percepción de seguridad dentro y fuera de las instalaciones muestra una dualidad que subraya la necesidad de fortalecer, tanto las medidas internas, como externas para un entorno seguro para las comunidades educativas, pues mientras el 85% de los encuestados se siente seguro dentro de las instalaciones de su Instituciones de Educación Superior (IES), fuera de ellas el panorama cambia significativamente, ya que un 38.7% expresó sentirse inseguro.
En cuanto a la prevalencia y tipos de violencia, casi la mitad de los encuestados (49.4%) afirmó haber presenciado algún tipo de violencia dentro de la IES. Los tipos más reportados incluyen:
Violencia verbal: burlas (38.2%), lenguaje insultante (34.8%) y chistes sexuales incómodos (30.4%).
Psicológica o emocional: exclusión de actividades (23.5%) y humillaciones (21.3%).
Violencia social: rechazo generalizado (33%) y avergonzar en público (19.2%).
Violencia física: Aunque menos común, se reportaron acercamientos no consentidos (9%) y golpes o jaloneos (8.7%).
Para la Coordinadora del Estudio, la Dra. Leticia España, el que 3 de cada 10 de las personas encuestadas haya confirmado haber sufrido violencia, exige fundamental consolidar acciones efectivas que humanicen los procesos de prevención, atención, sanción y reparación del daño y se incluya la opinión de los alumnos, de tal manera que las IES cuenten con ambientes equitativos y respetuosos.
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“A pesar de la existencia de protocolos y diversas acciones implementadas por las instituciones, los jóvenes no se sienten conectados con ellas. Esto podría mejorarse mediante una comunicación más clara y efectiva entre las estrategias de las IES y los estudiantes, garantizando que el mensaje llegue de manera adecuada. De esta forma, al preguntarles sobre los protocolos a seguir en casos de violencia, los estudiantes estarían más informados y conscientes de su existencia”, afirmó la Dra. España.
Por otro lado, el estudio (DIVIGE) también evidenció que la violencia en las IES está relacionada con dinámicas de poder, pues son los alumnos quienes están más vulnerables, y destaca la importancia de actuar en varios frentes:
Fomentar la prevención de tal manera que se dote a alumnos y docentes de las herramientas necesarias para identificar situaciones de violencia.
Fortalecer los procesos de la atención y acompañamiento a los casos reportados.
Garantizar que los protocolos institucionales sean claros, accesibles y efectivos.
Trabajar desde un enfoque humano para evitar la revictimización y proporcionar la atención necesaria o canalizar con redes de apoyo a víctimas y familiares de las víctimas.
Mantener un proceso de seguimiento continuo con las personas que son víctimas de violencia.
“Desde Unión Mujer, realizamos este llamado buscando inspirar una reflexión profunda y acciones concretas para construir espacios seguros, inclusivos y respetuosos en nuestras Instituciones de Educación Superior. El compromiso de toda la comunidad es esencial para erradicar la violencia y garantizar un entorno de aprendizaje pleno para todos”, la fundadora y directora general de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia.
ebv
Edomex
“Están preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”, colectivo de mujeres acusa a legisladores del Edomex
Toluca.— La comisión de equidad de género del Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, una propuesta de iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad, con el fin de que este documento sea puesto a consideración del pleno legislativo el lunes 25 de noviembre y ahí se vote por “urgente”.
Ante ello, el Colectivo Mujeres de México lamentó las decisiones de los diputados del Estado de México que se enfocan en iniciativas como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, en lugar de atender problemáticas urgentes que afectan a las mujeres mexiquenses, como la inseguridad y la falta de oportunidades laborales.
Condenaron que los legisladores “estén más preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”.
Refirió que de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2024, el Estado de México reportó más de 200 asesinatos de mujeres, colocándose en el primer lugar nacional en este rubro. En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, la entidad sumó 216 casos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.
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Salud materna
Asimismo, refirió que según un estudio de Melisa Institute, el Estado de México está entre los siete estados con más muertes maternas, con una tasa de 48.9 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos vivos. Factores como la insuficiencia de atención obstétrica de emergencia y la falta de acceso a servicios profesionales durante el parto han perpetuado esta problemática, con la hemorragia como segunda causa principal de muerte materna durante la última década.
Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 reveló que el 32.5% de las mujeres mexiquenses han enfrentado maltrato en la atención obstétrica, evidenciando una deficiencia sistemática en el trato y cuidado médico.
Pobreza y carencias estructurales
El Colectivo subrayó que las mujeres en situación de pobreza enfrentan serias barreras para acceder a servicios de salud básicos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cinco de los quince municipios con mayor pobreza a nivel nacional pertenecen al Estado de México. Esta situación limita la capacidad de las mujeres para recibir atención adecuada, incluso en casos de complicaciones médicas derivadas de procedimientos como el aborto.
Aborto no es prioridad
El Colectivo argumentó que legalizar el aborto hasta las 12 semanas no aborda las verdaderas prioridades de las mujeres en el Estado de México y desvía la atención de las políticas públicas necesarias para resolver problemáticas estructurales. “Las mujeres requieren seguridad, educación, empleo digno y servicios de salud materna. El aborto no soluciona estas carencias, sino que añade riesgos para la salud y la vida de las mujeres”, afirmaron.
El grupo hizo un llamado a los legisladores para que prioricen las necesidades reales de las mujeres mexiquenses y advierten que el aborto, legal o ilegal, siempre tiene consecuencias físicas y psicológicas.
Concluyeron que “el aborto nunca es, ni será seguro, porque siempre se elimina la vida de un ser indefenso o de una mujer asustada que no sabía qué hacer. Además de que las mujeres tienen consecuencias médicas y psicológicas”.
ebv
Ciudad de México.- En recientes días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el proyecto de egresos de 2025, en el que consideró una reducción del presupuesto entre el 2% y el 14% a todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales, entre ellas la UNAM y el IPN.
La propuesta de recorte presupuestal a instituciones de renombre desató una serie de reacciones en cadena y confusiones, pues en el paquete económico se establecía una reducción de 5 mil millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México y alrededor de 2 mil 190 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional.
En el transcurso de la semana, han ido saliendo a la luz diversas versiones en el ámbito político, que hasta ahora generan más dudas con relación al presupuesto al sistema educativo en México: ¿se incrementa o se reduce?
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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que había un error en el proyecto de egresos y aclaró que el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideraba un incremento en 11 mil 869 millones de pesos, destinado a becas y otros subsidios y destacó que la UNAM y el IPN también tendrán un incremento presupuestario, algo que no sucedería con el resto de las instituciones educativas de gran relevancia.
Un vistazo al recorte presupuestal en cada institución
De acuerdo con información de la revista Proceso, así sería el “tijerazo” para las siguientes instituciones:
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): mil 300 millones de pesos, 14% del presupuesto que recibió en 2024.
- Tecnológico Nacional de México: mil 681 millones de pesos, 7% del presupuesto que recibió en 2024.
- Universidad Pedagógica Nacional: 88 millones de pesos, 8% del presupuesto que se le otorgó en 2024.
- Universidad Abierta y a Distancia de México: 30 millones de pesos, 10% menos de su presupuesto en 2024.
- Colegio de Bachilleres: 110 millones de pesos, es decir, 5% menos que en 2024.
- Colegio de México: 46 millones de pesos, 6% menos que su presupuesto en 2024.
- Centro de Enseñanza Técnica Industrial: 40 millones de pesos, equivalente a un 10% menos que su presupuesto en 2024.
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro: 107 millones de pesos, es decir, 9% menos que en 2024.
Así defiende Sheinbaum a Universidades del Bienestar
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 a la SEP se le asignaron 450 mil 887 millones 888 mil 417 pesos, es decir, 5.90% más que en 2024.
Del total del paquete económico asignado a las instituciones educativas, resaltó que las Universidades del Bienestar serían de las más beneficiadas, con un aumento en el presupuesto, por lo que el ex rector de la UNAM, José Narro Robles las calificó de “fraude educativo”.
Pese a los dichos de Narro Robles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de las Universidades del Bienestar, argumentando que la educación superior debe ser accesible para todos y en respuesta al ex rector de la UNAM dijo que “es muy ignorante el que diga que es fraude”.
“Estos son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las Universidades Benito Juárez son universidades consolidadas, que tienen un sistema educativo distinto y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”, destacó Sheinbaum Pardo.
Sistema educativo ¿al “quirófano”?
Tras darse a conocer el paquete económico 2025 en la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre y que contempla un recorte presupuestal a la educación en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que le harán una “cirugía” al presupuesto, para revertir esta situación.
“Estamos viendo eso para reasignar. Por eso creo que va a ser una cirugía mayor. Es una misma cobija, hablando en términos campiranos si le jalas de un lado descobijas otro, pero es un mismo presupuesto, y estamos haciendo un uso de creatividad, de tal suerte que en estos principales rubros que son -repito- educación, universidades, salud, campo mexicano, cultura, infraestructura carretera y Fuerzas Armadas, no reciban menos de lo que el año pasado recibieron”, detalló Monreal.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro aclaró que se logró aclarar a tiempo el “error” sobre una reducción del 10% a la UNAM y al IPN, entre otras universidades, por lo que se evitó una crisis con estudiantes y docentes del país.
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