Ciudad de México.— Con 87 votos en favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Minera referente a la exploración y explotación del litio.
La Ley Minera, aprobada la víspera en la Cámara de Diputados, establece que el Estado será el responsable de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.
El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, para reconocer al litio como patrimonio de la Nación, por lo que su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reservan en favor del pueblo de México.
En lo particular, la Asamblea rechazó las propuestas que presentaron senadoras y senadores de Morena, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, por lo que los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen con 76 a favor y 45 en contra.
Luego de que fue aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, destacó que el desempeño de este órgano legislativo, en la conducción del trámite de esta importante reforma, se caracterizó por la aplicación rigurosa de las reglas del procedimiento legislativo y de la discusión y votación que rige para cualquier proyecto o decreto.
“Por lo que hago un reconocimiento a los integrantes de la Mesa Directiva, y a todas y todos los integrantes que conforman este Pleno del Senado por cumplir en términos de Ley y reglamentarios el procedimiento”, subrayó.
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Con la reforma se declara de utilidad pública este mineral, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Dispone que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio.
Establece que las cadenas de valor económico del litio se administrarán y controlarán por el Estado, a través de un organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables.
Además, plantea que el Servicio Geológico Mexicano auxiliará a dicho organismo público en la ubicación y reconocimiento de las áreas geológicas en las que existan reservas probables del mineral.
También dispone que en la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del mineral y de sus cadenas de valor, será deber del Estado mexicano proteger y garantizar la salud de las y los mexicanos, así como del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.
El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, estimó que esta reforma es indispensable para el futuro de México; que no implica ningún problema para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; y que, además, en la Unión Americana, el presidente Joe Biden ha hecho lo propio para reservar sus recursos naturales.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Ana Lilia Rivera Rivera, indicó que esta reforma garantizará la soberanía energética de la nación sobre el litio y otros minerales que sean estratégicos y necesarios para la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional.
El senador Miguel Ángel Lucero Olivas, presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, reconoció la importancia y la trascendencia de la reforma enviada por el titular del Ejecutivo, por lo que pidió el voto a favor de la propuesta.
En su oportunidad, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, aclaró que la iniciativa no habla de nacionalización, sino de declarar la utilidad pública en la exploración y explotación, por eso invitó a los senadores de oposición para que “pasen a la historia”, porque con el litio México puede pagar la deuda externa y salir adelante.
Por Acción Nacional, el senador José Erandi Bermúdez Méndez detalló que no se debe nacionalizar lo que ya es de las y los mexicanos; “hoy lo que vemos, en esta reforma, es un tema de técnica legislativa que no está bien hecha”. Por ello, el legislador calificó la propuesta como un engaño.
Del PRI, el senador Mario Zamora Gastélum dijo que lo preocupante es que estamos ante un caso de estatización de litio, lo cual, curiosamente, contraviene a la Constitución, ya que dice que no se permiten monopolios en México, así sean estos estatales.
El senador Luis David Ortiz Salinas dijo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no está de acuerdo “con una regulación hecha sobre las rodillas”, que no tuvo diálogo, consulta a los técnicos expertos, ambientalistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, “entonces para qué hacer una reforma que tiene problemas de técnica jurídica”.
Por su parte, el senador del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, subrayó que la soberanía energética debe ser una prioridad, a fin de lograr en el presente y mediano plazo, la autosuficiencia energética. Esta reforma le permite al Estado mexicano liderar esa transición, afirmó, pues profundiza la Ley para aprovechar el mineral y convertirlo en un recurso para el desarrollo de almacenamiento de energía.
Del PT, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, subrayó que no se permitirá que la voracidad de las empresas extranjeras acabe con el patrimonio del pueblo, por lo que el dictamen prevé la protección, desarrollo, exploración y dominio del Estado Mexicano sobre el litio.
Marcela Mora Arellano, del PES, dijo que el aprovechamiento del mineral debe reservarse para y en beneficio del pueblo de México. Aseguró, también, que los yacimientos que hay en el país están concesionados para exploración a empresas extranjeras, por lo que la propuesta abona a la autodeterminación del pueblo mexicano.
Juan Manuel Fócil Pérez, del PRD, afirmó que su fracción parlamentaria no está en contra de proteger el litio, sí estamos a favor de la inversión pública y privada para hacer más eficiente la explotación de este material en el país; no obstante, agregó, hay que repensar que es lo que se tiene que hacer con el litio, así como su uso responsable.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, adelantó que votará a favor de la iniciativa, pues contribuirá a impulsar el mercado emergente de litio, lo que generará recursos para nuestro país; sin embargo, pidió realizar un análisis más profundo para estar a la altura de una verdadera reforma minera integral.
ebv
Ciudad de México.- El autismo es una condición que transforma la dinámica familiar cuando se diagnostica en uno de sus integrantes. Además de los retos en la atención del paciente, impacta en la salud mental de los padres o cuidadores, quienes suelen experimentar ansiedad, estrés y depresión. Un cuidado integral que contemple tanto al paciente como a su entorno familiar puede marcar la diferencia en su calidad de vida.
El autismo y su impacto en la familia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un grupo de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. Se caracteriza por patrones inusuales de comportamiento que dificultan la interacción social y la comunicación.
La OMS estima que aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo tiene un trastorno dentro de este espectro, y en México la cifra supera los 400,000 casos infantiles.
Juan Francisco Lozano, pediatra del desarrollo y comportamiento en el Hospital Zambrano Hellion y director de la Clínica de Síndrome de Down en el Instituto de Pediatría de TecSalud, destaca que una alternativa para ofrecer una atención integral es el cuidado centrado en la familia.
Este modelo fomenta la colaboración entre proveedores clínicos y promueve el acompañamiento en salud mental para padres y la capacitación para intervenciones en casa.
El modelo de cuidado centrado en la familia busca mejorar la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Se basa en respetar las necesidades y objetivos de cada familia, diseñando estrategias personalizadas que incluyan factores socioeconómicos, culturales y de estilo de vida.
“A veces recomendamos una intervención para desarrollar el lenguaje o el manejo de conductas, pero la familia puede tener una necesidad distinta, como problemas sensoriales o dificultades con rutinas diarias. Si no se involucra a la familia en las recomendaciones terapéuticas, no se estará brindando una atención adecuada”, explica Lozano.
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El diseño de intervenciones efectivas considera la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS, que abarca habilidades diarias, integración escolar y social.
Además, el modelo incluye sesiones de psicoeducación para que los padres comprendan el diagnóstico y reciban apoyo psicológico, tanatológico y de duelo.
Estudios han demostrado que los cuidadores de personas con TEA pueden experimentar ansiedad, culpa y sensación de aislamiento. La falta de apoyo puede deteriorar su salud mental, afectando la calidad de la atención que brindan a sus hijos.
El proceso de aceptación del diagnóstico puede tardar meses o incluso años, generando incertidumbre y ansiedad.
Según Lozano, este ciclo de emociones se repite en distintas etapas del desarrollo del niño, como el ingreso a la escuela o la transición a la vida adulta. Esto puede ocasionar depresión en algunos familiares.
“Si los padres presentan ansiedad, pueden ser más o menos reactivos, distantes o menos tolerantes ante la frustración de sus hijos. Un padre deprimido tendrá menos energía para llevarlo a terapia o jugar con él, lo que impacta directamente en el desarrollo del niño”, explica el especialista.
Para mejorar la calidad de vida, es fundamental que los padres reciban acompañamiento psicológico y capacitación para implementar estrategias terapéuticas en casa.
La OMS ofrece guías y cursos en línea gratuitos para el desarrollo de habilidades de cuidado en personas con TEA.
La ruta hacia un cuidado familiar.
Ante la sospecha de autismo, el primer paso es acudir con el pediatra, quien conoce el historial del niño y puede orientar a la familia. Existen pruebas de tamizaje, como el M-CHAT, que ayudan a determinar si es necesaria una evaluación con especialistas en neurología, psiquiatría o psicología infantil.
Pese a la existencia de terapias eficaces, Lozano señala que muchas de estas tienen costos elevados y están concentradas en zonas de nivel socioeconómico alto. “El autismo no respeta estatus social. Hay una población que necesita estos servicios y enfrenta dificultades para acceder a ellos”, concluyó el especialista.
ARH
Ciudad de México.— La senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito al transporte público para sectores prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objeto de combatir la desigualdad, reducir la discriminación y asegurar el derecho a la movilidad para quienes más lo necesitan.
La iniciativa plantea agregar un sexto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la exención total del pago de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, previa identificación oficial vigente y que sea emitida por instituciones que acrediten dicha condición.
La senadora argumentó que el acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Actualmente en nuestro país, más de 18 millones de adultos mayores, 5 millones de niñas y niños menores de cinco años y 6 millones de personas con discapacidad enfrentan obstáculos para movilizarse libremente.
“En las zonas más marginadas del país, donde el costo del transporte es elevado, las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan serios obstáculos como la discriminación, la falta de accesibilidad y la escasa infraestructura, lo que limita su derecho a la movilidad”, alertó la legisladora.
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Por otra parte, Corona Nakamura explicó que, aunque algunas ciudades del país ofrecen descuentos o gratuidad en ciertos medios de transporte, no existe una política nacional que garantice este beneficio de forma uniforme en todas las modalidades de transporte público operado por la administración pública.
A esto se suman cientos de horas perdidas en traslados y los altos costos del pasaje. De acuerdo con el IMCO, las pérdidas económicas derivadas de la congestión en el transporte público ascienden a 94 mil millones de pesos al año, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen.
“El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente, que garantice el acceso pleno a los sectores más vulnerables”, finalizó la senadora.
ebv
Ciudad de México.- En un hecho sin precedentes, México entra en una nueva fase electoral con el arranque de las campañas para elegir a jueces y magistrados, votación que tendrá lugar el próximo 1 de junio.
Esta nueva Reforma al Poder Judicial, aprobada en varias etapas durante septiembre de 2024, permite que los ciudadanos elijan directamente a quienes ocuparán cargos clave en la impartición de justicia desde los tribunales.
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Antes de aprobarse la Reforma, los jueces y magistrados en México eran designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, con base en propuestas y evaluaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura.
Así será el proceso electoral
Las campañas para la elección judicial federal arrancan el próximo domingo 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, es decir tres días antes de la elección que será el 1 de junio.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en este proceso electoral extraordinario, el primero de su naturaleza que se lleva a cabo en México, se elegirán diversos cargos del Poder Judicial de la Federación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJF), magistraturas y juzgados de distrito.
El número de cargos a elegir en el proceso electoral son los siguientes:
- – 9 cargos para Ministras y Ministros de la SCJN.
- – 2 cargos para Magistraturas de las Salas Superior del TEPJF.
- – 15 cargos para Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
- – 5 cargos para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
- – 464 cargos para Magistraturas de Circuito.
- – 386 cargos para personas juzgadoras de Distrito.
Los retos de la elección
El proceso electoral para elegir a jueces y magistrados en México enfrenta varios retos, pero hay tres desafíos que son neurálgicos.
1.- Información y transparencia. Es importante que los ciudadanos cuenten con información clara y accesible acerca de cada uno de los candidatos, su experiencia, trayectoria y propuestas.
2.- Independencia judicial. Se ha generado un debate sobre si la elección popular podría afectar la imparcialidad de los jueces, al estar sujetos a campañas políticas y financiamiento externo.
3.- Participación ciudadana. Motivar la participación de la ciudadanía en estos comicios será fundamental y un referente para el éxito de las elecciones de jueces, porque hasta ahora ha sido un tema de poco interés para la población.
Propuestas de los candidatos
A través de sus distintas plataformas, los aspirantes a jueces y magistrados en México han ido presentando algunas de sus propuestas, previo al inicio oficial de las campañas electorales el próximo 30 de marzo.
Entre las principales propuestas de los candidatos, destacan las siguientes:
- – Combatir a la corrupción, para garantizar un sistema de justicia transparente.
- – Facilitar los procedimientos judiciales y eliminar la burocracia.
- – Asegurar que los fallos judiciales respeten los principios de equidad y protección de los derechos humanos.
El objetivo primordial de jueces y magistrados es darle una profunda transformación al Poder Judicial, pero la moneda aún está en el aire, pues aunque se espera una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía, también hay preocupación por el uso de los cargos con fines partidistas.
Conforme se vayan desarrollando las campañas de cada uno de los candidatos a los distintos cargos, será fundamental que los ciudadanos se informen y participen de manera activa, para garantizar que en México la justicia sea un pilar de la democracia.
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GDH
Ciudad de México.— El reloj avanza y el tiempo apremia. A pocos días de que venza el plazo, miles de ciudadanos aún no han recogido su Credencial para Votar, el documento que les permitirá participar en las elecciones judiciales del 1 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que el 31 de marzo es la fecha límite para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana y obtener la credencial solicitada. Este trámite es crucial para quienes se inscribieron recientemente en el Padrón Electoral, notificaron un cambio de domicilio o gestionaron una reposición.
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Para muchas personas , esta credencial representa más que un simple requisito electoral. Es el acceso a la toma de decisiones en un proceso que definirá el rumbo del sistema judicial del país. Sin ella, el derecho al voto se esfuma.
Los documentos que no sean recogidos permanecerán bajo resguardo y podrán ser entregados hasta el 2 de junio. Sin embargo, quienes no los obtengan antes de la jornada electoral perderán la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.
ebv
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