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Exige CNDH a Graco disculpas por fosas de Tetelcingo
Ciudad de México.— La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, al Fiscal estatal, Javier Pérez Durón y a los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla por las irregularidades cometidas en la inhumación de las fosas en la comunidad de Tetelcingo, en Morelos.
De acuerdo con la CNDH, los cadáveres inhumanos fueron colocados en fosas con condiciones de clandestinidad, como lo hace el crimen organizado.
Indicó que la inhumación se llevó a cabo sin apego a protocolos y sin que en 20 casos se realizaran acciones para saber las causas de la muerte.
Este jueves, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por conducto del Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, presentó a la opinión pública la Recomendación 48/2016, sobre la inhumación irregular de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, que fue dirigida al Gobierno del Estado de Morelos, a la Fiscalía General de esa entidad y al Ayuntamiento del Municipio de Cuautla, autoridades que han sido debidamente notificadas.
La Recomendación señala que 119 cadáveres y diversas bolsas con restos humanos fueron inhumados irregularmente en dos fosas también irregulares, sin apego a los protocolos establecidos y sin que en la mayoría de los casos se realizaran acciones para conocer las causas de muerte e identificación de los cadáveres, además de haberse hecho nugatorio el derecho de los familiares de 4 personas a recibir los restos de sus seres queridos, ya que no obstante identificaron los cuerpos y solicitaron su entrega, fueron inhumados sin su consentimiento.
“Los restos mortales de todas las personas –expresó Guadarrama López— merecen ser tratados con respeto, y las circunstancias y condiciones de su fallecimiento deben ser determinadas por la autoridad, quien tiene la obligación de actuar para esclarecer los hechos cuando se presuma la existencia de un ilícito. Por otra parte, los familiares de una persona tienen derecho de conocer la verdad sobre la muerte de su ser querido, así como darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas”.
Además de sus obvias connotaciones en materia de salud pública, dijo que la inhumación y exhumación de cadáveres, así como los lugares y las condiciones bajo las cuales se realizaron dichas acciones, están vinculadas de manera directa con la posibilidad de que las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos puedan tener acceso efectivo a la justicia y ejercer su derecho a la verdad.
En relación con los 119 cadáveres, la autoridad competente sólo hizo llegar a la CNDH 99 carpetas de investigación que presentaron irregularidades o deficiencias en su integración, pues en 44 casos se advierte indicios de muertes violentas y la autoridad fue omisa en continuar la investigación para identificar a los responsables, propiciando impunidad. En 15 no hay registro de necropsia de ley; sólo se identificó por su nombre a 21 cadáveres y 98 están pendientes de identificación, lo que se complicará por el indebido manejo de los cuerpos y la falta de condiciones adecuadas durante su inhumación y posterior exhumación.
En conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la CNDH, explicó que durante la diligencia de exhumación no se “contó con los implementos básicos para ello, como tomas de agua para la limpieza de cadáveres y de las prendas y objetos personales localizados en los cuerpos exhumados, tampoco se contaba con los materiales necesarios al momento que se requirió analizar las trayectorias de proyectiles en los cadáveres que no se les había realizado necropsia”.
“Este caso –enfatizó–, más allá de su relevancia y consecuencias en el estado de Morelos, en opinión de la CNDH pone en evidencia la necesidad de que se establezcan en todo el país protocolos y normas de actuación unificadas, conforme a estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos; la urgencia de contar con un banco genético de datos, un registro nacional que permita, como este Organismo Nacional lo ha expresado en diversos foros, avanzar en el esclarecimiento de los múltiples casos de desaparición que se tienen; la importancia de revisar el marco normativo aplicable a los panteones y lugares de inhumación en nuestro país, así como de revisar los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan a creedores quienes lo infrinjan”.
Guadarrama López detalló que entre las razones de la insuficiencia en la respuesta institucional destacan: a) las carencias y dificultades que enfrentan los operadores del sistema de procuración de justicia, principalmente los peritos encargados de facilitar a la representación social elementos que respalden la investigación de los delitos y fortalezcan su persecución ante los tribunales y, b) la falta de homologación de un protocolo único para la actuación del personal de las instituciones encargadas de procurar justicia (policías, peritos y ministerios públicos) en la identificación de cadáveres, en la toma de muestras y en el procesamiento de la escena de un crimen, con la participación coordinada de los gobiernos de las entidades federativas, lo que obstaculiza cumplir con los objetivos del artículo 20 constitucional de que haya esclarecimiento de los hechos, la debida protección a la víctima, el procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
Por lo anterior, la CNDH recomienda al Gobierno de Morelos brindar la reparación integral del daño, que contemple atención médica y psicológica a los familiares de 4 víctimas que fueron identificadas y cuyos cuerpos no fueron entregados a sus familiares, así como una compensación y/o indemnización justa; y que en coordinación con los municipios se recabe información de los terrenos que son utilizados como cementerios de manera irregular, para su resguardo y con la Fiscalía General se realicen acciones de exhumación calendarizadas apegadas al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense.
A la Fiscalía General del Estado de Morelos se le pide solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la entidad inscriba a los familiares directos de los 4 cadáveres identificados, para que tengan acceso al fondo destinado a la reparación del daño; ofrezca una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares, con base en estándares internacionales; determine las carpetas de investigación que están abiertas y en integración de este caso; colabore con la CNDH en la presentación de la queja y denuncia que formulará ante las instancias competentes por las responsabilidades administrativas y/o delitos en que pudo haber incurrido el personal que ordenó y participó en la inhumación irregular y del personal ministerial que actúa en forma irregular en las carpetas de investigación, así como los superiores que ordenaron, autorizaron o toleraron las acciones.
También se le pide capacitar a los agentes del Ministerio Público y peritos bajo su mando sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, apegados al mencionado Protocolo, además de acumular las nuevas carpetas de investigación a las anteriores, y que en lo sucesivo se utilicen chapas metálicas de identificación a los cadáveres que se inhumen en calidad de desconocidos.
A los integrantes del Ayuntamiento de Cuautla se les solicita generar un reglamento para los cementerios, donde se detallen facultades y obligaciones de las distintas autoridades; trabajar coordinadamente con el gobierno estatal sobre posibles sitios de inhumación irregular dentro del municipio y elaborar un calendario con la Fiscalía General para realizar acciones de exhumación y recolección de datos para posible identificación de cadáveres, y en lo sucesivo deberán verificar que en las concesiones que el Ayuntamiento otorgue a particulares para prestar el servicio público de cementerios se cumplan los requisitos que por ley se solicitan.
ebv
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Ciudad de México.— “Cada una de las familias cristianas de los pueblos de los alrededores de Deir El-Ahmar ha acogido a tres o cuatro familias, es decir, entre 30 y 60 personas”, explica en un mensaje enviado a Siete24 Noticias monseñor Hanna Rahmé, arzobispo maronita católico de Baalbek-Deir El-Ahmar, en Beqaa, al este de Líbano.
Los bombardeos israelíes están alcanzando zonas estratégicas en el territorio de su archidiócesis, especialmente la región en torno a Baalbek, donde se cree que hay bases de Hezbolá, y al mismo tiempo pueblos donde viven tanto cristianos como musulmanes.
La arquidiócesis de monseñor Rahmé abarca aproximadamente el 27% de la superficie del país y está situada en una región con unos 450.000 musulmanes chiíes. El prelado cuenta que, incluso en los alrededores de la ciudad de Deir El-Ahmar, se producen bombardeos a diario, dirigidos contra los centros militares y económicos de Hezbolá que se encuentran a sólo entre cinco y veinte kilómetros del centro.
“Estamos asfixiados por el número de desplazados, pero no podemos abandonarlos a su suerte”, afirma monseñor Rahmé. “Hablé en la televisión local y me dirigí a los habitantes de las zonas bombardeadas, diciéndoles que nuestras casas estaban preparadas para acogerles”. Y, añade, “los musulmanes están enormemente conmovidos por esta solidaridad cristiana”.
Según monseñor Rahmé, unas 13.000 personas han huido a zonas de la archidiócesis donde la población es mayoritariamente católica. En Deir El-Ahmar, donde se encuentra la sede episcopal, y en los pueblos de los alrededores, unas 2.300 personas han sido acogidas por instituciones educativas, mientras que otras 5.000 han sido alojadas en casas particulares y 1.500 en iglesias y conventos.
Sin embargo, según el arzobispo, muchos de los desplazados tienen que dormir en las calles de la ciudad y aún son más los que se han marchado al Norte o a Siria. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entre el 21 de septiembre y el 3 de octubre, unas 235.000 personas llegaron a Siria por tierra, entre ellas 82.000 libaneses y 152.000 sirios.
La principal preocupación de monseñor Rahmé es hacer llegar la ayuda a los desplazados y a las familias de acogida. “Estas últimas están agotadas porque ya están empobrecidas por la crisis económica. Las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno ayudan a los desplazados en las escuelas, pero no a los acogidos por las familias ni a las propias familias”, se queja el arzobispo.
La situación es muy crítica. El obispo pide ayuda alimentaria, colchones y mantas. En particular, agradece el apoyo ofrecido por la asociación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada: “¡Por favor, apóyennos!”.
ebv
Ciudad de México.— Live Action continúa con su serie de entrevistas a través del programa “Cara a Cara” donde se exponen las serias implicaciones del aborto y dando voz a quienes han experimentado sus consecuencias.
Cara a cara a reunido a exabortistas, mujeres que han abortado y sobrevivientes de intentos de aborto. A través de conversaciones se exploran las repercusiones personales y emocionales del aborto, destacando los riesgos asociados con los métodos actuales de interrupción del embarazo.
En su más reciente episodio, el Dr. Anthony Levatino, un exabortista con una experiencia de más de 1,200 abortos, y Melissa Ohden, sobreviviente de un aborto con solución salina a las 31 semanas de gestación, comparten sus historias.
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Durante la conversación, Levatino alertó sobre los peligros del aborto químico como la imposibilidad de determinar con precisión la edad gestacional o descartar un embarazo ectópico a través de una simple videollamada, práctica que, dijo, hoy en día se está promoviendo ampliamente.
Levatino subrayó la gravedad de esta tendencia al destacar que la falta de exámenes presenciales compromete seriamente la seguridad de las mujeres. Esto es especialmente preocupante dado que, según estudios, el régimen de píldoras abortivas conlleva riesgos significativos, entre ellos hemorragias, sepsis y complicaciones que pueden llevar a la muerte. La FDA ha señalado que entre el 2.9% y el 4.6% de las mujeres que se someten a abortos químicos terminan en la sala de emergencias por complicaciones.
Melissa Ohden, al compartir su testimonio y lamentó que sea un ejemplo vivo de las fallas graves que pueden ocurrir cuando no se realiza un adecuado control gestacional. Este tipo de descuidos, advierte Levatino, es aún más probable hoy en día debido a la creciente promoción de protocolos caseros de aborto sin pruebas clínicas.
Además de los riesgos físicos, la falta de consultas presenciales incrementa la posibilidad de que las mujeres sean coaccionadas a tomar decisiones sin el acompañamiento adecuado.
Levatino y Ohden coincidieron que esta práctica parece beneficiar más a la industria del aborto que a la salud y seguridad de las mujeres.
ebv
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Papa Francisco convoca una jornada de oración por la paz mundial el 7 de octubre
Su convocatoria no es solo un acto de fe, sino una llamada humanista a despertar la conciencia sobre la fragilidad de la paz.
El Vaticano.- En un momento crítico para la humanidad, el papa Francisco ha convocado a una jornada de oración y ayuno por la paz mundial, que se celebrará el próximo 7 de octubre.
La iniciativa llega en medio de la escalada de conflictos armados en diversas regiones del mundo, como Gaza, Israel y Ucrania, ya un año del devastador ataque de Ham.
Durante la misa de apertura del Sínodo en la plaza de San Pedro, el pontífice instó a los fieles católicos a unirse en oración y reflexión, destacando la urgencia de promover la paz en tiempos en los que “los vientos de guerra y los fuegos de la La violencia sigue asolando pueblos y naciones enteras.
El papa Francisco acudirá ese mismo día a la basílica de Santa María la Mayor, donde rezará el rosario y suplicará a la Virgen María por el fin de los conflictos que han causado sufrimiento a millones de personas.
“Dirigiremos una súplica efusiva por la paz”, expresó el papa, subrayando la necesidad de un cambio profundo en el corazón humano y la construcción de un diálogo sincero entre las naciones.
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Este llamado a la oración recuerda las palabras y acciones previas de Francisco, quien ha insistido en que la paz es un bien esencial para la convivencia global.
Ya en octubre de 2023, tras los sucesos en Gaza y el conflicto en Ucrania, el papa convocó una jornada similar. Ahora, frente a una situación que no ha mejorado, su voz resuena con más fuerza.
El enfoque del papa Francisco no solo se dirige a los católicos, sino a toda la humanidad. En su mensaje, él reconoce el poder transformador de la oración y el ayuno como actos de comunión y solidaridad global.
Su convocatoria no es solo un acto de fe, sino una llamada humanista a despertar la conciencia sobre la fragilidad de la paz y la necesidad de preservarla.
En tiempos de incertidumbre, esta jornada ofrece una oportunidad para que millones de personas se detengan a reflexionar y unir sus voces en favor de un bien común: la paz.
ARH
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