México.— La Asamblea Constituyente aprobó el derecho de los ciudadanos a solicitar la revocación de mandato, como una figura de democracia directa cuando la sociedad considere que el gobernante electo no ha cumplido con su función satisfactoriamente.

“Si bien la Constitución de la República no contempla esta figura, ello no obsta para que las entidades federativas puedan impulsar nuevos mecanismos, porque no existe una prohibición expresa”, aseguró la diputada del grupo parlamentario Constitucionalista y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. “Es una figura que debe contener esta Constitución”, subrayó.

La Asamblea Constituyente también estableció en la Constitución Política de la Ciudad de México una nueva conformación del Congreso de la Ciudad de México, el cual estará conformado por 66 diputados, y de ellos, 33 se elegirán por el principio de mayoría relativa y los otros 33 por el principio de representación proporcional.

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Alejandro Encinas, aseguró que se trata de un hecho innovador ya que por primera vez en un congreso local, al tener el mismo número de legisladores por los dos métodos de elección, se acercará a la representación pura.

Señaló que ninguna fuerza podrá tener más de 40 de las 66 diputaciones por lo que nadie tendrá la mayoría calificada para cambiar la constitución. “Esto es un hecho que debemos valorar en su justa dimensión porque va a permitir una mayor representación de la pluralidad política”.

SERÁ VINCULATORIA CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO CON CIERTAS CONDICIONES

Al aprobarse los apartados y numerales reservados del artículo 30 referidos a la Democracia Directa, los diputados aprobaron que los ciudadanos tiene derecho a solicitar la revocación de mandato de representantes electos cuando así lo demande al menos el 10 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito respectivo.

 La consulta para la revocación del mandato sólo procederá una vez, cuando haya transcurrido al menos la mitad de la duración del cargo de representación popular de que se trate.

También se aprobó que sean obligatorios los resultados de la consulta sobre revocación de mandato, siempre que participe al menos el 40 por ciento de las personas inscritas en el listado nominal de electores del ámbito respectivo y que de éstas el 60 por ciento se manifieste en favor de la revocación.

Para que se convoque a revocación de mandato se deberá contar con firmas equivalente a por lo menos el 10 por ciento del listado nominal.

 El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Cárdenas, se manifestó en contra  “no por estar en contra de la revocación del mandato sino por los términos propuestos”. Aseguró que es excesivo que se exija 10 por ciento de los electores y que deba haber transcurrido al menos la mitad del encargo. Pidió “revocación en serio”.

Manuel Oropeza, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que con la revocación “estamos hablando de uno de los principales aportes que va a tener la constitución para la vida democrática para todo el país, aprobar la revocación va a poner a la Ciudad de México a la vanguardia de la consolidación de la vida democrática del país. Es asumir plenamente el principio de la soberanía popular, garantizar que los servidores públicos electos sean congruentes, cumplan con lo que prometen y den buenos resultados a la mayoría de los ciudadanos”.

Claudia Aguilar Barroso, del grupo parlamentario del Ejecutivo Federal, dijo que su voto es en contra por razones meramente constitucionales. ”Es incompatible con nuestro régimen constitucional, la Suprema Corte lo ha resuelto ya, hay jurisprudencia firme al respecto, tesis de jurisprudencia vinculante que lo señala como inconstitucional”.

En su opinión, el servidor público electo ejerce sus derechos políticos a cumplir con su mandato y llevar a cabo sus labores hasta el término de su periodo de administración. No podemos dejar a los servidores sin siquiera garantizar el derecho de audiencia, dijo.

En su oportunidad, Jesús Ramírez, de Morena, aseguró que la revocación es quizá uno de los elementos que puede expresar de mejor manera lo que significa la soberanía popular. Todo poder público emana del pueblo y el pueblo tiene en todo momento el derecho a alterar la forma de gobierno incluso la destitución del cargo. Es la esencia de la  democracia, apuntó.

SE ACORDÓ UNA SOLA REELECCIÓN DE DIPUTADOS

Por otra parte, también quedó aprobado que los diputados podrán ser reelectos por un solo periodo consecutivo. Y el Congreso de la Ciudad de México sesionará dos veces por año, en periodos que van del 1 septiembre al 15 de diciembre o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación del jefe de Gobierno, y del 1 de febrero al 31 de mayo.

La Asamblea Constituyente determinó que los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo. “No podrán ser reconvenidos ni procesados por éstas. El Presidente del Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje del total del Congreso que exceda en ocho puntos a su votación válida emitida.

Lo anterior no será aplicable al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su votación válida emitida más el ocho por ciento. Asimismo, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de su votación emitida menos ocho puntos porcentuales.

Alejandro Encinas, del grupo parlamentario Constitucionalista, pidió entender en toda su dimensión el hecho innovador de tener el mismo número de diputados por mayoría relativa y por representación proporcional. Lo consideró innovador pues es un acercamiento a la representación más pura.

Sin embargo, dijo no compartir la reelección, porque no la entiendo como un castigo del ciudadano al representante popular, “el castigo es la revocación del mandato; lamentablemente el dinero está definiendo las elecciones…no debe mantenerse la reelección”, concluyó

agch