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Análisis y Opinión

¿Ataques religiosos en México?

Felipe Monroy

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Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Independientemente de los procesos legislativos que estarán empujando o no esta iniciativa de reforma a la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, llama la atención la redacción de la exposición de motivos presentada por la diputada Reyna Ascencio Ortega: “El objeto de esta iniciativa es reformar la Ley para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación… con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes”.

Para la diputada, las organizaciones religiosas tienen potencial de realizar ‘ataques’ y por ello es menester de las autoridades civiles imponer más sanciones. La diputada recoge tres notas de prensa que supuestamente evidencian la discriminación; en realidad las notas sólo hablan de la Iglesia católica (en México hay millares de asociaciones religiosas no vinculadas al catolicismo romano) y de actores en otras naciones como el Vaticano y el reino de España.

Por si fuera poco, la exposición de motivos recoge una opinión del papa emérito Benedicto XVI en la que afirma que cualquiera que se oponga a nuevos considerandos sobre la moral y la dignidad humanas es “excomulgado socialmente”; es irónico que el propio dictamen confirme lo dicho por Ratzinger pues pretende sancionar expresamente a quienes tienen un parecer distinto respecto a lo que se hoy algunos consideran ‘discriminación’ aunque no esté soportado por los derechos humanos.

En 2017, sin embargo, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (SEGECEM) publicó unos ‘Lineamientos de actuación para la Prevención de la Discriminación’ con los que busca inspirar a todas las organizaciones católicas en México. El documento pondera que si bien todos los ministros de culto de la Iglesia católica gozan de los derechos de libertad religiosa y de expresión “estos derechos no son absolutos y deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.

Los líderes católicos piden a todos sus miembros un equilibrio entre la orientación de los fieles en la doctrina y el respeto a la ley: “La Iglesia debe exponer sin ambages la doctrina cristiana sobre cualquier aspecto, sea dentro o fuera de los templos, siempre y cuando se realice en absoluto respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales. Igualmente, debe emitir consideraciones de moral cristiana respecto de conductas o hechos, si bien se sugiere no hacer alusiones particulares sobre una persona o grupo de personas”.

Muchas otras confesiones religiosas comparten estos principios con los católicos: Expresar con libertad su doctrina sin vulnerar el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Toda vía más, incluso si en sus órdenes constitutivos no lo contemplaran, las religiones en México deben ajustarse a estos principios puesto que ya están estipulados con claridad en la ley vigente de Asociaciones Religiosas en los artículos 6° y 9°.

Por tanto, la iniciativa sería algo menos que ociosa si no encontráramos en ella las siguientes joyas: “No se debe soslayar el poder espiritual… tampoco se debe soslayar el poder terrenal que gozan las asociaciones religiosas y que constituyen de facto una oposición a lo logros y a la lucha por los derechos de la población”.

Las motivaciones detrás del proyecto de reforma evidencian que estos legisladores consideran que las religiones en México, gracias a sus “poderes espirituales y terrenales”, son una oposición a la ciudadanía y a sus derechos. Que se lo digan a los millones de mexicanos y extranjeros que reciben auxilio, caridad, promoción y salvamento cotidiano por parte de los miles de asociaciones religiosas mexicanas.

Como sea, este tipo de iniciativas de coerción injustificada ya habían advertidas desde la SEGECEM en el mismo documento del 2017: “Existe el peligro de limitarla [la libertad de expresión] de una manera no razonable, lo cual es impropio del espíritu de una sociedad libre, plural, diversa y democrática… La libertad de expresión puede tener limitaciones razonables, pero las limitaciones solo deben ser las necesarias para el ejercicio lícito de los derechos de los demás”.

La mera existencia de un dictamen como éste así como las histéricas reacciones de tirios y troyanos revela la inmadurez ciudadana y democrática respecto a las posibilidades positivas de convivencia, participación y colaboración entre las más diversas organizaciones religiosas con el resto de instituciones sociales, evidencia la ignorancia y los prejuicios de ambos grupos radicales que aprovechan cualquier excusa para desacreditarse mutuamente con falacias e intereses de puro pragmatismo político-partidista.

LEE Regular lo posible, antes que lo inasible

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

¿Qué explicarle a mis hijos sobre el vapeo?

Columna Invitada

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Por Gerardo Rivadeneyra

Todos hemos visto últimamente a los jóvenes, a los amigos de nuestros hijos, o a ellos mismos usando unos productos electrónicos. Son aparatos que parecen USBs o cilindros de colores. Son el aparatito de moda, cómo negarlo. Sacan un montón de humo. Algunos tienen luces, otros son de colores. Hay de sabores: desde los clásicos hasta frutas, pastel y galletas. Los venden en las esquinas, en los altos, en máquinas en centros comerciales y nunca con control de edad.

Estos aparatos son cigarros electrónicos, aunque algunos les dicen “vapes”, y se supone que están prohibidos en el país. Sin embargo, cualquiera los puede conseguir sin mayor problema.

Como padres o familiares, obviamente estamos preocupados y por eso quise entender qué son y por qué no hay controles. Investigué y lo que encontré fue muy interesante:

Estos productos de los que hablo son ilegales. Los importan a escondidas y no tienen licencia sanitaria, ni pagan impuestos. Su venta es parte de un mercado negro que se ha creado por una prohibición a las alternativas al cigarro.

Resulta que hay un millón y medio de personas que usan estos dispositivos. Pero como están prohibidos, y no regulados, no hay reglas.

Las alternativas al cigarro son tres. Los vapeadores, que, como su nombre indican, hacen vapor. No contienen tabaco pero sí nicotina. Los cigarros electrónicos se parecen mucho, pero a diferencia de los vapeadores son desechables. Estos son los más comunes. Por último existen los calentadores de tabaco. Se parecen al cigarro pero no se encienden.

Ningún producto es libre de riesgo. Las autoridades de Estados Unidos tienen una categoría que llaman “riesgo modificado” y para entrar en ella debe entregarse mucha evidencia científica y verificarla. Que algo sea de riesgo modificado quiere decir que causa daño pero menos que un cigarro porque no generan combustión, que es donde sale la mayoría de las sustancias tóxicas.
Hay países donde las alternativas ya han sustituido al cigarro. En Japón, donde la gente fuma mucho, la aparición de alternativas ha disminuido el consumo del cigarro drásticamente. En Reino Unido los doctores del servicio nacional de salud, el NHS, están ofreciendo alternativas a los fumadores para que dejen de consumir cigarros.

La historia nos dice que la prohibición no funciona. En Estados Unidos prohibieron el alcohol hace un siglo y la mafia se hizo rica. Hoy pasa algo similar: fabricantes de productos ilegales, que quién sabe qué contienen, están aprovechando la cerrazón de las autoridades.

Como no hay regulación, nuestros hijos están desprotegidos. Nadie revisa nada, nadie se hace cargo. Por eso hay maquinitas en centros comerciales que les venden estos cigarros electrónicos sin control de edad, por eso hay tantos productos en todos lados. Ojo, no se trata de fomentar su consumo, pero con regulación este mercado se haría chiquito y nuestros niños estarían más protegidos.

También descubrí que nos hace falta mucha más información sobre cómo funcionan y qué riesgos tiene usarlos. Ojalá las autoridades hicieran la misma investigación y regularan estos aparatos. Creo que prohibir nunca lleva a nada bueno, pero tampoco está bien que no haya reglas y que se puedan comprar en puestos de periódicos o afuera de las escuelas como si nada.

Así que, como padre, les recomiendo hablar con sus hijos para que sepan que mientras que sean menores de edad, lo mejor será que no usen estos aparatos. Y cuando sean mayores de edad, lo mejor sea no usarlos pero que tengan información de qué son.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Análisis y Opinión

Senadores escuchen al doctor

Columna Invitada

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Tú decides

La mejor explicación de lo que es la objeción de conciencia, para mi gusto viene de Armando Fuentes Aguirre, conocido por muchos como Catón, el ilustre coahuilense escribió hace días: “La persona humana, cada mujer, cada hombre, posee un ámbito interior en el que nadie puede entrar…, ese espacio intocable es su conciencia. Obligar a alguien a faltar a ella, a violar sus convicciones, constituye un grave atentado contra la persona, pues vulnera los derechos humanos, principalmente en lo que atañe a la libertad de pensamiento”.

Con motivo de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 21 de septiembre de 2021, en la que se declaró la invalidez general del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que protegía la objeción de conciencia se ha ocasionado una gran preocupación y molestia entre los prestadores de los servicios de salud. En particular, en los gremios de médicos, enfermería del país, así como en varias escuelas de medicina y enfermería.

Se han publicado cinco desplegados -la voz de miles de prestadores de servicios de la salud- exigiendo que se respete su conciencia: La Declaración de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, de fecha 13 de septiembre de 2021; el Comunicado que suscribieron 30 Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México, de fecha 15 de septiembre de 2021; Comunicado de la Comisión Nacional de Bioética, órgano asesor de la Secretaría de Salud, de fecha 15 de septiembre de 2021; el Comunicado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de fecha 15 de septiembre de 2021 y finalmente un comunicado que suscribieron varias Universidades, junto con 30 Colegios Médicos de México.

El tufo que percibe el sector salud de algunos parlamentarios amigos del autoritarismo, de eliminar la objeción de conciencia, ha dado pie a la creación de La Federación Mexicana de Objetores de Conciencia https://femoc.mx/ (FEMOC), una organización que representa respalda y agrupa a todo el personal médico del sector salud, con el objetivo de salvaguardar sus convicciones éticas y morales, su libertad de pensamiento.

Son tiempos de totalitarismo, pero también lo son de libertadas, es por ello por lo que los promotores de la FEMOC piden que se convoque a un Parlamento Abierto en el Senado de la República y se escuche al sector salud que quiere garantizar la libertad de pensamiento y de conciencia consagrada en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

De igual manera, el sector salud hace un llamado a todos los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para que mañana martes 30 de noviembre se abstengan de aprobar el dictamen que pretende subordinar y condicionar el ejercicio de la objeción de conciencia de los prestadores de los servicios de salud a la previa aprobación de instancias administrativas, lo que las convertiría de facto en una auténtica policía del pensamiento, solamente existente en los regímenes totalitarios.

En lo personal pienso que la calidad y el compromiso con las libertades de algunos integrantes de la Comisión de Salud, entre ellos el @Dr_AVillarreal, que la preside y otros parlamentarios como @LillyTellez, @sylbeltrones, @jalfredobotello y @MarcoGamaSLP, no darán pie a una iniciativa que ejerza violencia ilegal del Estado contra el individuo, porque ningún profesional de la salud, trabajo o no en una institución pública, debe ser objeto de coacción legal que lo obligue a actuar en contra de sus valores personales.

Por Pablo Mier y Terán @pablomieryteran

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