

Análisis y Opinión
Frente a la furia anticipada
Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.
La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.
Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.
Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.
Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.
La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.
Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.
Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?
La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.
*Director VCNoticias.com
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Análisis y Opinión
Sobrerregulaciones frenan a la industria minera

La industria minera ha sido un pilar de la economía mexicana.
Según estimaciones del INEGI realizadas en 2021 el sector metalúrgico representó el 8.6 % del PIB Industrial, (Producto Interno Bruto) y el 2.5% del PIB nacional.
Desde hace mucho tiempo México es reconocido como el primer productor de plata en el mundo, el quinto en bismuto, también el quinto en plomo , el octavo en oro, noveno en cobre, por citar algunos logros de nuestro país.
Esta industria genera más de 367 mil empleos y en 2020 representó una inversión de más de 3,500 millones de dólares.
Sin embargo, esta importante fuente de empleos hoy resiente graves riesgos, que limitan su futuro. En algunas zonas la intervención de la delincuencia organizada, que empezó cobrando derecho de piso y extorsionando a las empresas y hoy asume mayor control.
Otro grave freno al desarrollo de esta industria es la sobrerregulación, que permite a funcionarios públicos tomar decisiones que restringen el desarrollo de esta actividad industrial, como está sucediendo con el Proyecto Ixtaca, en la Sierra Norte de Puebla, donde la Secretaría de Economía se ha negado a otorgar concesiones, como ha sucedido a Minera Gorrión, empresa que lleva más de 20 años en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, habiendo generado una derrama económica regional de más de 60 millones de dólares, y teniendo un proyecto con el que pretende invertir casi 170 millones más, tan sólo en construcción, y más de mil millones de dólares en la operación, durante los próximos 15 años.
Esta actitud de la Secretaría de Economía, -encabezada por Raquel Buenrostro-, manda a toda la industria minera un mensaje de incertidumbre jurídica, lo cual seguramente desestimulará la inversión y con ello la generación de empleos.
Almaden Minerals y Minera Gorrión fueron notificadas de la decisión de no considerarlas viables como candidatas a recibir concesiones y para evadir mayor compromiso, solicitó al Juzgado Dos de Distrito de Puebla que negara las concesiones, argumentando deficiencias técnicas de los proyectos.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó expedir nuevos permisos, poniendo como condicionante para su otorgamiento la realización de una consulta previa en la comunidad nahua de Tecoltemi, -vecina del municipio de Ixtacamaxtitlán-, donde están las minas.
Daniel Santamaría, Vicepresidente de Minera Gorrión y responsable del proyecto Ixtaca, destacó que este proyecto generaría empleos y derrama económica por más de mil 170 millones de dólares, invertidos en la mina Ixtaca, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.
Es importante recordar que las instituciones gubernamentales tienen como principal encomienda ser facilitadores de proyectos y promotores de inversiones, que hoy necesita México para generar empleos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades y no el obstáculo que impida el desarrollo y crecimiento regional.
¿A usted qué le parece?
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Análisis y Opinión
Un asunto de dignidad

En estos días se discutirá y sancionará un diferendo apreciativo sobre los márgenes de la acción sanitaria y humanitaria en El Salvador que quizá pueda tener efectos en otras latitudes, incluido México. El tema es complejo pero en el fondo, hay un diferendo ante la permanente atención, vigilancia y decisión médica pertinente que buscó salvaguardar la vida de una mujer embarazada y la del ser en su vientre.
Se juzga al sistema local de proveer asistencia médica profesional durante varios meses para procurar el bienestar integral a las dos personas. Los quejosos plantean que hubiera sido mejor invisibilizar la existencia de una bebé discapacitada desde el inicio (aunque nació y murió después, no sin antes recibir nombre e identidad) y permitir que, desde la opinión –personalísima pero ciertamente inexperta y alienada por abogados– de la paciente, se impidiera al personal médico a pensar, ofrecer opciones u obrar conforme a su conocimiento, su profesión y su conciencia. La mujer murió años más tarde y su historia hoy es utilizada como una estrategia, como un relato de intereses contrapuestos.
Estos asuntos son, por desgracia, sumamente comunes en nuestra vida contemporánea. En el estilo de vida, poder y privilegio que hoy campea en el mundo, las personas están más cerca de ser mercancías (adquiribles, consumibles y descartables) que de ser comprendidas en su complejidad irrepetible y en su absoluta dignidad sin importar sus particulares orígenes, sus condiciones, su hado o ventura.
Existe una antigua fábula china sobre un supuesto ‘hombre compasivo’ de quien se dice pescó una tortuga para hacer sopa con ella: “como no quería que alguien llegara a decir que él había dado muerte a un ser viviente, encendió fuego, hizo hervir agua en una olla, colocó una pértiga de bambú encima de la olla a manera de puente y le hizo a la tortuga una promesa: ‘Si consigues atravesar el puente, te dejaré en libertad’”. La fábula relata que la tortuga puso toda su voluntad e hizo lo imposible al atravesar el puente sobre el agua hirviendo… pero el hombre, aplaudiendo su hazaña, le pidió a la tortuga que regresara “para ver mejor cómo había logrado la proeza”.
La fábula enseña que, los discursos disfrazados de compasión son aún más pérfidos. Esto nos lleva a pensar que, aunque los discursos actuales aboguen por las libertades, los derechos o el reconocimiento de las diversidades de la humanidad contemporánea –incluso son socialmente aceptadas las ideas de trascendencia y armonización plural social mediante gestos de solidaridad, responsabilidad y amor– siguen existiendo narraciones que sólo defienden el propio privilegio, el egoísmo, el utilitarismo o el pragmatismo económico, la comodidad del fuerte frente a la anulación del débil o la indolencia ante los fácilmente descartables, los que nadie extrañará en “este mundo atestado de humanidad, agresivo, competitivo y eficientista”.
Hoy, mientras algunos se distraen con luces en el cielo, por fortuna hay gremios enteros defendiendo a trabajadores sexagenarios, a minorías arrinconadas, a mujeres violentadas, a personas e historias desaparecidas, a niños agredidos o utilizados, a jóvenes sometidos o corrompidos, a localidades envenenadas y a usuarios engañados. La única razón que alimenta el espíritu de esas luchas sociales es ese asunto de dignidad que perfora las conciencias, conmueve corazones y motiva a la acción en esa larga marcha hacia el bien común.
Pero ¿qué sucede cuando la dignidad humana es relativizada? ¿Qué sucede cuando se anteponen supuestos políticos, económicos o ideológicos que condicionan este principio humano? Hay quienes insisten que la lucha obrera, ecológica, comunitaria o social debe estar sujeta a las condiciones políticas; otros que la dignidad de la vida humana debe estar limitada por las condicionantes de la economía y el mercado; otros más llegan a afirmar que la indignación social sólo es válida desde una sola orientación ideológica. Y aún así se llaman compasivos.
Lo que atestiguamos en estos días –desde el utilitarismo bélico internacional o las agendas de interés económico supranacionales– es la evidencia que descarta aquella fantasía laicista de los Estados neutrales. Las opciones formales políticas o económicas tanto de las tiranías como las democracias son decisiones éticas y hasta morales, pero jamás neutrales: ¿Cuáles son las fronteras de la sanidad pública? ¿Cuáles son los límites de la acción contra el negocio de la droga? ¿Dónde se separa el bien común del privilegio? ¿Qué o quién define el grado de dignidad de una persona humana? Porque si quienes deciden se parecen al hombre de la fábula, se llamarán compasivos mientras contemplan a los miserables luchar por su vida bajo las reglas injustas y las condiciones imposibles que ellos mismos han definido.
Director VCNoticias.com @monroyfelipe
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