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Análisis y Opinión

Frente a la furia anticipada

Felipe Monroy

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Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.

La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.

Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.

Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.

Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.

Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.

Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?

La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Sembrando… dudas

Cristian Ampudia

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Conversando

Llama la atención como el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere impulsar ante Estados Unidos un programa tan cuestionado como lo es Sembrando Vida.

Apenas este domingo el Presidente lanzó en redes sociales un video en el que explica que este jueves propondrá a su homólogo de EU, Joe Biden, un acuerdo migratorio para permitir a centroamericanos acceder a visas de trabajo a partir de la ampliación del programa Sembrando Vida a esa región.

No fueron pocos los sorprendidos al escuchar que López Obrador pretende que el acuerdo tenga no sólo alcances de las visas de trabajo, sino que también pretende que el gobierno norteamericano pague becas a migrantes y les otorgue la nacionalidad estadounidense al cabo de tres años de estar el programa Sembrando Vida.

¿Suena descabellado pensar que desde México van a trazar la política migratoria de Estados Unidos para frenar el flujo migratorio? Lo es más cuando uno descubre que Sembrando Vida es uno de los programas más cuestionados de la actual administración.

Sembrando Vida paga actualmente a cerca de 420 mil agricultores 4 mil 500 pesos al mes por plantar árboles, según el Gobierno de México. La meta es reforestar un poco más de un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México. Pero no son pocos los reportes periodísticos que dan cuenta de que ese programa está lejos de funcionar y, por el contrario, estaría acelerando la deforestación en México.

Cosa de ver que muchos de los agricultores beneficiados terminan por arrasar con terrenos de bosques y selvas para hacerse acreedores al beneficio del programa y vender o utilizar la madera de los árboles ya existentes con tal de cumplir la meta de la actual administración de cultivar más de mil millones de plantas para finales de 2021. Aunque eso no garantiza que los árboles recién cultivados están siendo bien cuidados y que no mueran.

Además, Sembrando Vida tiene irregularidades por mil 832 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF). A esto se suma que mediante la ejecución del programa se han denunciado favoritismos y manejos electorales en la asignación de recursos.

Por si fuera poco, expertos de Transparencia Mexicana, Fundar y otras organizaciones sociales han advertido ya sobre la posibilidad de que haya casos de corrupción en los programas gubernamentales, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas Benito Juárez para nivel Medio Superior y la Pensión para Adultos Mayores entre otros.

¿Las causas? Padrones de beneficiarios poco transparentes, no hay claridad en el proceso de entrega de recursos, carecen de mecanismos de control ciudadano y no hay reportes periódicos sobre el gasto público.

Llámenme pesimista, pero con esas credenciales, dudo mucho que Joe Biden quiera entrarle al plan maestro de Andrés Manuel…

LEE ¿Vacunas?

Twitter: @campudia

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Análisis y Opinión

Tres escenarios

Felipe Monroy

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Se dice que siempre es posible hallar una distracción si uno se empeña lo suficiente en buscarla. Y todo parece indicar que, la mayoría de los actores políticos se esfuerzan demasiado en hacernos caer en las distracciones del actual proceso electoral.

Es claro que cada posición electoral ganada es importante; pero, para ser absolutamente cínicos, quienes saben operar con política a corto plazo tienen interés especial por la composición del próximo congreso federal. De la configuración de los 500 legisladores de la Cámara de Diputados depende en buena medida el éxito de la gestión del presidente López Obrador. En perspectiva, sin el mayoriteo legislativo de los partidos aliados al ejecutivo estos dos años es claro que hubiera sido imprescindible el diálogo y la negociación; por tanto, la Secretaría de Gobernación hubiese asumido tareas concretas para el orden y la alineación de la política interna del país en lugar de lo que sea que esté haciendo ahora.

He allí la primera tarea por lograr para el partido del presidente y de sus aliados: seguir controlando la Cámara Baja. El problema sobre la famosa ‘sobrerrepresentación’ del partido hegemónico en el congreso no es sino la expresión real del conflicto en el que, como vemos, nadie -ni el INE- se puede mantener verdadera y completamente neutral.

Sin embargo, con una mirada por encima de lo inmediato, las elecciones de los congresos estatales no deben ser despreciadas. Al final, son los diputados locales los que ayudan o no a redefinir el marco constitucional vigente. Una tarea sumamente relevante frente a un liderazgo que debe garantizar a toda costa que la prometida cuarta transformación de la vida pública de la nación sea consolidada en las bases del Estado.

Y, por si fuera poco, son los gobernadores las principales piezas de un tablero que incide y a veces define las metas aspiracionales de los políticos del congreso local. Los 30 estados en renovación de legislativo local y los 15 nuevos gobernadores no deberían ser un dolor de cabeza para el resto de la administración lopezobradorista. Ya hemos visto cómo algunos mandatarios estatales han sido distractores tremendos para la gestión federal que el presidente desearía.

Así que, el conflicto presidencial con las instituciones de organización y vigilancia democráticas no es personal, es un imperativo de la lucha política en búsqueda de objetivos muy concretos, de tres escenarios que cambiarán o no el tono del resto de la administración federal actual.

En el primer escenario, los partidos aliados a López Obrador mantienen su peso político en la Cámara de Diputados y se suman un par o más de gobernadores afines al tabasqueño. Los efectos inmediatos de dicha composición se traducirían en proyectos, procesos y presupuestos a la medida del proyecto de la cuarta transformación. La oposición no tendría más recursos de apelación que los tribunales, el enardecimiento social y, desde el pesimismo, se tornaría ostensiblemente ácida, recalcitrante e ignominiosa la apuesta política de contrapesos al ejecutivo.

Ni falta decirlo: el presidente seguirá señalando y machacando con saña y dedo flamígero a sus adversarios que quedarían evidenciados en su desesperación.

En el segundo escenario, el esperado por la oposición y sus extravagantes alianzas, es que el lobrezobradorismo se diluya en el Congreso y los gobernadores de oposición recuperen algo de orgullo perdido. Que tanto ellos como los partidos políticos vislumbren un país posterior a López Obrador, que se ilusionen por el futuro en el que ellos también podrían tener oportunidad de la silla presidencial. Este panorama es una batalla de sordos, ególatras liderazgos que apelan a la idea de un pueblo que ‘los llevó al poder’ pero que les ha dejado de interesar en sus necesidades y sus potencialidades. No es difícil imaginar qué podría ocurrir; la polarización absorbería el todo diálogo.

Es el último escenario el que podría verdaderamente imponer un silencio reflexivo antes de abrir la boca: Si la ciudadanía mantiene el apoyo a los procesos emprendidos por López Obrador; pero, al mismo tiempo, le muestra y cuelga sobre su cabeza, cual espada de Damocles, el último día de su gestión y le exige -por vía de oposiciones funcionales- la necesaria humildad que deberá asumir para dialogar y ‘hacer política’ con los adversarios.

Este escenario requiere equilibrio y madurez ciudadana, además de una suerte matemática que logre conciliar una configuración post-electoral que confirme la confianza de la sociedad en que los cambios necesarios del país prometidos por AMLO se concreten bajo la condición de que el mandatario y el partido hegemónico aprendan a negociar, a respetar a los adversarios y a hacer política desde el acuerdo y no desde el desprecio.

Los distractores en este proceso electoral -para variar- son la mercadotecnia y la actitud pendenciera que tanto fascina a los medios, son los conflictos alimentados por una tendencia al espectáculo que crispa emociones y sentimientos. Estas elecciones federales y estatales pueden ser una verdadera oportunidad en el cambio de lenguaje, una oportunidad para -por primera vez desde hace dos años- hablar de la importancia que tiene la política interna en un país tan plural y diverso como México. Confiemos en el pueblo, y en las instituciones que poco a poco éste ha ido levantando por algo.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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