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Análisis y Opinión

Regular lo posible, antes que lo inasible

Felipe Monroy

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La iniciativa del senador Ricardo Monreal para que México emprenda una regulación en las redes sociales digitales está motivada por una inquietud comprensible que ciertamente debemos todos compartir: las empresas que soportan el masivo tráfico de información han revelado el poder de control sobre los espacios que -ni hablar- se han convertido en la nueva arena pública.

Y, sin embargo, no podemos ser ingenuos: es cierto que la Internet (comprendido como la interconexión de bases de datos y usuarios) es un bien público, pero las empresas de socialización digital a las que fueron atraídos miles de millones de usuarios no lo son. Como empresas es lógico que en su búsqueda de rendimiento, utilidades y crecimiento implementen los mecanismos, las reglas, los convenios y alianzas que mejor les parezcan y funcionen para sus intereses.

Cuando las reglas o condiciones ya no satisfagan las expectativas de sus clientes y usuarios, estos tienen la libertad de marcharse. En teoría eso fue lo que debió suceder con las polémicas políticas de WhatsApp propuestas para este 2021 y que provocó una aparente desbandada de usuarios en esta plataforma que suma más de 2.7 mil millones de ellos. La presión de los usuarios forzó a WhatsApp de Facebook postergar la implementación de su nueva política; y, según informó el principal competidor de la plataforma, Télegram, en menos de 72 horas recibieron 25 millones de nuevos usuarios provenientes de la desbandada. Este es un mecanismo de regulación para una empresa que depende del volumen de clientes y usuarios.

Pero esto no es lo que se encuentra en el centro del debate. Lo planteado por el senador Monreal se soporta en dos derechos sociales primordiales: la libertad de expresión y la garantía de acceso a la información. Algunos acontecimientos respaldan esta preocupación; el más evidente, que Facebook y Twitter bajaran las cuentas del entonces presidente de EU, Donald Trump, pero hay muchos otros ejemplos del control que las empresas hacen de manera específica contra actores políticos, contenidos y movimientos sociales.

Naturalmente debemos proteger a cierto sector de la audiencia (menores de edad, primordialmente) al tiempo de auxiliar en la construcción de criterio al resto de los usuarios de redes sociales frente a los discursos de odio, discriminación, intolerancia y decenas de comportamientos criminales, ilícitos e inmorales distribuidos en la arena pública.

Las razones que han ofrecido las empresas de redes sociales cada vez que eliminan contenidos nos pueden resultar más o menos válidas o comprensibles: la prohibición de desnudos, por ejemplo, es claro que parece evitar la pornografía, pero por desgracia no elimina actividades ilícitas como la prostitución o el lenocinio; por el contrario, contenidos sobre maternidad y lactancia, así como diversos movimientos a favor de la vida sí han sido censurados aparentemente por publicar imágenes de mujeres embarazadas, partos y hasta ecografías de nonatos.

Sucede igual cuando las empresas deciden eliminar contenido que juzgan como discurso de odio, incitación a la violencia o incluso a las peligrosas noticias falsas. Como principio, es válido: todo discurso de violencia, engañoso y discriminador debe ser juzgado con claridad y severidad porque exponer indiscriminadamente a millones de personas a mentiras y odios es un crimen contra el bien y la justicia, contra la sana convivencia y el desarrollo social. Pero ¿quiénes tienen el derecho a decidir el filtro o los matices de los discursos ‘correctos’ en las redes y cómo se garantiza su independencia?

En 2019, Facebook anunció su Junta de Supervisión Independiente encargada de dirimir los conflictos no resueltos por los algoritmos de censura de la plataforma. La junta la constituirían once miembros y suena a buena idea, mas la cuestión es: ¿será esta junta suficientemente representativa en lenguajes, culturas y credos, será suficientemente aséptica de intereses económicos y/o ideológicos? Incluso, ¿será humanamente capaz de regular la inmensa, compleja e inasible maraña de metadatos?

Lo que nos lleva de vuelta al planteamiento de regulación en México: ¿Es el gobierno el ente adecuado para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de los usuarios en redes sociales mientras debe dirimir los conflictos de intereses políticos, económicos o ideológicos de sus administradores en turno? ¿Cuenta con los recursos para hacerlo? Y, de contarlos, ¿debería hacerlo? Porque de las naciones democráticas se espera que el gobierno represente la voluntad popular tanto como la voluntad impopular, sin embargo, no suelen verse esos gestos de grandeza política.

Así que, bienvenido el debate sobre la regulación de las redes sociales y hagamos votos por que sea tan plural e inclusivo como sea sanamente posible; pero ojalá a la administración pública, a los legisladores y a la ciudadanía también le interese regular a detalle algo que sí es posible y necesario: Las Oficinas de Comunicación Social de los gobiernos, dependencias, instituciones y entes públicos. Porque allí donde una oficina de gobierno dependa de una o varias redes sociales digitales de empresas privadas para mantener vinculación con la ciudadanía, se ha perdido un poquito de democracia.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Frente a la furia anticipada

Felipe Monroy

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Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.

La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.

Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.

Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.

Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.

Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.

Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?

La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

¿Ataques religiosos en México?

Felipe Monroy

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Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Independientemente de los procesos legislativos que estarán empujando o no esta iniciativa de reforma a la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, llama la atención la redacción de la exposición de motivos presentada por la diputada Reyna Ascencio Ortega: “El objeto de esta iniciativa es reformar la Ley para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación… con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes”.

Para la diputada, las organizaciones religiosas tienen potencial de realizar ‘ataques’ y por ello es menester de las autoridades civiles imponer más sanciones. La diputada recoge tres notas de prensa que supuestamente evidencian la discriminación; en realidad las notas sólo hablan de la Iglesia católica (en México hay millares de asociaciones religiosas no vinculadas al catolicismo romano) y de actores en otras naciones como el Vaticano y el reino de España.

Por si fuera poco, la exposición de motivos recoge una opinión del papa emérito Benedicto XVI en la que afirma que cualquiera que se oponga a nuevos considerandos sobre la moral y la dignidad humanas es “excomulgado socialmente”; es irónico que el propio dictamen confirme lo dicho por Ratzinger pues pretende sancionar expresamente a quienes tienen un parecer distinto respecto a lo que se hoy algunos consideran ‘discriminación’ aunque no esté soportado por los derechos humanos.

En 2017, sin embargo, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (SEGECEM) publicó unos ‘Lineamientos de actuación para la Prevención de la Discriminación’ con los que busca inspirar a todas las organizaciones católicas en México. El documento pondera que si bien todos los ministros de culto de la Iglesia católica gozan de los derechos de libertad religiosa y de expresión “estos derechos no son absolutos y deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.

Los líderes católicos piden a todos sus miembros un equilibrio entre la orientación de los fieles en la doctrina y el respeto a la ley: “La Iglesia debe exponer sin ambages la doctrina cristiana sobre cualquier aspecto, sea dentro o fuera de los templos, siempre y cuando se realice en absoluto respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales. Igualmente, debe emitir consideraciones de moral cristiana respecto de conductas o hechos, si bien se sugiere no hacer alusiones particulares sobre una persona o grupo de personas”.

Muchas otras confesiones religiosas comparten estos principios con los católicos: Expresar con libertad su doctrina sin vulnerar el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Toda vía más, incluso si en sus órdenes constitutivos no lo contemplaran, las religiones en México deben ajustarse a estos principios puesto que ya están estipulados con claridad en la ley vigente de Asociaciones Religiosas en los artículos 6° y 9°.

Por tanto, la iniciativa sería algo menos que ociosa si no encontráramos en ella las siguientes joyas: “No se debe soslayar el poder espiritual… tampoco se debe soslayar el poder terrenal que gozan las asociaciones religiosas y que constituyen de facto una oposición a lo logros y a la lucha por los derechos de la población”.

Las motivaciones detrás del proyecto de reforma evidencian que estos legisladores consideran que las religiones en México, gracias a sus “poderes espirituales y terrenales”, son una oposición a la ciudadanía y a sus derechos. Que se lo digan a los millones de mexicanos y extranjeros que reciben auxilio, caridad, promoción y salvamento cotidiano por parte de los miles de asociaciones religiosas mexicanas.

Como sea, este tipo de iniciativas de coerción injustificada ya habían advertidas desde la SEGECEM en el mismo documento del 2017: “Existe el peligro de limitarla [la libertad de expresión] de una manera no razonable, lo cual es impropio del espíritu de una sociedad libre, plural, diversa y democrática… La libertad de expresión puede tener limitaciones razonables, pero las limitaciones solo deben ser las necesarias para el ejercicio lícito de los derechos de los demás”.

La mera existencia de un dictamen como éste así como las histéricas reacciones de tirios y troyanos revela la inmadurez ciudadana y democrática respecto a las posibilidades positivas de convivencia, participación y colaboración entre las más diversas organizaciones religiosas con el resto de instituciones sociales, evidencia la ignorancia y los prejuicios de ambos grupos radicales que aprovechan cualquier excusa para desacreditarse mutuamente con falacias e intereses de puro pragmatismo político-partidista.

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*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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