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Análisis y Opinión

Censura y sollozos desde la investidura

Felipe Monroy

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Si bien se puede compartir la preocupación expresada por algunos líderes sobre el control ideológico que los gigantes informáticos han decidido implementar con mayor agresividad en sus plataformas no hay manera de concederle al presidente Donald Trump sus lloros sobre la ‘censura’ que “pretenden imponer” sobre su persona.

Vamos por partes. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos que derivaron en la suspensión de las redes sociales de Trump ciertamente evidenciaron una práctica que se ha tornado cada vez más frecuente entre los usuarios de estas plataformas de divulgación de contenidos. El control que las empresas comienzan a tener sobre los contenidos que pueden o no divulgar los usuarios de las plataformas no sólo se limita a actos ilegales ni de seguridad; en estos momentos es ampliamente evidente que ciertas empresas de redes sociales censuran contenido debido a su posición ideológica y a sus intereses comerciales.

Lo anterior no es nuevo y por lo menos los últimos 10 años se ha pedido formalmente a los creadores de estas plataformas explicación sobre los alcances políticos, económicos y sociales de la potencial mal utilización de los datos de los usuarios. Lo que hasta ahora sabemos, por desgracia, nos provoca escalofríos.

Justo en esta semana, millones de usuarios migraron de la plataforma de mensajería WhatsApp (de Facebook) a Telegram (su más cercano competidor) debido a ajustes en las políticas de privacidad de la primera que básicamente formalizan lo que la plataforma hacía desde hace años: usufructuar la información que en ella vertimos para obtener de nosotros comportamientos de consumo comercial o consumo cultural.

Lo he dicho en otras ocasiones, es tan eficiente y profundo el éxito de estas empresas que se podría decir que son capaces de ‘hackear la psique y el comportamiento humano’. La polarización social, el hiperconsumismo, la defenestración de principios de dignidad humana e incluso el negacionismo suicida de la realidad son evidencias de que lo anterior es posible.

El analista Mark Williams en su estudio de enero 2021: “Comparativo de aplicaciones de mensajería digital” analizó bajo 35 reactivos verificables los semáforos de riesgo en las plataformas conocidas. En realidad, todo el universo existente de aplicaciones implica más de cuatro alertas rojas; algunos tienen 24 ámbitos de preocupación.

Dicho lo anterior, es posible empatizar con quienes ven peligro en las plataformas; pero no es posible conceder a un mandatario como Trump su amarga queja sobre lo que cree en censura. El presidente norteamericano tiene a su disposición la infraestructura y abultado presupuesto del gobierno para colocar en la agenda nacional e internacional su pensamiento; pero, incluso si no lo tuviera, el líder de los Estados Unidos es revestido con una singular investidura que le da la facultad de convocar a cualquier medio de comunicación en cualquier momento del día para cualquier ocurrencia que desee expresar y llegue a todos los rincones del planeta.

Al cierre del año pasado, la plataforma Netflix presentó el mockumental ‘Muerte al 2020’ en el que pinta de cuerpo entero esta actitud con una parodia de la exasesora de Trump, Kellyanne Conway. La trumpista afirma que se ha dado la tarea de “denunciar la ominosa censura” contra su facción en decenas de cadenas de televisión, decenas de programas de radio y otro montón de programas por internet.

Por desgracia, es una posición que adoptan otros liderazgos. López Obrador, por desgracia, nuevamente demostró su cercanía ideológica con Trump al criticar las acciones de los dueños de las ‘benditas redes sociales’: “No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter… eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas”, dijo el mandatario que tiene capacidad de ejercer 3 mil 245 millones de pesos en publicidad oficial.

Es decir, con las benditas redes sociales, sin ellas o a pesar de éstas, el presidente de México cuenta con recursos más que suficientes para comunicarse con la ciudadanía; y, al mismo tiempo, también tiene la obligación de proteger que el derecho de voz, expresión y manifestación de todos los ciudadanos se tutele por las instituciones que él comanda. Ese sí es asunto de Estado.

Como responsables en turno en la oficina de Estado, los líderes democráticamente electos tienen los medios y la investidura para garantizar que no haya censura, que a los ciudadanos se les respete su libertad de expresión y saber prescindir de aquello que quizá los llevó al poder pero que no los legitima.

LEE Bloqueo, recurso desesperado

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Espionaje, entre el servicio y la ignominia

Felipe Monroy

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Aunque el espionaje se ha especializado y tecnificado a niveles infamantes, sus funciones más simples (que nunca honestas) se pueden reducir a las mencionadas por Kautilya hace veintitrés siglos: recolección de noticias, comprobación de lealtades y manejo de propaganda. Desde la perspectiva del gobernante, se entiende su utilidad para lograr lo único que interesa al poder: conservar el que se tiene y aumentarlo en lo posible.

Al contrario de lo que hoy se quiere insistir, el espionaje nunca es aséptico ni impersonal; el espionaje no son sólo datos y programación. Por tanto, ‘Pegasus’ no es sólo un programa, un software o un sistema: son hombres y mujeres que con mayor o menor poder han utilizado recursos técnicos de la forma más innoble. Además, los efectos del espionaje tampoco son inocentes, la historia refleja que aquel va acompañado invariablemente de la mentira política, la persecución de opositores, la desestabilización de pueblos, la inoculación de ideologías de ocasión y, por supuesto, de los crímenes de Estado, las insurrecciones fratricidas y la guerra total.

Lo que se ha ido revelando esta semana sobre la operación del ya famoso software ‘Pegasus’ es alarmante porque no se trata de un ‘sistema de inteligencia para el combate del terrorismo o ciberterrorismo en países democráticos’ sino un verdadero ‘sistema de espionaje israelí vendido por particulares a regímenes autoritarios que desean investigar a periodistas, activistas de derechos humanos y a potenciales opositores políticos’.

Desde hace años se tenía sospecha de que los recursos tecnológicos de estas empresas de ciberseguridad no sólo se adquirían para el combate al crimen, sino para las funciones que los regímenes y los poderes fácticos que buscan controlar a toda costa: tener información de sus adversarios políticos, verificar la lealtad de los ciudadanos y eliminar los potenciales riesgos para la estabilidad de su poder.

Esta es la razón por la cual, cuando se habla de espionaje no puede haber neutralidad. Es una práctica ignominiosa y cruel cuando se está vulnerable a ser espiado; pero es un servicio de seguridad y estabilidad para aquellos que detentan el control. Desde el poder, un mundo sin las intrincadas redes de espionaje básicamente se hundiría en el caos; mientras, desde las estructuras intermedias de la sociedad, el espionaje es una herramienta del autoritarismo.

En el fondo no hay ninguna sorpresa en que las nuevas herramientas digitales hayan hipertecnificado el espionaje al grado en que los clientes de NSO Group puedan ver y escuchar a sus ‘objetivos’ de interés; tampoco es realmente una noticia que diferentes gobiernos o poderes (con diversas problemáticas) hayan echado mano de esta herramienta. Sin embargo, no por ser un mecanismo casi natural de autopreservación del poder no debiera inquietarnos. Especialmente porque, es altamente probable que, derivado del espionaje a ciertos personajes junto a la exposición y vulneración de periodistas, opositores o líderes comunitarios, se haya provocado la muerte de alguno de ellos, la intimidación o el silenciamiento de sus voces. Y todavía peor, al existir la evidente sospecha de que el gobierno israelí de Netanyahu ha espiado a líderes mundiales a través de la herramienta de ciberseguridad, se encienden las alarmas de desastre geopolítico.

Ahora, mientras el mundo redescubre la diplomacia para salir del entuerto en el que lo ha sumido el software ‘Pegasus’, no hay que perder de vista la sospechosa parsimonia y tranquilidad con la que los líderes políticos echar a andar a sus fiscalías y ministerios de defensa contra el espionaje que ellos mismos sufrieron. Quién sabe, quizá no tienen intensión de correr por completo las cortinas del misterio.

LEE Quema de templos y efigies: indignación sin respuesta

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Estrategias pro aborto falaces

Columna Invitada

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Por: Ivette Laviada

Ahora es en Veracruz donde se pretende presionar al gobierno con estrategias pro aborto; tan viejas, tan usadas y tan falaces que resultan un insulto a las personas que con dos dedos de frente ven con claridad todo este asunto.

El viejo truco del aborto espontáneo, un argumento que simplemente no funciona cuando las acciones que siguieron a la muerte del bebé en gestación contradicen todos los dichos de la supuesta víctima.

Quienes pretenden que el aborto se legalice a como de lugar -sean feministas, funcionarias e incluso instituciones- no les importa mentir y manipular los casos para conseguir su afán.

El caso de Oluta, en Veracruz de Diana “N” es un claro ejemplo: la Fiscalía encontró que no sufrió un aborto “espontáneo” la chica cometió infanticidio, su bebé fue alumbrado vivo en un baño público a los 7 meses de gestación y posteriormente lo abandonó en un bote de basura, donde falleció por anoxia por sofocación como consta en el expediente por lo cual se le sigue un proceso.

No es la pretensión de esta reflexión el juicio de Diana (las autoridades lo harán conforme a derecho), sino todo el aparato que se mueve con este pretexto para que se presione a un estado a legalizar la muerte de los bebés en gestación.

El discurso utilizado por la CNDH y por la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz es ¡de no creerse! primero atacan a la Fiscalía General del Estado porque no emplearon perspectiva de género en la investigación, añaden que el caso lo han llevado violando gravemente sus derechos sexuales y reproductivos, que ha sido doblemente revictimizada y que le negaron el acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía.

Por otro lado, la diputada Mónica Robles aprovecha la coyuntura de manipulación mediática para meter su iniciativa pro aborto y los colectivos feministas celebran estas acciones para empujar con más fuerza esta agenda.

Estrategias que hemos visto en tantos lugares y países que por increíble que parezca siguen sin quitar el dedo del renglón.

¿Acaso los delitos se pueden considerar derechos según cada quién? Las falacias no surten efecto, por ello tanta violencia para imponer estas mentiras, la sociedad no se deja engañar.

No existen derechos sexuales y reproductivos, este es el poderoso antifaz que le han puesto al aborto para que dicho tantas veces y por tanto tiempo se perciba como algo bueno, como lo que su nombre pretende “un derecho”; pero no, la sociedad no compra este cuento, lo que existe es el derecho a la salud que incluye la salud sexual, física, mental, etc. Salud implica vida no muerte, justificar el aborto es totalmente contrario a lo que la salud persigue.

La verdad no se puede ocultar, siempre sale a la luz. Seguiremos trabajando para que chicas como Diana antes de pensar en el aborto puedan tener acceso a instituciones o personas que les ayuden verdaderamente como lo han demostrado La Vida por Delante, VIFAC o AME.

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