Connect with us

Análisis y Opinión

Censura y sollozos desde la investidura

Felipe Monroy

Publicada

on

Si bien se puede compartir la preocupación expresada por algunos líderes sobre el control ideológico que los gigantes informáticos han decidido implementar con mayor agresividad en sus plataformas no hay manera de concederle al presidente Donald Trump sus lloros sobre la ‘censura’ que “pretenden imponer” sobre su persona.

Vamos por partes. Los recientes acontecimientos en Estados Unidos que derivaron en la suspensión de las redes sociales de Trump ciertamente evidenciaron una práctica que se ha tornado cada vez más frecuente entre los usuarios de estas plataformas de divulgación de contenidos. El control que las empresas comienzan a tener sobre los contenidos que pueden o no divulgar los usuarios de las plataformas no sólo se limita a actos ilegales ni de seguridad; en estos momentos es ampliamente evidente que ciertas empresas de redes sociales censuran contenido debido a su posición ideológica y a sus intereses comerciales.

Lo anterior no es nuevo y por lo menos los últimos 10 años se ha pedido formalmente a los creadores de estas plataformas explicación sobre los alcances políticos, económicos y sociales de la potencial mal utilización de los datos de los usuarios. Lo que hasta ahora sabemos, por desgracia, nos provoca escalofríos.

Justo en esta semana, millones de usuarios migraron de la plataforma de mensajería WhatsApp (de Facebook) a Telegram (su más cercano competidor) debido a ajustes en las políticas de privacidad de la primera que básicamente formalizan lo que la plataforma hacía desde hace años: usufructuar la información que en ella vertimos para obtener de nosotros comportamientos de consumo comercial o consumo cultural.

Lo he dicho en otras ocasiones, es tan eficiente y profundo el éxito de estas empresas que se podría decir que son capaces de ‘hackear la psique y el comportamiento humano’. La polarización social, el hiperconsumismo, la defenestración de principios de dignidad humana e incluso el negacionismo suicida de la realidad son evidencias de que lo anterior es posible.

El analista Mark Williams en su estudio de enero 2021: “Comparativo de aplicaciones de mensajería digital” analizó bajo 35 reactivos verificables los semáforos de riesgo en las plataformas conocidas. En realidad, todo el universo existente de aplicaciones implica más de cuatro alertas rojas; algunos tienen 24 ámbitos de preocupación.

Dicho lo anterior, es posible empatizar con quienes ven peligro en las plataformas; pero no es posible conceder a un mandatario como Trump su amarga queja sobre lo que cree en censura. El presidente norteamericano tiene a su disposición la infraestructura y abultado presupuesto del gobierno para colocar en la agenda nacional e internacional su pensamiento; pero, incluso si no lo tuviera, el líder de los Estados Unidos es revestido con una singular investidura que le da la facultad de convocar a cualquier medio de comunicación en cualquier momento del día para cualquier ocurrencia que desee expresar y llegue a todos los rincones del planeta.

Al cierre del año pasado, la plataforma Netflix presentó el mockumental ‘Muerte al 2020’ en el que pinta de cuerpo entero esta actitud con una parodia de la exasesora de Trump, Kellyanne Conway. La trumpista afirma que se ha dado la tarea de “denunciar la ominosa censura” contra su facción en decenas de cadenas de televisión, decenas de programas de radio y otro montón de programas por internet.

Por desgracia, es una posición que adoptan otros liderazgos. López Obrador, por desgracia, nuevamente demostró su cercanía ideológica con Trump al criticar las acciones de los dueños de las ‘benditas redes sociales’: “No me gusta que a nadie le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter… eso es un asunto de Estado, eso no es un asunto de las empresas”, dijo el mandatario que tiene capacidad de ejercer 3 mil 245 millones de pesos en publicidad oficial.

Es decir, con las benditas redes sociales, sin ellas o a pesar de éstas, el presidente de México cuenta con recursos más que suficientes para comunicarse con la ciudadanía; y, al mismo tiempo, también tiene la obligación de proteger que el derecho de voz, expresión y manifestación de todos los ciudadanos se tutele por las instituciones que él comanda. Ese sí es asunto de Estado.

Como responsables en turno en la oficina de Estado, los líderes democráticamente electos tienen los medios y la investidura para garantizar que no haya censura, que a los ciudadanos se les respete su libertad de expresión y saber prescindir de aquello que quizá los llevó al poder pero que no los legitima.

LEE Bloqueo, recurso desesperado

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe



Dejanos un comentario:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Análisis y Opinión

Frente a la furia anticipada

Felipe Monroy

Publicada

on

Entre otras cosas, la pandemia no detuvo muchas de las crisis sociales que suelen permanecer soterradas o silenciadas por los acontecimientos que cíclicamente nos ocupan los espacios públicos de información o reflexión: diversas pobrezas y violencias se han mantenido en tenaz agresión tras las puertas de millones de hogares y comunidades contra personas concretas, vulnerables.

La agresión contra las mujeres (desde la primera infancia hasta las más avanzadas etapas de adultez) es un fenómeno que sigue inquietando tanto a investigadores sociales como a las autoridades civiles. Los varios lustros de leyes orientadas a sancionar de manera especial el abuso y las ofensas contra el sexo femenino parecen no cambiar la actitud social frente a este flagelo; incluso los esfuerzos de cambio cultural para visibilizar y promover una ‘perspectiva de género’ en todas las áreas institucionales y de convivencia social parecerían no sólo no abonar a la solución de los conflictos sino a aumentar la tensión entre sectores sociales en una grave crisis cuyas crecientes víctimas contemplan desde su vulnerabilidad la terca persistencia de nuestros errores.

Prácticamente todos los estudios sobre violencia en México hasta antes de la pandemia advertían un incremento de casos de abuso, maltrato o crímenes contra mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y adultas). Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y febrero de 2020 se registraron 166 presuntas víctimas del delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidio y homicidio doloso; se contabilizaron 9 mil 941 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas y se atendieron 40 mil 910 llamadas de emergencias relacionadas con incidentes de violencia contra mujeres. Después, la pandemia modifica la tendencia de los datos, pero quizá no del fenómeno.

Durante de las sesiones del Seminario Internacional “La perspectiva de la familia y el futuro de las sociedades democráticas”, el doctor Cándido Pérez Hernández reflexionó sobre la tendencia de crecimiento en las denuncias de violencia familiar en México, subieron un 17% del 2018 al 2019 y un 5% del 2019-2020. El aparente descenso en las cifras parece responder directamente a la imposibilidad de levantar denuncias o abrir carpetas de investigación durante la pandemia.

Aún así en el 2020 se presentaron denuncias por 54 mil 342 delitos sexuales; las autoridades de seguridad pública estiman que el 93% de estos delitos no se denunciaron ni presentaron carpeta de investigación. Según los datos, los delitos sexuales podrían haber crecido en 73% entre el 2015 al 2020.

La última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares reveló que el 43.9% de las mujeres ha experimentado violencia por parte de su actual o última pareja; y que una de cada diez mujeres ha sido víctima de violencia sexual durante su infancia; los agresores se encuentran con mayor frecuencia en el ambiente familiar.

Aunque desde la postguerra del ‘45, los temas de equidad e igualdad entre varones y mujeres han estado presentes en la configuración de nuevas instituciones, espacios de diálogo y reglamentación para la sana convivencia social; fue apenas en 1995 cuando se incluyó la ‘perspectiva de género’ como un criterio diferencial en la aplicación de políticas públicas en las naciones contemporáneas. México ha hecho su parte: fundó el Instituto Nacional de las Mujeres en 2001, creó el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en 2005 y en 2007 se alcanzó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; “la primera ley en Iberoamérica en definir desde la perspectiva de género y de los derechos humanos de las mujeres las diferentes modalidades de la violencia -familiar, institucional, laboral, comunitaria y feminicida- y en instaurar los mecanismos para la erradicación de cada una”.

Hasta aquí parece que, al menos institucionalmente, se ha intentado mucho para mejorar un entorno y cultura pues, si bien ‘las costumbres corrigen las leyes’ también las normas alimentan nuevas costumbres. A partir de los datos someros, se podría concluir que la convivencia es aún peor que lo era antes de las leyes que promovían justo una cultura de equidad y respeto. La implementación de acciones positivas (incluso de la discriminación positiva) para eliminar las desventajas iniciales de las mujeres frente a los varones no se refleja en los casos de violencia, abuso y actos criminales contra ellas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué ideas y acciones nutren los depósitos de ira y agresividad física y discursiva? ¿Quiénes vislumbran la furia anticipada y se apertrechan con armas y escudos antes de salir al diálogo y a la convivencia?

La indignación es comprensible, es compartible incluso (dijo André Gidé: “Cuando deje de indignarme, comenzará mi vejez”) pero también nos recuerda el adagio que lo que se consigue con cólera, con vergüenza termina.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

Seguir leyendo

Análisis y Opinión

¿Ataques religiosos en México?

Felipe Monroy

Publicada

on

Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Independientemente de los procesos legislativos que estarán empujando o no esta iniciativa de reforma a la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, llama la atención la redacción de la exposición de motivos presentada por la diputada Reyna Ascencio Ortega: “El objeto de esta iniciativa es reformar la Ley para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación… con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes”.

Para la diputada, las organizaciones religiosas tienen potencial de realizar ‘ataques’ y por ello es menester de las autoridades civiles imponer más sanciones. La diputada recoge tres notas de prensa que supuestamente evidencian la discriminación; en realidad las notas sólo hablan de la Iglesia católica (en México hay millares de asociaciones religiosas no vinculadas al catolicismo romano) y de actores en otras naciones como el Vaticano y el reino de España.

Por si fuera poco, la exposición de motivos recoge una opinión del papa emérito Benedicto XVI en la que afirma que cualquiera que se oponga a nuevos considerandos sobre la moral y la dignidad humanas es “excomulgado socialmente”; es irónico que el propio dictamen confirme lo dicho por Ratzinger pues pretende sancionar expresamente a quienes tienen un parecer distinto respecto a lo que se hoy algunos consideran ‘discriminación’ aunque no esté soportado por los derechos humanos.

En 2017, sin embargo, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (SEGECEM) publicó unos ‘Lineamientos de actuación para la Prevención de la Discriminación’ con los que busca inspirar a todas las organizaciones católicas en México. El documento pondera que si bien todos los ministros de culto de la Iglesia católica gozan de los derechos de libertad religiosa y de expresión “estos derechos no son absolutos y deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.

Los líderes católicos piden a todos sus miembros un equilibrio entre la orientación de los fieles en la doctrina y el respeto a la ley: “La Iglesia debe exponer sin ambages la doctrina cristiana sobre cualquier aspecto, sea dentro o fuera de los templos, siempre y cuando se realice en absoluto respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales. Igualmente, debe emitir consideraciones de moral cristiana respecto de conductas o hechos, si bien se sugiere no hacer alusiones particulares sobre una persona o grupo de personas”.

Muchas otras confesiones religiosas comparten estos principios con los católicos: Expresar con libertad su doctrina sin vulnerar el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Toda vía más, incluso si en sus órdenes constitutivos no lo contemplaran, las religiones en México deben ajustarse a estos principios puesto que ya están estipulados con claridad en la ley vigente de Asociaciones Religiosas en los artículos 6° y 9°.

Por tanto, la iniciativa sería algo menos que ociosa si no encontráramos en ella las siguientes joyas: “No se debe soslayar el poder espiritual… tampoco se debe soslayar el poder terrenal que gozan las asociaciones religiosas y que constituyen de facto una oposición a lo logros y a la lucha por los derechos de la población”.

Las motivaciones detrás del proyecto de reforma evidencian que estos legisladores consideran que las religiones en México, gracias a sus “poderes espirituales y terrenales”, son una oposición a la ciudadanía y a sus derechos. Que se lo digan a los millones de mexicanos y extranjeros que reciben auxilio, caridad, promoción y salvamento cotidiano por parte de los miles de asociaciones religiosas mexicanas.

Como sea, este tipo de iniciativas de coerción injustificada ya habían advertidas desde la SEGECEM en el mismo documento del 2017: “Existe el peligro de limitarla [la libertad de expresión] de una manera no razonable, lo cual es impropio del espíritu de una sociedad libre, plural, diversa y democrática… La libertad de expresión puede tener limitaciones razonables, pero las limitaciones solo deben ser las necesarias para el ejercicio lícito de los derechos de los demás”.

La mera existencia de un dictamen como éste así como las histéricas reacciones de tirios y troyanos revela la inmadurez ciudadana y democrática respecto a las posibilidades positivas de convivencia, participación y colaboración entre las más diversas organizaciones religiosas con el resto de instituciones sociales, evidencia la ignorancia y los prejuicios de ambos grupos radicales que aprovechan cualquier excusa para desacreditarse mutuamente con falacias e intereses de puro pragmatismo político-partidista.

LEE Regular lo posible, antes que lo inasible

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

Seguir leyendo

Te Recomendamos