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Análisis y Opinión

Credibilidad y confianza

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Dice el relato que para distinguir la diferencia entre ‘creer’ y ‘confiar’ se necesita mirar a un equilibrista pasar cinco veces seguidas por un cable entre dos edificios de gran altura. Una cosa sería responder si ‘creemos’ que podría cruzar una sexta vez; y otra, muy distinta, si ‘confiamos’ en que podrá pasar nuevamente por la cuerda pero ahora con nosotros sobre sus hombros.

Dado nuestro contexto, pareciera que a los mexicanos nos debería ser muy difícil tanto creer como confiar; pero resulta curioso lo mucho que seguimos creyendo y además, confiando en personas, estructuras e instituciones que, a todas luces, han traicionado nuestra confianza sistemáticamente.

El estreno del documental “El caso Cassez-Vallarta: Una novela criminal” nos vuelve a poner frente a un episodio paradigmático de la perversa forma en que el gobierno, los medios de comunicación y el sistema judicial suelen presentar, acomodar y hasta tergiversar la realidad con el fin de autopreservarse o autocomplacerse.

Sin embargo, no debemos mirar el fenómeno acusando a la condición institucional de la traición a la verdad (porque los muros no suelen tener intenciones o intereses) sino comprendiendo que ha sido la naturaleza humana y falible de los funcionarios, los policías, los periodistas, los operadores, los jueces y abogados a través de sus motivaciones, conveniencias, miedos o presiones lo que hizo crecer ese enjambre de intrigas.

La narrativa del documental insiste en que ninguno de los personajes involucrados en aquel episodio es completamente digno de credibilidad. Quizá merezcan credibilidad y confianza sólo un par de periodistas e investigadores que antepusieron la ética profesional en lugar del éxito o del espectáculo utilitario; o un par de intelectuales que, sin prejuicio alguno, contemplan el desarrollo de los hechos, dudaron y aún hoy continúan haciéndose preguntas sobre el mismo.

Lo inquietante es que la pieza documental nos recuerda que aquellos personajes que evidentemente se reservaron o pervirtieron información para proteger su imagen, su provecho y sus conveniencias aún gozan de credibilidad e incluso confianza entre el respetable. ¿Por qué? ¿A qué se debe?

Veamos otro ejemplo. La semana pasada, durante la sección de la conferencia matutina de la Presidencia de la República que pretende desvelar las mentiras de grupos políticos, medios de comunicación y personajes sociales, el gobierno lopezobradorista mintió flagrantemente; lo peor, absurdamente. A través de la funcionaria federal Elizabeth García Vilchis, el gobierno acusó al expresidente Felipe Calderón de mentir en redes sociodigitales cuando alertó de un derrame de aguas negras en las playas de Acapulco. En nombre de la máxima autoridad mexicana (la falta de habilidad de la funcionaria no puede minimizar el poder desde donde se expresan las palabras), se acusó a un ciudadano de falsear información con intención de perjudicar a la administración en turno y, afirmó que el suceso había ocurrido en España.

Al final del episodio, la propia Presidencia de la Nación se vio obligada a reconocer que, si bien Calderón cometió un yerro con la fecha, no equivocó la localización. No pidió disculpas, pero sí corrigió la información que su funcionaria divulgó.

Este asunto no es menor porque la actual administración lopezobradorista considera importante que, desde el empíreo del poder en México, se instruya a la población en quién debe creer y en quién confiar. El eslogan publicitario del presidente (‘No somos iguales’) pretende diferenciar a él mismo y a sus incondicionales, de ‘esos otros’ cuyas esencias de mentira y corrupción son casi connaturales. El ejercicio de la comunicación social permanente a través de las conferencias matutinas de esta administración es uno de los más eficaces modelos de educación de percepción política que ha ideado gobierno alguno, pero también tiene sus debilidades y la frecuencia con la que deben desdecirse o corregirse es muy alta. Y, sin embargo, a pesar de las pifias y múltiples errores, esta administración aún goza de credibilidad e incluso confianza entre la gente. Nuevamente: ¿Por qué? ¿A qué se debe?

Evidentemente, el caso Cassez-Vallarta y la pifia del derrame de Acapulco tienen inmensas distancias, son verdaderamente incontrastables y es odioso que aparezcan juntos en este texto; no obstante, sí reflejan un aspecto curioso del poder y la comunicación. Todo parece indicar que desde el poder, la recuperación de credibilidad y confianza es sumamente sencilla.

Los psicólogos afirman que, más que a confiar, aprendemos a desconfiar en el curso de nuestra vida. Desconfiar es, además, una de las habilidades más importantes para protegerse y sobrevivir; y, sin embargo, por el bien de la sociedad en la que estamos inmersos, necesitamos seguir confiando y creer: en los otros, en las instituciones intermedias de la sociedad y, sí, también en las estructuras de gran gestión social.

La credibilidad y la confianza son facilitadores sociales, economizan gestiones y abren horizontes, atemperan pasiones y miran al futuro. Dice el clásico que una gran confianza obliga y motiva a aquel al que se le dispensa a mostrarse digno de ella y a justificarla en el futuro.

Es decir: Que el pueblo mexicano, en contra de su buen juicio -y a veces hasta de su bienestar-, siga creyendo y confiando es prueba suficiente de lo que está dispuesto a sacrificar por el bien común: ahí está la cuerda floja y seguimos confiando en que, independientemente quien vaya de equilibrista, de alguna manera cruzaremos el abismo.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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La guerra de las ambulancias

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La desaparición de Alexis, un estudiante de la UAM, después de haber sido levantado por una ambulancia en el Centro Histórico y encontrado su cadáver en el municipio de Chalco, Estado de México el 4 de junio de este año, nos muestra el descontrol que existe en la prestación de servicios de primeros auxilios y traslados hospitalarios, proporcionado por las ambulancias particulares. Las autoridades no han logrado aún crear un sistema que garantice claridad en el servicio.

Es evidente que cuando sobreviene una desgracia y se requiere un servicio, la premura por resolver la emergencia paraliza al accidentado y a su familia y terminan aceptando el servicio sin negociar costos y luego sobrevienen las sorpresas.

Durante la fase crítica de la pandemia de COVID-19 el servicio de las ambulancias fue determinante pues de su habilidad para encontrar un hospital donde se pudiese internar al nuevo enfermo, fue determinante para salvarle la vida al enfermo.

Sin embargo, ahora que ha bajado la presión de enfermos y familiares cuando hay una emergencia, han empezado los malos hábitos y se empieza a descubrir que muchas veces estos prestadores de servicios casi imponen el hospital al cual llevarán al accidentado o enfermo, nos lleva a la suposición de que existen arreglos económicos entre estos transportistas y el nosocomio.

Incluso se han descubierto conflictos suscitados entre ambulancias peleando por un accidentado.

Una ambulancia no es un taxi, ni un servicio de entrega de alimentos por aplicación, ni servicio de mensajería… Su vocación no debe ser comercial, sino humanista, pues resuelven emergencias y de su eficiencia depende una vida humana en muchos casos.

Las ambulancias son una extensión del sistema nacional de salud y tienen una responsabilidad.

Si quienes conducen las ambulancias tienen tratos con los hospitales privados para llevarles los accidentados que levantan en las calles, entonces están generando graves problemas financieros a las familias de estos, quienes se sentirán atrapados e incluso extorsionados.

Las autoridades consideran que hay 562 ambulancias que circulan por las calles de la Ciudad de México, -pero la mitad son “piratas,” o sea que no tienen permisos para brindar servicios.

Por lo anterior la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México instrumentó operativos para revisar unidades y sacar de circulación a las que no cumplan con requisitos y permisos.

Para tener la certeza de cumplir con la normatividad deben haber cubierto los trámites obligatorios ante la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA), así como ante la Secretaría de Salud, y poseer las placas que autorizan circular por las calles de la Ciudad de México otorgando este servicio tan delicado como para dejarlo a la improvisación.

Además, deben inscribirse en el Registro de Ambulancias y Técnicos en Urgencias Médicas, pues de no contar con este requisito, estas unidades pueden ser llevadas al “corralón”.

Por lo anterior a partir del 23 de agosto las autoridades capitalinas están retirando de la circulación unidades que no cumplen con los permisos correspondientes, y las multas pueden alcanzar una cifra de poco más de nueve mil pesos.

De no poner orden en este servicio tan importante, podríamos descubrir más casos como el de Alexis, -descrito al inicio de este artículo-, pues las autoridades deben tener la seguridad de quien ofrece este tipo de servicios tiene la capacidad de atender emergencias y salvar vidas.

La improvisación, así como intereses ajenos a la atención médica básica y de primera respuesta, deben ser erradicadas de este vital servicio.

¿A usted qué le parece?

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Análisis y Opinión

La tristeza de ‘los excluidos’

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En la pasada manifestación conmemorativa del 2 de octubre, en el Zócalo de la Ciudad de México se verificó lo de cada año: que se mantiene moderadamente viva la indignación estudiantil ante las acciones de represión, coacción e injerencismo de los diversos poderes formales o fácticos de cada generación; y que continúan funcionando los viejos mecanismos de movilización gremial juvenil. Un tema que sin duda requiere un análisis profundo y que, sin embargo, quedó oculto bajo un episodio que también merece la pena comentar.

En medio del mitin, algunos jóvenes distinguieron la presencia de la politóloga Denise Dresser y, de inmediato, procedieron a increparla hasta correrla del lugar. Más tarde, la académica reviró en sus redes sociales y en su muy popular columna que lamentaba la situación, que le daba tristeza la exclusión de la que fue víctima y acusó a los vociferantes que la expulsaron de escatimarle sus derechos: “En su mapa mental no puedo tener voz ni derecho a disentir”, dijo.

Esa tarde y a la mañana siguiente, cientos de colegas, amigos y muchos ciudadanos con acceso a redes y otros recursos apoyaron a la politóloga de la mejor manera: Invitando a la gente a leer su columna y a escuchar su reflexión después del difícil entuerto vivido en la plancha del Zócalo.

Por ello, aunque no estoy de acuerdo con el abucheo vivido contra de la escritora por parte de la multitud de manifestantes anónimos, puedo comprenderlo absolutamente. Dresser se equivoca: Ella no es un ciudadano común cuya voz requiere de la solidaridad de miles de acallados para apenas ser un susurro frente a los poderes. La muestra está en la inmensa visibilidad de cada una de sus palabras en medios locales, nacionales e internacionales; ella tiene oportunidad de ocupar espacios de diálogo y debate público en diferentes foros y medios de comunicación; incluso su voz y su pensamiento son ejes centrales en espacios de poder específico y en agendas internacionales de injerencia en políticas públicas en México.

Los miserables, los invisibles, los larga y sistemáticamente excluidos no cuentan con ninguna facilidad para hacer escuchar su voz.

Esto me recuerda ese fragmento de la novela post revolucionaria ‘Nueva Burguesía’ de Mariano Azuela denominado ‘La manifestación del hambre’. En el episodio se relata el acarreo al Zócalo capitalino de unos manifestantes muy singulares: “La indiada seguía bajando de jaulas de ganado, vestidos de manta, neja, sombreros de soyate deshojándose de puro viejos, de huaraches o descalzos… era una exhibición vergonzosa de la miseria en que se mantiene todavía al pueblo: un desfile de doscientos mil parias en camisas y calzones rotos y mugrosos”. La manifestación era una respuesta del candidato oficial contra el candidato de oposición que una semana atrás había hecho su propia concentración popular.

Azuela pintó, además, desvergonzados, a otros personajes acomodados y privilegiados: los que van de aquí a allá desayunando, comiendo y visitando a señoritas ricas para camelarlas; y nos ofrece un momento dramático: Un capataz que organizaba el acarreo de los campesinos al Zócalo vació su pistola contra unos vagos que comenzaron a insultar a acarreados y acarreadores. Es decir, que la voz de esos vagos anónimos fue acallada por quienes manipulaban la voz de los pobres acarreados: “ —Griten: ¡Viva el general Ávila Camacho! … y respondían una cuantas voces desvaídas”.

Las reacciones sobre la exclusión de Dresser de la manifestación del 2 de octubre son de lo más variopintas pero las que se equivocan son aquellas que creen que esto tiene que ver con democracia o con participación social. No. Tiene que ver con el poder y el uso de la voz.

Todo aquel personaje que, desde el empíreo del poder, del dinero o de los medios, tiene oportunidad de multiplicar y hacer llegar su voz a los más recónditos espacios de vida social o cotidiana no puede asegurar que es “un ciudadano común y corriente”. Quienes tenemos oportunidad de acceso a los medios de comunicación y tenemos la responsabilidad de dirigirnos a la sociedad a través de espacios de debate o de influencia (como las universidades, las empresas, los grupos políticos, etcétera) debemos reconocer un privilegio del cual la inmensa mayoría de la población no goza.

Lo verdaderamente censurable es que, contemplando la realidad de los miserables sin voz o a los audaces acallados a plomo o a punta de cuchillo cebollero, haya colegas hiper privilegiados que aseguren que sientan “tristeza de ser excluidos”.

En fin, lo que sí es un asunto democrático es cuando las personas privilegiadas con acceso a medios y a centroides de poder ceden su propia voz por la voz de los ‘sin voz’… entonces sí, los excluidos lo aceptan como uno de los suyos.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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