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Análisis y Opinión

No es crisis de gobierno, es de identidad

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Hay una viejísima canción japonesa que intenta describir la esencia de la desgracia de la siguiente manera: “El miserable se recoge bajo el último árbol; [mas] privándole de la sombra, las amarillas hojas han caído”. Es una dolorosa verdad reconocer que, casi siempre, el último recurso también es el peor recurso.

Pienso en esto mientras el gobierno federal liderado por Andrés Manuel López Obrador malabarea el frente abierto por Mexicanos contra la Corrupción y el periodista Carlos Loret de Mola. Ante todo considero que faltan muchas preguntas por hacer y muchas respuestas por conocer. Sin embargo, la estrategia de ‘control de daños’ o ‘manejo de crisis’ que emprende la presidencia de la República se parece a aquel verso: Ha ido al bosque buscando cobijo y no encontró sino erosión.

Comencemos por el inicio. La pieza ¿periodística? presentada en LatinUS sobre el estilo de vida del hijo del mandatario es una inteligente provocación para que la opinión pública se pregunte dos cosas: ¿Hay o no influyentismo en el gobierno de López Obrador? Y: Los hijos del presidente ¿están exentos del llamado a la austeridad y sobriedad moral que predica el ejecutivo todos, todos, todos los días?

No nos agotemos preguntándonos si lo publicado es una campaña contra el régimen o si es un trabajo periodístico serio; que cada quien valore el profesionalismo y trayectoria de quienes emiten tales afirmaciones. La verdadera crisis está en lo que pudo haber sido evitable y no fue atendido.

Estaba claro que era sólo cuestión de tiempo para que la primera pregunta se asestara justa y fríamente contra la administración de López Obrador: ¿Hay o no hay influyentismo? Lo obvio habría sido la prevención: Un gobierno más transparente, que apostara a clarificar sin temor los concursos y licitaciones en lugar de apegarse a las figuras de adjudicación directa; un gobierno que -gracias a un cuerpo legislativo a su favor- diera más herramientas de vigilancia y participación ciudadana en lugar de atrincherarse detrás de la ‘lealtad y obediencia’ de subalternos y adherentes.

Sin embargo, la ausencia de un manejo de crisis profesional en la Presidencia dejó en manos del escarnio toda la defensa ante la acusación. No respondió a la interrogante; se ridiculizó y agredió a quien lo preguntaba o a quienes -sin confiar ni en el periodista ni en la organización que patrocinó la pieza- tienen legítimo interés en aquella inquietud. ¿Hay o no hay influyentismo? Frente a esta crisis, hasta hoy sólo hay una información disponible y viene del propio Presidente quien pide credibilidad con una sola afirmación: “No somos iguales”.

La segunda interrogante no es una crisis de operatividad sino una crisis de identidad: ¿Hay personas que sólo por estar cerca del poder son alta y gratuitamente privilegiados por el gobierno en turno? Y, si así fuera, ¿por qué precisamente esta administración no ha erradicado esta pésima práctica que destruyó casi toda la credibilidad de las gestiones pasadas? Considero que siempre ha tenido razón López Obrador: Hay administraciones anteriores que están ‘derrotadas moralmente’ porque justo sus ‘imperdonables pecados’ tienen que ver con privilegios de grupo, ‘cuatachismo’, compadrazgos, simulación y una obscena corrupción bajo la máxima pervertida de que ‘una mano lava la otra’.

La masiva, plural y respetable votación que recibió López Obrador en 2018 jamás fue un cheque en blanco para que se hiciera y deshiciera a voluntad del mandatario; fue una fuerte declaración social de hartazgo con un sistema profundamente corrompido por los privilegios de unos cuantos y por los excesos del poder. Y aquí hay que aclarar: Los excesos desde el poder no se miden en millones, sino en la tentación de usar al poder para el propio provecho (aunque ‘sea poquito’ como nos enseñó el caso del exalcalde Layín).

El control de daños ante las crisis de operatividad e identidad en la administración de López Obrador se ha reducido a una pobre negación y a una rabiosa acusación; y quizá se apeló al último recurso (único realmente) del respaldo social y popular como argumento para el manejo de la crisis. Pensemos que, por ahora, aquello sea suficiente. Pero no se necesita ser vidente para anticipar que llegará el momento en que el poder quiera guarecerse en el frondoso respaldo popular y, al hacerlo, sólo encuentre marchitas promesas y rotas expectativas bajo sus pies.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

Nicaragua y su ‘revolución cristiana, socialista y solidaria’

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Gran indignación internacional han causado los hechos vividos este fin de semana en Matagalpa, Nicaragua, donde agentes policiales impusieron un cerco de movilidad al obispo local, Rolando Álvarez, en el interior de la curia diocesana. Primero evitaron que el religioso cumpliera con su servicio ministerial para oficiar y predicar en la Catedral, después lo intimidaron en su libertad para expresar su convicción religiosa en el espacio público.

Es cierto que, desde hace años, existe una gran tensión política entre el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo con varias organizaciones intermedias de la sociedad, especialmente con la Iglesia católica en el país centroamericano. Pero no hay que olvidar que todo comenzó con la declaratoria mediática-propagandística de la segunda época del gobierno del histórico líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que calificó su victoria como el triunfo de la ‘revolución cristiana, socialista y solidaria’.

No pocos analistas se sorprendieron de la ‘transfiguración’ del sandinismo al hablar de amor, solidaridad, perdón y reconciliación social; incluso desde 2007 que ha gobernado Ortega, el gobierno sandinista y la Iglesia católica han coincidido en varios temas de ética y moral sobre la preservación de la vida humana y el derecho a la vida. Situación que ha sido condenada intensamente por organismos internacionales, especialmente los patrocinados por los Estados Unidos.

En no pocas ocasiones, los obispos nicaragüenses agradecieron “a quienes desde sus cargos públicos, en instituciones gubernamentales, no obstante las críticas, han sostenido la defensa y promoción de la vida. Los animamos a no dejarse doblegar frente a propuestas de quienes son todavía partidarios de la cultura de la muerte”. Este último párrafo, por ejemplo, es del mensaje de la Conferencia Episcopal del 25 de marzo del 2010 firmado por el arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes, como presidente, y también por el resto del colegio de obispos.

Sin embargo, desde 2018, cuando aparecieron las rebeliones ciudadanas contra el régimen; el gobierno de Ortega desplegó toda su ofensiva contra la Iglesia católica y sus pastores. Testimonios abundan: la agresión de paramilitares pro-orteguistas contra los católicos que querían rescatar a los ciudadanos refugiados en la Basílica de San Sebastián Diriamba tras la Masacre de Carazo (celebrada por el gobierno como ‘Victoria contra el intento de golpe de Estado’); la masacre de universitarios en la iglesia de la Divina Misericordia o el incendio provocado contra la imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. Las intimidaciones han forzado al exilio a varios religiosos y obispos, incluso se decretó la expulsión del delegado apostólico y de un grupo de religiosas Hermanas de la Caridad cuyo único pecado era el de ayudar a los pobres, a los ancianos y a los niños sin hogar.

Estas situaciones han endurecido también el discurso de no pocos obispos y sacerdotes nicaragüenses que hacen permanente crítica al régimen desde los púlpitos y a través de todos los medios en propiedad de la Iglesia.

Por ello, el gobierno de Ortega ha sido aún más duro contra los religiosos y especialmente contra los medios de comunicación. La libertad religiosa y la libertad de expresión no son derechos que se puedan ejercer sin riesgo en la nación de los lagos y los volcanes.

Pareciera que para Ortega y Murillo, lo que está en juego es el proyecto de nación del FSLN que una vez fue interrumpido en 1990 pero que, para ellos, no debe pasar nuevamente. La lucha, sin embargo, no es por el poder sino por el dominio del espacio público y simbólico.

Para el régimen, todo espacio público y comunitario en Nicaragua debe estar pintado de la bandera rojinegra de la revolución sandinista; y en la conciencia ciudadana no debe caber sino el lema de su victoria y la síntesis del proyecto: ‘Revolución cristiana, socialista y solidaria’. En ese espacio público simbólico no cabe ningún pensamiento individual, no cabe otra acepción para el concepto de solidaridad o de socialismo. Y en efecto, tampoco hay otro significado fuera del orteguista para comprender lo que aseguran es ‘cristianismo’. De allí la tensión y la saña; he allí la razón para constreñir especialmente la libertad religiosa y de expresión. El único miedo del régimen orteguista es que alguien más ofrezca una perspectiva distinta de cristianismo, de allí la importancia de acallar a curas, monjas y obispos a toda costa. Bien lo ha aclarado el filósofo Tódorov: “El totalitarismo sacrifica sistemáticamente la verdad a cambio de la lucha por la victoria”.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Sobre credibilidad y capital político

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Incluso en la cúspide de su arrogancia, el político encumbrado debe permitirse frecuentes dejos de humildad. De lo contrario, sólo recibirá su propia aprobación y la de sus cercanos colaboradores quienes, sin duda, asentirán y sonreirán con dificultad mientras libremente imaginan un puñal simbólico.

La demostración de esa simpleza humana es crucial para el político. El abajarse al humilde para compartir las ineludibles carencias junto a la pequeña felicidad monda y lironda, no sólo es un tema de comunicación e imagen, sino de construcción de base social, de partidarios y de ciudadanos que asuman con ardor apostólico la propagación del personaje político idealizado.

En la historia han quedado, marcados a fuego, varios episodios donde los políticos olvidan por un segundo que intentan ser empáticos con la ciudadanía aunque sea sólo para las cámaras, por la aprobación o para la contienda electoral; pero pocos tan terribles como el protagonizado por el secretario de Gobernación, Adán López, frente a una mujer que, manifestándose frente a la dependencia de gobierno, clamaba respuestas sobre el paradero de su hijo, desaparecido junto a otros 100 mil que registra México.

El encargado de la política interna del país, en un comprensible acto aventurero dado el apretado posicionamiento electoral presidencial hacia el 2024, salió de su oficina a encontrarse con manifestantes, algunos de los cuales eran familiares de desaparecidos. A una de ellas, le tendió la mejor respuesta que puede improvisar un político -la promesa- y después le preguntó: “¿Usted confía en mí?”. A lo que la mujer contestó que no, que ya no confía en nadie. El político se puso a la defensiva, se tomó personal el comentario y reviró: “Bueno, pues yo tampoco confío en usted”.

Nadie está obligado a creerle a nadie, es cierto. Pero el político -y con más razón en campaña- debe evitar confrontarse cuando se abaja a los dramas más profundos de la sociedad. Insisto, no sólo porque luce mal para los estándares de la imagen pública, sino porque destruye lo que con mucho o poco esfuerzo se construyó: el capital político.

Y el capital político, contra lo que opinan los herederos de la movilización masiva y otros modelos de coacción gremial, no es simple matemática electoral; es un crédito soportado en la confianza. El capital político no es mera acumulación de poder y estructuras (el famoso ‘músculo’ que se demuestra en la movilización de partidarios) sino las capacidades para construir relaciones de confianza, de buena fe e influencia para la toma de posturas o decisiones.

Un votante convencido básicamente es esa persona que se sube sobre los hombros de un político que va a hacer equilibrismo en una cuerda floja, sin red de protección, mientras sus adversarios le avientan todos los proyectiles posibles para intentar hacerlos caer en un barril de clavos que ellos también instalaron. Nadie debería quejarse, así es la política.

Es cierto que, durante décadas, la estructura política fue determinante en los resultados electorales en México; la estructura alcanzó tal dimensión y especialización en su funcionamiento que se creyó que todo capital político era equivalente a la estructura política.

Por fortuna, las dinámicas sociales contemporáneas hacen imposible aquel idilio autócrata y obligan tanto a los personajes políticos como a las instituciones partidistas a proponer narrativas donde el tejido social se sienta copartícipe de los bienes del capital político: desde la resolución de conflictos hasta la participación comunitaria hasta la defensa de valores identitarios.

La expresión ‘yo tampoco confío en usted’ cierra toda posibilidad al capital político futuro, al menos con la ciudadanía y se reduce el poder a lo que se encierra tras los muros de un palacio.

Claro, hay otra forma de acrecentar el capital político, es a través de calculados favores muchas veces soportados por la estructura y la posición de poder. Evidentemente, esos favores, siempre se pagan.

*Director VCNoticias.com

@monroyfelipe

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