Opinión
Corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones establecer la regulación tarifaria: SCJN
TARIFA CERO
La tarifa cero de interconexión asignada a Telcel, como agente predominante en el mercado de telefonía celular, deberá dejar de aplicarse, y será el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) el encargado de fijar la regulación relativa a las tarifas de interconexión entre la empresa preponderante y las otras compañías competidoras.
Así lo señaló el proyecto de dictamen que discutió hoy la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que fue aprobado por unanimidad, en el cual no se fijó un plazo para que el Ifetel emita las nuevas reglas de operación, lo que podría generar problemas para la puesta en práctica de la sentencia favorable a Telcel.
El ministro ponente, Javier Laynez Potisek, sostuvo que como parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, se creó el órgano constitucional autónomo Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órgano regulador especializado en la materia, a quien se le ordenó, por mandato de la propia Constitución, declarar la existencia de un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones y establecer a dicho agente la regulación asimétrica correspondiente.
El IFT cumplió con dichos mandatos en el año 2014 al determinar, por un lado, que Radiomovil Dipsa, SA de CV, era preponderante y, por otro, al fijar las tarifas asimétricas por los servicios de interconexión que podría cobrar.
Con posterioridad, el Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en cuyo artículo 131 fijó directamente la tarifa de interconexión, ordenando que el agente preponderante no podrá cobrar tarifa alguna por el uso de su red.
La empresa promovió juicio de amparo, argumentando que el artículo mencionado era inconstitucional, al considerar que el Congreso no era competente para fijar la “tarifa cero”, sino que ello le correspondía al IFT, que precisamente para eso fue creado como un órgano constitucional especializado y autónomo.
En ese sentido, la Suprema Corte le dio la razón. En la resolución, aun y cuando ordena que deje de aplicarse la gratuidad, impide a Telcel cobrar retroactivamente por la interconexión –desde agosto de 2014, cuando se adoptó la medida– y precisa que será el Ifetel el que resuelva si la tarifa cero debe seguir aplicándose.
El documento elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek otorga la razón a la empresa de Carlos Slim en el amparo 1100/2015, con el que impugnó las facultades del Congreso de la Unión para imponer la conexión sin costo, y confirma que el Ifetel es el único facultado para fijar las tarifas asimétricas.
Estos amparos fueron promovidos por la empresa controlada por Carlos Slim en contra de las tarifas de interconexión establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 2015 con Axtel y Avantel, NII Digital (Nextel) y TV Rey de Occidente, una empresa que ofrece servicios de telefonía, internet y TV en Michoacán Jalisco, Querétaro y Guanajuato.
En semanas anteriores, la Corte resolvió al menos una decena de amparos en materia de interconexión a favor de América Móvil. La resolución emitida por la Corte determina que “se modifica la sentencia recurrida, se sobresee en el juicio, quedan sin materia los recursos de revisión y de revisión adhesivos y se reserva jurisdicción al tribunal colegiado del conocimiento”.
Además, la sentencia señala los parámetros que deberán ser tomados en cuenta para el costo de la interconexión, entre los que se encuentran el informe estadístico del propio Ifetel, publicado el 9 de mayo de 2017, el cual afirma que Telcel, como agente económico preponderante, disminuyó su participación 3 por ciento, que otras empresa aumentaron su participación y hay dos nuevos operadores en el mercado, por lo que la concentración del mismo sigue a la baja, además de que los precios de la telefonía móvil disminuyeron 15 por ciento en el año reciente.
Los ministros de la Segunda Sala determinaron también que la “tarifa cero” es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, entre otros argumentos.
Y por unanimidad de votos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión sí es inconstitucional.
Durante el estudio de este juicio, la Suprema Corte se ocupó exclusivamente del argumento 1), relativo a la distribución de competencias entre el IFT y el Congreso, y determinó lo siguiente:
1. La competencia para establecer la regulación asimétrica corresponde al IFT
La sentencia de la Segunda Sala tomó en consideración la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ido construyendo, a lo largo de los años, en reconocimiento a la necesaria autonomía e independencia técnica de los órganos constitucionales autónomos como es el caso del IFT; uno de los pilares de la Reforma en materia de Telecomunicaciones fue precisamente la creación del Instituto –fuera de los Poderes Tradicionales– para garantizar que sus determinaciones obedecieran a criterios eminentemente técnicos y no políticos.
Conforme a las mejores prácticas internacionales, estas determinaciones las toman precisamente los órganos reguladores y no los parlamentos, lo que da certeza jurídica y económica a los participantes en un mercado.
Por tanto, corresponderá al IFT –bajo el mandato constitucional de reconocer la asimetría– establecer la regulación tarifaria (la llamada “tarifa cero” o cualquier otra) que defina conforme al ejercicio de sus facultades constitucionales.
Se aclaró que no se desconocen las facultades del Congreso de la Unión para legislar en materia de telecomunicaciones. La resolución aclara que el Congreso de la Unión sí cuenta con facultades legislativas en la materia. Sin embargo, éstas no pueden tener el alcance o efecto de establecer las tarifas o regulaciones asimétricas que la Constitución reservó al órgano regulador.
La sentencia establece que no habrá pagos retroactivos. Es decir, la Segunda Sala fijó los efectos de la sentencia reconociendo, por un lado, que debe corregirse la afectación que para la empresa haya significado la emisión de la “tarifa cero” por parte del Congreso. Pero por el otro, tomó en cuenta que se trata de concesiones sobre bienes del dominio público (el espectro radioeléctrico) y que en el caso también se involucran derechos de los usuarios de las redes de telecomunicaciones y de otros concesionarios.
Por lo tanto la sentencia establece, bajo una interpretación sistemática, que no habrán ajustes tarifarios por los años transcurridos y, por el contrario, señala con toda claridad que la decisión que tome el IFT sobre este tema, regirá a futuro.
La opinión emitida en este texto es responsabilidad del quien lo emite y no representa la opinión ni la postura de Siete24.mx ni de deportes.siete24.mx
ebv
Felipe Monroy
Otra vez, elecciones

Inclinados sobre los abismos de consternación que nos causan las fosas clandestinas, las masacres y la vulnerabilidad de la paz en el país, y ateridos de zozobra ante los escenarios económicos globales; el trascendente proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación ha pasado a un rincón casi olvidado de interés nacional y social. Pero no para todos, especialmente para los más interesados.
El próximo primero de junio, la ciudadanía tendrá que elegir por medio del voto popular, universal y directo a los responsables de diversos cargos del poder judicial. Se trata de una pléyade de candidatos a insertarse en una inmensa estructura y red de servicio idealmente orientado a la justicia y a la preservación del orden jurídico. Se elegirán ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; diversos magistrados para tribunales, salas regionales, tribunales de disciplina y tribunales colegiados de circuito; así como titulares de juzgados de distrito.
Desde el origen de la propuesta para que –al igual que el poder ejecutivo y el poder legislativo–, la ciudadanía participara directamente en la elección del poder judicial; las críticas al procedimiento han sido mayúsculas.
Destaca principalmente la preocupación de que, tanto candidatos como grupos de interés y ciudadanos entren en un juego de marketing electoral para promover “personajes” y “eslóganes” para granjearse el voto popular, en lugar de procurar los mínimos de evaluación de cualidades técnico-jurídicas y de experiencia judicial para que ese servicio público se realice por las personas más calificadas.
Frente a esa preocupación, algunos mecanismos han sido improvisados e implementados para moderadamente garantizar que los perfiles de candidatos por lo menos cumplan los mínimos de conocimiento y experiencia. Sin embargo, entre el azar y la opacidad de algunos de estos procesos, la elección del Poder Judicial se constituirá más en un acto de fe que en una responsabilidad bien informada.
A favor del proceso, se ha argumentado que la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial va a evitar que los grupos de poder e interés –anquilosados entre las estructuras del gobiernos y la propia burbuja nepótica de las élites judiciales de México– conserven bajo su control los mecanismos de lucro y autopreservación de privilegios.
Por desgracia, a pesar de los ingenuos e ideologizantes comerciales que exaltan los dones y bienes de la supuesta ‘independencia’ del poder judicial, es evidente que, en su gran mayoría, el proceso de búsqueda de justicia en el país va de la mano del involucramiento de influencias, intereses, grupos de poder y agendas muchas veces inconfesables.
En todo caso y a pesar del cambio radical del mecanismo de selección de estos funcionarios (ya que en el pasado también había procesos electivos umbríos pero limitados a otras élites) se mantiene el problema de la influencia que los grupos de interés que apoyarán por los recursos mercadológico-electoral a las personas de su predilección a los puestos de sus necesidades.
Toda candidatura requiere un equipo especializado en promoción de imagen, construcción de discurso y gestión mediática; y el próximo proceso electoral del Poder Judicial tendrá su buena dosis de marketing y campaña electoral. Toda estrategia que no esté prohibida por la ley será útil para los intereses de los que aspiran a ser juzgadores y juzgadoras de las instancias públicas de la nación; pero también útil para los sectores y grupos políticos que quieran insertarse en los márgenes de influencia del nuevo poder electo.
Es cierto que por una parte estará la información oficial de las candidaturas a elegir en el proceso electoral a través de la plataforma “Conóceles” [sic] del Instituto Nacional Electoral a través de la cual se espera que la ciudadanía se informe de los mínimos y básicos de las y los candidatos a puestos de elección del Poder Judicial.
Pero, las campañas tienen su propio ámbito de infoentretenimiento: estrategias de persuasión, justificación y propaganda que construyen imagen pública, limpian historiales y maquillan personalidades.
Las campañas electorales son esencialmente una guerra simbólica en pos de territorialidades y poder político, a través de retóricas propagandísticas y negociaciones gremiales; por eso llama profundamente la atención de que en este proceso, el primero por su naturaleza que se lleva a cabo en México, la Iglesia católica busque un sitio de participación y referencia con la propuesta publicada en el órgano informativo de la Arquidiócesis de México.
Así lo anunciaron: “Con la finalidad de aportar nuestra parte como ciudadanos mexicanos, convocamos a los Candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mujeres y hombres, a que envíen entre este 23 de marzo y hasta el 1 de abril, un video de 1 minuto y medio, en el que hablen a los ciudadanos sobre su trayectoria, propuesta o visión de la justicia y de los derechos humanos, comenzando por el elemental derecho de la Vida. Todos los videos que nos lleguen los publicaremos en los distintos canales de nuestra publicación”.
Llama la atención que la Iglesia busque involucrarse como una instancia de referencia en el proceso electoral (aunque no para todos los cargos de funcionarios, sólo para los ministros de la Corte). De este modo, la Iglesia pretende erigirse como una instancia de difusión –y quizá hasta de validación– de los discursos propagandísticos y campañas de aquellos candidatos a ministros que, evidentemente, querrán hacer estrategia política a través de las instancias eclesiásticas.
Estamos en territorio aparentemente desconocido por ser la primera vez de este proceso democrático para el Poder Judicial; sin embargo, todas las campañas electorales conservan su esencia de agrupar y negociar intereses mientras se lucha por la colocación de los símbolos propagandísticos en el espacio público y la conversación social. Todo espacio que acerque a audiencias y votantes refleja un interés; habrá que vigilarlos para intentar comprender sus intereses evidentes y también los que se pretendan ocultar.
*Director VCNoticias.com @monroyfelipe
Columna Invitada
CIFAM Mérida 2025: Familias en armonía, clave para el desarrollo y la paz

El Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Mérida 2025 es un evento celebrado del 14 al 16 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en Mérida, Yucatán. Bajo el lema “Familias en armonía: clave para el desarrollo y la paz”, el congreso reunió a más de 500 familias y cerca de 6,000 asistentes, incluyendo a 103 oradores y talleristas nacionales e internacionales.
Fue un espacio dedicado a resaltar la importancia de la familia en la construcción de sociedades más pacíficas y prósperas, proporcionando herramientas y estrategias para fortalecer el núcleo familiar en un entorno desafiante.
Es la tercera vez que tengo la oportunidad de asistir al Congreso Mundial de las Familias: primero en la Ciudad de México en 2022, luego en Guadalajara en 2024 y ahora en Mérida en 2025.
Al escuchar la participación del gobernador de Yucatán, Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena, me quedé con una muy buena impresión. Un hombre amable a quien tuve la oportunidad de conocer, saludar e intercambiar impresiones en torno a la familia como la principal capacidad preventiva para disminuir el riesgo de materializar la inseguridad y por ello destaco algunos puntos de su intervención durante la inauguración:
- “Este evento nos convoca desde distintos rincones con un propósito común: fortalecer a la familia como base de la sociedad”
- La familia es el núcleo donde aprendemos valores esenciales como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el amor.
- Es el principal espacio de apoyo y motivación, brindando seguridad en momentos difíciles y alegría en los logros compartidos.
- La globalización, los cambios culturales y la tecnología han generado retos que desafían la estabilidad familiar.
- Problemas como la desintegración social, la violencia intrafamiliar y las dificultades económicas impactan directamente a las familias.
- Es urgente promover estrategias de atención psicológica y acompañamiento desde la infancia hasta la juventud.
- Los padres tienen un papel insustituible en la formación de sus hijos, transmitiendo valores y principios para la vida.
- “La familia no es una estructura obsoleta o prescindible, sino el núcleo donde se forman ciudadanos con sentido de comunidad”
- La falta de atención a los problemas emocionales de los jóvenes puede derivar en adicciones, depresión o desesperanza.
- La sociedad entera tiene la responsabilidad de detectar y atender a tiempo las necesidades de sus integrantes.
- El fortalecimiento familiar contribuye a la construcción de comunidades más justas, solidarias y resilientes.
- Este Congreso es un espacio para el diálogo y la construcción de soluciones que respondan a los desafíos actuales.
- Expresar el amor y los sentimientos a nuestros seres queridos es fundamental para fortalecer los lazos familiares.
- “Nunca ahorremos un ‘te amo’ a nuestros hijos. No basta con pensarlo, es necesario expresarlo con sinceridad”.
- Yucatán ha implementado la “Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán” como un compromiso concreto para garantizar el desarrollo y bienestar de las familias.
- Aquí es importante destacar que el gobernador habla con la voz completa al defender la familia y los valores como una principal herramienta para combatir la inseguridad. Lo anterior y acorde a lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 9 de marzo, es decir, va más allá del discurso, ya que Yucatán tiene tiempo haciendo lo correcto. Desde 2011 es reconocido como uno de los estados más seguros de México gracias a su baja tasa de homicidios dolosos, con 0.90 casos por cada 100,000 habitantes en 2024, muy por debajo de la media nacional de 11.33. Además, según el INEGI, mantiene una de las menores percepciones de inseguridad del país. Su estabilidad institucional, estar fuera de las principales rutas del narcotráfico y una cultura que fomenta la vigilancia comunitaria y la cohesión social son factores clave que fortalecen su seguridad y sobre todo, resaltar que la política de familia y seguridad ha traspasado administraciones y colores partidistas. ¡Bien por los yucatecos!
Debemos copiar lo bueno de lo que se hace en otros estados.
Felicito también desde esta trinchera, a todos los organizadores de este magno evento, que esperemos pronto poder traernos a Sonora, pero no será el 2026, ese ya nos lo ganó el estado de Nuevo León.
Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en Gestión Integral de Riesgos y Seguros. Creador de Memovember, Cubo de la Resiliencia y Promotor del Bambú.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
El reto es participar en las elecciones

El 1 de junio se llevarán a cabo elecciones para elegir por primera vez ministros, magistrados y jueces. No quiero hablar de la reforma judicial, si es correcta o no. Muchos sabemos la respuesta. Lo Importante es enfocarnos en lo que debemos hacer los ciudadanos para aportar. Debemos incidir en la política, nos hacen falta representantes reales que promuevan leyes justas. Nos hace falta ser escuchados y ser servidos. No es posible, que, en un país con casi 90 millones de creyentes en Cristo, no somos escuchados y no somos servidos con políticas públicas afines a nuestros valores. La razón de esta desgracia es que dejamos de participar y hemos dado cheques en blanco a los políticos. Esto tiene que cambiar.
He escuchado a algunas personas decir que no van a votar porque no quieren convalidar el fraude. Esta declaración es un grave desacierto. No es un fraude, es una ley vigente, que fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación. Si no participamos en la elección, alguien más elegirá a las personas juzgadoras por nosotros. No podemos decir que queremos apoyar la democracia o que somos partidarios de ésta si no nos involucramos, no aportamos y no votamos. No hacer nada equivale a convalidar las decisiones de quienes hoy ocupan el poder.
En estas elecciones, los expertos prevén una participación muy baja de la población con credencial de elector. Es decir, se dice que el gobierno está apostando a que con los votos “fijos” de sus clientes electorales le basta para colocar nueve perfiles afines en la Suprema Corte de Justicia. Esto debería motivarnos a participar. Si todos los creyentes participamos, claro que podemos colocar un buen perfil en la Corte. También en los juzgados y tribunales. Si participamos, podemos INCIDIR POSITIVAMENTE.
Pensemos en los futuros ministros a la Suprema Corte. De una boleta con 64 nombres y sus respectivos números, los ciudadanos tendremos que escribir únicamente los números de 5 candidatas y 4 candidatos. Estos ministros durarán 12 años en el cargo, es decir el doble de tiempo que un gobernador. Además, estos ministros serán mucho más poderosos que los ministros actuales, ya que además de que son menos, conocerán de todos los asuntos. Es decir, un ministro conocerá de civil, penal, administrativo y laboral. De todos los asuntos, por 12 años. Más poder en menos personas. ¿De verdad es prudente no incidir?
Hay buenos candidatos, muy pocos, pero los hay. Si queremos promover la democracia, involucrémonos, participemos y votemos. Yo si creo que podemos tener ministros creyentes, partidarios de la vida, la familia y las libertades individuales. Y sobre todo, creo que podemos ganarle a quienes apuestan que nos quedaremos con los brazos cruzados. Porque estamos llamados a combatir el mal del mundo con acciones de bien. Estamos llamados a la CARIDAD, y ésta también involucra salir de nuestra flojera y apatía para buscar el bien en todos los aspectos de nuestra vida.
No votar es promover el mal. Votar por las mejores opciones es promover el bien. No importa lo que digan, nademos contracorriente. ¡Si somos muchos, les daremos el susto de su vida!
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
Columna Invitada
Prioridad de la imagen

En el ámbito de los políticos y de lo político, una de las grandes prioridades en este momento es la imagen. Construirla, desarrollarla, proteger la que se tiene, son las prioridades más allá del buen resultado de su desempeño y, a veces, más allá del cumplimiento de las obligaciones a las que se han comprometido por el bien del país.
Y esto lo encontramos de muchas maneras. El gran propósito de la imagen es verse bien ante el público, ante los medios, ante la opinocracia. Se busca la buena imagen como la prioridad número uno. Esto viene, por supuesto, del concepto que, en mi opinión, ha sido bastante pernicioso: el marketing político, dedicado sobre todo a construir una imagen pública.
Es interesante como se le dio más importancia hace unos días al famoso desaire, cuando estando la señora presidenta entrando al zócalo de la Ciudad de México, un grupo de los principales funcionarios y miembros de su partido, aparentemente sin intención, le dieron la espalda y no se dieron cuenta de que estaba entrando a la plaza. Hasta que ella misma, tocó al último, quien estaba en la cola de los que volteaban en otra dirección. Y ese hecho, el famoso desaire, se comentó, se discutió, se examinó de una manera exhaustiva. Quitándole importancia al Día Internacional de la Mujer, que objetivamente es más relevante y que pasó a un segundo lugar, porque no tenía que ver con la imagen de la presidenta.
Vemos el caso, tristísimo, de la semana pasada, del descubrimiento de los así llamados campos de exterminio. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos del Pueblo, negó el hecho de que pudieran considerarse campos de exterminio, diciendo que un verdadero campo de exterminio serían los casos como el de los nazis. Sin mencionar, por supuesto, a los campos de exterminio de los grupos de izquierda como los que ocurrieron en los tiempos de Stalin, los de Mao-Tse-Tung o, más recientemente, en Camboya con Pot-Pot, que tuvo una cantidad importante de millones de muertos.
Lo fundamental era negar que efectivamente se pudieran clasificar los hechos de esa manera. No les preocupó mayormente si eran muchos o pocos los muertos, si hubo o no omisión de las autoridades encargadas de la seguridad pública, porque lo relevante era negar una manera de presentar lo que le restaba imagen a este gobierno.
Es interesante cómo se da el manejo de las prioridades. Algunos ejemplos: manejar como algo muy importante (que, por cierto, sí lo es), el apoyo a los ancianos, para ponerlo por encima en prioridad frente al tema de la violencia que abarca el país, que nos ataca a todos. Otros casos: el realce y la importancia que se le ha dado al aumento de los salarios mínimos, (también muy importante), considerándolo como una prioridad por encima del crecimiento de la economía del país. Pero finalmente, la mejora en los salarios mínimos es un tema de imagen mucho más fácil de vender a la clientela normal de Morena, mientras que el crecimiento de la economía del país, aunque a todos nos afecta, pobres y ricos, es algo más difícil de medir, más difícil de entender, y siempre estará sujeto a opiniones.
Vale la pena profundizar un poco en el tema de las madres buscadoras, y en el caso muy concreto, el asunto del rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde aparecieron, al parecer, al menos 200 fallecidos e incinerados. Nos encontramos con gran cantidad de reacciones, comenzando por la señora presidenta, que quiso defender el gobierno de su antecesor, diciendo que ya basta de criticarlo. No se comentó el hecho de que la Guardia Nacional, que investigó ese rancho a finales del año pasado, no reportó nada de lo que estaba ocurriendo ahí. No encontró lo que encontraron civiles sin entrenamiento para la búsqueda de este tipo de situaciones. Tampoco se habló de la posibilidad de cuestionar al gobierno de Jalisco, cuando estos hechos ocurrieron durante el gobierno del Movimiento Ciudadano.
Por el contrario, ven a las madres buscadoras como una especie de apéndice de la oposición. Ellas se quejan de no ser atendidas y de que no reciben ni garantías ni apoyo para sus búsquedas. Tan es así, que existen asesinatos de las madres buscadoras. Hay reacciones que llegan a lo ridículo. El actual presidente del Senado, (quien ya anunció que quiere ser presidente del país), pone en duda si efectivamente hubo muertes. “Son zapatos los que se encontró”, dice el señor. “Pero eso no quiere decir que hayan sido desaparecidos”, agrega. Aparentemente, como decía algún comentarista político, este buen señor piensa que esos zapatos eran de los niños que se portaron mal y que los santos reyes se los quitaron para no entregarles sus regalitos.
Verdaderamente, es increíble que haya políticos del más alto nivel que quieran negar lo evidente. El famoso concepto de “abrazos y no balazos”, apenas está empezando a mostrar los resultados perniciosos que ha tenido para nuestro país.
Pero el fondo es mucho mayor. El gran problema de que en nuestra clase política se le da tanta importancia a la imagen. Ese es un asunto fundamental. Y mientras no tengamos eso resuelto, las prioridades no serán las que deberían de ser. Mientras consideremos que lo prioritario es la buena imagen, son los votos, es poder seguir en el gobierno, las soluciones que necesita este país no nos llegarán.
Una marca de un gran estadista es que no se guía por su imagen: se guía por las necesidades reales de su país, por un conocimiento y un deseo de decir la verdad. Un buen ejemplo de ello es Winston Churchill, que al inicio de la Segunda Guerra Mundial tuvo que enfrentarse a la situación de dirigir a un país con miedo, con grandes divisiones, y que se encontraba ante una guerra que aparentemente no tenía solución. Y en lugar de buscar tener la imagen y popularidad, hubo aquel famoso discurso donde dijo que solo podía “prometer sangre, sudor y lágrimas”. Nada menos mercadológico, nada peor para ganar popularidad. Aparentemente, estaba comunicando de una manera contraproducente. Sin embargo, ese estadista se dio cuenta de que lo importante era decirle la verdad a su pueblo, porque de ahí era donde iba a obtener el apoyo necesario.
Eso es exactamente lo que nos está haciendo falta en nuestro país. Que nuestros dirigentes, a todos los niveles y sus opositores, se rijan por la verdad y no por la imagen. Para muchos, la imagen reina en nuestra clase política. Hay que desterrar ese reinado.
La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx
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