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Opinión

Manlio Fabio: El de las cuotas y los cuates 

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Tal Cual

Dejó la dirigencia nacional del PRI hecha un desastre luego de las elecciones del 5 junio del 2016: Perdió 7 de las 12 gubernaturas en juego y, entre esas, entregó a la oposición cuatro estados en los que había gobernado de forma consecutiva durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

Fueron los resultados de Manlio Fabio Beltrones al frente del PRI. Forzado por la debacle de comicial tuvo que renunciar a la presidencia nacional de ese partido y justificó la derrota como sólo “tropiezos electorales”.

Un año después y de cara la sucesión presidencial el sonorense ha regresado por más. Está promoviendo los gobiernos de coalición, juntando a sus huestes priístas como son ex diputados y vendiéndose como el conocedor de la fórmula que le dará gobernabilidad al país en el 2018.

Astuto como siempre ha sido ahora crítica el proceso interno del PRI y sus bases para elegir candidato, se pone el frente de quienes por años se han servido del tricolor con cargos y candidaturas y hoy el gobierno de Enrique Peña los tiene relegados.

“No más gobiernos de cuotas y de cuates” soltó hace unas semanas el ex gobernador de Sonora al insistir en su fórmula de gobiernos de coalición y en una velada crítica al actual gobierno de Peña, así como para buscar más espacios para él y los suyos de cara a la XXII Asamblea Nacional.

Sin afán de defender lo indefendible en el actual gobierno de amigos y leales al peñismo, Beltrones escupe para arriba y se olvida de sus propios “cuates” y “cuotas” en el actual sistema político mexicano.

Su yerno, Pablo Escudero Morales, es el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Cargo que se obtuvo no por el peso de la bancada del PVEM sino por la influencia del poderoso suegro, tal vez como premio de consolación luego de que fue obligado a dejar la presidencia del PRI por la debacle electoral de junio del 2016.

Su hija, Sylvana Beltrones Sánchez, actualmente es diputada federal por el PRI. La actual gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, es parte de las “cuotas” que tanto critica Beltrones, lo mismo que decenas de funcionarios como Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

Otros que son sus “cuates” son el consejero del INE, Marco Antonio Baños, así como ex embajadores, funcionarios públicos o legisladores con la marca beltronista como Fernando Castro Trenti, Manuel Añorve, Francisco Arroyo Vieyra y Marco Antonio Bernal.

Varios gobernadores y ex gobernadores le deben a Manlio Fabio algo o por lo menos son parte de sus “cuotas” de poder político: José Calzada, ex gobernador de Querétaro, Rubén Moreira, mandatario de Coahuila; Carlos Lozano, ex gobernador de Aguascalientes; y Alejandro Moreno, gobernador de Campeche.

Lo cierto es que Manlio Fabio Beltrones está de regreso. Más bien nunca se fue. Tiene quien le cuide las espaldas en el Congreso y en varias posiciones del gobierno de Peña. Hoy juega varias cartas, la del político reformador y salvador de la patria, el priísta que amagará con una ruptura sino consigue los cargos para “cuates” y parentela; así como el posible candidato presidencial del PVEM en el 2018 sino le cumplen sus “cuotas”. Tal Cual.

www.theexodo.com

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Columna Invitada

¿Necesitamos partidos políticos?

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Por Antonio Maza Pereda

En teoría, los partidos políticos se construyen con el propósito de facilitar la participación de la ciudadanía, para que pueda tomar parte en las responsabilidades de gobierno. Estrictamente, lo que se ha producido es que se creó una casta política que hace difícil el acceso a nuevos partidos.

La distorsión de estas agrupaciones viene de sustituir su razón de ser por el propósito de volverse mecanismos para adquirir y conservar el poder político, y también el poder económico. Estos partidos deberían ofrecer diferentes opciones para lograr el bien común de la sociedad. Para esto, se necesitarían algunos acuerdos mínimos sobre ese asunto. Algo que raramente se obtiene. Pero, una vez logrado ese acuerdo, su papel debería de ser ofrecer diferentes opciones para lograr qué se cumpla ese ideal. Comenzando por establecer cuáles serían las prioridades de las diferentes actividades. Algo tan obvio: cómo decidir por dónde empezar, armonizando las necesidades de los diferentes componentes de la sociedad.

Otro de sus roles es el de educar a la ciudadanía, de manera que la discusión sobre los temas de la comunidad tenga bases lógicas. Conceptos que sean fácilmente comprendidos por el electorado. Que el ciudadano pueda tener ideas claras de las consecuencias y secuelas de diferentes opciones.

Tristemente, ocurre en muchas ocasiones que los partidos políticos monopolizan los conocimientos de las situaciones sobre los que la ciudadanía debería decidir y presentan solamente aquellos conceptos que favorecen a sus tendencias. Eso es, en el caso de que verdaderamente se pongan a discusión las grandes decisiones ante la sociedad. Lo que necesitamos es una transformación de fondo de los conceptos que dan vida a los partidos políticos actuales.

¿Será necesario crear nuevos partidos políticos? ¿Habrá que cambiar de fondo los medios para organizar la participación ciudadana?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Felipe Monroy

El voto de Dios y la Virgen

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Durante el tercer y último debate de los candidatos a la presidencia de la República, destacó una peculiar (y riesgosa) estrategia de vincular las expresiones de fe, la apologética integrista, la pertenencia e identidad religiosa así como la devoción personal con el ejercicio de la política, del poder y de la representación popular.

La utilización política y mercadológica de los símbolos religiosos arraigados en el pueblo mexicano no es una novedad para nadie; como siempre, es relevante analizar por qué el tema siempre termina manifestándose en un proceso político o electoral aunque, en esta ocasión, como no se había visto en más de un siglo, el discurso político-religioso subió de tono ya que se sugirió que un representante popular “debe” dar explicaciones a un líder religioso de sus actos y se afirmó, desde el prejuicio, que la profesión de una fe diferente o la ausencia de la misma denota valores negativos de la persona.

La ley en México es clara: No se puede sugerir ningún tipo de discriminación a nadie por profesar o no una religión. De hecho, el artículo tercero de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público exige que ningún documento oficial de identificación debe contener información sobre la orientación religiosa de las personas. La razón es simple: la identidad religiosa no determina ninguna cualidad de la identidad mexicana. Aún más, en el artículo 394 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es terminante con las candidaturas ciudadanas: “Abstenerse de utilizar símbolos religiosos, así como expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda”.

No obstante, existen voces (entre las que me incluyo) que recomendamos una profunda reflexión sobre los efectos que estos principios esquizofrénicos provocan en un pueblo al que el Estado le exige dividirse permanentemente como ‘persona política’ y ‘persona religiosa’. Una adecuación moderna sobre el ejercicio pleno de la libertad de conciencia, libertad de pensamiento y libertad religiosa no sólo apela a tener mejores condiciones para los creyentes de cualquier credo sino especialmente para quienes eligen el agnosticismo y el ateísmo como expresiones válidas de su vida individual, social y política.

Lo que ocurrió en el debate y el postdebate en el que las vocerías de uno de los partidos políticos cuestionó desde un integrismo seudorreligioso “la falta de fe” de una de las candidatas es ejemplo suficiente del porqué, mientras no haya armonización entre las dimensiones de la República laica y la libertad religiosa, el que alguien tenga una fe o la ausencia de la misma seguirá siendo utilizado como arma discursiva de prejuicio, sectarismo y fanatismo religioso.

En México ya sabemos qué sucede cuando este tema se relativiza y se intenta resolver por medio de arreglos cupulares. José C. Valadés nos recuerda cómo se ‘dirimieron’ los conflictos político-religiosos en el Porfiriato tras la Reforma: “En lugar de combatir con el alto clero, en vez de suscitar la violencia contra la Iglesia, como lo habían hecho los viejos jacobinos mexicanos, el general Díaz, se propuso y lo logró con creces, poner bajo el ala del Estado a los arzobispos y a los obispos, y serenar la conciencia religiosa con la tranquilidad y la seguridad de quien, teniendo del brazo a los jefes, nada ha de temer a la grey”. Es decir, si el poder político y económico se granjea a la jerarquía, el conflicto se suspende.

Pero también, tras la Revolución y particularmente tras la actitud de persecución abierta de la Ley Calles y la Guerra Cristera, los Arreglos de 1929 pusieron freno a la escalada de agresiones y conflictos. La Ley Calles había encendido hogueras e incendiado inúmeros pueblos orillando a los obispos de México a refugiarse en Estados Unidos, y a los sacerdotes y a los fieles a realizar su ministerio en clandestinidad; pero incluso bajo esas circunstancias realmente adversas, el episcopado mexicano con liderazgos conciliadores como Leopoldo Ruiz Flores (obispo de Tabasco refugiado en Nueva York) y Pascual Díaz Barreto (arzobispo de Michoacán exiliado en Texas) se llegó a un acuerdo moderadamente aceptable, aunque sustentado en una simulación absoluta que ofendió a los cristeros que habían literalmente derramado su sangre en una batalla por la santidad. Al final, se pactó una indiferente coexistencia entre Iglesia y Estado hasta que los intereses de uno u otro los hiciera cooperar juntos esporádica y utilitariamente por mutua conveniencia.

En conclusión, el problema con la instrumentalización de los símbolos religiosos no es por la Virgen de Guadalupe o la conciencia del pecado, lo imperdonable es el prejuicio que deja entrever esta acusación hecha desde el purismo e integrismo religioso. Dudo mucho que tanto los creyentes de los más diversos credos como los ateos y los agnósticos, deseen que la política pública los discrimine o privilegie según su credo o su libre decisión de no tenerlo. Pero también considero que las dimensiones religiosas, comunitarias y espirituales deben participar sin simulación ni conveniencias en la vida social de la nación mexicana; entender y promover la libertad del prójimo pone en una dimensión correcta, moderna y democrática sus adhesiones, sus principios y valores éticos y religiosos, así como la tolerancia ante la pluralidad.

Director de VCNoticias.com @monroyfelipe

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Felipe Monroy

Itinerario 2024: Votar por justicia o por clemencia

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Martín Valmaseda (un misionero católico que ha entregado su vida en las marginalidades de Centroamérica) tiene una fabulilla que es una extensión del clásico principio moral que sugiere no sólo dar de comer pescado al hombre hambriento sino enseñarle a pescar para que deje de pasar hambre en el futuro. La reflexión del religioso, sin embargo, pone el dedo en la llaga: “Aquellos que poseen una flota de barcas y son dueños del mar y de los peces, del hilo de pescar y de las redes… prefieren ir repartiendo anzuelos con mesura, ir soltando los hilos con prudencia. Acaso entre los planes de esa gente que ‘ayuda’ no entra ayudar a que el hambriento les reclame justicia y no clemencia”.

En el corazón de esta reflexión se encuentra en gran medida el debate del proceso político mexicano. La diferenciación entre propuestas partidistas no se encuentra entre quienes son corruptos u honestos, eficientes o incompetentes, democráticos o autoritarios, como los mercaderes de las campañas electorales quieren hacernos creer. De hecho, sabemos de sobra que las corruptelas, las torpezas y el autoritarismo refulgen prácticamente en todas las opciones partidistas para este proceso electoral.

Para comprender las propuestas políticas que están hoy en juego se tiene que poner en perspectiva lo mencionado por el misionero: ¿Quiénes son los dueños de ese poder político, fáctico y económico que prefieren ir ‘soltando los hilos’ de la ciudadanía pero con prudencia? ¿Quiénes son los que hoy sólo buscan la participación ciudadana ‘mesurada’ y bajo su control discursivo? ¿Quiénes creen que la ciudadanía sólo sirve para votar por sus candidatos y sus privilegios, pero no para que el pueblo reclame justicia social? ¿Quiénes abogan por instituciones políticas y burocráticas cuya única función sea la de mantener el status quo entre los privilegiados y el resto de ciudadanos? ¿Quiénes plantean que el futuro de México debe configurarse en relaciones subordinadas de clemencia pero no en acciones disidentes de justicia?

Algunos aseguran –erróneamente– que el conflicto político en México es entre las ideologías de ‘derecha’ y de ‘izquierda’. Sin embargo, desde hace décadas, las expresiones políticas categorizadas como de ‘izquierda’ y de ‘derecha’ han perdido casi íntegramente sus fundamentos ideológicos y programáticos; y sin embargo, aún hoy continúa vigente cierta distinción analítica entre dos tipos de grupos políticos cuyos intereses colisionan y conflictúan en el espacio público.

Por un lado, están los liderazgos políticos que colocan en segundo lugar la preocupación y atención a las desigualdades sociales existentes. Dichos grupos políticos casi siempre consideran que es más importante “el orden” de las instituciones, la “estabilidad de la jerarquía burocrática” y “las libertades” entendidas exclusivamente como las facultades ganadas, adquiridas o heredadas por el abolengo o la meritocracia. Para estos liderazgos, las radicales diferencias entre las élites poderosas y la inmensa mayoría de ciudadanía desprotegida y desamparada, no son un tema urgente. Por ejemplo: si ciertas élites hiperprivilegiadas pueden acceder a exclusivas pensiones doradas mientras millones de trabajadores humildes deben pasar décadas de agotadores juicios por pensiones de miseria, no lo consideran un problema por atender, sino una realidad inmutable que debe permanecer así aunque los regímenes políticos cambien.

Por el otro lado, está otro tipo de liderazgo político que no desea establecer puntos de partida iguales sino puntos de llegada semejantes. A diferencia de la caricaturización de esta perspectiva ideológica: no se quiere obligar a toda la ciudadanía a perder los bienes que se tienen sino que, independientemente de la carencia de vacas o del emporio ganadero que puedan tener los ciudadanos, la política y la administración de los bienes públicos debe procurar que el destino común de ambas precondiciones sea igualmente digno.

A lo largo de esta campaña, una de las propuestas partidistas se reveló de cuerpo entero cuando sugirió que si el empresariado tuviera todos los apoyos, beneficios y prebendas por parte del gobierno, entonces “por clemencia” se ayudaría a los trabajadores. Aparentemente, la opción contraria implicaría que la administración pública garantice que tanto las élites económicas más encumbradas como los sectores sociales más precarizados y vulnerables puedan encontrar equilibrios que dignifiquen su vida y la de sus familias.

Pero no. Valmaseda nos ayuda a entender el sentido real de la indignación y la lucha por la justicia social auténtica que va más allá de la clemencia y de la institucionalización del orden: “¿Qué sucede si alguien, para ayudar al hombre hambriento, intenta hacer que piense por qué precisamente fue a él a quien tocó soportar el hambre y la pobreza, que se pregunte quién le quitó los peces, quiénes le arrebataron la caña y el anzuelo, por qué no hubo alguien que le hiciera aprender a pescar en su infancia? ¿Qué sucede si alguno le ayuda a darse cuenta y a informarse para que pueda él mismo ser quien conquiste al mar del que le echaron y recobre su barca y sus anzuelos, su caña y sus pescados?”

De eso se trata la toma de conciencia: de contar con información y provocar la reflexión en un pueblo que ha sido despreciado, manipulado, sojuzgado y oprimido de mil maneras. Pues, más allá de los dimes y diretes, de las maldiciones y las rabietas, de las campañas de marketing y eslóganes vacíos, lo que suceda el 2 de junio próximo revelará si la politización de la ciudadanía ha sido suficiente para que ésta reclame justicia y no sólo se conforme con la clemencia de los poderosos.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe

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Columna Invitada

¿Gobierno o Sociedad?

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Por Antonio Maza Pereda

Esta parece una pregunta inadecuada. Tanto el Gobierno como la Sociedad política deben actuar de manera coordinada y es claro que el Gobierno debe ser el apoyo de la Sociedad política, subordinándose al bien común. Esta relación, sin embargo, muchas veces se da de modo abusivo.

En un extremo, hay quienes opinan que el Gobierno tiene un papel mínimo y que toda la iniciativa debe ser de los particulares. El ideal, dirían algunos, sería un Gobierno que intervenga lo menos posible en la vida de la Sociedad. En el otro extremo, todas las iniciativas le tocan al Gobierno, quien define que es el bien común y no le da ningún papel a la Sociedad, a la que dice representar de un modo absoluto.

Las sociedades más exitosas son las que han logrado un equilibrio. El Gobierno solamente actúa cuando la Sociedad requiere de apoyos que no puede desarrollar por sí sola. A la Sociedad se le deja un papel determinante en muchos aspectos. En la educación, por ejemplo, es la Sociedad la que define los planes de estudio, métodos pedagógicos y la gestión escolar. Ello con participación de maestros, padres y, en ciertos niveles, de los propios estudiantes. En salud, se descentralizan los servicios médicos, dándoles autonomía para adaptar sus servicios a las necesidades específicas de la población.

En el Gobierno local, los ciudadanos tienen autoridad para decidir temas como urbanismo, servicios públicos y desarrollo comunitario. En la economía local se fomenta el desarrollo de empresas pequeñas y cooperativas locales, que contribuyen a un crecimiento económico sostenible.

¿Vemos en nuestro país un desequilibrio entre las relaciones del gobierno y la Sociedad? ¿Podemos señalar casos de abuso por cualquiera de las dos partes? ¿Vemos en nuestra ciudadanía la intención de participar responsablemente en asuntos de la Sociedad?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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