Ciudad de México.— El proceso para elegir a las personas juzgadoras el 1 de junio de 2025 “es transparente y va muy bien”, las listas definitivas de quienes continuarán a la siguiente fase se publicarán el 15 de diciembre, afirmó el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.

Fernández Noroña aseguró que es prioridad que el proceso salga adelante, por lo que los errores en las listas preliminares se han reconocido y corregido. “Ya se explicó que la plataforma se saturó, se abrió el registro vía correo electrónico y se duplicaron algunos registros”, agregó.

Además, subrayó que la lista definitiva se publicará en el micrositio del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal el próximo domingo 15 de diciembre, y después se pasará a las entrevistas e insaculación de aspirantes, lo que garantiza que a la elección llegarán las personas con mayor valía.

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Finalmente, Fernández Noroña comentó que “hay 50 personas validando la información, por lo que realizan un trabajo impresionante. Lo que sigue es que analicen cómo realizarán las entrevistas en el tiempo previsto por la propia convocatoria”.

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Ciudad de México.— Ante los efectos de los desastres naturales, en México surge la necesidad urgente de actualizar los protocolos de protección civil para garantizar una respuesta efectiva que considere las necesidades específicas de los sectores más vulnerables, como niñas, niños y adolescentes.

Estos grupos enfrentan riesgos físicos y emocionales significativos durante y después de un desastre, lo que hace indispensable un enfoque integral en su atención y protección.

La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) presentó una iniciativa para actualizar los protocolos de actuación de protección civil, con un enfoque especial en la atención de niñas, niños y adolescentes durante desastres naturales.

La propuesta busca asegurar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, al elaborar y actualizar sus planes de emergencia, consideren de manera prioritaria el bienestar y la seguridad de este grupo vulnerable.

Zavala resaltó que las situaciones derivadas de fenómenos como huracanes, sismos o inundaciones, impactan de manera particular a los más jóvenes, generando efectos devastadores en su desarrollo físico y emocional.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictamen, y propone modificar el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

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Zavala argumentó que, ante el creciente número de desastres naturales en el país, impulsados tanto por factores geográficos como por el cambio climático, se hace urgente diseñar medidas específicas que garanticen la protección integral de la niñez.

Su propuesta incluye la implementación de medidas de prevención, información continua y la identificación clara de refugios temporales, además de planes de apoyo económico y social para reactivar las zonas afectadas.

Protección y recuperación: el enfoque en la niñez

En su propuesta, Zavala subrayó que los planes de protección civil deben poner al centro a las niñas, niños y adolescentes, pues estos son los más afectados por el estrés, el pánico y las rupturas en su vida diaria que provoca un desastre natural.

Aseguró que las autoridades deben garantizar que, además de proteger la integridad física de los menores, se les brinde un seguimiento cercano durante los primeros días tras un evento catastrófico, para que tengan acceso a información sobre la situación, los cambios que se avecinan y los recursos disponibles.

La diputada panista hizo hincapié en que no es posible predecir la magnitud o duración de los fenómenos naturales, pero sí es posible actuar de manera preventiva para mitigar el impacto en la niñez.

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Ciudad de México.— En el Senado de República se reconoció que la adopción en México representa una esperanza de vida para miles de menores. Ante esta realidad, insistieron en la urgencia de reformar y simplificar los procedimientos de adopción, de modo que la niñez en situación vulnerable pueda integrarse a un entorno familiar donde se sienta protegida y amada.

De acuerdo con los legisladores, en el país, más de 30 mil niñas, niños y adolescentes esperan ser adoptados, pero sólo se concreta menos del uno por ciento de las solicitudes de adopción cada año.

Historias de vida: “mamá de corazón”

La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, compartió su experiencia como adoptante al hablar de su proceso como “mamá de corazón”. Con emotivas palabras, describió la satisfacción que le ha traído el formar una familia a través de la adopción y expresó el deseo de que más personas puedan experimentar la misma dicha.

“Natalia y yo somos el mejor equipo”, expresó con orgullo. Para ella, el Senado debe impulsar medidas que permitan agilizar el proceso de adopción en beneficio de los menores en espera de una familia.

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Cultura de la adopción en México

Ruth González Silva, senadora del PVEM, destacó la importancia de fomentar una cultura de adopción en el país, al subrayar que un hogar puede brindar a los menores la educación y valores necesarios para su desarrollo integral. González Silva enfatizó la relevancia de la formación de familias, algo que permite a los menores crecer en un ambiente seguro y afectuoso.

Derecho a una familia

Desde el PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca subrayó los obstáculos que aún enfrentan los procesos de adopción en el país. Explicó que la adopción en México debe avanzar para garantizar a cada menor su derecho fundamental a crecer en un hogar donde pueda recibir amor, protección y las oportunidades necesarias para su desarrollo pleno.

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Ciudad de México.— En un compromiso con la maternidad y el bienestar de las mujeres mexicanas en situación de vulnerabilidad, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que da un paso hacia la inclusión de todas las futuras madres en los programas de bienestar y en la protección social.

La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) tiene como objetivo brindar una pensión a mujeres embarazadas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Este apoyo busca asegurar el bienestar de las mujeres durante el embarazo y el posparto, con el propósito de que las futuras madres tengan acceso a los servicios de salud y a una red de protección social en un momento crucial de sus vidas.

Reforma Constitucional para un subsidio sin condiciones

La iniciativa propone reformar el artículo 4 de la Constitución mexicana para crear un subsidio económico dirigido a las mujeres embarazadas en condiciones de pobreza o sin ingresos. Este beneficio no afectará sus derechos a otros programas sociales, con el fin de garantizar una cobertura amplia y sin restricciones.

El diputado Daniel Chimal García, impulsor de la propuesta, subrayó que este apoyo debe estar libre de condicionamientos políticos y clientelismo. “Es fundamental que el Estado garantice este recurso a todas por igual, sin tintes políticos, y que se cuide a las mujeres en un momento tan delicado y significativo de su vida”, expresó Chimal.

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Transparencia

Para asegurar que este subsidio se administre de manera transparente, el PAN plantea que la Secretaría de Bienestar federal sea la encargada de supervisar la operación del programa.
Con esto, se busca evitar que el apoyo se convierta en un recurso de control electoral.

El diputado panista también manifestó su preocupación por la visión que tiene el partido Morena sobre la política pública, al considerarla un mecanismo político sin priorizar el bienestar de los ciudadanos.

En este sentido, Chimal advirtió que la propuesta del PAN será vigilada para evitar que se contamine con intereses electorales, y solicitó su inclusión en el presupuesto de 2025.

Cerrar brecha de inseguridad Social

De acuerdo con el panista, en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece incentivos de natalidad a sus derechohabientes, sin embargo, millones de mujeres en situación vulnerable, especialmente aquellas sin seguridad social, quedan desprotegidas.

Por ello, la iniciativa busca cubrir esta brecha y brindar acceso a servicios básicos de salud y bienestar a quienes más lo necesitan.

“Es un derecho que debe plasmarse en nuestra Carta Magna”, finalizó Chimal.

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