México.— Médicos y abogados advierten que la Norma Oficial Mexicana de salud 046 representa una “puerta abierta” para la comisión, sin castigo de los delitos de violación y abuso sexual, particularmente en contra de mujeres menores de edad.
Urgen que los candidatos a la Presidencia de la República incorporen en su agenda de gobierno la modificación de la Norma para lograr una auténtica protección integral de mujeres víctimas de violación.
Los delitos de abuso, violación y explotación sexual -principales amenazas contra niñas y adolescentes, según datos oficiales- alcanzan en México cada vez más “carta de naturalización”, como consecuencia de disposiciones legales ambiguas cuya aplicación resulta fuera de tiempo, alertan abogados y médicos.
Es el caso, alertan, de la Norma Oficial Mexicana 046, cuya redacción abre resquicios para que no solo no se atienda de manera integral la mayoría de los casos de abuso sexual a menores; genere vacíos en lo que refiere a dar parte, denunciar, investigar y castigar de los agresores, y sobre todo que el propio sistema normativo pone en riesgo de más violaciones a las víctimas.
En un comunicado de prensa, abogados y médicos denunciaron que mientras la sociedad reclama poner fin a la impunidad y tolerancia a los principales delitos que les aquejan, la vigencia de disposiciones como la NOM 046, que carece de claridad y contundencia alientan la comisión de delitos sexuales sin castigo, ante la pasividad de gobernantes y legisladores.
La estela de impunidad implícita en la aplicación de dicha norma representa su “talón de Aquiles”: pretende atender a las víctimas de los delitos de violación y abuso sexual, pero abre otros frentes, como el dejar libres y sin castigo a abusadores sexuales de menores, que la llevan a convertirse en un “espejismo” de justicia, establecieron.
Hicieron un categórico llamado a los aspirantes de los diversos partidos políticos a la Presidencia de la República: Ricardo Anaya Cortés, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade Kuribreña; Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala, entre otros, a que incorporen en su agenda de gobierno la urgente modificación de la referida norma oficial de salud.
Se requiere eliminar la modificación de marzo de 2016 al numeral 6.4.2.7, con el fin avanzar y consolidar en acciones fundamentales para garantizar una verdadera atención integral de las niñas y menores de edad víctimas de violación, con pleno respeto a sus derechos. Para ello se propone incorporar los siguientes mecanismos:
Dar vista inmediata a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; establecer una coordinación con el Ministerio Público; hacer valoraciones especializadas, brindar asesoría integral a víctimas y ejercer una representación coadyuvante; involucrar de manera obligatoria a instituciones y dependencias; aplicación urgente de medidas cautelares; verificación obligatoria por parte del personal de salud de los hechos denunciado o revelados; y que las autoridades competentes verifiquen la calidad de víctimas previo a la aplicación de la llamada “Interrupción Voluntaria del Embarazo”
AUSENTE LA ATENCION INTEGRAL A MENORES ABUSADAS
Para documentar la gravedad de lo que ocurre en la práctica en temas de violación a menores y su atención que debiera garantizar la NOM, los especialistas precisaron datos del Informe Final del Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que evidencia vacíos en las estrategias de coordinación y en los mecanismos formales de comunicación para atender y referenciar efectivamente a las víctimas de violación.
Prueba de ello es que del 2010 al 2015, de un total de 2 millones 598 mil 543 víctimas sexuales en 22 entidades federativas, en el 80.1 por ciento de los casos las menores abusadas regresó a su domicilio una vez que fue atendida en los servicios médicos de emergencia, en tanto que menos del 1% fueron referenciadas al DIF nacional o estatal, a un refugio o albergue, a grupos de autoayuda mutua, ministerio público o agencia especializada.
Los especialistas dieron a conocer que de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la cual México forma parte, nuestro país ocupó en 2015 el deshonroso primer lugar en registros de abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años.
Por su parte, el Diagnostico sobre la atención de la violencia sexual en México señala que los menores son una población especialmente vulnerable pues se calcula que casi cuatro de cada diez (37.48%) de las personas que figuran como víctimas de violencia sexual en las averiguaciones previas tienen menos de 15 años.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (2017), muestra que un 95.4% de los delitos de tipo sexual forman parte de la “cifra negra” ya que no son denunciados o no se inició una averiguación previa, que es el punto de partida para abrir una carpeta de investigación y principal vacío en la aplicación de la NOM 046.
Si bien la NOM 046 en apariencia tiene como propósito velar por el interés de las víctimas de violación menores de edad, el contenido de la propia norma “tuerce” el sentido del supuesto apoyo y protección al generar una situación adversa, puesto que se enfoca en acabar con los embarazos producto de una violación, pero no en dar parte para que las instancias correspondientes inicien una carpeta de investigación y se ubique y castigue al violador.
Esto permite, por ejemplo, que violadores, explotadores sexuales de menores o personas dedicadas a prostituirlas, sigan obligando a sus víctimas a acudir a los servicios de salud a terminar con un embarazo y en la medida en que en esos centros, al amparo de la NOM 046 no tienen claramente establecida la obligación de dar parte a la autoridad o actuar en función de una denuncia penal, como ocurría anteriormente, el beneficiario directo de estos vacíos son los abusadores y violadores, muchos de ellos ubicados a los mismos sitios a donde regresan las menores abusadas.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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