Política
Inicia proceso de liquidación del PES y Nueva Alianza
Ciudad de México.— Con el objetivo de adoptar medidas preventivas, así como dotar de transparencia y certeza al proceso de liquidación de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social —que tienen la probabilidad de perder su registro nacional—, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) procedió a la designación de sus respectivos interventores, mientras se resuelven en su caso, las impugnaciones de las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La Comisión, presidida por el Consejero Ciro Murayama, e integrada por las Consejeras Pamela San Martín, Adriana Favela, así como de los Consejeros Marco Antonio Baños y Benito Nacif, seleccionó a Ramón Ismael Trejo Bazúa y Gerardo Maldonado García, como los probables interventores para los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza, respectivamente, en virtud de que se les tiene que consultar si aceptan la responsabilidad.
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De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, si de los cómputos de los Consejos Distritales se desprende que un partido político nacional no obtiene el porcentaje mínimo de votos para mantener su registro —el 3 por ciento—de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Fiscalización deberá designar, de inmediato, a un interventor, quien será responsable del control y vigilancia directa del uso y destino de los recursos y bienes del partido político durante el periodo de prevención, informó el Consejero Ciro Murayama.
En este sentido, y al considerar que aún no están resueltas, en su caso, las impugnaciones relativas a las tres elecciones federales —prosiguió—, el TEPJF tiene hasta el 3 de agosto para resolver sobre las elecciones al Legislativo y, a más tardar el 31 de agosto, lo correspondiente a la elección presidencial, el proceso de liquidación de ambos partidos se encuentra en su primera etapa que se denomina “de prevención”.
Según el Reglamento de Fiscalización, el periodo de prevención abarca desde el anuncio de los resultados de los cómputos distritales y hasta que se emita la constancia formal de pérdida de registro, tiempo en el cual el interventor se hará responsable en la administración del patrimonio de los partidos políticos mencionados.
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El Consejero Ciro Murayama aclaró que el Reglamento de Fiscalización prevé, en caso de que, como resultado de la resolución de los juicios de inconformidad, el partido político en estado de intervención llegara a alcanzar la votación mínima, podrá reanudar en forma habitual sus operaciones. En caso contrario, advirtió, se pasaría de la prevención a la intervención para su liquidación respectiva.
Como parte de este procedimiento legal, cabe señalar que la Comisión de Fiscalización aprobó en marzo pasado la lista de especialistas en concursos mercantiles que desempeñan funciones de conciliadores y síndicos, y que luego de una consulta se definió que 56 interventores cubren el perfil adecuado para realizar dicha tarea, de conformidad con los criterios de selección y actualización.
La lista de 56 especialistas se dividió entre los dos partidos, para que a cada uno le correspondieran 28 posibles interventores. Y de cada una de las mismas se eligió en primer lugar a Ramón Ismael Trejo Bazúa y Gerardo Maldonado García, a quienes se les consultará (en presencia de la Oficialía Electoral del INE) si desean aceptar el trabajo; en caso contrario, se contactará al siguiente interventor en orden de prelación y la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización informará a los integrantes del Consejo General del INE quienes fungirán como interventor de los partidos mencionados.
ebv
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Ciudad de México.— Ante los efectos de los desastres naturales, en México surge la necesidad urgente de actualizar los protocolos de protección civil para garantizar una respuesta efectiva que considere las necesidades específicas de los sectores más vulnerables, como niñas, niños y adolescentes.
Estos grupos enfrentan riesgos físicos y emocionales significativos durante y después de un desastre, lo que hace indispensable un enfoque integral en su atención y protección.
La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) presentó una iniciativa para actualizar los protocolos de actuación de protección civil, con un enfoque especial en la atención de niñas, niños y adolescentes durante desastres naturales.
La propuesta busca asegurar que las autoridades de los tres niveles de gobierno, al elaborar y actualizar sus planes de emergencia, consideren de manera prioritaria el bienestar y la seguridad de este grupo vulnerable.
Zavala resaltó que las situaciones derivadas de fenómenos como huracanes, sismos o inundaciones, impactan de manera particular a los más jóvenes, generando efectos devastadores en su desarrollo físico y emocional.
La iniciativa fue enviada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictamen, y propone modificar el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Zavala argumentó que, ante el creciente número de desastres naturales en el país, impulsados tanto por factores geográficos como por el cambio climático, se hace urgente diseñar medidas específicas que garanticen la protección integral de la niñez.
Su propuesta incluye la implementación de medidas de prevención, información continua y la identificación clara de refugios temporales, además de planes de apoyo económico y social para reactivar las zonas afectadas.
Protección y recuperación: el enfoque en la niñez
En su propuesta, Zavala subrayó que los planes de protección civil deben poner al centro a las niñas, niños y adolescentes, pues estos son los más afectados por el estrés, el pánico y las rupturas en su vida diaria que provoca un desastre natural.
Aseguró que las autoridades deben garantizar que, además de proteger la integridad física de los menores, se les brinde un seguimiento cercano durante los primeros días tras un evento catastrófico, para que tengan acceso a información sobre la situación, los cambios que se avecinan y los recursos disponibles.
La diputada panista hizo hincapié en que no es posible predecir la magnitud o duración de los fenómenos naturales, pero sí es posible actuar de manera preventiva para mitigar el impacto en la niñez.
ebv
Ciudad de México.— En el Senado de República se reconoció que la adopción en México representa una esperanza de vida para miles de menores. Ante esta realidad, insistieron en la urgencia de reformar y simplificar los procedimientos de adopción, de modo que la niñez en situación vulnerable pueda integrarse a un entorno familiar donde se sienta protegida y amada.
De acuerdo con los legisladores, en el país, más de 30 mil niñas, niños y adolescentes esperan ser adoptados, pero sólo se concreta menos del uno por ciento de las solicitudes de adopción cada año.
Historias de vida: “mamá de corazón”
La senadora Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, compartió su experiencia como adoptante al hablar de su proceso como “mamá de corazón”. Con emotivas palabras, describió la satisfacción que le ha traído el formar una familia a través de la adopción y expresó el deseo de que más personas puedan experimentar la misma dicha.
“Natalia y yo somos el mejor equipo”, expresó con orgullo. Para ella, el Senado debe impulsar medidas que permitan agilizar el proceso de adopción en beneficio de los menores en espera de una familia.
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Cultura de la adopción en México
Ruth González Silva, senadora del PVEM, destacó la importancia de fomentar una cultura de adopción en el país, al subrayar que un hogar puede brindar a los menores la educación y valores necesarios para su desarrollo integral. González Silva enfatizó la relevancia de la formación de familias, algo que permite a los menores crecer en un ambiente seguro y afectuoso.
Derecho a una familia
Desde el PRI, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca subrayó los obstáculos que aún enfrentan los procesos de adopción en el país. Explicó que la adopción en México debe avanzar para garantizar a cada menor su derecho fundamental a crecer en un hogar donde pueda recibir amor, protección y las oportunidades necesarias para su desarrollo pleno.
ebv
Ciudad de México.— En un compromiso con la maternidad y el bienestar de las mujeres mexicanas en situación de vulnerabilidad, en la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que da un paso hacia la inclusión de todas las futuras madres en los programas de bienestar y en la protección social.
La propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) tiene como objetivo brindar una pensión a mujeres embarazadas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Este apoyo busca asegurar el bienestar de las mujeres durante el embarazo y el posparto, con el propósito de que las futuras madres tengan acceso a los servicios de salud y a una red de protección social en un momento crucial de sus vidas.
Reforma Constitucional para un subsidio sin condiciones
La iniciativa propone reformar el artículo 4 de la Constitución mexicana para crear un subsidio económico dirigido a las mujeres embarazadas en condiciones de pobreza o sin ingresos. Este beneficio no afectará sus derechos a otros programas sociales, con el fin de garantizar una cobertura amplia y sin restricciones.
El diputado Daniel Chimal García, impulsor de la propuesta, subrayó que este apoyo debe estar libre de condicionamientos políticos y clientelismo. “Es fundamental que el Estado garantice este recurso a todas por igual, sin tintes políticos, y que se cuide a las mujeres en un momento tan delicado y significativo de su vida”, expresó Chimal.
Transparencia
Para asegurar que este subsidio se administre de manera transparente, el PAN plantea que la Secretaría de Bienestar federal sea la encargada de supervisar la operación del programa.
Con esto, se busca evitar que el apoyo se convierta en un recurso de control electoral.
El diputado panista también manifestó su preocupación por la visión que tiene el partido Morena sobre la política pública, al considerarla un mecanismo político sin priorizar el bienestar de los ciudadanos.
En este sentido, Chimal advirtió que la propuesta del PAN será vigilada para evitar que se contamine con intereses electorales, y solicitó su inclusión en el presupuesto de 2025.
Cerrar brecha de inseguridad Social
De acuerdo con el panista, en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece incentivos de natalidad a sus derechohabientes, sin embargo, millones de mujeres en situación vulnerable, especialmente aquellas sin seguridad social, quedan desprotegidas.
Por ello, la iniciativa busca cubrir esta brecha y brindar acceso a servicios básicos de salud y bienestar a quienes más lo necesitan.
“Es un derecho que debe plasmarse en nuestra Carta Magna”, finalizó Chimal.
ebv
México
¡Maternidad segura! Nueva propuesta constitucional busca proteger a las mujeres embarazadas en México
Ciudad de México.— Motivada por su historia familiar y el deseo de mejorar la vida de millones de madres mexicanas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Susana Zatarain García, presentó una iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución con el objetivo de brindar mayores beneficios a mujeres embarazadas.
Esta propuesta busca garantizar servicios médicos y apoyo psicológico a las mujeres que atraviesan el periodo de maternidad, asegurando así su bienestar y el de sus hijos.
Reconocimiento a las madres trabajadoras.
Zatarain, en su intervención, destacó el esfuerzo de las madres mexicanas que, además de ser pilares de las familias, contribuyen al crecimiento económico del país.
“La maternidad no es una tarea sencilla”, expresó la senadora, quien subrayó que su propuesta está inspirada en el compromiso de honrar y proteger a quienes enfrentan los desafíos de la maternidad. La iniciativa subraya la importancia de dotar a las mujeres de todas las herramientas necesarias para asegurar su bienestar y el de sus familias.
Mortalidad materna
Durante su presentación, la panista compartió cifras importante: la mortalidad materna, catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas de muerte entre mujeres en edad reproductiva, alcanza un promedio mundial de 1,500 decesos diarios debido a complicaciones en el embarazo o el parto. En México, la razón de mortalidad materna es de 25.6 por cada 100 mil nacimientos, una estadística que, según Zatarain, requiere atención urgente.
“La mortalidad materna es una tragedia evitable”, afirmó.
Compromiso constitucional con la maternidad
Asimismo, la iniciativa de la senadora Zatarain contempla la incorporación de un compromiso constitucional que garantice la atención médica integral a mujeres embarazadas. Esta medida asegurará, dijo, que todas las instalaciones de salud pública del país proporcionen consultas médicas, exámenes de laboratorio, medicamentos, atención ginecológica y cuidados obstétricos de emergencia de manera gratuita a las futuras madres.
Además, la propuesta incluye la atención psicológica y psiquiátrica, destacando la relevancia de la salud mental durante el embarazo y el posparto.
“Tendrán acceso a cuidados obstétricos de emergencia. Es decir, que sea un derecho constitucional que todas las mujeres en período de embarazo y posparto reciban atención médica, atención de laboratorio y todo lo que requieren para evitar que tengan algún problema o consecuencia lamentable por esta razón”.
Protección para las madres mexicanas
Con este proyecto de decreto, Zatarain busca consolidar un sistema de apoyo universal para las madres trabajadoras de México y se asegure el derecho a recibir atención médica gratuita y especializada durante el embarazo y el posparto.
ebv
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