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Abuela encadena a nietos en el baño
Ciudad de México.— La Procuraduría General de Justicia capitalina restituyó sus derechos a un menor de 5 años de edad, primo hermano de la pequeña de 7 años que era golpeada por su abuela y que fue abandonada en diciembre pasado en calles de la delegación Iztapalapa.
El niño también presenta heridas en la cara, cicatrices en todo el cuerpo, y una deformidad por fractura en el brazo derecho, entre otros, por lo que se le dio prioridad a su salud y se envió a un hospital para su atención médica.
Ante estas evidencias, la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes solicitará en las próximas horas, la vinculación a proceso, así como prisión preventiva contra la abuela materna de las víctimas por el delito de privación ilegal de la libertad, con la modalidad de causar un daño, la cual tiene una penalidad de hasta 60 años de prisión.
El primer antecedente de este caso médico legal fue conocido en diciembre pasado, cuando el agente del Ministerio Público de la referida fiscalía fue notificado por las autoridades del Hospital Pediátrico de Moctezuma, del ingreso de una niña de 7 años de edad, quien fue encontrada en la calle con evidentes signos de violencia.
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Derivado de las tareas implementadas por la Policía de Investigación, se logró establecer la probable participación de la abuela de la menor en el maltrato, por lo que una vez reunidos los elementos de prueba, el representante social solicitó a un Juez de Control otorgara el mandamiento judicial contra la imputada, el cual fue cumplimentado cuando ésta se encontraba en su domicilio, ubicado en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México.
En el momento en que fue detenida, con la abuela se encontraban tres de sus nietos, de 5, 8 y 9 años de edad, quienes después de recibir atención médica, ingresaron al Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas de la procuraduría capitalina, donde son atendidos de manera integral para que se les restituyan todos y cada uno de sus derechos.
En la entrevista realizada a los cuatro menores que la procuraduría tiene bajo su protección, éstos refirieron que existía un quinto niño, que señalaron como su hermano más pequeño, al que su abuela, a quien ellos llaman mamá, también lo había golpeado hasta dejarlo inconsciente, que esa fue la última ocasión que lo vieron, y que incluso creyeron que estaba muerto.
Ante estas revelaciones, el agente del Ministerio Público procedió a efectuar todas las diligencias para localizarlo, así como a las madres de éstos, quienes los dejaron al cuidado de su abuela.
Las investigaciones llevaron a una coordinación estrecha con los registros civiles de la Ciudad de México y del Estado de México, para la búsqueda de las actas de nacimiento de los cinco niños; dos de ellos registrados en la capital del país y tres en la entidad mexiquense.
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Al mismo tiempo, se recurrió al Sistema Desarrollo Integral para la Familia (DIF) para conocer antecedentes de los niños y de la abuela, a fin de establecer si ésta tenía denuncias anteriores.
También se entrevistó a vecinos del lugar y se ratificó que los menores y su abuela tuvieron tres cambios de domicilio durante un año.
Tras investigar cada domicilio de los familiares que se tenían registrados, se pudo conocer el paradero del niño, cuando la madre biológica de éste fue citada por sus parientes en la casa que habitaba la probable participante. La entrega del menor se logró en la colonia Río Blanco, delegación Gustavo A. Madero.
Al estar los agentes investigadores en presencia de la mamá, quien está siendo investigada, y de su hijo, observaron que éste presenta los mismos signos de violencia que la niña rescatada en diciembre de 2016.
El menor agraviado, víctima del delito de privación de la libertad, señaló a su abuela como la persona que le realizó cada una de las lesiones.
Estos datos fueron coincidentes con lo que, en su momento, narró ante el representante social la niña de 9 años de edad, recuperada por la procuraduría el pasado 3 de marzo, quien dijo que su abuela tenía encadenada a la agraviada de 7 años, y atado en el baño al de 4 años.
En entrevistas por separado, los cuatro menores coincidieron que se cambiaron constantemente de domicilio y que en una ocasión, el niño de 4 años de edad fue golpeado tres veces con un tubo hasta que quedó inconsciente tirado en el suelo, por lo que pensaron que estaba muerto.
Una vez localizado y puesto a salvo, el niño fue trasladado al Hospital Pediátrico de Peralvillo para su atención médica, donde al realizarle estudios médicos se observaron:
1.- Lesiones en manos y pies por ataduras prolongadas.
2.- Heridas y cicatrices en la cabeza y rostro.
3.- Falta de dientes.
4.- Deformidad en brazo derecho por fractura no atendida.
5.-Deformidad en rodillas por la posición en que estuvo amarrado.
6.- Cortaduras producidas con objeto punzocortante.
7.- Calvicie.
Asimismo, en la cabeza presentaba diversas heridas, las cuales fueron ocasionadas con un tubo metálico y un martillo, por lo que se le practican estudios para descartar que existan daños a futuro, y brindarle la atención médica y especializada que requiera.
Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes solicitará en las próximas horas la vinculación a proceso y la prisión preventiva contra la abuela de las víctimas, por el delito de privación ilegal de la libertad con la modalidad de causar un daño.
De encontrarse penalmente responsable, la imputada podría alcanzar una condena de hasta 60 años de prisión.
ebv
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“Soy hombre de familia y defiendo la vida”: diputado de Chihuahua desafía la agenda Woke
Chihuahua.— El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) EN Chihuahua, Carlos Olson San Vicente, rechazó las acusaciones realizadas por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Irlanda Márquez, quien lo señaló de haberla agredido física y verbalmente en el edificio del Congreso del Estado.
En ese sentido, Olson San Vicente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), específicamente en la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Dignidad de las Personas, contra Irlanda Márquez por difamación y calumnias.
Según el legislador, las denuncias de la diputada petista son parte de una estrategia de la “izquierda radical” para silenciarlo debido a su postura en temas como la familia, la vida y las libertades fundamentales.
“Se trata de un chantaje por parte de quienes no han podido ganar el debate público. Como no tienen argumentos, recurren a descalificaciones y denuncias falsas. Sin embargo, conmigo no van a poder”, declaró Olson, quien reiteró su compromiso de seguir defendiendo sus ideales.
Por su parte, la diputada Irlanda Márquez denunció presuntos actos de violencia de género en su contra. Durante una sesión del Congreso, pidió que se le reubique en otra área de curules para garantizar su seguridad. Según Márquez, el incidente ocurrió en la cafetería del recinto legislativo y representa una amenaza a su integridad.
Ante ello, Carlos Olson calificó las acusaciones como infundadas y señaló que organizaciones promotoras de la ideología de género y diversidad sexual están detrás de los ataques.
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“Les hemos ganado en los debates. En chihuahua le estamos poniendo un alto a la agenda Woke. Esto los tiene completamente desquiciados”, expresó el legislador.
Además, afirmó que continuará con lo que denominó una “batalla cultural” en defensa de los valores tradicionales y aseguró que las acciones legales demostrarán la verdad de los hechos. “La verdad siempre sale a la luz, y en los tribunales se esclarecerá quién tiene la razón”, concluyó.
Cabe destacara que organizaciones de la Sociedad Civil se solidarizó con el diputado Olsen al reconocer que la izquierda trabaja en base a manipulación, engaños o chantajes, para buscar un beneficio propio, partidista o de un grupo minoritario, y cuando eso no funciona, recurren a las amenazas, intimidación y agresiones legales, para lograr sus fines e imponer sus ideologías.
Lanzaron el recordatorio a grupos partidistas que existe el derecho a la libertad de expresión, y que la voluntad del pueblo debe prevalecer.
ebv
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“Recién nacido respiró y murió por estrangulamiento”; Fiscalía de Querétaro aclara que no judicializa casos de aborto
Ciudad de México.— Tras las acusaciones en redes sociales del colectivo feminista Adax Digitales, respecto a que la Fiscalía de Querétaro pretende encarcelar a una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso sexual y un aborto, el Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aclaró que la institución no judicializa casos de aborto.
Hernández detalló que el caso involucra el fallecimiento de un bebé de más de ocho meses de gestación, cuya muerte fue clasificada como homicidio por estrangulamiento, lo cual motivó la intervención de la Fiscalía.
“Es importante aclarar que en la Fiscalía General del Estado no judicializamos asuntos que involucren un tema de aborto. Aquellas conductas que pudiesen encuadrar en la hipótesis de aborto no están siendo judicializadas en Querétaro, justamente para respetar los derechos de las mujeres y sobre todo su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su sexualidad”, explicó Hernández.
En entrevista el fiscal dijo que la fiscalía no está en un proceso de aborto. “Lo que nosotros tenemos técnica y científicamente sustentado es que hubo un nacimiento, un bebé del sexo masculino nacido, respiró, Nosotros adoptamos el procedimiento técnico y científico correspondiente para poder acreditar esta situación, y lo que sabemos es que la causa de la muerte fue la asfixia ocasionada por un estrangulamiento”.
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En ese sentido, detalló que los dictámenes periciales realizados por especialistas de la Fiscalía confirmaron que el bebé nació con vida y respiró, y la causa de la muerte fue el estrangulamiento.
“Es importante generar una aclaración: tuvo una gestación de más de 36 semanas y un peso de 3 kilos 300 gramos. Estos datos son relevantes”, enfatizó.
Víctor Antonio de Jesús Hernández puntualizó que las instituciones de salud informaron el fallecimiento de una persona recién nacida. “Entonces, a partir de esa situación, nosotros tenemos oficiosamente que iniciar las investigaciones, poder constatar cuál es el origen de la muerte, es decir, conocer las causas específicas por las cuales hay un fallecimiento”.
Respecto a las especulaciones de abuso sexual en contra de la madre, una menor de 14 años, el Fiscal aseguró que no existe evidencia que lo acredite. “La defensa no ha hecho ningún planteamiento de violación. En ninguna etapa o audiencia se ha señalado ese tema, y no existe denuncia de la responsable al respecto”, aclaró.
La Fiscalía indicó que, al iniciar la investigación, se abrió una carpeta por presunto abuso sexual, pero no se obtuvieron pruebas suficientes para sostener esta acusación. “Desde enero de 2024 se resolvió que no había elementos para acreditar la violación y se notificó a la representación legal de la menor. No hubo ninguna inconformidad”, puntualizó Hernández.
En este caso, el proceso que se sigue es bajo el sistema de justicia integral para adolescentes, dada la edad de la implicada. Hernández señaló que se cumplen todos los protocolos necesarios, incluyendo la perspectiva de género y la atención especializada para menores.
ebv
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Chiapas: La lucha por la seguridad y la dignidad humana en tiempos de violencia
La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.
Ciudad de México.- La situación de violencia e inseguridad en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciada por las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Las percepciones de inseguridad en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez reflejan un desasosiego profundo entre la población.
Con un 91.9 % de los habitantes de Tapachula sintiendo que su entorno es peligroso, la crisis de seguridad se vuelve innegable y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el estado.
La violencia no es un fenómeno nuevo en Chiapas.
Como señaló la doctora Carla Beatriz Zamora Lomelí en una entrevista para la radiodifusora IMER, la región ha sido históricamente afectada por diversas formas de violencia, incluidas las secuelas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Sin embargo, el actual incremento en los niveles de criminalidad se relaciona directamente con la incursión de cárteles de la droga, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que luchan por el control territorial y el tráfico de migrantes.
Este cambio de dinámica ha puesto a la población civil en el centro de un conflicto que no pidieron ni buscaron.
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Impacto en migrantes y comunidades locales.
La violencia afecta de manera desproporcionada a los migrantes, quienes históricamente han utilizado Chiapas como ruta hacia el norte.
El contexto de inseguridad ha convertido el estado en un territorio donde extorsiones, secuestros y agresiones son prácticas comunes, haciendo que la travesía sea aún más peligrosa.
La falta de protección para estos grupos vulnerables es alarmante, ya que se enfrentan a la hostilidad de grupos criminales que no solo atacan a los migrantes, sino que también amenazan a la comunidad local.
El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un líder comunitario que brindaba apoyo a los más necesitados, subraya la fragilidad de la situación.
Su muerte no solo afecta a quienes buscaban guía espiritual, sino que también representa un ataque directo a los esfuerzos humanitarios en una región ya golpeada por la violencia.
Esto resalta la intersección entre la inseguridad y la labor de quienes intentan ayudar en medio del caos.
La necesidad de acciones efectivas.
La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno estatal para abordar esta crisis es un punto crítico. A pesar de la inversión de recursos destinados a la recomposición del tejido social, los resultados son escasos y la corrupción se cierne como un obstáculo constante.
Este panorama se complica aún más por la percepción de impunidad que reina en el estado, lo que desanima a la población a confiar en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
Chiapas necesita una estrategia integral que no solo aborde la violencia desde una perspectiva de fuerza, sino que también reconozca las raíces sociales y económicas del problema. La implementación de políticas que fortalezcan las comunidades y protejan a los migrantes es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en su entorno.
La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.
Con una población local que se siente cada vez más amenazada y un número creciente de migrantes en peligro, la situación exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.
Sin un compromiso real y sostenible, Chiapas corre el riesgo de convertirse en un polvorín de violencia que no solo afectará a sus habitantes, sino que también tendrá repercusiones en toda la región.
ARH
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“El matrimonio y la familia son custodios de la vida humana”: Cardenal Francisco Robles
Guadalajara.— El Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, aseguró que el matrimonio y la familia son espacios fundamentales para preservar los valores humanos y proteger el don sagrado de la vida.
A través de sus redes sociales, Robles Ortega subrayó que los problemas que afectan a estos pilares de la sociedad se deben a la cerrazón de los corazones humanos, que rechazan aceptar el proyecto de Dios en torno a la familia y el matrimonio.
El Cardenal insistió en que la libertad malentendida ha sido utilizada como justificación para alejarse de los principios divinos.
Robles Ortega, explicó que muchas personas argumentan que tienen el derecho de hacer lo que deseen, sin considerar las consecuencias que sus decisiones pueden tener en la humanidad. En este sentido, el prelado lamentó que este concepto de libertad esté propiciando un ambiente de desorden en las estructuras familiares.
En referencia a la reciente aprobación de la despenalización del aborto en Jalisco, que se ha convertido en la undécima entidad del país en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Robles Ortega expresó su rechazo a esta medida.
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Despenalización del aborto en Jalisco
El Cardenal Robles Ortega enfatizó que los políticos que impulsan leyes que atentan contra la vida no lo hacen en nombre de una mayor libertad o derechos, sino que actúan desde la dureza de su corazón.
“Cuando gobernantes y legisladores proponen leyes que van contra el valor más sagrado, que es la vida, alentando la muerte de seres inocentes e indefensos, no crean que lo están haciendo como una conquista de libertades”, afirmó.
El prelado católico también advirtió que los responsables de aprobar leyes como la despenalización del aborto deberán rendir cuentas ante Dios. “Un día estarán frente a Él y tendrán que explicar por qué decidieron aprobar una ley destinada a destruir vidas inocentes”, expresó.
Asimismo refirió que gobernantes y legisladores quieren atenuar el aborto al señalar que en las primeras 12 semanas no pasa nada con el nuevo ser, que es posible eliminar el feto, como si ellos no hubieran pasado por esta etapa de gestación en el seno de su madre.
“Cultura de la muerte”
En su mensaje, el Arzobispo de Guadalajara alertó sobre lo que describió como una “cultura de la muerte”, un fenómeno que, en su opinión, está creciendo y manifestándose en diversas formas de violencia. El Cardenal lamentó que la sociedad se sorprenda por los altos índices de asesinatos, desapariciones y actos de extrema violencia, cuando, según él, estas problemáticas están estrechamente vinculadas a la falta de respeto por la vida desde su concepción.
Por ello, para Robles Ortega, la función de los gobernantes debería ser la de proteger la vida, no eliminarla.
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