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México

Aprueban paridad en todos los Poderes y niveles de gobierno

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México.— Por unanimidad el Senado aprobó en lo general y lo particular el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política en materia de paridad de género, a fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en México.

La reforma avalada con 120 votos respalda el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Para ello, establece la obligatoriedad constitucional de observar dicho principio en la integración de los Poderes de la Unión.

Este ordenamiento incluye también el mismo esquema para los estados, así como para la integración de los ayuntamientos; es decir, paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y municipios.

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Se establece que la Suprema Corte de Justicia estará integrada por ministras y ministros. La conformación de los órganos jurisdiccionales se realizará mediante concursos abiertos, con igual número de mujeres y hombres.

En los artículos transitorios se señala que las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar reformas en su legislación para garantizar los procedimientos de elección, designación y nombramiento de sus autoridades, bajo el principio de paridad.

De la misma manera, la paridad de género se aplicará para los partidos políticos, órganos autónomos y en cualquier entidad, órgano u organismo que ejerza funciones de autoridad en el ámbito de la Federación, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

La modificación constitucional también incluye dicho principio en la elección de representantes ante los ayuntamientos en los municipios con población indígena.

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El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, destacó que la reforma se alcanzó con un acuerdo histórico que se construyó con la pluralidad de las fuerzas políticas que conforman el Senado de la República.

Adicionalmente, para la postulación de sus candidaturas, se obliga a los partidos políticos a observar este precepto constitucional en las candidaturas al Poder Legislativo Federal y a los demás cargos de elección popular.

Asimismo, el artículo 94 mandata que la ley que regule la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación e incorpore la paridad de género para la integración de los órganos jurisdiccionales federales.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena dijo que a partir de la aprobación de este dictamen es necesario implementar políticas públicas, medidas y acciones que aseguren a todas las mujeres su participación política, con libertad, seguridad y las garantías de que no vivirán violencia.

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El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció la labor de las senadoras de todos los grupos parlamentarios. Asimismo, destacó el consenso y la voluntad política de todos los partidos para reconocer los derechos de las mujeres.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, su presidente el priista Manuel Añorve Baños, indicó que hoy se da un paso en la dirección correcta para lograr una sociedad más igualitaria. Con esta reforma, dijo, se busca que la participación sea plena e igualitaria, avanzando así en el ejercicio de la ciudadanía y la plena realización de los derechos humanos de todas y todos.

En su participación, la senadora del PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, Kenia López Rabadán, dijo que con estas reformas el Senado está enviando un mensaje histórico, pues el dictamen busca erradicar la violencia de género para mejorar la vida de todas las mexicanas.

La senadora de Morena, Bertha Alicia Caraveo Camarena, afirmó que se escribirá un capítulo más en la historia del constitucionalismo mexicano. En el dictamen, abundó, se reformarán 9 artículos constitucionales que representan la columna vertebral de la Carta Magna, y se sustituirán elementos de discriminación patriarcal. Estarán protegidos los derechos de todas las personas y garantizaremos una democracia paritaria.

Cabe destacar que como parte de la búsqueda del consenso para lograr esta histórica reforma a la Constitución, los diferentes legisladores y grupos parlamentarios acordaron retirar las reservas que tenían consideradas con el propósito de abonar a la construcción de nuevas y mejores condiciones para el desarrollo político de las mujeres.



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CDMX

“Modas Woke distraen los verdaderos esfuerzos por la inclusión”, diputado Garrido

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“Modas Woke distraen los verdaderos esfuerzos por la inclusión”, diputado Garrido
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Ciudad de México.— El vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López, advirtió que la imposición del “lenguaje inclusivo” no hace más inclusiva a la sociedad, por el contario, la divide.

En ese sentido, el legislador panista se pronunció por dejar de dividir con modas Woke y trabajar por la verdadera equidad.

“La inclusión no se construye cambiando palabras, sino construyendo puentes que acerquen a todas las personas”.

Garrido López reiteró que el llamado lenguaje inclusivo es una moda que lejos de incluir, distorsiona nuestra lengua y afecta gravemente la educación.

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Explicó que la lengua española es una de las mas ricas y precisas del mundo que ya incluye a todos los géneros gramaticalmente.

“Cambiar palabras como todos por todes, no sólo carece de fundamento lingüístico sino que promueve una falta de educación y cultura”, refirió el panista.

Además, Garrido López señaló que un ejemplo claro es el participio activo del verbo ser que forma palabras terminadas en ente como: presidente, “este término no tiene género porque su raíz gramatical no lo permite”, dijo.

Indicó que pretender incluir sólo mutila la lengua, palabras como: estudiante, cantante, presidente, ya son inclusivas no se dice estudianta, cantanta, presidenta.

“El Lenguaje inclusivo, además distrae los verdaderos esfuerzos por la inclusión, sí realmente queremos ser inclusivos aprendamos lenguaje de señas, braille, o impulsemos medida concretas que derriben barreras reales”, finalizó.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca pidió a sus colaboradores y productores en la televisora dejar de utilizar de forma inmediata el lenguaje “woke”.

“A mis colaboradores que salen en pantalla quiero decirles que ser “diferentes” en un mundo lleno de insensatez… es valentía, no caigan en tratar de encajar y ser normales”, escribió en redes sociales.

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México

¡Ya se la saben!, proponen iniciativa para frenar robos en transporte público

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¡Ya se la saben!, proponen iniciativa para frenar robos en transporte público
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Ciudad de México.— A fin de que el delito de robo en el transporte público se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el diputado Emilio Manzanilla Téllez impulsa una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política.

En el documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.

Hace mención que el robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México. “A pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia delictiva, el robo en el transporte público sigue siendo un fenómeno que pone en peligro no solo el bienestar de los usuarios, sino la estabilidad social”.

Por ello, considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente, pues la impunidad en estos casos es factor que contribuye a la percepción de inseguridad y frustración de la ciudadanía.

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Manzanilla Téllez reiteró que el robo en este tipo de transporte es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y mencionó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.

En el Estado de México, esta problemática alcanza niveles alarmantes, ya que, de acuerdo con el SESNSP, entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 robos con violencia en transporte público, de los cuales 5 mil 432 ocurrieron en esa entidad federativa, lo que representa más de 86 por ciento de los casos a nivel nacional.

Además, dicho delito afecta el patrimonio de las víctimas y pone en riesgo su integridad física y su vida. Los delincuentes suelen actuar en grupos organizados, con armas de fuego o armas blancas, lo que aumenta la peligrosidad de estos eventos.

El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.

Explica que el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y se justifica por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos; pero el robo en el transporte público, a pesar de su alta incidencia y gravedad, no ha sido incluido, dejando un vacío en la protección de los usuarios de este servicio.

La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.

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Seguridad en carreteras, prioridad para paisanos que regresan a México para celebrar con sus familias

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Seguridad en carreteras, prioridad para paisanos que regresan a México para celebrar con sus familias
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Ciudad de México.— Los diputados federales Fuensanta Guerrero Esquivel y Miguel Alonso Reyes, presentaron en la Cámara de Diputados un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Guardia Nacional y a los cuerpos de seguridad estatales y municipales para implementar operativos especiales en las carreteras del país durante la temporada decembrina.

A través de un Punto de Acuerdo, los legisladores argumentaron que el propósito es proteger a los paisanos que regresan a México para celebrar las fiestas con sus familias, muchos de ellos trayendo regalos, bienes y recursos económicos destinados a mejorar la calidad de vida de sus seres queridos.

“Es inaceptable que quienes vienen con la ilusión de reencontrarse con sus familias sean víctimas de robo, extorsión o violencia en las carreteras de nuestro país. Protegerlos no solo es una cuestión de seguridad, sino también de dignidad y respeto hacia quienes contribuyen al desarrollo de México”, subrayaron los representantes priistas por el estado de Zacatecas.

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Por ello, hicieron énfasis en la importancia de establecer módulos de atención en las principales rutas para que las y los connacionales puedan presentar quejas y denuncias ante cualquier incidente durante su recorrido. Indicaron que no se debe olvidar que se han incrementado los delitos y peligros al circular por esas vías de transporte público.

Destacaron que son mexicanos que traen dinero para invertir en el país o para mejorar las casas de sus familiares o de sus negocios en México, por ello insistieron que es inhumano que estén expuestos a las extorsiones o robos.

Con esta propuesta, los priistas buscan que se refuerce la seguridad, en un contexto donde para nadie es nuevo que han aumentado los riesgos de circular por las carreteras, especialmente en estados como Zacatecas, una de las principales rutas de tránsito para los paisanos que regresan a sus comunidades.

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México

Revelan red de corrupción en infonavit que estafa a derechohabientes

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Revelan red de corrupción en infonavit que estafa a derechohabientes
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Ciudad de México.— El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, reveló la operación de una red delictiva dentro del organismo, integrada por empleados, notarios públicos y constructoras, que ha defraudado a derechohabientes mediante la asignación de múltiples créditos sobre una misma vivienda.

En una revisión preliminar, realizada en 11 estados del país, se detectaron 12 mil créditos asignados a mil 400 viviendas, algunas de las cuales fueron vendidas hasta cuatro veces en un mismo año. Este esquema ha generado pérdidas superiores a mil 200 millones de pesos, representando hasta el 40% de los ahorros para vivienda de los trabajadores afectados.

Romero Oropeza señaló que, a pesar de estas irregularidades, ni la Comisión de Vigilancia ni el Comité de Auditoría han tomado medidas contra los responsables.

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Oropeza expuso otros casos graves de corrupción en el Infonavit, entre ellos el relacionado con la empresa Telra Realty. En 2014, esta firma fue contratada para desarrollar una plataforma de soluciones habitacionales con un presupuesto de 100 millones de pesos.

Al concluir el plazo de dos años sin que se cumpliera el contrato, en lugar de penalizar a la empresa, el consejo de administración del Instituto aprobó una indemnización de 5 mil millones de pesos en 2016.

Otro ejemplo señalado fue el programa Línea III, destinado a financiar proyectos habitacionales propuestos por las direcciones sectoriales de trabajadores y empresarios. Estos proyectos, según Romero Oropeza, carecían de estudios técnicos y financieros, siendo autorizados únicamente por recomendación de las partes interesadas.

Finalmente, el director general del Infonavit afirmó que continuará con las investigaciones para detener estas prácticas y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a los trabajadores.

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