Cuautitlán Izcalli.- Desde la primera línea de auxilio a los migrantes, repatriados y refugiados en territorio mexicano, los directores de centros de acogida de la Iglesia católica manifestaron su preocupación por la creciente tensión entre autoridades, criminales, migrantes y sociedad civil debido a ineficientes políticas públicas para atender el fenómeno migratorio. Pero también por la creciente xenofobia, racismo y discriminación entre la población, producto de una prolongada crisis humanitaria migratoria.

Al concluir el II Encuentro Nacional de Directores y Responsables de Albergues, Casas y Centros de Atención al Migrante, el obispo presidente de la Dimensión de Movilidad Humana del episcopado mexicano, José Guadalupe Torres Campos, lamentó que las circunstancias para los migrantes no han mejorado en el país:

“Queremos ser portavoz de nuestros hermanos que pretender ingresar al territorio nacional y son detenidos en la frontera sur mediante el muro humano de la Guardia Nacional, de aquellos que imploran un salvoconducto para continuar su camino y son ignorados, de aquellos que se ven hostigados o extorsionados por agentes de diferentes dependencias o por el crimen organizado”, afirmó el también obispo de la diócesis fronteriza de Ciudad Juárez.

Exhortó tanto a las autoridades civiles como a la sociedad en general a no mirar el fenómeno migratorio como un problema social “sino como una oportunidad de desarrollo y convivencia, que genera una nueva cultura de inclusión y participación”.

Para el sacerdote Pedro Pantoja Arreaga, icónico líder del albergue migratorio en Saltillo, la plena inserción de los migrantes en México es casi imposible pues las políticas migratorias revelaron una creciente criminalización: “Aterrorizaron [las autoridades] con políticas restrictivas, aterrorizaron a la sociedad. Para nosotros los defensores de derechos humanos de los migrantes, esta política fue un regalo, una oferta al crimen organizado porque tienen todas las oportunidades de instaurar rutas clandestinas y capacitar sicarios que se introduzcan en las caravanas y los guíen a desastres inhumanos como el secuestro, la desaparición o la masacre”.

El secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, Arturo Montelongo, coincide: “Se ha dado, desde el discurso de las políticas migratorias, la apertura, la facilidad del tránsito; pero cosa que no se ha establecido del todo, pues sí vemos algunas situaciones contrarias”.

Con las 130 casas de atención migratoria rebasadas en su operación y miles de migrantes más abandonados a su suerte en rutas clandestinas de tránsito, la iglesia católica considera que el gobierno expone a los migrantes a los diversos peligros del crimen organizado, principalmente en la frontera sur donde fue desplegada la Guardia Nacional: “Militarizar la frontera para nosotros significa exponer a los migrantes; en las zonas de ingreso los migrantes tienen un alto grado de vulnerabilidad, ya sea por los polleros o por el narcotráfico. Pero, lo más curioso, la Guardia Nacional no nació con el objetivo de detener migrantes, y ahora ellos están tomando estas acciones”, denuncia el sacerdote César Cañaveral, director del albergue Belén en la diócesis de Tapachula.

Cañaveral, en medio de uno de los focos más agudos del fenómeno, describe que en los puntos de control en Tapachula “nos encontramos retenes que parecen indicar que el migrante es un invasor. Está la Guardia Nacional, la Marina, la Policía Estatal, Federal y Municipal, y el Instituto Nacional de Migración. Y eso hace que los migrantes no sólo tengan miedo al pollero o narco, sino al propio gobierno”.

El sacerdote Conrado Zepeda, del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados, ahonda: “Con más cierre de fronteras y más control, se pone en riesgo más a la gente. La política migratoria gubernamental en papel habla de una política a favor de los derechos humanos pero su aplicación ha sido dudosa… hay tensión entre lo que se dice y se hace”.

Es por ello que, los católicos en los diferentes servicios de atención a migrantes insistieron en una política incluyente: “Se pueden recibir e integrar nuevos flujos y grupos dentro de nuestra sociedad. Como hizo Canadá que va a recibir tres millones de migrantes, que los van a incluir en su gobierno”, explica Zepeda Miramontes.

“El tema de inclusión es radical. Significa una inserción cultural, social, política y económica”, asegura Pantoja.

El obispo Torres Campos dice que en los encuentros con las autoridades federales, especialmente con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación, se han abordado estas inquietudes: “Hemos tocado con ellos el tema de derechos humanos; hay ese diálogo y esa apertura, lamentablemente queda sólo en el discurso. Pero seguiremos insistiendo y trabajando, y ser portavoz como Iglesia en la defensa de nuestros migrantes”.

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El tema es urgente, no sólo por la crisis humanitaria de los flujos atípicos de migrantes y caravanas, sino por las tensiones que las políticas migratorias generan entre la población: “Las tensiones han venido en aumento, creo que se ha perdido el sentido humanitario. Yo les podría llamar políticas inhumanas. Porque el migrante, las familias o los niños, deambulan por la ciudad, sin techo, sin comida y sin lugar dónde refugiarse. Hay tensión entre migrantes y policías. Y esas tensiones han creado xenofobia, racismo, discriminación. Hoy por hoy, la sociedad civil tiene un rechazo total a los migrantes”, indica César Cañaveral.

Y es que, a pesar de que los centros migratorios en México están rebasados en tres, cuatro y hasta cinco veces su capacidad, la población no favorece a apertura de nuevos espacios: “Ya no nos permiten poner más albergues de atención, justo por el rechazo al migrante”, lamenta el sacerdote.

En el primer semestre del 2019, México rompió dos récords en materia de política migratoria: detuvo a más de 123 mil migrantes, 69% más que el mismo periodo del año anterior; y repatrió a 94 mil indocumentados, 54% más que en el mismo periodo del 2018. La atención de regularización y solicitud de visas de tránsito no es mejor. El lunes 26 de agosto, la estación migratoria Siglo XXI con sede en Tapachula permaneció sitiada por migrantes originarios de Camerún, Congo, Mauritania, Nigeria y Gambia. La protesta fue pacífica pero para el martes comenzaron conatos de violencia y se denunció represión por parte de policías y militares contra los migrantes africanos.

ebv