México. — Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que el costo del Tren Interurbano México-Toluca aumentará 175 por ciento y solicitan investigar un presunto fraude fiscal o posible contrabando en la adquisición de 30 convoyes para recorrer la ruta, revelado por la disparidad de cifras en los costos de importación.
La obra ferroviaria iniciada en 2014 ascenderá a poco más de 59 mil 216 millones de pesos, de acuerdo con lo proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2018 y que se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, indican en un punto de acuerdo que será presentado en la sesión senatorial del próximo martes.
Los legisladores señalaron que el incremento es desmedido, toda vez que la inversión se estimó en 21 mil 504.9 millones de pesos y se preveía que este año comenzara operaciones, pero a principios de julio se anunció la modificación del trazo, para evitar la tala de tres mil 300 árboles del bosque El Ocotal, destacan.
Lo anterior, puntualizaron, pone en evidencia que en el proyecto original no fue considerado el impacto ambiental que tendría la obra, exponen la senadora Marcela Torres Peimbert y los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Ernesto Ruffo Appel.
De igual forma, resaltan la falta de transparencia en la adquisición de los trenes, al reportar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) distintos precios de los convoyes, ante la petición de solicitudes de información.
De acuerdo con los pedimentos de importación, el valor declarado en aduana es de poco más de 5 millones 772 mil pesos por convoy (una máquina y cinco vagones), que sumado al Impuesto al Valor Agregado (IVA) arroja un total 6 millones 695 mil 724 pesos, subrayan.
Sin embargo, refieren que la SCT reporta que cada tren costó 107 millones 921 mil 617 pesos y, adicionalmente, un directivo de CAF, la empresa armadora, reveló a la prensa que el precio es de 110 millones de dólares, es decir, 2 mil 90 millones de pesos.
“Estas tres cifras, tan distintas una de la otra y teniendo como base los antecedentes de corrupción de esta administración, permiten suponer que el costo de cada uno de los trenes es, al parecer, secreto de Estado, aún para el pago de impuestos”, indicaron.
Al declarar la importación de las unidades a un valor muy por debajo de su precio real se configura un posible delito de contrabando o una cuantiosa defraudación al fisco, advierten, lo cual debe ser aclarado por las autoridades hacendarias.
Los senadores panistas expresan que la SCT a cargo de Gerardo Ruiz Esparza habitualmente incrementa los costos de las obras, lo que significa más impuestos para los ciudadanos y la sospecha de que esos recursos podrían ser desviados para la campaña electoral presidencial de 2018.
También remarcan que CAF, cuyo crecimiento en México ha sido exponencial, en alianza con algunas constructoras participa en todas las etapas del proyecto, además de que “vale la pena mencionar que esta empresa también participó en la controvertida construcción de la línea 12 del metro de la Ciudad de México”.
En el punto de acuerdo los senadores solicitan al SAT verificar el costo real de los trenes y determinar si el pago de impuestos se hizo de acuerdo a lo que señala la Ley Aduanera y otras disposiciones legales aplicables.
En otro punto demandan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) un informe detallado de los incrementos en el presupuesto destinados a la obra y las razones por las que ha sufrido un aumento desmedido.
De igual modo, piden a la SCT que en un plazo no mayor a 30 días remita al Senado el costo total del proyecto y los montos ejercidos por capítulo, y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuar una investigación integral del proceso de ejecución del programa presupuestario.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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