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Esclavizados 82 jornaleros mexicanos en EU

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Seattle, Estados Unidos. —  El jornalero mexicano de 28 años, Ernesto Silva Ibarra, trabajaba hasta hace unas semanas en los campos agrícolas de la empresa Sarbanand Farms, en Sumas, estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá. Un día empezó a sentirse mal y lo reportó a sus patrones quienes hicieron caso omiso. Días después y hasta que la situación  fue grave lo llevaron a un hospital local donde estuvo en coma y posteriormente murió. Dejó en la orfandad a tres hijos en México y su esposa.

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El caso no habría trascendido a la opinión pública, ni se conocería la grave situación de virtual esclavitud en que sobreviven miles de jornaleros agrícolas mexicanos de no haber sido porque los compañeros de Ernesto empezaron a indagar sobre su muerte y a protestar por las deplorables condiciones de trabajo en dicha empresa y en otras que contratan por temporadas a trabajadores oriundos de México y Centroamérica.

Paradójicamente y frente al discurso patriotero de funcionarios federales mexicanos, gobernadores y legisladores federales en torno a la protección de migrantes ante la ola de xenofobia que ha emprendido el presidente Donald Trump, 82 jornaleros agrícolas fueron despedidos por exigir respeto a sus derechos laborales a la empresa Sarbanand Farms, filial del grupo Manger Farms.

El Consulado de México en Seattle los dejó a su suerte y están a punto de ser deportados. Los 82 jornaleros son oriundos de nueve estados. Los guanajuatenses forman uno de los grupos más numerosos, pero tampoco han recibido apoyo alguno de funcionarios de su estado, informó Maru Mora Villalpando, activista de Latino Advocacy y coordinadora de comunicaciones del sindicato Familias Unidas por la Justicia, agrupaciones que acompañan a los migrantes contratados en Estados Unidos bajo el programa H2-A.

Luego de la muerte de Ernesto Silva Ibarra y por la presión mediática que desató el caso, directivos de Sarbanand Farms accedieron a pagar los cuatro días de trabajo que adeudaban a los jornaleros y les permitieron recuperar las pertenencias que habían dejado al interior de la compañía.

En el contexto de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su reiterado discurso de que deportará a los migrantes mexicanos que se encuentren de manera ilegal, a finales de enero el presidente Enrique Peña Nieto anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que “refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales” y que “los 50 consulados de México (…) se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.

Los días 7 y 8 de abril, como integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios de Guanajuato, Durango, Sonora, Morelos, Oaxaca, Baja California y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México viajaron a Los Ángeles, California, donde dieron a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, acordaron crear la Casa México. Iniciativa en que “lo más importante es que cada casa (de atención a migrantes de los estados) podrá atender a mexicanos con un trato de eficacia, de atención ante una situación de emergencia”.

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Ahí, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, afirmó que “hoy más que nunca nos unimos todos en la defensa de los migrantes (…) El gobierno del estado está en donde están los guanajuatenses, ustedes nunca estarán solos (…) Hoy Estados Unidos es grande gracias a los migrantes, hay que poner en alto el nombre de nuestro país y de los mexicanos y hacer valer todo lo que hemos dado a este país”.

Sin embargo, ahora que los jornaleros despedidos de Sarbanand Farms viven una emergencia, llamaron por teléfono al consulado mexicano en Seattle en busca de ayuda, algunos funcionarios acudieron al predio donde instalaron un campamento para no quedar totalmente a la intemperie, pero sólo recabaron algo de información y se fueron.

“Vimos en una noticia que el consulado provee representación legal a los migrantes, pero no es el caso. Sólo vinieron, tomaron datos de los pasaportes o visas, pero no han brindado ninguna asesoría. La organización Comunidad a Comunidad, que dirige Rosalinda Guillén, (el despacho) Columbia Legal Services y Familias Unidas por la Justicia (FUJ), son los que apoyan a los trabajadores”, explicó Maru Mora.

Sarbanand Farms despidió a los jornaleros por protestar por los malos tratos, la comida en mal estado y declararse en paro luego de que Ernesto Silva Ibarra, originario de Nayarit, fue obligado a regresar al trabajo pese a haber informado a la empresa que se sentía enfermo, lo que finalmente agravó su salud.

Relata Maru Mora que, incluso, Ernesto Silva intentó regresar a México por su propia cuenta. Pero en el aeropuerto lo regresaron por no tener sus papeles en regla, tal y como se encuentran muchos de sus compañeros que primero llegaron a California y posteriormente fueron trasladados a Washington para trabajar en Sarbanand Farms, pese a que sus visas se habían vencido.

Ya sin empleo, cuando los jornaleros se enteraron que Ernesto Silva había fallecido y que se encontraban en el limbo, sin papeles y sin dinero, decidieron unirse al sindicato Familias Unidas por la Justicia.

¿Qué sigue?, se le pregunta a Maru Mora en entrevista telefónica. Responde que la lucha contra la filial de Manger Farms, continuará porque lo que pretende la empresa es dar por concluida toda relación con los trabajadores.

“Nosotros trabajamos con ellos por decisión y liderazgo de los propios trabajadores. Querían recuperar sus salarios, sus visas y que la compañía se haga responsable de la muerte de Ernesto. La manera en que los trató la compañía debe ser llevada a juicio en un futuro, por las malas condiciones laborales y por las contrataciones sin visa.

“Lo que decimos es que el programa H2-A es esclavismo legalizado. Queremos derogarlo porque no es para beneficio de los trabajadores sino para las compañías. Debe haber otro programa donde los trabajadores escojan el lugar donde quieren emplearse y que no sean dependientes de condiciones vulnerables”.

La activista sostiene que este caso es histórico, toda vez que lo ocurrido con estos 82 jornaleros no es único. Hay otros casos igual, pero los trabajadores no han respondido de la misma manera por miedo. “Ahora ellos están despedidos, sin visa, con un estatus migratorio fuera de regularidad y la compañía da todo por terminado, pero nosotros no. Presionamos para que las agencias (gubernamentales) del trabajo y de empleo realicen verdaderas investigaciones. La empresa ya había sido revisada recientemente y no hubo resultados, de hecho, después de esa investigación se da esta situación.

“Buscamos que en el estado de Washington no se anuncien las inspecciones, queremos que el propio gobernador (Jay Inlsee) intervenga y que se vean las verdaderas condiciones laborales por las que falleció Ernesto. Para nosotros nada de esto se ha acabado. Aunque los trabajadores agrícolas regresen a México, nosotros seguiremos luchando para que haya cambios laborales”.

Los jornaleros agrícolas de Guanajuato que fueron despedidos por Sarbanand Farms y que se unieron al sindicato Familias Unidas por la Justicia son: Luis Ángel García Servín, Luis Manuel Zavala Mendoza, Jesús Alberto Rodríguez, José Tena García, Ezequiel Jacobo Raya, Aurelio Tena Velázquez, Salvador Medrano Mendoza, José Ezequiel Jacobo Rodríguez, Jesús Tapia Ramírez, Luis Alberto Jacobo Ramírez y Guadalupe Tapia Ramírez.

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“Aún hay tiempo”, llamado del INAI al Senado para evitar desaparición

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“Aún hay tiempo”, llamado del INAI al Senado para evitar desaparición
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Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.

De esta forma se extinguen siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Ante ello el Pleno del INAI lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece este Instituto autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.

Dijo que el acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos.

“La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, refirió.

En ese sentido, alertó que sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI.

“Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos”, refirió.

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Señaló que esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.

El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.

Finalmente, manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, “aún hay tiempo”.

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Violencia en instituciones educativas: ¿qué tan seguras son dentro y fuera?

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Violencia en instituciones educativas: ¿qué tan seguras son dentro y fuera?
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Ciudad de México.— En el marco del mes de la eliminación de la violencia por razón de género y para cerrar su estudio más reciente sobre Violencia por razón de género en Instituciones de Educación Superior (DIVIGE), Unión Mujer identificó alarmantes datos relacionados con la violencia y los retos que enfrentan estudiantes, docentes y autoridades para erradicar este grave problema.

Los resultados del estudio fueron presentados durante el Panel “Violencia por Razón de Género: perspectivas para su análisis, prevención y erradicación” ante estudiantes, docentes y administrativos de Instituciones de Educación Superior del país.

Con 6,883 encuestados a nivel nacional se encontró que la percepción de seguridad dentro y fuera de las instalaciones muestra una dualidad que subraya la necesidad de fortalecer, tanto las medidas internas, como externas para un entorno seguro para las comunidades educativas, pues mientras el 85% de los encuestados se siente seguro dentro de las instalaciones de su Instituciones de Educación Superior (IES), fuera de ellas el panorama cambia significativamente, ya que un 38.7% expresó sentirse inseguro.

En cuanto a la prevalencia y tipos de violencia, casi la mitad de los encuestados (49.4%) afirmó haber presenciado algún tipo de violencia dentro de la IES. Los tipos más reportados incluyen:

Violencia verbal: burlas (38.2%), lenguaje insultante (34.8%) y chistes sexuales incómodos (30.4%).
Psicológica o emocional: exclusión de actividades (23.5%) y humillaciones (21.3%).
Violencia social: rechazo generalizado (33%) y avergonzar en público (19.2%).
Violencia física: Aunque menos común, se reportaron acercamientos no consentidos (9%) y golpes o jaloneos (8.7%).

Para la Coordinadora del Estudio, la Dra. Leticia España, el que 3 de cada 10 de las personas encuestadas haya confirmado haber sufrido violencia, exige fundamental consolidar acciones efectivas que humanicen los procesos de prevención, atención, sanción y reparación del daño y se incluya la opinión de los alumnos, de tal manera que las IES cuenten con ambientes equitativos y respetuosos.

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“A pesar de la existencia de protocolos y diversas acciones implementadas por las instituciones, los jóvenes no se sienten conectados con ellas. Esto podría mejorarse mediante una comunicación más clara y efectiva entre las estrategias de las IES y los estudiantes, garantizando que el mensaje llegue de manera adecuada. De esta forma, al preguntarles sobre los protocolos a seguir en casos de violencia, los estudiantes estarían más informados y conscientes de su existencia”, afirmó la Dra. España.

Por otro lado, el estudio (DIVIGE) también evidenció que la violencia en las IES está relacionada con dinámicas de poder, pues son los alumnos quienes están más vulnerables, y destaca la importancia de actuar en varios frentes:

Fomentar la prevención de tal manera que se dote a alumnos y docentes de las herramientas necesarias para identificar situaciones de violencia.
Fortalecer los procesos de la atención y acompañamiento a los casos reportados.
Garantizar que los protocolos institucionales sean claros, accesibles y efectivos.
Trabajar desde un enfoque humano para evitar la revictimización y proporcionar la atención necesaria o canalizar con redes de apoyo a víctimas y familiares de las víctimas.
Mantener un proceso de seguimiento continuo con las personas que son víctimas de violencia.

“Desde Unión Mujer, realizamos este llamado buscando inspirar una reflexión profunda y acciones concretas para construir espacios seguros, inclusivos y respetuosos en nuestras Instituciones de Educación Superior. El compromiso de toda la comunidad es esencial para erradicar la violencia y garantizar un entorno de aprendizaje pleno para todos”, la fundadora y directora general de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia.

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Edomex

“Están preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”, colectivo de mujeres acusa a legisladores del Edomex

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“Están preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”, colectivo de mujeres acusa a legisladores del Edomex
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Toluca.— La comisión de equidad de género del Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, una propuesta de iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad, con el fin de que este documento sea puesto a consideración del pleno legislativo el lunes 25 de noviembre y ahí se vote por “urgente”.

Ante ello, el Colectivo Mujeres de México lamentó las decisiones de los diputados del Estado de México que se enfocan en iniciativas como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, en lugar de atender problemáticas urgentes que afectan a las mujeres mexiquenses, como la inseguridad y la falta de oportunidades laborales.

Condenaron que los legisladores “estén más preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”.

Refirió que de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2024, el Estado de México reportó más de 200 asesinatos de mujeres, colocándose en el primer lugar nacional en este rubro. En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, la entidad sumó 216 casos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.

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Salud materna

Asimismo, refirió que según un estudio de Melisa Institute, el Estado de México está entre los siete estados con más muertes maternas, con una tasa de 48.9 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos vivos. Factores como la insuficiencia de atención obstétrica de emergencia y la falta de acceso a servicios profesionales durante el parto han perpetuado esta problemática, con la hemorragia como segunda causa principal de muerte materna durante la última década.

Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 reveló que el 32.5% de las mujeres mexiquenses han enfrentado maltrato en la atención obstétrica, evidenciando una deficiencia sistemática en el trato y cuidado médico.

Pobreza y carencias estructurales

El Colectivo subrayó que las mujeres en situación de pobreza enfrentan serias barreras para acceder a servicios de salud básicos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cinco de los quince municipios con mayor pobreza a nivel nacional pertenecen al Estado de México. Esta situación limita la capacidad de las mujeres para recibir atención adecuada, incluso en casos de complicaciones médicas derivadas de procedimientos como el aborto.

Aborto no es prioridad

El Colectivo argumentó que legalizar el aborto hasta las 12 semanas no aborda las verdaderas prioridades de las mujeres en el Estado de México y desvía la atención de las políticas públicas necesarias para resolver problemáticas estructurales. “Las mujeres requieren seguridad, educación, empleo digno y servicios de salud materna. El aborto no soluciona estas carencias, sino que añade riesgos para la salud y la vida de las mujeres”, afirmaron.

El grupo hizo un llamado a los legisladores para que prioricen las necesidades reales de las mujeres mexiquenses y advierten que el aborto, legal o ilegal, siempre tiene consecuencias físicas y psicológicas.

Concluyeron que “el aborto nunca es, ni será seguro, porque siempre se elimina la vida de un ser indefenso o de una mujer asustada que no sabía qué hacer. Además de que las mujeres tienen consecuencias médicas y psicológicas”.

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México

El “confuso” presupuesto a la UNAM e IPN, ¿se incrementa o se reduce?

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Presupuesto UNAM 2025
Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México.- En recientes días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el proyecto de egresos de 2025, en el que consideró una reducción del presupuesto entre el 2% y el 14% a todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales, entre ellas la UNAM y el IPN.

La propuesta de recorte presupuestal a instituciones de renombre desató una serie de reacciones en cadena y confusiones, pues en el paquete económico se establecía una reducción de 5 mil millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México y alrededor de 2 mil 190 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional.

En el transcurso de la semana, han ido saliendo a la luz diversas versiones en el ámbito político, que hasta ahora generan más dudas con relación al presupuesto al sistema educativo en México: ¿se incrementa o se reduce?

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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que había un error en el proyecto de egresos y aclaró que el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideraba un incremento en 11 mil 869 millones de pesos, destinado a becas y otros subsidios y destacó que la UNAM y el IPN también tendrán un incremento presupuestario, algo que no sucedería con el resto de las instituciones educativas de gran relevancia.

Un vistazo al recorte presupuestal en cada institución

De acuerdo con información de la revista Proceso, así sería el “tijerazo” para las siguientes instituciones:

  • Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): mil 300 millones de pesos, 14% del presupuesto que recibió en 2024.
  • Tecnológico Nacional de México: mil 681 millones de pesos, 7% del presupuesto que recibió en 2024.
  • Universidad Pedagógica Nacional: 88 millones de pesos, 8% del presupuesto que se le otorgó en 2024.
  • Universidad Abierta y a Distancia de México: 30 millones de pesos, 10% menos de su presupuesto en 2024.
  • Colegio de Bachilleres: 110 millones de pesos, es decir, 5% menos que en 2024.
  • Colegio de México: 46 millones de pesos, 6% menos que su presupuesto en 2024.
  • Centro de Enseñanza Técnica Industrial: 40 millones de pesos, equivalente a un 10% menos que su presupuesto en 2024.
  • Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro: 107 millones de pesos, es decir, 9% menos que en 2024.

Así defiende Sheinbaum a Universidades del Bienestar

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 a la SEP se le asignaron 450 mil 887 millones 888 mil 417 pesos, es decir, 5.90% más que en 2024.

Del total del paquete económico asignado a las instituciones educativas, resaltó que las Universidades del Bienestar serían de las más beneficiadas, con un aumento en el presupuesto, por lo que el ex rector de la UNAM, José Narro Robles las calificó de “fraude educativo”.

Pese a los dichos de Narro Robles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de las Universidades del Bienestar, argumentando que la educación superior debe ser accesible para todos y en respuesta al ex rector de la UNAM dijo que “es muy ignorante el que diga que es fraude”.

“Estos son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las Universidades Benito Juárez son universidades consolidadas, que tienen un sistema educativo distinto y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”, destacó Sheinbaum Pardo.

Sistema educativo ¿al “quirófano”?

Tras darse a conocer el paquete económico 2025 en la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre y que contempla un recorte presupuestal a la educación en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que le harán una “cirugía” al presupuesto, para revertir esta situación.

“Estamos viendo eso para reasignar. Por eso creo que va a ser una cirugía mayor. Es una misma cobija, hablando en términos campiranos si le jalas de un lado descobijas otro, pero es un mismo presupuesto, y estamos haciendo un uso de creatividad, de tal suerte que en estos principales rubros que son -repito- educación, universidades, salud, campo mexicano, cultura, infraestructura carretera y Fuerzas Armadas, no reciban menos de lo que el año pasado recibieron”, detalló Monreal.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro aclaró que se logró aclarar a tiempo el “error” sobre una reducción del 10% a la UNAM y al IPN, entre otras universidades, por lo que se evitó una crisis con estudiantes y docentes del país.

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