Seattle, Estados Unidos. — El jornalero mexicano de 28 años, Ernesto Silva Ibarra, trabajaba hasta hace unas semanas en los campos agrícolas de la empresa Sarbanand Farms, en Sumas, estado de Washington, cerca de la frontera con Canadá. Un día empezó a sentirse mal y lo reportó a sus patrones quienes hicieron caso omiso. Días después y hasta que la situación fue grave lo llevaron a un hospital local donde estuvo en coma y posteriormente murió. Dejó en la orfandad a tres hijos en México y su esposa.
El caso no habría trascendido a la opinión pública, ni se conocería la grave situación de virtual esclavitud en que sobreviven miles de jornaleros agrícolas mexicanos de no haber sido porque los compañeros de Ernesto empezaron a indagar sobre su muerte y a protestar por las deplorables condiciones de trabajo en dicha empresa y en otras que contratan por temporadas a trabajadores oriundos de México y Centroamérica.
Paradójicamente y frente al discurso patriotero de funcionarios federales mexicanos, gobernadores y legisladores federales en torno a la protección de migrantes ante la ola de xenofobia que ha emprendido el presidente Donald Trump, 82 jornaleros agrícolas fueron despedidos por exigir respeto a sus derechos laborales a la empresa Sarbanand Farms, filial del grupo Manger Farms.
El Consulado de México en Seattle los dejó a su suerte y están a punto de ser deportados. Los 82 jornaleros son oriundos de nueve estados. Los guanajuatenses forman uno de los grupos más numerosos, pero tampoco han recibido apoyo alguno de funcionarios de su estado, informó Maru Mora Villalpando, activista de Latino Advocacy y coordinadora de comunicaciones del sindicato Familias Unidas por la Justicia, agrupaciones que acompañan a los migrantes contratados en Estados Unidos bajo el programa H2-A.
Luego de la muerte de Ernesto Silva Ibarra y por la presión mediática que desató el caso, directivos de Sarbanand Farms accedieron a pagar los cuatro días de trabajo que adeudaban a los jornaleros y les permitieron recuperar las pertenencias que habían dejado al interior de la compañía.
En el contexto de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su reiterado discurso de que deportará a los migrantes mexicanos que se encuentren de manera ilegal, a finales de enero el presidente Enrique Peña Nieto anunció que dio instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que “refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales” y que “los 50 consulados de México (…) se convertirán en auténticas defensorías de los derechos de los migrantes”.
Los días 7 y 8 de abril, como integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), los mandatarios de Guanajuato, Durango, Sonora, Morelos, Oaxaca, Baja California y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México viajaron a Los Ángeles, California, donde dieron a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, acordaron crear la Casa México. Iniciativa en que “lo más importante es que cada casa (de atención a migrantes de los estados) podrá atender a mexicanos con un trato de eficacia, de atención ante una situación de emergencia”.
Ahí, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, afirmó que “hoy más que nunca nos unimos todos en la defensa de los migrantes (…) El gobierno del estado está en donde están los guanajuatenses, ustedes nunca estarán solos (…) Hoy Estados Unidos es grande gracias a los migrantes, hay que poner en alto el nombre de nuestro país y de los mexicanos y hacer valer todo lo que hemos dado a este país”.
Sin embargo, ahora que los jornaleros despedidos de Sarbanand Farms viven una emergencia, llamaron por teléfono al consulado mexicano en Seattle en busca de ayuda, algunos funcionarios acudieron al predio donde instalaron un campamento para no quedar totalmente a la intemperie, pero sólo recabaron algo de información y se fueron.
“Vimos en una noticia que el consulado provee representación legal a los migrantes, pero no es el caso. Sólo vinieron, tomaron datos de los pasaportes o visas, pero no han brindado ninguna asesoría. La organización Comunidad a Comunidad, que dirige Rosalinda Guillén, (el despacho) Columbia Legal Services y Familias Unidas por la Justicia (FUJ), son los que apoyan a los trabajadores”, explicó Maru Mora.
Sarbanand Farms despidió a los jornaleros por protestar por los malos tratos, la comida en mal estado y declararse en paro luego de que Ernesto Silva Ibarra, originario de Nayarit, fue obligado a regresar al trabajo pese a haber informado a la empresa que se sentía enfermo, lo que finalmente agravó su salud.
Relata Maru Mora que, incluso, Ernesto Silva intentó regresar a México por su propia cuenta. Pero en el aeropuerto lo regresaron por no tener sus papeles en regla, tal y como se encuentran muchos de sus compañeros que primero llegaron a California y posteriormente fueron trasladados a Washington para trabajar en Sarbanand Farms, pese a que sus visas se habían vencido.
Ya sin empleo, cuando los jornaleros se enteraron que Ernesto Silva había fallecido y que se encontraban en el limbo, sin papeles y sin dinero, decidieron unirse al sindicato Familias Unidas por la Justicia.
¿Qué sigue?, se le pregunta a Maru Mora en entrevista telefónica. Responde que la lucha contra la filial de Manger Farms, continuará porque lo que pretende la empresa es dar por concluida toda relación con los trabajadores.
“Nosotros trabajamos con ellos por decisión y liderazgo de los propios trabajadores. Querían recuperar sus salarios, sus visas y que la compañía se haga responsable de la muerte de Ernesto. La manera en que los trató la compañía debe ser llevada a juicio en un futuro, por las malas condiciones laborales y por las contrataciones sin visa.
“Lo que decimos es que el programa H2-A es esclavismo legalizado. Queremos derogarlo porque no es para beneficio de los trabajadores sino para las compañías. Debe haber otro programa donde los trabajadores escojan el lugar donde quieren emplearse y que no sean dependientes de condiciones vulnerables”.
La activista sostiene que este caso es histórico, toda vez que lo ocurrido con estos 82 jornaleros no es único. Hay otros casos igual, pero los trabajadores no han respondido de la misma manera por miedo. “Ahora ellos están despedidos, sin visa, con un estatus migratorio fuera de regularidad y la compañía da todo por terminado, pero nosotros no. Presionamos para que las agencias (gubernamentales) del trabajo y de empleo realicen verdaderas investigaciones. La empresa ya había sido revisada recientemente y no hubo resultados, de hecho, después de esa investigación se da esta situación.
“Buscamos que en el estado de Washington no se anuncien las inspecciones, queremos que el propio gobernador (Jay Inlsee) intervenga y que se vean las verdaderas condiciones laborales por las que falleció Ernesto. Para nosotros nada de esto se ha acabado. Aunque los trabajadores agrícolas regresen a México, nosotros seguiremos luchando para que haya cambios laborales”.
Los jornaleros agrícolas de Guanajuato que fueron despedidos por Sarbanand Farms y que se unieron al sindicato Familias Unidas por la Justicia son: Luis Ángel García Servín, Luis Manuel Zavala Mendoza, Jesús Alberto Rodríguez, José Tena García, Ezequiel Jacobo Raya, Aurelio Tena Velázquez, Salvador Medrano Mendoza, José Ezequiel Jacobo Rodríguez, Jesús Tapia Ramírez, Luis Alberto Jacobo Ramírez y Guadalupe Tapia Ramírez.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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