Ciudad de México.— Tras las acusaciones en redes sociales del colectivo feminista Adax Digitales, respecto a que la Fiscalía de Querétaro pretende encarcelar a una menor de edad que presuntamente fue víctima de abuso sexual y un aborto, el Fiscal General de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, aclaró que la institución no judicializa casos de aborto.

Hernández detalló que el caso involucra el fallecimiento de un bebé de más de ocho meses de gestación, cuya muerte fue clasificada como homicidio por estrangulamiento, lo cual motivó la intervención de la Fiscalía.

“Es importante aclarar que en la Fiscalía General del Estado no judicializamos asuntos que involucren un tema de aborto. Aquellas conductas que pudiesen encuadrar en la hipótesis de aborto no están siendo judicializadas en Querétaro, justamente para respetar los derechos de las mujeres y sobre todo su derecho al libre desarrollo de la personalidad y su sexualidad”, explicó Hernández.

En entrevista el fiscal dijo que la fiscalía no está en un proceso de aborto. “Lo que nosotros tenemos técnica y científicamente sustentado es que hubo un nacimiento, un bebé del sexo masculino nacido, respiró, Nosotros adoptamos el procedimiento técnico y científico correspondiente para poder acreditar esta situación, y lo que sabemos es que la causa de la muerte fue la asfixia ocasionada por un estrangulamiento”.

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En ese sentido, detalló que los dictámenes periciales realizados por especialistas de la Fiscalía confirmaron que el bebé nació con vida y respiró, y la causa de la muerte fue el estrangulamiento.

“Es importante generar una aclaración: tuvo una gestación de más de 36 semanas y un peso de 3 kilos 300 gramos. Estos datos son relevantes”, enfatizó.

Víctor Antonio de Jesús Hernández puntualizó que las instituciones de salud informaron el fallecimiento de una persona recién nacida. “Entonces, a partir de esa situación, nosotros tenemos oficiosamente que iniciar las investigaciones, poder constatar cuál es el origen de la muerte, es decir, conocer las causas específicas por las cuales hay un fallecimiento”.

Respecto a las especulaciones de abuso sexual en contra de la madre, una menor de 14 años, el Fiscal aseguró que no existe evidencia que lo acredite. “La defensa no ha hecho ningún planteamiento de violación. En ninguna etapa o audiencia se ha señalado ese tema, y no existe denuncia de la responsable al respecto”, aclaró.

La Fiscalía indicó que, al iniciar la investigación, se abrió una carpeta por presunto abuso sexual, pero no se obtuvieron pruebas suficientes para sostener esta acusación. “Desde enero de 2024 se resolvió que no había elementos para acreditar la violación y se notificó a la representación legal de la menor. No hubo ninguna inconformidad”, puntualizó Hernández.

En este caso, el proceso que se sigue es bajo el sistema de justicia integral para adolescentes, dada la edad de la implicada. Hernández señaló que se cumplen todos los protocolos necesarios, incluyendo la perspectiva de género y la atención especializada para menores.

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ebv

Ciudad de México.- La situación de violencia e inseguridad en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciada por las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Las percepciones de inseguridad en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez reflejan un desasosiego profundo entre la población.

Con un 91.9 % de los habitantes de Tapachula sintiendo que su entorno es peligroso, la crisis de seguridad se vuelve innegable y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el estado.

La violencia no es un fenómeno nuevo en Chiapas.

Como señaló la doctora Carla Beatriz Zamora Lomelí en una entrevista para la radiodifusora IMER, la región ha sido históricamente afectada por diversas formas de violencia, incluidas las secuelas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.

Sin embargo, el actual incremento en los niveles de criminalidad se relaciona directamente con la incursión de cárteles de la droga, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que luchan por el control territorial y el tráfico de migrantes.

Este cambio de dinámica ha puesto a la población civil en el centro de un conflicto que no pidieron ni buscaron.

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Impacto en migrantes y comunidades locales.

La violencia afecta de manera desproporcionada a los migrantes, quienes históricamente han utilizado Chiapas como ruta hacia el norte.

El contexto de inseguridad ha convertido el estado en un territorio donde extorsiones, secuestros y agresiones son prácticas comunes, haciendo que la travesía sea aún más peligrosa.

La falta de protección para estos grupos vulnerables es alarmante, ya que se enfrentan a la hostilidad de grupos criminales que no solo atacan a los migrantes, sino que también amenazan a la comunidad local.

El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un líder comunitario que brindaba apoyo a los más necesitados, subraya la fragilidad de la situación.

Su muerte no solo afecta a quienes buscaban guía espiritual, sino que también representa un ataque directo a los esfuerzos humanitarios en una región ya golpeada por la violencia.

Esto resalta la intersección entre la inseguridad y la labor de quienes intentan ayudar en medio del caos.

La necesidad de acciones efectivas.

La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno estatal para abordar esta crisis es un punto crítico. A pesar de la inversión de recursos destinados a la recomposición del tejido social, los resultados son escasos y la corrupción se cierne como un obstáculo constante.

Este panorama se complica aún más por la percepción de impunidad que reina en el estado, lo que desanima a la población a confiar en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.

Chiapas necesita una estrategia integral que no solo aborde la violencia desde una perspectiva de fuerza, sino que también reconozca las raíces sociales y económicas del problema. La implementación de políticas que fortalezcan las comunidades y protejan a los migrantes es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en su entorno.

La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.

Con una población local que se siente cada vez más amenazada y un número creciente de migrantes en peligro, la situación exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

Sin un compromiso real y sostenible, Chiapas corre el riesgo de convertirse en un polvorín de violencia que no solo afectará a sus habitantes, sino que también tendrá repercusiones en toda la región.

ARH

Guadalajara.— El Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara, aseguró que el matrimonio y la familia son espacios fundamentales para preservar los valores humanos y proteger el don sagrado de la vida.

A través de sus redes sociales, Robles Ortega subrayó que los problemas que afectan a estos pilares de la sociedad se deben a la cerrazón de los corazones humanos, que rechazan aceptar el proyecto de Dios en torno a la familia y el matrimonio.

El Cardenal insistió en que la libertad malentendida ha sido utilizada como justificación para alejarse de los principios divinos.

Robles Ortega, explicó que muchas personas argumentan que tienen el derecho de hacer lo que deseen, sin considerar las consecuencias que sus decisiones pueden tener en la humanidad. En este sentido, el prelado lamentó que este concepto de libertad esté propiciando un ambiente de desorden en las estructuras familiares.

En referencia a la reciente aprobación de la despenalización del aborto en Jalisco, que se ha convertido en la undécima entidad del país en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Robles Ortega expresó su rechazo a esta medida.

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Despenalización del aborto en Jalisco

El Cardenal Robles Ortega enfatizó que los políticos que impulsan leyes que atentan contra la vida no lo hacen en nombre de una mayor libertad o derechos, sino que actúan desde la dureza de su corazón.

“Cuando gobernantes y legisladores proponen leyes que van contra el valor más sagrado, que es la vida, alentando la muerte de seres inocentes e indefensos, no crean que lo están haciendo como una conquista de libertades”, afirmó.

El prelado católico también advirtió que los responsables de aprobar leyes como la despenalización del aborto deberán rendir cuentas ante Dios. “Un día estarán frente a Él y tendrán que explicar por qué decidieron aprobar una ley destinada a destruir vidas inocentes”, expresó.

Asimismo refirió que gobernantes y legisladores quieren atenuar el aborto al señalar que en las primeras 12 semanas no pasa nada con el nuevo ser, que es posible eliminar el feto, como si ellos no hubieran pasado por esta etapa de gestación en el seno de su madre.

“Cultura de la muerte”

En su mensaje, el Arzobispo de Guadalajara alertó sobre lo que describió como una “cultura de la muerte”, un fenómeno que, en su opinión, está creciendo y manifestándose en diversas formas de violencia. El Cardenal lamentó que la sociedad se sorprenda por los altos índices de asesinatos, desapariciones y actos de extrema violencia, cuando, según él, estas problemáticas están estrechamente vinculadas a la falta de respeto por la vida desde su concepción.

Por ello, para Robles Ortega, la función de los gobernantes debería ser la de proteger la vida, no eliminarla.

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ebv

Ciudad de México.- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha manifestado su consternación ante los recientes actos de violencia extrema que sacudieron a Chilpancingo, Guerrero.

En un comunicado el organismo lamentó profundamente el asesinato del secretario de Gobierno, Francisco Gonzalo Tapia, y la decapitación del alcalde Alejandro Arcos.

Dos hechos que, según el Episcopado, subrayan la gravedad de la crisis de seguridad que enfrenta el país. .

“Son hechos que nos consternan profundamente y revelan una situación alarmante en nuestro país”, expresó la CEM.

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En su mensaje, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomaran medidas inmediatas y efectivas con el fin de restaurar el Estado de derecho en las zonas afectadas por la creciente violencia.

El Episcopado instó a las autoridades a recurrir a la Agenda Nacional de Paz.

Además de implementar procesos de pacificación, subrayando la necesidad de abordar la problemática de manera integral en todas las regiones afectadas.

En su declaración, la Iglesia también hizo un llamado a los distintos sectores de la sociedad civil para un esfuerzo colectivo a favor de la paz.

Así como el respeto a la vida y la construcción de una sociedad más justa y fraterna.

Asimismo, la CEM expresó sus más profundas condolencias a las familias de las víctimas y ofreció sus oraciones por el pueblo de Chilpancingo y todo México.

Mismo que subrayó su compromiso espiritual en este momento de dolor e incertidumbre.

Presidenta Sheinbaum se pronuncia en este hecho.

Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en torno al asesinato del alcalde Alejandro Arcos, indicando que se está evaluando si la Fiscalía General de la República (FGR) asumirá la investigación del caso.

“Se están haciendo las investigaciones necesarias para saber cuál fue el móvil y, por supuesto, hacer las detenciones correspondientes”, añadió Sheinbaum en conferencia de prensa.

Con el aumento de la violencia en Guerrero, este llamado de la Iglesia subraya la necesidad urgente de acciones coordinadas entre autoridades, sociedad civil y sectores religiosos.

ARH