México
Los migrantes y el sismo en la ciudad de México
Nohemí llegó a la Ciudad de México siendo niña proveniente de una comunidad mazahua del estado de México junto con sus padres. Al igual cientos de miles de indígenas en la capital tuvo que luchar contra la discriminación, el idioma, la falta de empleos, acceso a vivienda digna y oportunidades para estudiar.
Con mucho esfuerzo se convirtió hace unos meses en la primera profesionista de una familia de artesanos textiles. Terminó su carrera en Finanzas y realizó su servicio social en el despacho de contadores IPS. Sus familiares cuentan que estaba muy feliz, entusiasmada porque la habían citado en esa empresa para acudir el 19 de septiembre a las 13:00 para firmar su primer contrato laboral.
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Ella decía que con este empleo ayudaría a sus padres y sobre todo a sus dos hermanos menores a salir adelante, a estudiar como ella lo había logrado. A las 13:14 horas de ese día el sueño se desvaneció.
El edificio de Álvaro Obregón 286, en la Colonia Roma Norte, sede del despacho IPS no soportó el sismo del 19 de septiembre y terminó con la vida casi medio centenar de personas junto con la de Nohemí Manuel García, originaria de San José de la Laguna, municipio de Donato Guerra, cuyo cuerpo fue rescatado 10 días después del colapso.
Por 10 días familiares de Nohemí esperaron pacientes un milagro. Nunca ocurrió. El saldo final en Álvaro Obregón 286 fue de 28 personas con vida y 49 fallecidas. 19 eran mujeres y 30 hombres. La joven mazahua que emigró a la Ciudad de México con la esperanza de una vida mejor fue una de las 228 personas, por lo menos oficialmente, que fallecieron más que por los 7.1 grados Richter, por la corrupción y permisibilidad del Gobierno de la Ciudad de México en la construcción de edificios en zonas de riesgo y sin las normas de seguridad adecuadas.
Este caso es emblemático, pero la tragedia pudo haber cobrado más vidas de migrantes, ya que cientos de miles de indígenas mazahuas, triquis y de otras etnias viven en viejos edificios, vecindades o terrenos en las colonias Roma, Guerrero y en el Centro Histórico, entre otras zonas, que fueron dañados o están a punto de colapsarse, por lo cual están viviendo a la intemperie sin ningún tipo de apoyo por parte de autoridades delegacionales o de la Ciudad de México.
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta 2010, se tenía registro de 336 mil 546 mazahuas; de estos, 161 mil 59 eran hombres, 175 mil 487 mujeres, 34 mil 174 niños de 0 a 4 años y 37 mil 512 niños de 5 a 9 años.
Prácticamente todos los estados del país tienen población mazahua, sin embargo, son el Estado de México y Distrito Federal las entidades que más tienen con 283 mil y 22 mil, respectivamente.
Paradójicamente los mazahuas que emigran a la Ciudad de México se dedicaban en sus comunidades a la agricultura y tuvieron que dejar esa actividad porque la presas del sistema Cutzamala, que abastece 25 por ciento del agua potable al Valle de México, les ha impedido acceder al vital líquido para sobrevivir en el campo y seguir sembrando frijol, maíz, calabaza y hortalizas.
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El 84 por ciento de la población mazahua se encuentra en el Estado de México, principalmente en municipios como Atlacomulco, lugar de origen de la mayoría de la clase que gobierna el país actualmente y de San Felipe del Progreso.
El portal de noticias “Plumas Libres” expuso en una nota que grupos de otomíes y mazahuas habitan “baldíos delimitados por bardas o edificios, dentro de los cuales los indígenas viven en casas de lámina y de cartón. Y son precisamente esas bardas las que sufrieron afectaciones con el último sismo, por lo que de caerse aplastarían a las casitas improvisadas”.
El campamento más grande se encuentra en el número 18 de la calle Roma, esquina con Medellín, a unas cuantas cuadras de Paseo de la Reforma. En ese sitio, aparentemente fueron menores las fracturas en las bardas laterales, pero los habitantes están a la espera de que Protección Civil les confirme la gravedad de las fisuras para poder regresar, señaló Clara Domínguez, líder de la asociación civil Unidad por el Derechos Indígena y Campesino.
En la calle, las dos carpas blancas que fueron levantadas por otomíes y mazahuas no alcanzan para el resguardo de las 50 familias y decenas de niños que corren y juegan sin entender qué los mantiene en esa situación. Ante el arribo inminente de la lluvia, los más jóvenes colocaron una lona azul para dormir por segunda noche en la calle.
Las mujeres esperan dentro de las carpas, donde colocaron colchones y cobijas, y en medio de las dos casas de plástico se encuentra la pila de víveres que han recibido de vecinos y asociaciones civiles.
De acuerdo con Clara Domínguez, los afectados de “la Roma” no han podido trabajar, porque la mayoría se dedica a la venta de artesanías en el Zócalo, Bellas Artes y la Zona Rosa. También venden dulces en las plazas populares, pero la ciudad todavía es un caos.
Cabe destacar que la falta de empleos en amplias zonas del estado de México y otras entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero ha obligado por décadas a cientos de miles de indígenas a emigrar a la capital del país.
De acuerdo a la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la capital habitan ocho millones 918 mil 653 personas, de las cuales el 8.8 por ciento se auto adscriben como indígenas, es decir, cerca de 785 mil. De ellos se calcula que 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5 por ciento de la población.
En la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales; las de mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30 por ciento del total; el mixteco con el 12.3 por ciento; otomí 10.6 por ciento; mazateco 8.6 por ciento; zapoteco 8.2 por ciento y mazahua con 6.4 por ciento.
La mayor parte de los hablantes de alguna lengua indígena en la ciudad se concentran en la delegación Iztapalapa, con 30 mil 266 personas; seguida por la Gustavo A. Madero, con 14 mil 977.
México
La calle como sala de parto: atención policial en emergencias obstétricas
Ciudad de México.— El inicio de una nueva vida ocurrió fuera de los hospitales en distintos puntos de la Ciudad de México durante 2025, donde la intervención inmediata de policías capitalinos permitió la atención de mujeres en labor de parto en contextos de emergencia.

Atención a partos en espacios no hospitalarios
Durante el 2025, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) auxilió a 36 mujeres en labor de parto, de las cuales 27 recibieron atención directa para el nacimiento de sus bebés. Las acciones se realizaron en domicilios particulares, vehículos, la vía pública y en instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, donde los oficiales actuaron conforme a los protocolos de emergencia para proteger a las madres y a los recién nacidos.
Participación de corporaciones de la SSC
Las atenciones se distribuyeron entre distintas áreas operativas. Elementos de los sectores de la SSC participaron en 12 auxilios. Personal de la Policía Bancaria e Industrial intervino en nueve casos, mientras que efectivos de la Policía Auxiliar realizaron 11 acciones relacionadas con partos y apoyo a mujeres en trabajo de parto.
Apoyo vial y traslados médicos
La Subsecretaría de Control de Tránsito participó en cuatro apoyos, tanto en la atención directa en la vía pública como en el traslado de mujeres a centros de salud. Estas intervenciones permitieron el acceso oportuno a servicios médicos en situaciones de emergencia obstétrica.
Intervención de servicios de urgencias
En tres casos se contó con la participación de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). Estas intervenciones se registraron en situaciones que implicaban mayor riesgo para la madre y el bebé, lo que permitió una atención médica especializada en coordinación con los elementos policiales.
Atenciones en la vía pública
En la alcaldía Cuauhtémoc se registraron acciones en espacios abiertos, donde personal de la Policía Auxiliar brindó apoyo a mujeres en labor de parto hasta la llegada de servicios médicos, con el objetivo de preservar la integridad de las madres y de los recién nacidos.
Distribución de apoyos por alcaldía
La alcaldía Cuauhtémoc concentró el mayor número de atenciones, con nueve casos. Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo registraron cinco apoyos cada una. En Iztapalapa y Gustavo A. Madero se auxiliaron a cuatro mujeres en cada demarcación. Venustiano Carranza reportó tres intervenciones. En Azcapotzalco, Cuajimalpa, Benito Juárez, La Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco se registró un apoyo en cada alcaldía.
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Broma al 911 puede quitar tiempo a quien lucha por vivir y queda en espera
Ciudad de México.- El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, alertó sobre el aumento de llamadas de broma durante el Día de los Inocentes.
El funcionario explicó que estas acciones afectaron la atención de emergencias reales y pusieron en tensión a los servicios de auxilio.
Guerrero Chiprés informó que las llamadas de broma y las falsas activaciones de botones de auxilio aumentaron entre 10 y 15 por ciento ese día.

Señaló que los principales responsables fueron menores de edad, aunque también participaron personas adultas que usaron los servicios como “travesura”.
Durante diciembre, el C5 recibió dos mil 486 llamadas de broma. Además, registró 480 llamadas con insultos y 663 relacionadas con acoso sexual.
El titular del C5 explicó que cada activación de un botón de auxilio movilizó una patrulla y activó monitoreo por cámaras. Esa respuesta inmediata dejó de atender otras urgencias reales.
La ciudad cuenta con más de 17 mil botones de auxilio instalados en espacios públicos. Cada uno se diseñó para salvar tiempo en situaciones críticas.
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Guerrero Chiprés recordó que hacer llamadas de broma al 911 o accionar botones de auxilio sin motivo constituyó un delito. El Código Penal local estableció sanciones de hasta dos años de prisión.

Sin embargo, datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia capitalina mostraron que, de 2017 a 2024, no se abrió ninguna carpeta de investigación por este delito.
El funcionario subrayó que el problema no fue legal, sino cultural. Llamar en falso normalizó el uso irresponsable de un sistema vital.
En promedio, cuatro mil unidades se movilizaron cada día en la ciudad para atender emergencias médicas, de seguridad y protección civil.

Cuando una unidad acudió a una falsa alarma, otra persona esperó más tiempo ayuda real. Esa diferencia pudo costar una vida.
Menos llamadas falsas, más conciencia ciudadana
Guerrero Chiprés informó que en octubre de 2024, al inicio de la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entre siete y ocho llamadas no fueron emergencias reales.
Ese porcentaje disminuyó en los meses siguientes. En diciembre de 2024, el C5 contabilizó 288 mil 547 llamadas. Hasta el 22 de diciembre, registró 153 mil 278, una reducción de 47 por ciento.
El funcionario atribuyó esta baja a mayor conciencia ciudadana y a una disminución indirecta de accidentes y violencias.
Recordó que, catorce meses atrás, 75 por ciento de las activaciones de botones de auxilio fueron travesuras. Las cámaras mostraron a personas que sólo pasaron y oprimieron el botón.
Identificó principalmente a hombres de entre 35 y 55 años, sobre todo entre miércoles por la noche y la madrugada del sábado.

En el caso del 911, explicó que alrededor de 67 por ciento de las llamadas no reportaron emergencias reales. Muchas fueron bromas o historias inventadas.
Educar para cuidar vidas
Guerrero Chiprés llamó a madres, padres y cuidadores a enseñar desde casa que el 911 no fue un número para jugar.
Pidió a la ciudadanía usar los servicios de emergencia con responsabilidad, especialmente en fechas simbólicas como el Día de los Inocentes.
Respetar una línea de emergencia significó respetar la vida de alguien desconocido. En esa llamada correcta, la ciudad ganó tiempo, humanidad y cuidado colectivo.
ARH
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“Silencio no es consentimiento”: esto dice la reforma al delito de abuso sexual
Ciudad de México.— El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el próximo periodo ordinario de sesiones se buscará discutir la minuta que reforma el Código Penal Federal en materia de abuso sexual.
Recordar que el 9 de diciembre de 2025 el Senado de la República remitió a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, en materia de abuso sexual.
“El objeto de la iniciativa es reformar en su totalidad el artículo 260 para que el concepto de abuso sexual cuente con una descripción más amplia, clara y acorde a los estándares internacionales, pues incorpora la ausencia del consentimiento como un elemento clave de este tipo penal, además de enfatizar que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no implicarán el consentimiento”, explicó Monreal Ávila.
Agravantes al abuso sexual
Además destacó que, como la modificación al artículo 260 prevé definir la sanción del abuso sexual y los casos en que ésta pueda aumentarse, por tanto, la iniciativa contempla modificar el artículo 266 Bis, mismo que actualmente especifica las agravantes para el abuso sexual y la violación.
Es decir, no se eliminan las particularidades que agravan el delito de abuso sexual, sino que dichos elementos se amplían y clarifican en la reforma al artículo 266 Bis. En específico, se pretende señalar que el abuso sexual puede suceder tanto en el ámbito público como en el privado, subrayó.
Intimidación, engaño, amenazas
De esta forma, el concepto se precisa para entenderlo como un delito que conlleva cualquier acto de naturaleza sexual, su observación o ejecución sobre una tercera persona o sobre el sujeto activo, sin el consentimiento de la víctima y sin que el propósito sea llegar a la cópula. Además de que el forzamiento de la exhibición del cuerpo de la víctima también configurará este delito.
“Con claridad se señala que el consentimiento no podrá presumirse si la voluntad de la persona fue anulada o viciada por la violencia, la intimidación, el engaño, las amenazas, el abuso de confianza o autoridad o situaciones de vulnerabilidad para las víctimas. Tampoco el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física podrán interpretarse como consentimiento para el acto sexual”, afirmó.
El diputado resaltó que la nueva conceptualización amplía la esfera de protección para las víctimas al considerar un acto sexual: “tocamientos, caricias, representaciones sexuales explícitas, etcétera”. Asimismo, destaca que la referencia a su ocurrencia en el ámbito privado conlleva que las víctimas no tengan una carga probatoria adicional.
Prisión y sanción económica
Especificó que la propuesta actualiza la pena de prisión para quedar de tres a siete años, la sanción económica y se adiciona la obligación de que los culpables acudan a talleres de no violencia contra las mujeres o la prestación de servicio social en favor del Estado. Además de llevar a cabo la reparación del daño en el marco de la Ley General de Víctimas.
Hizo énfasis en que la condena por abuso sexual se agravaría si su ejercicio conlleva violencia física, psicológica o moral; ocurre en un lugar despoblado; si el agresor y la víctima tienen o tuvieron un vínculo no sólo de parentesco por consanguinidad o afinidad, sino también por una relación de confianza, sentimental, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa. Además de que el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.
Por otra parte, abundó, también se considera que la iniciativa permite al Estado cumplir su responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, más aún en contextos de abuso de poder o vulnerabilidad para las víctimas.
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Médicos residentes sostienen atención hospitalaria ¿Cuánto ganan en México?
Ciudad de México.— La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Liliana Ortiz Pérez señaló que la Ley General de Salud reconoce la residencia Médica como modalidad de formación, pero no obliga a las instituciones públicas a garantizar apoyo económico durante dicha etapa; mientras que en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aunque establece principios de apoyo al posgrado, no incluye explícitamente la residencia médica como un campo prioritario o protegido.
Recordó que el artículo 4o. de la Constitución Política reconoce el derecho a la salud y educación, así como la existencia de un sistema nacional de becas; sin embargo, ninguna ley secundaria contempla específicamente a los médicos residentes como sujetos obligatorios de becas.
@acaentrenews Los médicos residentes en #méxico ganan entre $8,000 y $15,000 pesos al mes, pero enfrentan jornadas de 80 horas semanales.😱 ¿Por qué no reciben el salario y los beneficios que merecen? Hablemos de esto #AcaEntreNews con @Laisha Wilkins ♬ sonido original – Acá Entre News
Justicia y dignidad a médicos residentes
Por ello, la panista consideró importante determinar de manera explícita y vinculante el derecho de los médicos residentes a recibir un estímulo que garantice su inclusión como beneficiarios en las leyes que rigen la salud pública y la ciencia y tecnología, dando un paso hacia la justicia, dignidad y profesionalización del personal médico en formación.
Más de 40 mil médicos
La panista estimó que más de 40 mil médicos residentes se forman anualmente en México en áreas como medicina interna, pediatría, anestesiología, cirugía, ginecología, urgencias, entre muchas otras, a través del régimen de residencia médica.
Además, cursan estudios de especialización médica en instituciones de educación superior, principalmente públicas, al tiempo que realizan prácticas clínicas obligatorias en condiciones demandantes y de alta responsabilidad.
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Horarios extenuantes
En ese sentido, la panista aclaró que la residencia médica no es un curso teórico ni un seminario académico, sino una modalidad intensiva de formación que implica una relación práctica, presencial y continua con los pacientes en hospitales públicos, donde los residentes participan en urgencias, quirófanos, visitas médicas, guardias prolongadas, en horarios de 24 o 36 horas continuas, así como en tareas administrativas, enseñanza clínica y protocolos de investigación.
De acuerdo con el tabulador de sueldos para personal base del IMSS 2024 (vigente hasta octubre del 2025) un “médico residente en periodo de adiestramiento” podría obtener entre sueldo mensual y beca los 6 mil 70 pesos hasta los 7 mil 736 pesos de acuerdo al tipo de residente (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8).

Iniciativa para recibir pagos no menores al salario mínimo
Ante ello, la diputada Ortiz Pérez propuso adicionar un párrafo al artículo 95 de la Ley General de Salud para establecer que toda persona que se encuentre en internado de pregrado o en residencia de especialización deberá recibir un pago mensual, durante el periodo de formación profesional, por parte del establecimiento de salud al que haya sido asignada.
Dicho pago no podrá ser inferior al salario mínimo mensual vigente, y su retribución deberá ser regular, suficiente y proporcional al tiempo de residencia y a la carga horaria del programa formativo.
La propuesta, enviada a la Comisión de Salud, resalta que con la reforma se busca subsanar un vacío normativo estructural que ha colocado a decenas de miles de médicos residentes en condiciones de precariedad e incertidumbre, a pesar de que su labor es indispensable para el funcionamiento cotidiano de hospitales y clínicas.
@dr.jorge.cardenas.m Cuánto dinero gana un médico? 🇲🇽 #drjorgecardenas #médico #deteccióntemprana #medicina #cirugíaoncológica ♬ sonido original – Dr. Jorge Cárdenas Mariaud
Evitar la deserción
Finalmente, la diputada Ortiz Pérez puntualizó que su iniciativa permitirá brindar certeza jurídica, regularidad y suficiencia a los apoyos que reciban los médicos residentes, evitar la deserción por motivos económicos, dignificar la formación médica especializada y fomentar la equidad territorial e intergeneracional en el acceso a especialidades.
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