México
Los migrantes y el sismo en la ciudad de México
Nohemí llegó a la Ciudad de México siendo niña proveniente de una comunidad mazahua del estado de México junto con sus padres. Al igual cientos de miles de indígenas en la capital tuvo que luchar contra la discriminación, el idioma, la falta de empleos, acceso a vivienda digna y oportunidades para estudiar.
Con mucho esfuerzo se convirtió hace unos meses en la primera profesionista de una familia de artesanos textiles. Terminó su carrera en Finanzas y realizó su servicio social en el despacho de contadores IPS. Sus familiares cuentan que estaba muy feliz, entusiasmada porque la habían citado en esa empresa para acudir el 19 de septiembre a las 13:00 para firmar su primer contrato laboral.
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Ella decía que con este empleo ayudaría a sus padres y sobre todo a sus dos hermanos menores a salir adelante, a estudiar como ella lo había logrado. A las 13:14 horas de ese día el sueño se desvaneció.
El edificio de Álvaro Obregón 286, en la Colonia Roma Norte, sede del despacho IPS no soportó el sismo del 19 de septiembre y terminó con la vida casi medio centenar de personas junto con la de Nohemí Manuel García, originaria de San José de la Laguna, municipio de Donato Guerra, cuyo cuerpo fue rescatado 10 días después del colapso.
Por 10 días familiares de Nohemí esperaron pacientes un milagro. Nunca ocurrió. El saldo final en Álvaro Obregón 286 fue de 28 personas con vida y 49 fallecidas. 19 eran mujeres y 30 hombres. La joven mazahua que emigró a la Ciudad de México con la esperanza de una vida mejor fue una de las 228 personas, por lo menos oficialmente, que fallecieron más que por los 7.1 grados Richter, por la corrupción y permisibilidad del Gobierno de la Ciudad de México en la construcción de edificios en zonas de riesgo y sin las normas de seguridad adecuadas.
Este caso es emblemático, pero la tragedia pudo haber cobrado más vidas de migrantes, ya que cientos de miles de indígenas mazahuas, triquis y de otras etnias viven en viejos edificios, vecindades o terrenos en las colonias Roma, Guerrero y en el Centro Histórico, entre otras zonas, que fueron dañados o están a punto de colapsarse, por lo cual están viviendo a la intemperie sin ningún tipo de apoyo por parte de autoridades delegacionales o de la Ciudad de México.
De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hasta 2010, se tenía registro de 336 mil 546 mazahuas; de estos, 161 mil 59 eran hombres, 175 mil 487 mujeres, 34 mil 174 niños de 0 a 4 años y 37 mil 512 niños de 5 a 9 años.
Prácticamente todos los estados del país tienen población mazahua, sin embargo, son el Estado de México y Distrito Federal las entidades que más tienen con 283 mil y 22 mil, respectivamente.
Paradójicamente los mazahuas que emigran a la Ciudad de México se dedicaban en sus comunidades a la agricultura y tuvieron que dejar esa actividad porque la presas del sistema Cutzamala, que abastece 25 por ciento del agua potable al Valle de México, les ha impedido acceder al vital líquido para sobrevivir en el campo y seguir sembrando frijol, maíz, calabaza y hortalizas.
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El 84 por ciento de la población mazahua se encuentra en el Estado de México, principalmente en municipios como Atlacomulco, lugar de origen de la mayoría de la clase que gobierna el país actualmente y de San Felipe del Progreso.
El portal de noticias “Plumas Libres” expuso en una nota que grupos de otomíes y mazahuas habitan “baldíos delimitados por bardas o edificios, dentro de los cuales los indígenas viven en casas de lámina y de cartón. Y son precisamente esas bardas las que sufrieron afectaciones con el último sismo, por lo que de caerse aplastarían a las casitas improvisadas”.
El campamento más grande se encuentra en el número 18 de la calle Roma, esquina con Medellín, a unas cuantas cuadras de Paseo de la Reforma. En ese sitio, aparentemente fueron menores las fracturas en las bardas laterales, pero los habitantes están a la espera de que Protección Civil les confirme la gravedad de las fisuras para poder regresar, señaló Clara Domínguez, líder de la asociación civil Unidad por el Derechos Indígena y Campesino.
En la calle, las dos carpas blancas que fueron levantadas por otomíes y mazahuas no alcanzan para el resguardo de las 50 familias y decenas de niños que corren y juegan sin entender qué los mantiene en esa situación. Ante el arribo inminente de la lluvia, los más jóvenes colocaron una lona azul para dormir por segunda noche en la calle.
Las mujeres esperan dentro de las carpas, donde colocaron colchones y cobijas, y en medio de las dos casas de plástico se encuentra la pila de víveres que han recibido de vecinos y asociaciones civiles.
De acuerdo con Clara Domínguez, los afectados de “la Roma” no han podido trabajar, porque la mayoría se dedica a la venta de artesanías en el Zócalo, Bellas Artes y la Zona Rosa. También venden dulces en las plazas populares, pero la ciudad todavía es un caos.
Cabe destacar que la falta de empleos en amplias zonas del estado de México y otras entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero ha obligado por décadas a cientos de miles de indígenas a emigrar a la capital del país.
De acuerdo a la encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la capital habitan ocho millones 918 mil 653 personas, de las cuales el 8.8 por ciento se auto adscriben como indígenas, es decir, cerca de 785 mil. De ellos se calcula que 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 1.5 por ciento de la población.
En la Ciudad de México se hablan 55 de las 68 lenguas indígenas nacionales; las de mayor presencia son el náhuatl, cuyos hablantes representan casi el 30 por ciento del total; el mixteco con el 12.3 por ciento; otomí 10.6 por ciento; mazateco 8.6 por ciento; zapoteco 8.2 por ciento y mazahua con 6.4 por ciento.
La mayor parte de los hablantes de alguna lengua indígena en la ciudad se concentran en la delegación Iztapalapa, con 30 mil 266 personas; seguida por la Gustavo A. Madero, con 14 mil 977.
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México
“Aún hay tiempo”, llamado del INAI al Senado para evitar desaparición
Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con modificaciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de simplificación orgánica.
De esta forma se extinguen siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Ante ello el Pleno del INAI lamentó la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto de reforma constitucional que desaparece este Instituto autónomo y reasigna sus funciones a una dependencia del Poder Ejecutivo y a otras instancias del Estado.
Dijo que el acceso a la información y la protección de datos personales son conquistas sociales ganadas a pulso por generaciones de mexicanas y mexicanos.
“La reforma aprobada en la Cámara de Diputados implica una regresión para la garantía de estos derechos humanos y los controles democráticos”, refirió.
En ese sentido, alertó que sin una institución separada del poder político, autónoma y técnica, se limita el ejercicio pleno de los derechos que tutela el INAI.
“Con esta reforma, el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte en materia de transparencia y se genera incertidumbre sobre la protección de la información personal de todas y todos”, refirió.
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Señaló que esta reforma también extingue al Sistema Nacional de Transparencia, indispensable para homologar a nivel nacional el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
El acceso a la información y la protección de datos personales son piedras angulares de la vida social y democrática de México, por lo que el Pleno del INAI hizo un llamado a los legisladores del Senado a reconsiderar el proyecto y evitar un retroceso en la garantía de estos derechos humanos.
Finalmente, manifestó su disposición para seguir trabajando en el mejor diseño institucional posible para garantizar la progresividad de los mismos, “aún hay tiempo”.
ebv
México
Violencia en instituciones educativas: ¿qué tan seguras son dentro y fuera?
Ciudad de México.— En el marco del mes de la eliminación de la violencia por razón de género y para cerrar su estudio más reciente sobre Violencia por razón de género en Instituciones de Educación Superior (DIVIGE), Unión Mujer identificó alarmantes datos relacionados con la violencia y los retos que enfrentan estudiantes, docentes y autoridades para erradicar este grave problema.
Los resultados del estudio fueron presentados durante el Panel “Violencia por Razón de Género: perspectivas para su análisis, prevención y erradicación” ante estudiantes, docentes y administrativos de Instituciones de Educación Superior del país.
Con 6,883 encuestados a nivel nacional se encontró que la percepción de seguridad dentro y fuera de las instalaciones muestra una dualidad que subraya la necesidad de fortalecer, tanto las medidas internas, como externas para un entorno seguro para las comunidades educativas, pues mientras el 85% de los encuestados se siente seguro dentro de las instalaciones de su Instituciones de Educación Superior (IES), fuera de ellas el panorama cambia significativamente, ya que un 38.7% expresó sentirse inseguro.
En cuanto a la prevalencia y tipos de violencia, casi la mitad de los encuestados (49.4%) afirmó haber presenciado algún tipo de violencia dentro de la IES. Los tipos más reportados incluyen:
Violencia verbal: burlas (38.2%), lenguaje insultante (34.8%) y chistes sexuales incómodos (30.4%).
Psicológica o emocional: exclusión de actividades (23.5%) y humillaciones (21.3%).
Violencia social: rechazo generalizado (33%) y avergonzar en público (19.2%).
Violencia física: Aunque menos común, se reportaron acercamientos no consentidos (9%) y golpes o jaloneos (8.7%).
Para la Coordinadora del Estudio, la Dra. Leticia España, el que 3 de cada 10 de las personas encuestadas haya confirmado haber sufrido violencia, exige fundamental consolidar acciones efectivas que humanicen los procesos de prevención, atención, sanción y reparación del daño y se incluya la opinión de los alumnos, de tal manera que las IES cuenten con ambientes equitativos y respetuosos.
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“A pesar de la existencia de protocolos y diversas acciones implementadas por las instituciones, los jóvenes no se sienten conectados con ellas. Esto podría mejorarse mediante una comunicación más clara y efectiva entre las estrategias de las IES y los estudiantes, garantizando que el mensaje llegue de manera adecuada. De esta forma, al preguntarles sobre los protocolos a seguir en casos de violencia, los estudiantes estarían más informados y conscientes de su existencia”, afirmó la Dra. España.
Por otro lado, el estudio (DIVIGE) también evidenció que la violencia en las IES está relacionada con dinámicas de poder, pues son los alumnos quienes están más vulnerables, y destaca la importancia de actuar en varios frentes:
Fomentar la prevención de tal manera que se dote a alumnos y docentes de las herramientas necesarias para identificar situaciones de violencia.
Fortalecer los procesos de la atención y acompañamiento a los casos reportados.
Garantizar que los protocolos institucionales sean claros, accesibles y efectivos.
Trabajar desde un enfoque humano para evitar la revictimización y proporcionar la atención necesaria o canalizar con redes de apoyo a víctimas y familiares de las víctimas.
Mantener un proceso de seguimiento continuo con las personas que son víctimas de violencia.
“Desde Unión Mujer, realizamos este llamado buscando inspirar una reflexión profunda y acciones concretas para construir espacios seguros, inclusivos y respetuosos en nuestras Instituciones de Educación Superior. El compromiso de toda la comunidad es esencial para erradicar la violencia y garantizar un entorno de aprendizaje pleno para todos”, la fundadora y directora general de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia.
ebv
Edomex
“Están preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”, colectivo de mujeres acusa a legisladores del Edomex
Toluca.— La comisión de equidad de género del Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos, una propuesta de iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad, con el fin de que este documento sea puesto a consideración del pleno legislativo el lunes 25 de noviembre y ahí se vote por “urgente”.
Ante ello, el Colectivo Mujeres de México lamentó las decisiones de los diputados del Estado de México que se enfocan en iniciativas como la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, en lugar de atender problemáticas urgentes que afectan a las mujeres mexiquenses, como la inseguridad y la falta de oportunidades laborales.
Condenaron que los legisladores “estén más preocupados en asesinar bebés en el vientre de su madre”.
Refirió que de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a septiembre de 2024, el Estado de México reportó más de 200 asesinatos de mujeres, colocándose en el primer lugar nacional en este rubro. En cuanto a homicidios dolosos de mujeres, la entidad sumó 216 casos, ocupando el tercer lugar a nivel nacional.
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Salud materna
Asimismo, refirió que según un estudio de Melisa Institute, el Estado de México está entre los siete estados con más muertes maternas, con una tasa de 48.9 fallecimientos por cada 100 mil nacimientos vivos. Factores como la insuficiencia de atención obstétrica de emergencia y la falta de acceso a servicios profesionales durante el parto han perpetuado esta problemática, con la hemorragia como segunda causa principal de muerte materna durante la última década.
Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021 reveló que el 32.5% de las mujeres mexiquenses han enfrentado maltrato en la atención obstétrica, evidenciando una deficiencia sistemática en el trato y cuidado médico.
Pobreza y carencias estructurales
El Colectivo subrayó que las mujeres en situación de pobreza enfrentan serias barreras para acceder a servicios de salud básicos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), cinco de los quince municipios con mayor pobreza a nivel nacional pertenecen al Estado de México. Esta situación limita la capacidad de las mujeres para recibir atención adecuada, incluso en casos de complicaciones médicas derivadas de procedimientos como el aborto.
Aborto no es prioridad
El Colectivo argumentó que legalizar el aborto hasta las 12 semanas no aborda las verdaderas prioridades de las mujeres en el Estado de México y desvía la atención de las políticas públicas necesarias para resolver problemáticas estructurales. “Las mujeres requieren seguridad, educación, empleo digno y servicios de salud materna. El aborto no soluciona estas carencias, sino que añade riesgos para la salud y la vida de las mujeres”, afirmaron.
El grupo hizo un llamado a los legisladores para que prioricen las necesidades reales de las mujeres mexiquenses y advierten que el aborto, legal o ilegal, siempre tiene consecuencias físicas y psicológicas.
Concluyeron que “el aborto nunca es, ni será seguro, porque siempre se elimina la vida de un ser indefenso o de una mujer asustada que no sabía qué hacer. Además de que las mujeres tienen consecuencias médicas y psicológicas”.
ebv
México
El “confuso” presupuesto a la UNAM e IPN, ¿se incrementa o se reduce?
Ciudad de México.- En recientes días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó el proyecto de egresos de 2025, en el que consideró una reducción del presupuesto entre el 2% y el 14% a todas las instituciones de educación superior que reciben fondos federales, entre ellas la UNAM y el IPN.
La propuesta de recorte presupuestal a instituciones de renombre desató una serie de reacciones en cadena y confusiones, pues en el paquete económico se establecía una reducción de 5 mil millones de pesos para la Universidad Nacional Autónoma de México y alrededor de 2 mil 190 millones de pesos para el Instituto Politécnico Nacional.
En el transcurso de la semana, han ido saliendo a la luz diversas versiones en el ámbito político, que hasta ahora generan más dudas con relación al presupuesto al sistema educativo en México: ¿se incrementa o se reduce?
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A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que había un error en el proyecto de egresos y aclaró que el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) consideraba un incremento en 11 mil 869 millones de pesos, destinado a becas y otros subsidios y destacó que la UNAM y el IPN también tendrán un incremento presupuestario, algo que no sucedería con el resto de las instituciones educativas de gran relevancia.
Un vistazo al recorte presupuestal en cada institución
De acuerdo con información de la revista Proceso, así sería el “tijerazo” para las siguientes instituciones:
- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM): mil 300 millones de pesos, 14% del presupuesto que recibió en 2024.
- Tecnológico Nacional de México: mil 681 millones de pesos, 7% del presupuesto que recibió en 2024.
- Universidad Pedagógica Nacional: 88 millones de pesos, 8% del presupuesto que se le otorgó en 2024.
- Universidad Abierta y a Distancia de México: 30 millones de pesos, 10% menos de su presupuesto en 2024.
- Colegio de Bachilleres: 110 millones de pesos, es decir, 5% menos que en 2024.
- Colegio de México: 46 millones de pesos, 6% menos que su presupuesto en 2024.
- Centro de Enseñanza Técnica Industrial: 40 millones de pesos, equivalente a un 10% menos que su presupuesto en 2024.
- Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro: 107 millones de pesos, es decir, 9% menos que en 2024.
Así defiende Sheinbaum a Universidades del Bienestar
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para 2025 a la SEP se le asignaron 450 mil 887 millones 888 mil 417 pesos, es decir, 5.90% más que en 2024.
Del total del paquete económico asignado a las instituciones educativas, resaltó que las Universidades del Bienestar serían de las más beneficiadas, con un aumento en el presupuesto, por lo que el ex rector de la UNAM, José Narro Robles las calificó de “fraude educativo”.
Pese a los dichos de Narro Robles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió en defensa de las Universidades del Bienestar, argumentando que la educación superior debe ser accesible para todos y en respuesta al ex rector de la UNAM dijo que “es muy ignorante el que diga que es fraude”.
“Estos son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las Universidades Benito Juárez son universidades consolidadas, que tienen un sistema educativo distinto y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”, destacó Sheinbaum Pardo.
Sistema educativo ¿al “quirófano”?
Tras darse a conocer el paquete económico 2025 en la Cámara de Diputados el pasado 15 de noviembre y que contempla un recorte presupuestal a la educación en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, aseguró que le harán una “cirugía” al presupuesto, para revertir esta situación.
“Estamos viendo eso para reasignar. Por eso creo que va a ser una cirugía mayor. Es una misma cobija, hablando en términos campiranos si le jalas de un lado descobijas otro, pero es un mismo presupuesto, y estamos haciendo un uso de creatividad, de tal suerte que en estos principales rubros que son -repito- educación, universidades, salud, campo mexicano, cultura, infraestructura carretera y Fuerzas Armadas, no reciban menos de lo que el año pasado recibieron”, detalló Monreal.
El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro aclaró que se logró aclarar a tiempo el “error” sobre una reducción del 10% a la UNAM y al IPN, entre otras universidades, por lo que se evitó una crisis con estudiantes y docentes del país.
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