Ciudad de México.— La Procuraduría General de la República (PGR) deberá buscar y dar a conocer información de los casos de desaparición forzada en el país, ubicados en la categoría que indica la probable intervención de personas armadas y/o de la comisión de ilícitos, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La información deberá estar desglosada por fecha de desaparición, entidad federativa y municipio donde ocurrió, así como sexo y edad del desaparecido.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos destacó que la desaparición forzada es un problema sensible, de extrema gravedad y cada vez más frecuente, por lo que el proporcionar acceso a este tipo de información resulta de especial relevancia.
“De acuerdo con el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas, ha existido un incremento significativo de ese número de personas desaparecidas, adviértase que en el año 2006 se contabilizaron 87 casos y que, para 2016 aumentaron a un total de 3 mil 805 casos. Asimismo, de mil expedientes analizados, se encontró que 101 de ellos corresponden a casos en que los quejosos señalaron la participación de la delincuencia organizada en la desaparición de la víctima y 270 casos se relacionaron con la presunta participación de agentes del Estado”, expuso.
Kurczyn Villalobos indicó que, de acuerdo con el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el total de personas en esa situación ascendía entonces a 30 mil 499 casos, de los cuales, 29 mil 485 respondieron al fuero común y mil 14 al fuero federal.
“Según información de personas que continúan sin localizar, que proporciona la propia PGR, al 31 de diciembre de 2016, 10 entidades federativas concentran el 79.2 por ciento del total nacional de personas desaparecidas, respecto del fuero federal, y esas entidades son: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Baja California”, precisó la comisionada.
Recordó que el 16 de enero de este año, entró en vigor la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Misma que tiene dentro de sus objetivos, prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Esta Ley busca dar cumplimiento a las demandas legítimas de las familias, así como a las recomendaciones hechas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, del grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa y el Comité contra la Tortura de la propia ONU”, describió.
En su respuesta a la solicitud del particular, el sujeto obligado indicó que turnó la petición al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), que dijo no contar con los datos requeridos. Cuestión con la que se inconformó el particular mediante su recurso de revisión.
En alegatos, la PGR indicó que turnó la solicitud al CENAPI y a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), que administra el Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), reiterando su respuesta original, es decir, la inexistencia.
En el análisis normativo del caso, la ponencia de la comisionada Kurczyn determinó que el CENAPI, la Dirección General De Control De Averiguaciones Previas, la Dirección General De Control De Procesos Penales Federales, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la COPLADII, que dirige el SIIE, son las unidades administrativas competentes para conocer de la información.
Sin embargo, en su primera respuesta, el sujeto obligado indicó que solo turnó la solicitud al CENAPI.
Si bien, en alegatos, la PGR indicó que realizó una nueva búsqueda de lo requerido en el CENAPI y la COPLADII, fue omiso en turnar la solicitud a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas, a la Dirección General de Control de Procesos Penales Federales, y a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se apuntó.
Por lo tanto, se consideró que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustivo establecido en la Ley Federal de la materia al omitir turnar a todas las unidades competentes para conocer sobre la petición del particular, por lo que no se tiene certeza que haya realizado todas las gestiones necesarias para localizar la información.
La ponencia recordó que, en los mismos términos, el Pleno del INAI resolvió el recurso de revisión RRA 8104/17 en su sesión del 23 de enero de 2018.
Por lo anterior, a propuesta de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva de la información, en las unidades administrativas competentes, y entregarla al particular en los términos referidos.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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