Ciudad de México.— La educación en México mantiene brechas frente a otros países de América Latina en indicadores de aprendizaje, alfabetización, crecimiento económico e inversión pública, la organización Educación con Rumbo señaló que los comparativos internacionales más recientes colocan al país por debajo de Chile y Uruguay, con niveles cercanos a los de Brasil, situación que se refleja tanto en evaluaciones académicas como en variables económicas asociadas al desarrollo.

Resultados de aprendizaje en evaluaciones internacionales

En el marco del Día Mundial de la Educación, con base en los datos más recientes disponibles de la prueba PISA, México ocupa el lugar 51 entre 81 países evaluados. Brasil se ubica en la posición 59, mientras que Chile y Uruguay alcanzan los lugares 47 y 48 respectivamente. Los resultados muestran diferencias en el desempeño de los estudiantes en matemáticas, lectura y ciencias, áreas consideradas indicadores clave del nivel educativo en los comparativos internacionales.

Analfabetismo y variables económicas

El análisis incluye indicadores de alfabetización y desempeño económico. México registra una tasa de analfabetismo de 4.2%, la segunda más alta entre los países comparados, sólo por debajo de Brasil con 5.3%. Uruguay presenta una tasa de 1.1% y Chile de 4.1%.
En el ámbito económico, México reporta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4%, el menor del grupo analizado, así como un PIB per cápita de 14,034 dólares. En comparación, Chile alcanza 16,439 dólares y Uruguay 23,186 dólares, cifras que permiten observar la relación entre educación, productividad y nivel de ingreso.

Financiamiento público para la educación

De acuerdo con Educación con Rumbo, en materia de inversión, el presupuesto destinado a educación en México equivale al 4.1% del PIB, el porcentaje más bajo entre los países incluidos en el comparativo. Este monto, dijo, representa 14.24% del gasto público total, cifra que se ubica por encima únicamente de la registrada por Brasil.

El porcentaje asignado se mantiene en el límite inferior de las recomendaciones de la UNESCO, que sugieren destinar entre 4% y 6% del PIB al sector educativo, y se encuentra por debajo del 8% establecido en la Ley General de Educación como referencia para garantizar el derecho a la educación de calidad.

Condiciones estructurales del sistema educativo

El diagnóstico incorpora variables relacionadas con la estructura del sistema educativo. En educación primaria, México presenta una relación de 26.55 alumnos por docente. En contraste, Chile registra 17.79 y Uruguay 15.4.
A estos datos, explica Educación con Rumbo, se suman factores asociados a infraestructura escolar, profesionalización docente y procesos de transformación digital, elementos considerados en los análisis comparativos sobre calidad educativa.

Propuestas planteadas por Educación con Rumbo

Ante este escenario, Educación con Rumbo plantea la necesidad de una reconstrucción del sistema educativo nacional con participación de autoridades, docentes, familias y sociedad civil. Entre las propuestas se encuentran la revaloración del trabajo docente mediante reconocimiento institucional y condiciones adecuadas, la construcción de espacios de diálogo entre los distintos actores educativos y el desarrollo de redes de apoyo integrales para los estudiantes.

También se contempla el fortalecimiento de valores cívicos, la promoción de políticas de inclusión con exigencia académica, la colaboración entre los sectores público y privado, y el impulso a la cultura, la ciencia y la tecnología como componentes del desarrollo educativo.

Educación y desarrollo a largo plazo

La organización señaló que, sin una transformación educativa con indicadores de seguimiento y continuidad en el tiempo, México mantendrá limitaciones en crecimiento económico, movilidad social y cohesión democrática.

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ebv

Ciudad de México.- Vivir la ciudad hoy implica modificar rutinas, ajustar horarios y repensar espacios. Así lo refleja la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI.

Durante el cuarto trimestre de 2025, 63.8% de las personas mayores de 18 años considera inseguro vivir en su ciudad, un aumento significativo frente a diciembre de 2024.

El dato no solo mide percepción. Describe cómo millones de personas sienten, transitan y habitan el espacio urbano en México.

El INEGI presenta los resultados de la ENSU y muestra un incremento de 2.1 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad urbana a nivel nacional.

La percepción afecta más a las mujeres. El 69.4% considera inseguro vivir en su ciudad, frente al 57.1% de los hombres.

Las cifras revelan diferencias claras por territorio. Uruapan encabeza la lista con 88.7%, seguida de Culiacán, Ciudad Obregón, Ecatepec e Irapuato, todas por arriba del 87%.

En contraste, San Pedro Garza García registra el menor nivel, con 8.7%, seguido de Benito Juárez, Piedras Negras, Los Mochis y San Nicolás de los Garza.

El reporte también señala que 29 áreas urbanas presentan cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2024. En 23, la percepción de inseguridad aumenta.

¿Por qué importa lo que la gente siente?

La percepción de inseguridad incide directamente en la vida cotidiana. No es un dato abstracto, es una experiencia diaria que moldea decisiones personales y familiares.

En diciembre de 2025, 72.3% de la población se siente insegura en cajeros automáticos en vía pública. Las calles y el transporte público alcanzan 64.9%.

Incluso la carretera genera inquietud. El 58.9% manifiesta sentirse inseguro al transitar por ella.

Estos espacios conectan la vida urbana. Cuando generan temor, la ciudad se vuelve más pequeña, más limitada y menos compartida.

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La ENSU también muestra cómo las personas adaptan su comportamiento ante el entorno percibido como riesgoso.

El 42.5% deja de portar objetos de valor, como dinero o tarjetas. El 38% impide que menores salgan solos del hogar.

Además, 37.1% evita caminar de noche cerca de su vivienda y 23.9% reduce visitas a familiares o amistades.

Son decisiones cotidianas que no siempre se ven, pero que reflejan una búsqueda constante de protección y cuidado.

Los datos de la ENSU colocan a las personas en el centro del debate público. La percepción importa porque condiciona la convivencia, el uso del espacio y la confianza social.

Comprender estos resultados permite dar continuidad al análisis urbano y social, con énfasis en prevención, comunidad y bienestar.

La ciudad sigue viva. Entender cómo se siente quienes la habitan es un primer paso para pensarla mejor.

ARH

Ciudad de México.- En el marco del Día de la Libertad, que se conmemora este 23 de enero, una encuesta muestra una percepción crítica sobre el estado actual de la libertad en México, así como los principales retos que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental, indispensable para la vida en familia y la convivencia social.

Durante la presentación del estudio, Pablo Levy, director de Research Land, la casa encuestadora, explicó que uno de los principales objetivos fue profundizar en la comprensión del concepto de libertad.

“Porque muchas veces como que no entendemos el concepto de libertad. Pensamos que es lo contrario a ser esclavo. Y no. O sea, hay muchas formas de libertad y hay que ver qué tanto tenemos y qué tanto hemos perdido”.

Día de la Libertad en México: una percepción desfavorable frente a otros países

De acuerdo con los resultados, 37% de las personas considera que el nivel de libertad en México es menor en comparación con otros países, mientras que 31% lo percibe como similar. En contraste, 24% opina que es algo mayor y solo 8% cree que es mucho mayor, lo que implica que más del 60% de la población ubica a México en una posición igual o inferior frente al contexto internacional.

El estudio también evaluó la percepción sobre el papel del gobierno en la garantía de las libertades. En este rubro, la mitad de los encuestados considera que las libertades no se garantizan, 23% opina que se garantizan poco, 21% afirma que a veces sí y a veces no, y apenas 6% considera que se garantizan de forma permanente.

Violencia, desinformación y abuso de poder: las principales amenazas

Entre los factores que más amenazan la libertad de las personas, la violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar, según los encuestados, seguidas de la desinformación y manipulación de la información, los gobiernos autoritarios o el abuso de poder, así como la falta de participación ciudadana.

La encuesta también abordó el debate sobre la intervención del Estado en decisiones personales, como la posible prohibición del consumo de alternativas al tabaco. En este punto, 78% de las personas considera que está mal que el gobierno prohíba, aunque reconoce la necesidad de ciertas regulaciones o restricciones cuando existe afectación a terceros, lo que refleja una postura equilibrada entre libertad individual y responsabilidad social.

La libertad, una percepción que ha empeorado con los años

Al analizar la evolución del sentimiento de libertad en México, los resultados son contundentes: 60% de las personas considera que ha empeorado, 29% cree que no ha cambiado y 11% opina que ha mejorado.

En cuanto a las acciones prioritarias para proteger la libertad, la ciudadanía señala principalmente la necesidad de garantizar la seguridad sin restringir derechos, fortalecer la democracia y las instituciones, regular el uso de la tecnología y la vigilancia, y proteger la libertad de expresión y de prensa.

Sobre este punto, Pablo Levy fue enfático al señalar las carencias actuales:

“Quién debería priorizar el gobierno? O sea, cuáles serían las acciones prioritarias?… garantizar la seguridad sin restringir el derecho, fortalecer la democracia y tener instituciones fuertes, regular el uso de tecnología y proteger la libertad de expresión y de prensa… Reprobados”.

Finalmente, el director de Research Land llamó a la reflexión colectiva al advertir:

“Estamos perdiendo nuestras libertades en todos los aspectos, ahí están todos los aspectos y la estamos perdiendo. Y tenemos que estar conscientes de eso”.

En el Día de la Libertad, estos resultados invitan a fortalecer una cultura de respeto, participación y responsabilidad, donde la seguridad, la democracia y los derechos fundamentales sean pilares para el bienestar de las personas y las familias en México.

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Tlaxcala.— La discriminación laboral por embarazo persiste como un problema estructural que vulnera los derechos de las mujeres trabajadoras antes, durante y después de la maternidad, con efectos directos en su bienestar, en la salud física y mental y en el desarrollo de sus hijas e hijos durante la primera infancia.

De acuerdo con legisladoras esta práctica, limita el acceso, la permanencia, la promoción y las condiciones de trabajo; al tiempo que evidencia la urgencia de una reforma que garantice una protección integral del embarazo y la maternidad en los espacios laborales, con mecanismos efectivos que aseguren igualdad de oportunidades y entornos de trabajo libres de exclusión.

En ese sentido, la presidenta de la comisión de Bienestar y Desarrollo Social del Congreso Tlaxcala, Maribel León Cruz, presentó ante el pleno una iniciativa para erradicar la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE) como una forma de violencia contra las mujeres y en perjuicio de sus derechos humanos y sus hijas e hijos por nacer.

De acuerdo con la exposición de motivos, se reconoce que la Discriminación Laboral por Embarazo es un problema estructural que afecta exclusivamente a las mujeres, porque sustenta estereotipos y prejuicios asociados a la maternidad como conductas que son prohibidas y sancionables en materia de igualdad, no violencia y no discriminación.

La legisladora consideró indispensable fortalecer el tipo penal de discriminación para abarcar conductas que afecten el acceso, permanencia, promoción y condiciones de trabajo de las mujeres.

También la diputada León Cruz expuso que conforme a la evidencia está demostrada la magnitud y persistencia de la Discriminación Laboral por Embarazo en Tlaxcala, por lo que es urgente la adopción de reformas legislativas que respondan a esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos y género.

Mencionó que la Discriminación Laboral por Embarazo no solo vulnera los derechos laborales de las mujeres, sino que pone en riesgo su salud física y mental, así como el bienestar y desarrollo de sus hijas e hijos, lo que obliga a la generación de políticas públicas orientadas al respeto y protección de los derechos laborales de las mujeres embarazadas.

León Cruz agregó que conductas como el hostigamiento laboral, la negación de ascenso, la disminución de salarios, la aplicación de cambios de horarios sin el consentimiento de las trabajadoras, la negación de permisos para ir al baño o sentarse, o asignando labores físicamente difíciles son parte de la Discriminación Laboral por Embarazo.

Finalmente, la diputada independiente agradeció el acompañamiento de legisladoras y organizaciones en pro de la mujer embarazada y la primera infancia como Early Institute, la organización Mujeres en Consenso y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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