Ciudad de México.— El reporte de percepción de seguridad del INEGI revela una realidad compleja en las áreas urbanas de México, donde la inseguridad sigue siendo una preocupación constante.

Aunque existen avances en algunas regiones, el miedo a ser víctima de un delito continúa marcando el día a día de millones de mexicanos.

La dignidad y el bienestar de los ciudadanos dependen de la implementación de políticas públicas efectivas y la recuperación de espacios públicos seguros y de la reconstrucción del tejido social, aspectos fundamentales para un futuro más seguro y próspero.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los resultados la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al tercer trimestre de 2024.

Estos datos, que revelan la percepción de inseguridad en diversas zonas urbanas de México, reflejan tanto las preocupaciones de la población como los retos pendientes en materia de seguridad pública. Aunque los porcentajes muestran una ligera mejoría respecto al mismo periodo de 2023, la sensación general de inseguridad sigue afectando de manera significativa la vida de millones de mexicanos.

En septiembre de 2024, el 58.6 % de la población mayor de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro. Aunque este dato representa una disminución respecto al 61.4 % reportado en septiembre de 2023, la comparación con junio de 2024 (59.4 %) revela que el cambio no ha sido considerable.

La inseguridad sigue siendo una realidad omnipresente en muchas de las 91 áreas urbanas de interés estudiadas, donde más de la mitad de los habitantes continúa temiendo por su integridad.

Ajustes en la vida cotidiana: el impacto de la inseguridad

La inseguridad afecta profundamente la rutina diaria de los mexicanos. Un 43.1 % de la población mayor de 18 años ha optado por no llevar consigo objetos de valor, como joyas, dinero o tarjetas de crédito, para evitar ser víctimas de algún delito.

Este temor también ha provocado cambios en las dinámicas familiares: 41.4 % de las personas modificaron sus hábitos respecto a permitir que los menores salgan de casa sin supervisión, y un 38.3 % dejó de caminar por los alrededores de su vivienda después de las 8 de la noche. Estas cifras evidencian el grado en el que la inseguridad ha invadido los espacios más íntimos y cotidianos de los ciudadanos.

Además, un 23.5 % de la población reportó haber cambiado sus rutinas relacionadas con la visita a familiares o amigos, lo que refleja el impacto de la inseguridad en las relaciones interpersonales y en la cohesión social. Las calles y espacios públicos, que debieran ser puntos de encuentro y convivencia, se han convertido en zonas de riesgo para una parte considerable de la ciudadanía.

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Zonas urbanas con mayor percepción de inseguridad

El reporte destaca las áreas urbanas donde el miedo a la inseguridad es más evidente. Tapachula encabeza la lista, con el 91.9 % de sus habitantes declarando que se sienten inseguros en su ciudad. Naucalpan de Juárez, Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Irapuato y Tuxtla Gutiérrez le siguen de cerca, con porcentajes superiores al 85 %. Estos municipios se encuentran atrapados en un ciclo de violencia e inseguridad.

En contraste, las ciudades con menores índices de percepción de inseguridad presentan una realidad diferente. San Pedro Garza García destaca como la ciudad más segura según sus habitantes, con apenas un 13.7 % reportando sentirse inseguros. Benito Juárez, Tampico, Piedras Negras, Puerto Vallarta y Saltillo también muestran porcentajes bajos, lo que sugiere que en algunas zonas urbanas se ha logrado establecer una mayor confianza en las autoridades y en las condiciones de seguridad.

Espacios públicos más inseguros

La percepción de inseguridad varía según el espacio en el que las personas se encuentran. Los cajeros automáticos en la vía pública continúan siendo los lugares donde la población se siente más vulnerable, con un 67.3 % de personas que admiten sentirse inseguras al utilizarlos. El transporte público es otra área crítica, con un 61.8 % de usuarios que experimentan miedo al desplazarse. En las carreteras, el 53 % de la población teme por su seguridad, mientras que el 51.3 % lo hace en las calles y bancos que frecuentan. Estos espacios, esenciales para la vida diaria, se han convertido en puntos de alerta constante.

Conflictos y conductas delictivas en el entorno vecinal

Otro aspecto alarmante que arroja la ENSU es la frecuencia de conflictos y conductas antisociales en las zonas urbanas. Un 58.9 % de la población reportó haber presenciado el consumo de alcohol en la vía pública, mientras que el 47.9 % fue testigo de robos o asaltos. También se registró un 39.2 % relacionado con la venta o consumo de drogas y actos de vandalismo en viviendas o negocios. La violencia armada, aunque menos frecuente, sigue siendo un problema, con el 36.6 % de las personas reportando disparos en su entorno.

Este contexto de violencia y delitos genera un ambiente de desconfianza, afectando la calidad de vida y la seguridad emocional de las personas. La convivencia social se ve fracturada por los constantes enfrentamientos, tanto entre vecinos como en el seno familiar, donde el 7.5 % de los mayores de 18 años reportó haber sido víctima de violencia intrafamiliar.

La respuesta de las autoridades y la confianza ciudadana

A pesar de la crítica situación, los mexicanos todavía depositan cierta confianza en algunas instituciones de seguridad. Según la ENSU, la Marina (87.7 %), la Fuerza Aérea Mexicana (83.9 %) y el Ejército (83.1 %) son las instituciones mejor valoradas en cuanto a su efectividad para combatir la delincuencia. En contraste, la policía preventiva municipal (48.6 %) y la policía estatal (55.8 %) obtienen una menor aprobación, lo que pone de relieve la necesidad de mejorar la labor de las autoridades locales.

La percepción de la capacidad de los gobiernos locales para resolver los problemas más importantes, como la delincuencia, sigue siendo baja. Sólo el 30.6 % de la población considera que su gobierno es eficaz para abordar los principales desafíos, lo que genera un clima de insatisfacción generalizada.

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Ciudad de México.— En un momento clave para la legislación en materia de aborto en la Ciudad de México, la Arquidiócesis Primada advirtió que la ideología no atiende las necesidades de la mujer.

Señala que las decisiones legislativas están siendo tomadas sobre cimientos frágiles: estadísticas falsas, ideologías inflexibles y, lo más alarmante, sin escuchar a la ciencia.

En un reciente pronunciamiento, la Iglesia católica cuestionó la despenalización total del aborto y abogó por un enfoque más profundo y humano para atender las necesidades de las mujeres, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad.

La Arquidiócesis criticó que las soluciones propuestas, como la legalización del aborto, no resuelven la verdadera problemática de las mujeres embarazadas en situaciones precarias.

Para la Iglesia, el aborto no es una opción que responda a las vulnerabilidades de estas mujeres, que enfrentan, entre otros factores, discriminación laboral y falta de acceso adecuado a los servicios de salud.

Refirió que de acuerdo con estudios del Coneval, las mujeres pobres o marginadas son las más afectadas, enfrentando múltiples barreras para acceder a una atención integral.

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En su posicionamiento, la Iglesia preguntó qué clase de sociedad permite que una mujer embarazada pierda su empleo, y luego la impulsa a ver el aborto como una forma de liberación. “¿Es eso liberarse?”, cuestionó. Al mismo tiempo, criticó que las leyes actuales prácticamente empujan a las mujeres en estado vulnerable hacia la opción del aborto, privándolas de una verdadera libertad de decisión.

Según la Arquidiócesis, la información utilizada para promover la despenalización no refleja adecuadamente las motivaciones reales detrás de los abortos. Citaron un estudio del Diario de Psicólogos y Cirujanos Americanos, que revela que un 58% de las mujeres que abortan lo hacen para complacer a otras personas, mientras que el 28% lo hacen para no perder a su pareja. Estos datos, asegura la Iglesia, muestran que el aborto no es un acto de autonomía, sino una forma de sometimiento social.

Además, la Arquidiócesis expuso el riesgo que corren las mujeres al someterse a un aborto en etapas avanzadas del embarazo, señalando que el riesgo de mortalidad materna aumenta en un 38% por cada semana que pasa después de la octava. También citaron estudios internacionales que demuestran que las mujeres que abortan tienen cuatro veces más probabilidades de morir en el año siguiente al aborto en comparación con las que llevan su embarazo a término.

Finalmente, la Arquidiócesis Primada de México hizo un llamado a las autoridades a no ignorar las verdaderas necesidades de las mujeres embarazadas, y a no ceder ante la presión ideológica que, según la Iglesia, oculta las demandas reales bajo la fachada de los derechos reproductivos. Subrayó la importancia de brindar un apoyo integral y una atención digna, en lugar de promover soluciones que, lejos de liberar a las mujeres, las someten a nuevas formas de presión social.

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Ciudad de México.— Chiapas es uno de los estados más pacíficos según el Índice de Paz en México 2024, pero vive una paradoja dolorosa: los habitantes de sus principales municipios, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, experimentan un profundo temor ante el aumento de la criminalidad.

Aunque las estadísticas colocan a Chiapas en los primeros lugares de tranquilidad, la percepción de inseguridad es alarmante. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, señala que estas ciudades figuran entre las más inseguras del país.

La situación de violencia en la región no es nueva. Desde 2021, más de 10 mil personas han sido desplazadas en la Sierra Fronteriza debido a los enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan el control de territorios. La creciente presencia de migrantes, provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ha agudizado la problemática, convirtiendo la frontera sur de México en una zona de alto riesgo.

El padre Marcelo Pérez: una vida de lucha y esperanza

En medio de esta crisis, la figura del sacerdote Marcelo Pérez Pérez emergió como una luz de esperanza para las comunidades más vulnerables. Originario de San Andrés Larráinzar, Chiapas, el padre Marcelo dedicó su vida a defender los derechos humanos y a buscar la paz en una tierra marcada por la violencia. Sin embargo, su compromiso lo puso en peligro.

El 20 de octubre, tras oficiar misa en San Cristóbal de las Casas, el padre Marcelo fue asesinado por dos hombres que lo atacaron mientras se dirigía a la iglesia de Guadalupe. Este crimen no conmovió a la comunidad católica y despertó la indignación de múltiples sectores, tanto nacionales como internacionales.

El sacerdote llevaba años enfrentando amenazas de muerte. Desde 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares debido al riesgo que corría su vida. A pesar de ello, Marcelo Pérez nunca dejó de denunciar la violencia en Chiapas, convirtiéndose en un símbolo de resistencia.

En una de sus últimas marchas por la paz, realizada el 13 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez, expresó su frustración por la contradicción de que el gobierno lo protegiera mientras emitía órdenes de aprehensión en su contra.

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Un padre le llora a su hijo

En la despedida al Padre Marcelo Pérez Pérez, el Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel, junto a obispos y centos de feligreses, presidió la Misa de exequias del Padre Marcelo en San Andrés Larráinzar. “Fue un regalo de Dios, siempre buscó la paz y ayudó a los más necesitados”, dijo y su legado de paz y servicio permanecerá entre sus feligreses.

Don Miguel Pérez Santiz, exigió justicia y lloró frente al féretro de su hijo, el sacerdote y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez.

Reacciones ante el asesinato

El homicidio del sacerdote Pérez ha generado una oleada de condenas y pronunciamientos. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó profundamente la pérdida de un “pastor dedicado” y una “voz profética” que luchaba por la paz en Chiapas. El Episcopado recordó su incansable labor en favor de los más necesitados y vulnerables, dejando un legado de amor y servicio que permanecerá en el corazón de quienes lo conocieron.

Por su parte, la Compañía de Jesús en México, organización con la que compartía ideales de justicia social, expresó su enérgica condena por el asesinato del padre Marcelo. La Compañía destacó que este acto no debía ser visto como un caso aislado, sino como parte de una problemática estructural de violencia en Chiapas.

En su comunicado, señalaron que la región enfrenta un colapso de seguridad debido al crimen organizado, que ha causado no solo asesinatos, sino también reclutamiento forzado, secuestros y saqueos de recursos naturales.

A nivel internacional, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) también se pronunció, calificando el asesinato del sacerdote como “inaceptable”.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH, resaltó la importancia del padre Marcelo como referente en la búsqueda de paz, verdad y justicia para Chiapas. Exigió una investigación pronta y eficaz, subrayando que el contexto de violencia en la región requiere cambios estructurales urgentes.

El gobierno responde

Las autoridades federales y estatales prometieron justicia. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno trabaja para que el crimen no quede impune. Señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso, mientras que la Secretaría de Gobernación ya está en contacto con el gobierno de Chiapas y la diócesis local para avanzar en las investigaciones.

Sin embargo, las declaraciones de Sheinbaum han sido recibidas con escepticismo. Amado Avendaño, periodista chiapaneco y promotor del Frente Cívico Nacional, criticó la respuesta de la presidenta, calificándola de fría y carente de empatía. Según Avendaño, el gobierno sigue sin comprender la gravedad del problema, y las respuestas formales no ofrecen consuelo a una población que vive bajo el yugo del crimen.

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también condenó el asesinato, comprometiéndose a que los responsables enfrenten la justicia y reciban todo el peso de la ley.

En su mensaje, Escandón prometió resultados inmediatos, asegurando que nadie está por encima de la ley. A pesar de estas promesas, la desconfianza en las instituciones sigue presente entre los habitantes de Chiapas, quienes ven cómo la violencia se ha vuelto cotidiana en sus comunidades.

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Ciudad de México.- La situación de violencia e inseguridad en Chiapas ha alcanzado niveles alarmantes, evidenciada por las recientes cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Las percepciones de inseguridad en ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez reflejan un desasosiego profundo entre la población.

Con un 91.9 % de los habitantes de Tapachula sintiendo que su entorno es peligroso, la crisis de seguridad se vuelve innegable y plantea serios interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad en el estado.

La violencia no es un fenómeno nuevo en Chiapas.

Como señaló la doctora Carla Beatriz Zamora Lomelí en una entrevista para la radiodifusora IMER, la región ha sido históricamente afectada por diversas formas de violencia, incluidas las secuelas del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.

Sin embargo, el actual incremento en los niveles de criminalidad se relaciona directamente con la incursión de cárteles de la droga, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que luchan por el control territorial y el tráfico de migrantes.

Este cambio de dinámica ha puesto a la población civil en el centro de un conflicto que no pidieron ni buscaron.

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Impacto en migrantes y comunidades locales.

La violencia afecta de manera desproporcionada a los migrantes, quienes históricamente han utilizado Chiapas como ruta hacia el norte.

El contexto de inseguridad ha convertido el estado en un territorio donde extorsiones, secuestros y agresiones son prácticas comunes, haciendo que la travesía sea aún más peligrosa.

La falta de protección para estos grupos vulnerables es alarmante, ya que se enfrentan a la hostilidad de grupos criminales que no solo atacan a los migrantes, sino que también amenazan a la comunidad local.

El asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, un líder comunitario que brindaba apoyo a los más necesitados, subraya la fragilidad de la situación.

Su muerte no solo afecta a quienes buscaban guía espiritual, sino que también representa un ataque directo a los esfuerzos humanitarios en una región ya golpeada por la violencia.

Esto resalta la intersección entre la inseguridad y la labor de quienes intentan ayudar en medio del caos.

La necesidad de acciones efectivas.

La falta de una respuesta contundente por parte del gobierno estatal para abordar esta crisis es un punto crítico. A pesar de la inversión de recursos destinados a la recomposición del tejido social, los resultados son escasos y la corrupción se cierne como un obstáculo constante.

Este panorama se complica aún más por la percepción de impunidad que reina en el estado, lo que desanima a la población a confiar en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.

Chiapas necesita una estrategia integral que no solo aborde la violencia desde una perspectiva de fuerza, sino que también reconozca las raíces sociales y económicas del problema. La implementación de políticas que fortalezcan las comunidades y protejan a los migrantes es esencial para restaurar la confianza de los ciudadanos en su entorno.

La crisis de violencia e inseguridad en Chiapas es un reflejo de problemas más profundos que han sido ignorados durante años de acuerdo con los especialistas.

Con una población local que se siente cada vez más amenazada y un número creciente de migrantes en peligro, la situación exige una respuesta inmediata y efectiva por parte de las autoridades.

Sin un compromiso real y sostenible, Chiapas corre el riesgo de convertirse en un polvorín de violencia que no solo afectará a sus habitantes, sino que también tendrá repercusiones en toda la región.

ARH