México.- La Secretaría de Salud (SSA) debe dar a conocer el número de defunciones registradas entre el 1 de enero y el 10 de septiembre de 2020, en el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), así como información relacionada con dichas defunciones, protegiendo algunos datos personales, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“El flujo transparente de datos relacionados con las defunciones registradas en este contexto de emergencia constituye una oportunidad para evaluar la gestión de la pandemia y transformar, de ser necesario, las estrategias de salud a efecto de preservar el derecho a la vida y el acceso a la salud”, afirmó la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
Señaló que, en México, el primer caso de COVID-19 se detectó el 27 de febrero de 2020 y a pocos días de que se cumpla un año, más de 159 mil personas han perdido la vida por este padecimiento, que constituye ya la segunda causa de muerte en el país, de acuerdo con el informe del INEGI, denominado Características de las Defunciones Registradas en México, de enero a agosto de 2020.
“La apertura de los datos de los registros de mortalidad del país que están integrados en el Sistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones coadyuvará a renovar la confianza de las personas en las instituciones del Estado y dotará de legitimidad y credibilidad al despliegue de políticas que contrarresten los impactos sanitarios de esta crisis inédita”, subrayó Ibarra.
En respuesta, la SSA clasificó como confidencial la base de datos del SEED, argumentando que contiene datos personales sensibles obtenidos de los certificados de defunción y muerte fetal, por lo que darlos a conocer, vulneraría la esfera íntima de las personas.
Además, indicó que la información capturada en el subsistema no es definitiva, pues corresponde al INEGI concentrar, generar y publicar datos oficiales de mortalidad en el país, de manera anual.
Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la Secretaría argumentó que la información es reservada, ya que está en proceso de integración por parte de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, difundirla de forma preliminar implicaría proporcionar datos incompletos, parciales y no validados.
Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia de la Comisionada Presidenta determinó que la reserva de los datos no es aplicable, ya que no contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos.
Se advirtió que la integración de los datos en el subsistema no concluye con la toma de una decisión o postura institucional, ni implica una negociación en la que esté involucrada el INEGI, pues solo se trata de un proceso de validación de la información capturada.
En cuanto a la confidencialidad de la información, se llevó a cabo un análisis pormenorizado de los datos contenidos en el subsistema y se concluyó que la base de datos se puede entregar en versión pública.
Para ello, se deben proteger todos los datos que hagan identificables a personas físicas, a saber, nombre, Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilios de residencia y de defunción, folio de certificado de nacimiento y folio del sistema, fecha y lugar de nacimiento, número de afiliación, características de las personas fallecidas y de las causas de su muerte, entre otra información relacionada con el personal médico y los establecimientos de salud.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la SSA, a fin de que proporcione al particular la cifra de defunciones registradas, entre el 1 de enero al 10 de septiembre de 2020, e información contenida en el SEED, protegiendo solo los datos antes señalados.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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