Ciudad de México.— El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) dar a conocer los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados por el caso Odebrecht, así como el de aquellos han sido citados a declarar.
Al presentar el asunto ante el Pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que conocer los nombres de servidores públicos y ex servidores públicos investigados e involucrados en el caso Odebrecht es de interés de la sociedad porque se relacionan con una carpeta de investigación sobre conductas presuntamente constitutivas de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
“En la carpeta de investigación iniciada en México obran declaraciones de servidores públicos y ex funcionarios de Pemex, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública, asignados al conglomerado brasileño, así como a directivos de dicha empresa, incluido su ex presidente”, subrayó.
Ibarra Cadena destacó que este tipo de investigaciones se llevan a cabo en alrededor de 20 países, entre ellos, Brasil, en el que dicha constructora pagó millones de dólares a Petrobras para que se le adjudicaran numerosos y multimillonarios contratos.
“La única forma que tiene la sociedad de constatar los avances de la investigación y de quiénes son las personas involucradas es mediante el conocimiento de dicha información, en este caso, los nombres de los funcionarios y ex servidores públicos presuntamente implicados”, enfatizó.
A su vez, el comisionado presidente del INAI consideró indiscutible el interés público por saber los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados en la investigación del caso Odebrecht y se pronunció a favor de que la PGR cumpla esta resolución y la emitida el pasado 2 de octubre por el Pleno, en la que se le ordenó dar a conocer las actuaciones de los agentes del Ministerio Público Federal a cargo de la averiguación.
“Esperamos que los nuevos titulares (de la PGR) naturalmente, conforme a derecho corresponde, acaten esta instrucción del INAI, la que está pendiente y otras que se vengan acumulando, con independencia, desde luego, de lo que ellos quieran hacer valer desde su lógica interpretativa”, puntualizó.
El comisionado Joel Salas Suárez planteó que la apertura de información no representa una afectación al debido proceso y recordó que en el caso mexicano no ha habido una sanción real en términos administrativos y penales de funcionarios públicos.
“Si no se conocen las actuaciones del Ministerio Público ni los funcionarios que en determinado momento ya fueron llamados a dar su parte, cómo hacemos que se detone un proceso real de rendición de cuentas, ante un caso que ha conmocionado la opinión pública no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional”, aseguró.
El comisionado Oscar Guerra Ford indicó que las resoluciones del Pleno relacionadas con el caso Odebrecht se han emitido bajo la línea de que, en este tipo de acontecimientos, se puedan esclarecer las actuaciones de la autoridad encargada, sin entorpecer la investigación o delimitar el debido proceso.
“En el INAI somos conscientes de que no se quiere afectar ninguna de estas investigaciones; al contrario, nos gustaría que estas investigaciones pudieran concluir y se pudiera conocer lo que sucedió, y si hay funcionarios o diversas personas que cometieron actos ilícitos, si fuese el caso, no lo puedo presumir, pues obviamente se le sancione en términos de derecho”, explicó.
En respuesta al particular que solicitó conocer los nombres, la PGR señaló la carpeta de investigación del caso se encuentra en trámite, por lo que la reservó la información, argumentando que su difusión menoscabaría las facultades de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación.
Inconforme con la reserva de los datos, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó que la información debe ser proporcionada porque se trata de un caso de interés público.
En alegatos, la PGR reiteró la clasificación de los datos.
Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la comisionada Ibarra Cadena, se determinó que es de interés público conocer los nombres de los funcionarios o ex funcionarios públicos investigados y el de los que han sido citados a declarar, pues se vinculan con una averiguación iniciada por presuntas responsabilidades cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Tras aplicar la prueba de interés público, se advirtió que la difusión de los nombres permitiría a la sociedad conocer los avances de la carpeta de investigación, evaluar el desempeño de la PGR e, incluso, propiciaría que cualquier persona que tuviera conocimiento de los imputados, pudiera colaborar con las diligencias ministeriales, aportando pruebas o testimonios.
Asimismo, se verificó que el ejercicio del derecho de acceso a la información es la única vía para que cualquier persona conozca los nombres de funcionarios y ex funcionarios involucrados, así como para rendir cuentas del actuar de la autoridad encargada de la investigación y persecución de conductas delictivas relacionadas con la adjudicación directa de contratos millonarios para obra pública a la empresa brasileña.
Finalmente, se concluyó que la difusión de los nombres en cuestión favorece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de la PGR, en este caso, de la investigación de hechos posiblemente constitutivos de los delitos de cohecho y enriquecimiento.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI determinó modificar, por mayoría, la respuesta de la PGR y le instruyó proporcionar los nombres de funcionarios y exfuncionarios investigados por el caso Odebrecht, así como el de aquellos han sido citados a declarar.
Con el propósito de proteger las actuaciones del Ministerio Público Federal, se determinó procedente la reserva de los nombres sólo de aquellos servidores públicos, cuyo testimonio se encuentre relacionado con alguna línea de investigación pendiente o que no hayan sido notificados de la averiguación iniciada en su contra.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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