Puebla.— En el inicio del Diálogo Nacional por la Paz, organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, expertos coincidieron que en México hay un sistema de justicia colapsado.

En la Universidad Iberoamericana Puebla se hizo un llamado a honrar a los 5 millones de personas que han sido víctimas, directas e indirectas, de la delincuencia, la violencia y de un sistema fallido de justicia.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa señaló que la Iglesia no puede quedar al margen, viendo la injustica, la desigualdad social que persiste y, lo más grave: la muerte cada día de víctimas de la violencia, que ocurre en varias entidades.

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Al inaugurar la Jornada Nacional por la Paz, rector de la Universidad Iberoamericana, Puebla Mario Patrón y el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, señalaron que este diálogo nacional tiene el propósito de contribuir a reducir la encarnación del mal común que es la violencia generalizada que obstaculiza a los ciudadanos a vivir su derecho a la paz.

Se tiene que lograr abatir verdaderamente la desigualdad, la injusticia y la discordia. Las universidades y las iglesias quieren contribuir para elaborar un diagnóstico de lo que perpetúa las violencias en el país, si se quiere reconstruir la paz.

Patrón Sánchez llamó a las instituciones religiosas y civiles a reconocer las propias fallas y llamó a reivindicar a las miles de víctimas de la violencia en el país, para conjurar en su nombre la parálisis generada por la incertidumbre, el temor y la desesperanza.

Por su parte, Jorge Atilano González, encargado del Sector Social de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, indicó que el diagnóstico general expone que en el país el origen de la violencia y la inseguridad son las crisis que viven las familias, las escuelas, las iglesias, el sector laboral, los gobiernos y los centros penitenciarios.

Por ello, explicó González Candia, no se puede esperar a que llegue el candidato perfecto al poder, es necesario realizar acciones desde abajo, porque es notorio el control que el crimen organizado tiene las instituciones de procuración de justicia.

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Toluca.— Más de 20 mil mexiquenses y de cientos de organizaciones de la sociedad civil, expresaron que el Estado de México no necesita más muerte, ni ideologías que polarizan, lo que necesita es respeto y atención a la vida, educación, salud, justicia y empleo de los mexicanos.

En ese sentido, solicitaron a la LXI Legislatura del Estado de México que actúe con responsabilidad en la generación de un marco jurídico que fortalezca el estado de derecho en favor de las familias mexiquenses y que garantice el respeto y la protección de las mujeres y sus hijos.

Asimismo, piden a la gobernadora Delfina Gómez que genere políticas públicas que se traduzcan en beneficio para todos, empezando por los más vulnerables: “los mexiquenses en gestación, los niños y las niñas y sus madres”.

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Las organizaciones civiles advierten que ante la amenaza de esta legislatura de modificar el marco legal para someterlo a “la dictadura del pensamiento único y promover el delito de aborto con la falsa narrativa de ser un derecho de la mujer”, reiteraron su firme defensa de la vida.

En ese sentido, solicitan ser escuchados y colaborar en la promoción de leyes que protejan a todos y fomenten acciones de gobierno que impulsen el máximo desarrollo de los mexiquenses.

“Rechazamos aquellas iniciativas que, mediante intentos reiterados, buscan acabar con la vida de los no nacidos y abandonar a las mujeres orillándolas a tomar esta decisión que es irreversible y profundamente perjudicial también para ellas. Señores legisladores, no se dejen presionar, la última sentencia de la SCIN no los obliga a darle la espalda a las madres mexiquenses”, advirtieron.

Por ello, consideraron que es prioritario ofrecer oportunidades para el sano desarrollo de la infancia y adolescencia, “pero esto no poded ser si se sigue considerando que la infancia es parte de un proyecto político e ideológico de nación que en unos casos está dispuesto a sacrificar la vida de personas consideradas desechables, mediante el aborto y, en otros, quiere convertir a los niños y niñas en experimentos educativos que, violando de la ley, los toma de rehenes para hacerse cargo de la formación de su conciencia e incidir en su proyecto de vida con graves consecuencias para su desarrollo personal y el bien de nuestro país”

Ante esa situación, demandaron leyes que reconozcan y valoren a la mujer protegiendo su maternidad y que fomenten estrategias que la apoyen en este quehacer de gran beneficio social, sin menoscabar la responsabilidad de los padres en el cuidado y protección de los hijos.

No se pueden seguir generando políticas de descarte, advirtieron, mucho menos de los más vulnerables y exigieron el respeto irrestricto a toda vida humana y su protección constitucional, desde el momento de la concepción y durante toda su infancia, así como programas educativos y de salud que velen por su sano desarrollo.

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