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México

Comparecerán secretarios de Defensa, Marina y Seguridad por Guardia Civil

Jorge Francomárquez

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México.— La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República acordó citar esta semana a los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a una reunión de trabajo para ampliar información acerca del funcionamiento propuesto para la Guardia Civil.

El senador Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión, subrayó que no  se podría establecer una fecha para tal encuentro, porque las actividades de los aludidos relacionadas con el combate al robo de combustible los tiene ocupados y se tienen que empatar agendas para tal efecto.

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales también propusieron realizar el proceso de aprobación del dictamen de la Guardia Nacional en Parlamento Abierto y establecer un cronograma de actividades de la Comisión, no obstante ambos planteamientos fueron rechazados en la votación.

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Consideramos que ya agotamos el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, comentó Ramírez Aguilar. Sin embargo, advirtió que el tema requiere un análisis amplio e intercambio de opiniones de todos los Grupos Parlamentarios.

Expuso que su partido, Morena, presentará reservas e intentará rescatar algunos apartados que envió el titular del Ejecutivo Federal. Entre los artículos que reservará están: 13, 16 y 21; los transitorios que plantean que el Ejército capacitará a los elementos de la Guardia Nacional; y, también, que se mantenga el mando civil.

Queremos que se discuta a la brevedad porque el Presidente de la República no tiene las herramientas jurídicas y facultades que requiere este momento tan importante que atraviesa el país”

El senador Damián Zepeda, del PAN, propuso analizar el proyecto en Parlamento Abierto, a fin de escuchar a quienes implementarán la reforma, a organismos civiles y a instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humando o la Organización de las Naciones Unidas, “y que podamos abrir un debate transparente, de cara a los ciudadanos”.

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Reconoció que existe una “gran coincidencia” para hacerle frente al problema de inseguridad, pero bajo ninguna circunstancia jamás “estaré a favor de que se militarice permanentemente a este país”. Dijo que el fortalecimiento de las policías, el mando mixto y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las calles son alternativas viables a la creación de la Guardia Nacional.

Por el PRD, el senador Omar Maceda coincidió en que hay alternativas para que no se apruebe la Guardia Nacional como se pretende. Sugirió establecer un mando coordinado para regular la actuación de las fuerzas federales, locales y municipales y garantizar la seguridad pública, así como una regulación del uso de la fuerza.

Consideró que si se aprueba la Guardia Nacional con un mando y funcionamiento militar no sólo se corre el riesgo de una violación a los derechos humanos sino, como sugiere la CNDH en el caso de Tlahuelilpan, a la inacción, pues al no tener un protocolo sobre el uso de la fuerza definido, los militares no supieron cómo actuar.

Nancy de la Sierra Arámburo, senadora del PT, recordó que la iniciativa ya se discutió en Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados, donde se escucharon las posturas de diferentes organizaciones, actores políticos y encargados de la seguridad nacional. 

Propuso establecer un plazo no mayor a cinco años para que se retire a las Fuerzas Armadas de las calles. Y modificar el plazo que tendrá el Congreso de la Unión para expedir las leyes que reglamenten el uso legítimo de la fuerza y el registro nacional e detenciones, reducirlo de 120 a 60 días.

Claudia Ruiz Massieu, del PRI, refirió que no se le puede dar al Gobierno de la República y al Estado mexicano una solución, para atender la coyuntura, que vulnere el Estado constitucional y democrático y el régimen de derechos humanos.

Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió, en diciembre pasado, una sentencia que establece los parámetros de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: debe ser excepcional, extraordinaria, temporal y subsidiaria y complementaria de las tareas que realizan las instituciones civiles, y con un mando civil.

Planteó que la Comisión trabaje en Parlamento Abierto y establezca un cronograma de trabajo. Señaló que la Cámara de Diputados realizó un ejercicio de Parlamento Abierto pero no invitó a los senadores a trabajar en conferencia, por lo que el Senado debe realizar lo propio.

Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, dijo que las Guardias Nacionales de Italia, Chile y Francia no tienen coincidencias con la que se propone para México. Parten de que las milicias son ciudadanas, refirió.

Expuso que una reforma no cambiará el adiestramiento y capacitación que han tenido los militares por años. Dijo que la Guardia Civil tiene que estar regulada por mecanismos legales, y actualmente no se conoce la ley secundaria, por lo que en caso de aprobarse se estaría dando un “cheque en blanco”.

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, aseveró que su bancada no podría acompañar esta reforma, porque no recoge el sentimiento de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.

Julen Rementería, del PAN, dijo que lo que propone la minuta no tiene grandes diferencias con lo que ha funcionado en el pasado. “Incluso, me parece que empeora la condición de funcionamiento de los cuerpos de seguridad, respecto a garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos”.

Señaló que no hay antecedente de que haya funcionado un esquema como el que se propone en ningún país. “¿Por qué, entonces, en México queremos hacer algo que no ha funcionado en ninguna parte?”, preguntó.

Cristóbal Arias, de Morena, expuso que las fuerzas políticas que han sido gobierno, fracasaron rotundamente en materia de seguridad y procuración de justicia. Detalló que es necesaria la acción legal para emprender una fuerza que contrarreste la ola de criminalidad que existe en el país.

JFM



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CDMX

Discusión afuera de una tienda provoca balacera en Iztapalapa

Siete24

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Discusión afuera de una tienda provoca balacera en Iztapalapa

Ciudad de México.— Este viernes, tres hombres fueron baleados en calles de Iztapalapa, presuntamente por una discusión con otras personas.

En la avenida Telecomunicaciones y calle 3 de la colonia Chinampac de Juárez se encontraban tres personas afuera de una miscelánea cuando fueron agredidos por varios hombres que viajaban en una camioneta gris.

Al circular por la calle, con mínima velocidad y sin detener la marcha de la camioneta, un hombre sacó por la ventanilla un arma larga calibre .223 y disparó contra los tres hombres.

Los cuerpos quedaron sobre la banqueta, mientras algunos corrían a auxiliarlos y otros se protegían.

Los heridos fueron trasladados al ISSSTE Zaragoza en Iztapalapa para recibir atención.

Minutos después los agresores fueron ubicados y detenidos.

LEE Detienen a policías acusados de extorsión

Información de Juan Carlos Gutiérrez

ebv

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México

Gobernadores lucran políticamente con pandemia para beneficiar a sus partidos: Dr. Fredy Erazo Juárez

El Abogado Constitucionalista analizó la exigencia de los nueve gobernadores que piden la cabeza del subsecretario López Gatell

Jorge Francomárquez

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Ciudad de México.- La exigencia por parte de nueve gobernadores integrantes de la llamada Alianza Federalista, de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, renuncie por considerar que carece de una estrategia exitosa y por el contrario, está generando miles de muertes, es más bien un “argumento de corte político” cuyo objetivo es claramente afectar al Gobierno del presidente López Obrador, en un año previo al proceso electoral de 2021.

En entrevista con el Dr. Fredy Erazo Juárez, abogado constitucionalista que llevó a cabo un análisis detallado de esta coyuntura política a la luz de la lógica constitucionalista, destacó que en sus argumentos los gobernadores inconformes aseguran que la estrategia de la que el subsecretario Hugo López-Gatell forma parte, ha costado miles de vidas, además de que lo señalan de ser responsable de la crisis actual y de actuar políticamente.

En este sentido, de acuerdo con el Dr. Erazo Juárez, el Gobierno federal tiene varios elementos para argumentar en contra de lo que señalan estos nueve gobernadores, empezando por las políticas de prevención que inició estableciendo prácticamente de forma inmediata con la campaña ‘quédate en casa’ y para mantener la ‘sana distancia’.

El Gobierno federal también rehabilitó de forma expedita los hospitales, equipándolos con lo necesario para establecer áreas COVID; asimismo gestionó acuerdos de colaboración con hospitales privados con el objeto de coadyuvar para mitigar la demanda del uso de los mismos derivado de la pandemia; gestionó incluso en el extranjero, en solicitud al presidente estadounidense Donald Trump, los ventiladores suficientes para atender la demanda.

Ahora bien, en lo que toca a las circunstancias extraordinarias de pandemia o emergencia nacional, el Dr. Erazo Juárez consideró que son en definitiva un factor al que el Gobierno federal ha estado haciendo frente en todo momento, por lo que papel que juegan preponderantemente estas circunstancias es de reto y desafío para comprender que la capacidad de atención es medida a través de una reacción especializada y eficaz en beneficio de la sociedad.

Si la discusión los gobernadores se centrara en el perfil del subsecretario López-Gatell, en debatir si está calificado para este tema o no, valdría la pena ponderar si en este encargo en este momento especifico podría estar un perfil no técnico ni científico; también valdría la pena preguntar si los gobernadores podrían estar haciendo uso político del tema.

Los más curiosos, consideró el Dr. Erazo Juárez, deberán revisar a detalle la historia curricular del Subsecretario. Una vez hecho esto y luego del análisis de estos elementos a través de una óptica jurídica y constitucionalista, para algunos podría estar claro que los gobernadores están generando acciones de “politiquería”, ya que no existen elementos cualitativos ni cuantitativos que hayan sido generados por las decisiones tomadas por el subsecretario López Gatell que puedan demostrar su negligencia, abuso, excesos en sus funciones o incapacidad para atender una pandemia.

El Abogado Constitucionalista Erazo Juárez puntualizó que la Ley es clara y señala que en caso de epidemias graves, la Secretaría de Salud tiene la obligación de dictar las medidas preventivas para resguardar la salud de los mexicanos.

Ahora bien, la instancia que interviene cuando los representantes de una o varias entidades federativas o estados de la República tienen desacuerdo con alguna Secretaría de Estado, en este caso con la Secretaría de Salud, sería la Secretaría de Gobernación, que está facultada en este rubro por el Artículo 27. 

En consecuencia, indicó el Dr. Erazo Juárez, siguiendo un silogismo lógico jurídico podríamos decir que, en primera instancia, las Secretarías de Estado son creadas y dependen del Ejecutivo federal; y en segundo lugar, el Ejecutivo federal le confiere la facultad de regir las Secretarías de Estado a la Secretaría de Gobernación, que a su vez rige también las relaciones del Ejecutivo con los gobiernos de las entidades federativas.

En conclusión, la Secretaría de Gobernación puede dirimir las controversias políticas entre las Secretarías de Estado y las entidades federativas. Por lo tanto, los Gobernadores inconformes no tienen facultad alguna para destituir o exigir la destitución de un Secretario o Subsecretario de Estado, sólo lo puede hacer el propio Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación.

En este entendido, lo conducente para los titulares del Poder Ejecutivo en sus estados, en este caso para los gobernadores inconformes, sería presentar su queja fundamentada y motivada ante la Secretaría de Gobernación, en lugar de buscar un a situación de beneficio político aprovechando la pandemia para llevar agua para sus partidos en un ambiente inminentemente preelectoral, detalló el jurista.

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