Este año, el 14 de septiembre, se cumplen 50 años de Canoa, donde cinco jóvenes alpinistas de la Universidad Autónoma de Puebla acudieron a la ciudad de San Miguel Canoa con el propósito de escalar el volcán Malintzin.
Era el año de 1968 y muchos sectores de la sociedad, como la Iglesia Católica, veían en cualquier manifestación o presencia juvenil el fantasma del comunismo. El párroco local por medio de las campanas de la iglesia llamó a la población y acusó sin motivo a los jóvenes de ser comunistas.
La población ignorante, con una fe ciega hacia el religioso, decidió lincharlos golpeándoles con machetes y palos. Hoy, 50 años después en el país parece que nada ha cambiado. Hoy ya no se usan las campanas de las iglesias para llamar a la población, a la turba a terminar con la vida de alguien a quien sin motivo se les acusa lo mismo de robar niños, de abusar de menores o simplemente de ser un ladrón o delincuente.
Los linchamientos en el país se multiplican como hongos de impunidad al final de este sexenio. Algunos acusan al llamado Sistema Penal Acusatorio por liberar a delincuentes. Otros a la corrupción e ineptitud policiaca. Nada justifica la justicia por propia mano de una turba de pobladores que se dejan llevar por rumores, por información falsa vías las redes sociales.
Lo peor es que en algunos casos las propias autoridades alientan los linchamientos al emitir información falsa. Autoridades de Morelos corrieron la especie de bandas dedicadas a extorsionar. El resultado: La primera semana de agosto fue linchado en Tetela del Volcán un colombiano que trabaja en una empresa dedicada a otorgar préstamos.
A finales de agosto dos hombres fueron quemados vivos en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla, por una turba que los acusó de ser “robachicos” y secuestradores. Las víctimas de 53 y 21 años se dedicaban a labores del campo. Una turba de unos 150 pobladores los sacaron de la cárcel local y por medio de redes sociales transmitieron en vivo y festejaron con aplausos la barbarie. La policía como siempre en estos casos quedó rebasada.
Horas después, en la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo, pobladores quemaron vivos a una pareja a la que acusaban de robar menores. Ambos fallecieron. También las redes sociales sirvieron para incitar a los pobladores. Todo ello en una región donde el robo de combustibles es el pan de cada día.
La Real Academia Española (RAE) define el verbo linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. De acuerdo con un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en el país, teniendo una mayor incidencia en los estados del centro y sur.
Esta expresión de justicia por propia mano se asocia a los siguientes delitos: 50% por robo; 16.2% por atropellamiento y otros accidentes viales; mientras que entre 6 y 7% por denuncias de violación, asesinato o secuestro. El promedio del número de linchamientos anuales en las últimas décadas ha sido de 32 a escala nacional.
Obviamente esas cifras están rebasadas. La impunidad, la corrupción sumado con nuevos modos de comunicación como son las redes sociales han convertido al fenómeno de los linchamientos en un espectáculo en redes sociales que llama, incita y transmite en tiempo real la barbarie, los linchamientos.
Y que con ello coloca o equipara a los pobladores de cualquier rincón de México al nivel de los peores criminales que mutilan, queman, golpean y asesinan a extraños por el sólo hecho de sospechar o acusarlos de un delito. En la era digital estamos igual o peor que lo ocurrido en Canoa hace 50 años. Tal Cual.
[La opinión aquí expresada refleja el punto de vista del autor y no necesariamente el de Siete24.mx]
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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