Ciudad de México.- La reciente ola de violencia en México ha suscitado un intenso debate sobre el uso del término “terrorismo”. El Código Penal Federal, en su Capítulo VI, define el terrorismo y establece penas de prisión de 15 a 40 años para quienes utilicen sustancias tóxicas, armas químicas, explosivos o realicen actos que generen alarma y temor en la población.
Sin embargo, esta definición parece quedar en el aire ante la interpretación oficial de los sucesos violentos recientes.
Foto: Cuartoscuro.
Los hechos ocurridos en Guanajuato, donde estallaron dos coches bomba, son un claro ejemplo de esta disonancia.
El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la presidenta Claudia Sheinbaum desestimaron estos actos y las han definido como meras disputas territoriales entre grupos criminales.
Expertos y especialistas en seguridad aseguran que hay un impacto emocional en la sociedad.
Hay que recordar que en México, la palabra “terrorismo” ha sido utilizada en distintas épocas y contextos para referirse a situaciones de violencia que, en ciertos momentos, han sido interpretadas como tácticas de control o represión hacia ciertos sectores de la población.
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Durante los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, especialmente en el contexto de la Matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y el Halconazo el 10 de junio de 1971, el término “terrorismo” se empleó tanto en discursos oficiales como en medios para justificar una respuesta violenta del Estado.
El delito de terrorismo fue tipificado en el Código Penal Federal en 1984. Además, la ley sufrió modificaciones para adaptarse a los cambios en las prácticas delictivas y en el contexto global.
Sin embargo, las reformas más relevantes ocurrieron en los años 2007 y 2014, en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; con el propósito de actualizar la definición, incluyendo conceptos relacionados con financiamiento al terrorismo y actividades de organizaciones delictivas.
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Explosiones como las de Acámbaro y Jerécuaro no solo buscan causar daños materiales, sino que están diseñadas para intimidar a la población y desafiar a las autoridades.
Hechos históricos nacionales que para otros países significarían terrorismo.
Glorieta de Insurgentes, Ciudad de México (26 de junio de 2022): Una explosión en un vehículo estacionado dejó varios heridos. El ataque fue atribuido a un artefacto explosivo improvisado, marcando un precedente preocupante en la capital.
Irapuato (22 de septiembre de 2022): Una explosión en un vehículo resultó en al menos tres personas heridas, relacionada con enfrentamientos entre grupos criminales.
León (15 de octubre de 2022): Un coche bomba se estalló, causando múltiples heridos y vinculándose al narcotráfico.
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Michoacán:
Apatzingán (16 de marzo de 2023): La explosión de un automóvil dejó varias personas heridas, vinculadas a la violencia entre cárteles.
Uruapan (12 de diciembre de 2023): Otro coche bomba estalló, hiriendo a al menos cinco personas, lo que refleja la creciente amenaza de los grupos criminales en la región.
Otros casos documentados:
Guadalajara, Jalisco (29 de octubre de 2022): Una explosión en un vehículo de transporte público dejó varios heridos, siendo considerada un posible atentado.
Tijuana, Baja California (5 de febrero de 2023): Un coche bomba se estalló en una zona concurrida, resultando en Múltiples víctimas y daños materiales extensos.
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Un contexto global de terrorismo.
El fenómeno del terrorismo no es ajeno a México. La brutalidad y la barbarie de los actos violentos que estamos presenciando son reminiscencias de conflictos globales. Desde la guerra de Pablo Escobar en Colombia hasta los ataques perpetrados por grupos terroristas en Europa y Oriente Medio, la estrategia de infundir miedo y controlar territorios se repite.
Ejemplos como el atentado ocurrido al alcalde de Chilpancingo decapitado o los tiroteos masivos en Guerrero, reflejan una realidad que muchos prefieren ignorar.
La definición de terrorismo, según la ONU y el FBI, fue para dar “carta blanca” a las agencias de intervención oficiosa sobre la vida privada de los ciudadanos. Organizaciones como Amnistía internacional critican esas medidas.
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A medida que el número de víctimas sigue creciendo, con cifras alarmantes que alcanzan cerca de cien muertes diarias, la negación de la realidad se torna insostenible.
La violencia en México no solo desafía a las autoridades, sino que crea un clima de miedo palpable entre la población. La retórica oficial no puede ocultar la cruda realidad; el terrorismo, tal como lo define nuestro Código Penal, está presente en cada rincón de la nación.
Si en México se declara oficialmente que los actos violentos perpetrados por grupos criminales terroristas constituyen, esto podría tener varias implicaciones tanto a nivel nacional como internacional. Aquí te presentamos algunas de las posibles consecuencias:
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1. Implicaciones Legales y Políticas en México.
Cambios en la Legislación: Una declaración de terrorismo podría llevar a una revisión y posible reforma del marco legal mexicano.
Además, las autoridades tendrían la facultad de aplicar penas más severas a los responsables de actos terroristas, aumentando la presión sobre los grupos criminales.
Aumento del Gasto en Seguridad: El gobierno podría asignar más recursos para combatir el terrorismo, lo que podría implicar un aumento en el presupuesto para fuerzas armadas y policiales, así como para programas de prevención.
Colaboración Internacional: México podría buscar apoyo de otros países en la lucha contra el terrorismo, estableciendo acuerdos de cooperación con naciones que ya tienen experiencia en la lucha contra grupos terroristas, como Estados Unidos.
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2. Impacto con los Estados Unidos.
Preocupaciones de Seguridad: Si se declara terrorismo en México, podría generar preocupaciones adicionales en Estados Unidos sobre la seguridad en la frontera.
Las autoridades estadounidenses podrían implementar medidas más estrictas de control y vigilancia en la frontera para prevenir que la violencia se extienda al territorio estadounidense.
Colaboración en Seguridad Nacional: Estados Unidos podría ofrecer asistencia adicional a México para combatir el terrorismo, lo que incluiría capacitación, financiamiento y recursos tecnológicos para enfrentar estas amenazas.
Cambios en la Percepción Pública: La narrativa sobre la relación entre México y Estados Unidos podría cambiar, generando una percepción más negativa de México como un país afectado por el terrorismo, lo que podría influir en la opinión pública y en la política migratoria.
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3. Consecuencias para las Aseguradoras.
Incremento en Pólizas de Seguro: Las aseguradoras podrían ver un aumento en la demanda de pólizas de seguro que cubren actos de terrorismo.
Esto podría incluir seguros para empresas, eventos masivos y propiedades en áreas de alto riesgo.
Aumento en Primas: Con la declaración de actos violentos como terrorismo, las aseguradoras podrían aumentar las primas de las pólizas debido al mayor riesgo percibido, lo que podría hacer que la cobertura sea más costosa para individuos y empresas.
Revisión de Coberturas: Las aseguradoras podrían ajustar sus políticas y exclusiones relacionadas con el terrorismo, lo que podría complicar la obtención de cobertura para ciertos eventos o actividades, especialmente en áreas con altos índices de violencia.
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4. Percepción Internacional.
Estigmatización de México: La declaración de terrorismo podría llevar a una estigmatización de México a nivel internacional, afectando su imagen como destino turístico y de inversión.
Esto podría resultar en una reducción del turismo y un impacto negativo en la economía.
Repercusiones Económicas: La percepción de que México es un país con problemas de terrorismo podría influir en las decisiones de inversión extranjera, lo que podría afectar el crecimiento económico y la estabilidad del país.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
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Negocioshace 2 días
