México.—   A las dos de la mañana de este domingo, la Asamblea Constituyente aprobó que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna.

Se estableció que habrá mecanismos para hacer efectivo ese derecho, y se determinó que se dará prioridad a las personas en situación de pobreza. Operará bajo criterios de progresividad, con los indicadores que determine el organismo constitucional federal competente y las metas evaluables que fije el organismo local correspondiente.

“La legislación en la materia contendrá los criterios y procedimientos para los programas sociales públicos, las transferencias monetarias y los demás instrumentos que se apliquen, asegurando el uso eficaz y transparente de los mecanismos financieros que para el efecto se dispongan”.

En este nuevo concepto, planteado inicialmente por la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy diputada Constitucionalista, Olga Sánchez Cordero, se engloban los montos económicos que se determinen y los programas sociales ya vigentes.

En una sesión que inició minutos antes de que terminara el sábado 28 de enero, y en la cual se abordaron los temas en los que ya se habían alcanzado consensos, se modificó el proyecto original apoyado por las comisiones de Carta de Derechos y de Desarrollo Sostenible y Planeación Democrática, que establecía un ingreso básico universal, que representaba la entrega de recursos a todas las personas de la Ciudad de México, sin ningún tipo de distingo, desde su nacimiento.

Este tema provocó una oposición enérgica de parte de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Encuentro Social, quienes argumentaron que no existían los recursos para financiar esa prestación.

Cuando se sometió a votación esta parte de la Constitución no alcanzó la mayoría calificada por lo que fue turnada a comisiones para una nueva dictaminación. Toda vez que nunca se obtuvo un acuerdo en ese marco, el tema llegó a la Mesa de Consulta, en la que confluyen los coordinadores de los 10 grupos parlamentarios; después de varias sesiones de discusión ahí, se logró consenso a partir de una propuesta del PRI, para quedar en los términos que se señalaron.

Porfirio Muñoz Ledo, del grupo parlamentario Constitucionalista, consideró que a pesar de tratarse de un texto “churrigueresco”, prácticamente ininteligible, si no se apoyaba “nos quedamos sin nada”.  Estamos entre la espada y pared, dijo, al proponer que se hiciera un texto más breve, actualizado y decente jurídicamente.

Por su parte, Clara Jusidman se pronunció en contra por considerar que sólo se establecía que deberían tomarse en cuenta los indicadores de una institución federal sin considerar al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, previsto por la Constitución para la ciudad.

Como ocurrió a lo largo de toda la discusión de la Constitución, los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jaime Cárdenas e Irma Eréndira Sandoval, se manifestaron en contra por considerar que el mínimo vital no es la renta básica.

“Lo que me parece grave es que se está edulcorando; se buscó una salida suave, para alcanzar consenso”, dijo Cárdenas Gracia.

A su vez, Irma Eréndira Sandoval hizo referencia a las desigualdades abismales en la sociedad mexicana, por lo que aseguró que la renta básica (ingreso básico universal) serviría  para una vida digna y sana.

Su compañera de partido, Mayela Delgadillo, apuntó que la renta básica era uno de los máximos a alcanzar por esta constitución; en un país en crisis, la renta básica inyectaría recursos al consumo interno y al empleo.

“Hubiera sido punta de lanza para aplicarla en el resto del país y sé que precisamente por eso no la apoyan”, dijo.

Ésta, que fue una de las últimas sesiones de la Asamblea Constituyente, se avocó al análisis de todos los temas pendientes de resolver, que no habían alcanzado mayoría calificada para ser incorporados a la Constitución.

Otro de esos asuntos fue el referido al derecho a la salud, en la parte relacionada con la voluntad anticipada.

 No obtuvo la mayoría calificada en su momento luego de que el diputado Carlos Gelista, del PAN, presentó una reserva para “dar significado al término muerte digna”, que ya había sido aprobado con anterioridad, y que se refiere al derecho de las personas a determinar el momento de su muerte. Gelista proponía que se equiparara la muerte digna con voluntad anticipada.

Tampoco se llegó a un acuerdo en la Comisión de Carta de Derechos, por lo que el sábado se propuso una redacción alternativa en la Mesa de Consulta con la que se dejó a salvo el derecho a la muerte digna, plasmado y aprobado en el artículo 11 de la Constitución; el  artículo 14, apartado D, numeral 6, quedó en los términos siguientes:

“Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello se estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes”.

Esta redacción contó con el apoyo de la mayoría calificada del Pleno.

Por otra parte, una vez más se sometió a consideración de la Asamblea Constituyente la propuesta de eliminar el concepto de “progresividad fiscal”, como parte de los criterios a considerar en la hacienda pública, establecidos en el artículo 26, apartado A, numeral 3.

A pesar de los argumentos del diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Ortega, y de Morena, Jaime Cárdenas, en el sentido de que era necesario que la tributación se realizara no sólo proporcionalmente sino también progresivamente en beneficio del erario público, la eliminación contó con mayoría calificada.

Al abordarse el nuevo dictamen de la Comisión de Ciudadanía sobre cinco numerales del artículo 29, destacó la aprobación del derecho a ocupar cargos públicos y de elección popular de los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización. En virtud de que no alcanzaba consenso el concepto de ciudadanía universal, se optó por eliminar el adjetivo. Este artículo tiene temas pendientes de resolver, que se debatirán en otro momento de la sesión. Entre ellos se encuentra el voto de los jóvenes a los 16 años y el voto de los presos que no han sido sentenciados.

De igual forma, hubo consenso para aprobar el numeral 1 del artículo 48, sobre el modelo de policía de proximidad. La diputada de Morena, Mayela Delgadillo, pidió que se introdujera el término “uso proporcional” de la fuerza, pues de lo contrario se estaría contraviniendo leyes ya existentes y se podrían propiciar violaciones a los derechos humanos.

Jaime Cárdenas, también de Morena, se pronunció porque sólo los jueces autoricen el uso de la fuerza, lo cual generó que el ex procurador de la Ciudad de México, Bernardo Bátiz, también de Morena, le señalara que un policía que se enfrenta a un delito no puede esperar a que un juez emita una orden para actuar.

El texto quedó de la siguiente manera:

“Los cuerpos policiacos y sus integrantes en sus funciones darán prioridad al convencimiento, a la solución pacífica de los conflictos y en su actuación se realizará  respetando los derechos humanos de las víctimas, testigos e indiciados. El uso de la fuerza será excepcional y proporcional, como último recurso”.

AGP