Ley de Vivienda abre debate por uso de fondos de trabajadores

Ciudad de México.— El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley de Vivienda que busca consolidar el acceso a una vivienda adecuada como un derecho efectivo. Lo anterior evidenció posturas encontradas entre quienes respaldan una política más activa del Estado y quienes advierten riesgos sobre el uso de los recursos de los trabajadores.

La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, afirmó que la modificación representa un avance hacia un país más justo, al fortalecer los derechos laborales y garantizar el acceso a vivienda adecuada.

En el mismo sentido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que la reforma corrige una deuda histórica del Estado y armoniza la ley con la reforma constitucional de 2024, al establecer bases claras para garantizar este derecho.

En contraste, Partido Acción Nacional, a través de la senadora Gina Gerardina Campuzano González, cuestionó el origen de los recursos para la construcción de viviendas, al señalar que provendrían del ahorro de los trabajadores.

Desde el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Mely Romero Celis advirtió sobre la posible opacidad en el manejo de esos fondos, mientras que Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, alertó sobre el uso de recursos sin consulta previa a los trabajadores.

Por su parte, María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, subrayó que el objetivo central es garantizar viviendas con servicios básicos y evitar desarrollos alejados de los centros de trabajo.

¿Qué cambia con la reforma?

El dictamen establece una definición formal de “vivienda adecuada”, alineada con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tras su reforma en 2024. Este concepto incorpora criterios como accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, seguridad en la tenencia y ubicación.

Además, contempla la disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, así como el respeto a la adecuación cultural de las personas.

Facultades para el Gobierno y organismos de vivienda

La reforma otorga al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la atribución de coordinar programas de vivienda y suelo con participación de sectores público, social y privado.

También faculta a organismos que financian vivienda para trabajadores a adquirir, construir, rehabilitar o demoler inmuebles, así como a impulsar la autoproducción y urbanización de terrenos para desarrollar unidades habitacionales.

Uso de recursos y garantías para trabajadores

El dictamen establece que estas acciones deberán realizarse sin comprometer la solvencia de los fondos de vivienda ni los derechos adquiridos de los trabajadores. Asimismo, se prevé que los organismos puedan arrendar o enajenar viviendas, así como incluir espacios para servicios complementarios en conjuntos habitacionales.

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