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Análisis y Opinión

Identidades religiosas para un nuevo país

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La semana pasada tuve el privilegio de participar en un coloquio organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para reflexionar sobre las reformas constitucionales que hace tres décadas volvieron a institucionalizar a los diferentes grupos religiosos presentes en el país; un avance histórico tras 75 años de una convivencia simulada y pragmática entre las iglesias y las autoridades civiles en México.

Los expertos en derecho hicieron un recorrido puntual sobre cuántas ventajas ha traído el reconocimiento de la personalidad jurídica de todas las asociaciones religiosas activas en México, especialmente para diferenciar los derechos, las responsabilidades, los límites y las obligaciones tanto de las asociaciones como de sus ministros de culto en la vida de la nación.

Por supuesto, los especialistas no dejaron de compartir sus particulares posiciones respecto a lo que aún hace falta por construir en el país respecto a las relaciones o las expresiones legales y legítimas de los ministros de culto y las asociaciones religiosas. En esto, como es de esperarse, hay algunas diferencias y distancias.

Por una parte, hay quienes afirman que aún se debe consolidar un Estado laico que propugne por laicizar a la sociedad mediante una actitud cada vez más aséptica (y escéptica) ante las identidades y expresiones religiosas de sus ciudadanos. En general, se apela a que el Estado controle aún más la esfera pública y determine qué discursos e identidades son permitidas fuera del ámbito privado y personal.

Por el contrario, otros opinamos que aún hace falta madurar a nuestro Estado laico para que reconozca la riqueza de las diferentes expresiones religiosas y que, sin dejar de custodiar los principios democráticos de laicidad, diversidad, pluralidad, equidad y diálogo, exista una posición de mayor apertura y menos interventiva en las libertades fundamentales de religión, conciencia, pensamiento y expresión de los fieles y de los ministros de culto.

En medio de estas diferencias, yo celebro dos cosas: que nadie -en verdad nadie- esté a favor de un Estado confesional, monárquico o tradicional; y que cada vez se nota un diálogo más maduro entre la ciudadanía respecto a que su identidad religiosa está unida a su identidad personal y, por tanto, a la identidad y responsabilidad ciudadana.

En la disertación, además hice una reflexión con la mirada puesta en el futuro del país a propósito de nuestra experiencia histórica en la conformación republicana y posrevolucionaria de México, la segunda y la tercera ‘transformaciones de México’ que el presidente López Obrador identifica.

Como se sabe, a pesar de que algunos mexicanos literalmente aún sollozan de aspiracionismo monárquico, la larga batalla por la identidad republicana de México en el siglo XIX logró -entre otras cosas- la separación entre la Iglesia y el Estado; y, más adelante, tras la sangrienta Revolución nacional, la nueva patria precisó de la consolidación de instituciones que definieron la frontera entre el México prerrevolucionario y el México posrevolucionario.

Aquella etapa de la ‘Tercera Transformación’ fue liderada hace justo cien años por generales que forjaron e interpretaron la Constitución para moldear una nación mexicana con los elementos e ingredientes sociales que eran útiles y necesarios. Aquellos estadistas voltearon al caos de piezas desarmadas que era el país e intuyeron una nueva nación para la cual precisaron de unas piezas y de otras no.

Una de esas piezas que jamás cupo en el proyecto posrevolucionario, quizá una de las más complejas por su arraigo cultural y por su origen que ha trascendido pueblos y épocas, fue la Iglesia católica romana. El gobierno callista primero quiso asimilar los valores y principios católicos a través de otras iglesias más dóciles al régimen o mediante la corrupción de un sector católico con ínfulas de convertirse en patriarcado mexicano. Cuando ni la asimilación ni la corrupción funcionaron del todo, la persecución se agudizó hasta devenir en una cruenta guerra civil y religiosa donde el enemigo era ‘la identidad’ misma de unos y otros mexicanos.

Aquel conflicto se amainó mediante acuerdos verbales de las cúpulas y una prolongada simulación de coexistencia aparentemente respetuosa pero en el fondo absolutamente indiferente. Este 2022 celebramos treinta años de un nuevo modelo legal mexicano donde la diversidad de iglesias y religiones presentes tienen, por lo menos, personalidad jurídica y donde aún hay tensiones por los márgenes de libertades y participación que pueden o no tener las iglesias en la vida nacional.

Pero, si hacemos caso al presidente de México, estamos en el curso de una ‘Cuarta Transformación’ que también voltea al caos que somos y valora cuáles piezas serán útiles en el nuevo país que se desea forjar y cuáles no. Todos los debates profundos del país reflejan esa tensión dicotómica entre qué aspectos de la vida pública deben ser reintegrados al Estado (mercado, democracia, seguridad, educación, comunicación, religión, etc.), cuáles deben ser asimilados por nuevas instituciones que procuren no colisionar con los regímenes futuros o qué instituciones asumen una posición de resistencia y de íntegra permanencia post cuarta transformación.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe



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Análisis y Opinión

2024: de la indefinición a la importación ideológica

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En las últimas semanas han saltado al espacio mediático en México voces y movimientos politizados que afirman promover un espectro ideológico que definen como ‘conservador’ o ‘de derecha’. El fenómeno sin duda requiere de un profundo diálogo y un análisis sobre las razones que han detonado estas nuevas franjas ideológicas y que con frecuencia son difíciles de definir y categorizar con seriedad.

El presidente López Obrador literalmente inició su mandato con una singular definición sobre quiénes son los ‘conservadores’ en México: “Haré cuanto pueda para obstaculizar las regresiones en las que conservadores y corruptos estarán empeñados”, dijo en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre del 2018; y, desde entonces, mediante la intensísima comunicación presidencial, los ‘conservadores’ y ‘corruptos’ han sido definidos como los dos lados de una misma moneda, dos cualidades inseparables. Así, si se es conservador se es corrupto y viceversa.

Evidentemente hay una falacia primordial en aquello, pero no podemos echarle la culpa a la política que suele estar construida de retórica. El problema derivado de aquella afirmación ha sido cómo se ha asimilado por parte de ciertos grupos políticos. Especialmente por dos extremos que, en el fondo, movidos sólo por el oportunismo no han querido sino aprovechar la mercadotecnia que el eslogan presidencial sugiere:

Los primeros son un grupo de personajes arribistas que afirman ser ‘de izquierda’ o ‘progresistas’ pero no son sino ventajistas del silogismo presidencial. Es decir que -y siguiendo la afirmación del presidente sólo para fines didácticos-: Si los conservadores son invariablemente corruptos y la esencia de la corrupción es exclusivamente conservadora; por lo tanto, sólo basta autonombrarse ‘progresista’ para vacunarse de corrupción.

Esta gente -ya lo ha demostrado- es capaz de violar leyes, vivir del cohecho o el soborno y actuar con cinismo pragmático aduciendo que, sólo por ‘ser de izquierda’ o ‘progresista’ los actos de corrupción en los que participan son distintos, son ‘diferentes’. Se trata de personajes que hoy están tan protegidos de privilegios y fueros que sin rubor aceptan realizar actos ilícitos o inmorales porque gozan de la clásica impunidad que otorga el poder.

Los segundos son otros personajes idénticamente oportunistas que, para evitar el siempre complejo panorama económico, social y político, se aferran al silogismo presidencial para usufructuar el simplismo: “Si el presidente dice que sus opositores son conservadores, entonces lo soy”. Esta gente vive agradecida con López Obrador por definirles un espacio en el espectro político; en realidad, por crearlos. Porque sin el discurso presidencial en realidad no existirían; estos nuevos grupos políticos sólo pueden ser, en función de lo que alguien más es o dice ser. Se trata de grupos y personajes sin propuestas ni definiciones ideológicas claras, tan confundidos y tan afectos a la polarización discursiva como el propio mandatario.

Este es el verdadero éxito de López Obrador, no sólo ha logrado definir a ‘los suyos’ sino a ‘sus contrarios’; ha categorizado los valores de los propios tanto como de los otros. Y esto, aunque políticamente recompensa, también supone un riesgo que no se había presentado en México hace muchos años: la importación ideológica.

Es verdaderamente riesgoso que la esencia de un movimiento opositor se construya de los residuos retóricos del presidente porque tarde o temprano buscará los cimientos que le den identidad más allá de ‘ser los otros’. Idealmente, la oposición debería voltear al pueblo, a sus reales dinámicas sociales, entender y visibilizar sus clamores; al final, sería al pueblo al que le solicitarían su confianza para aspirar por poder o representación.

Y, sin embargo, grandes sectores de la oposición voltean al extranjero para crear y entender su propia ideología. Miran en el populismo post-republicano de Trump, en el ultra-nacionalismo liberal de Abascal o el anti-colectivismo meritocrático de Bolsonaro las respuestas que no encuentran en México. Y no las encuentran, sencillamente porque no las buscan.

Los grupos políticos emergentes en México que se autodefinen hoy como conservadores o de derecha suelen padecer una confusión teórico-ideológica abismal. Optan por un conservadurismo político pero promueven el extremo del neoliberalismo económico; hablan de apertura globalista pero sostienen actitudes anti inmigrantes; defienden instituciones centralistas pero apelan por regionalismos diferidos; buscan mayor dureza de un ‘Estado de derecho’ pero recurren al garantismo cuando se trata de sus derechos fundamentales; critican al corporativismo haciendo uso de figuras históricas del sindicalismo; reclaman libertad religiosa pero -desde cierto pseudo-cristianismo estructuralista- regatean valor a otras expresiones religiosas (algo en lo que por cierto, los católicos y el papa Francisco están en desacuerdo).

Ojalá estos grupos emergentes se den la tarea de voltear realmente al pueblo mexicano, a caminar y a luchar por sus reales necesidades, porque allí están los valores que verdaderamente les darán carta de ciudadanía. Y porque, efectivamente, el pueblo los necesitará cuando se harten de las huestes que gozan hoy de los privilegios y la impunidad del poder.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

La violencia de estado contra la mujer

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El abuso contra la mujer existe desde que nació la humanidad. Sin embargo, en todo el mundo occidental, -como una manifestación de desarrollo social-, la violencia contra la mujer se combate desde las leyes, así como también desde la sociedad. Para ello, la educación es fundamental.

Por otra parte, vemos que en los países islámicos gobernados por líderes o grupos religiosos fundamentalistas, -como en Irán, Irak y Afganistán por dar ejemplos-, por razones religiosas el sometimiento de la mujer se ha recrudecido.

Existe un gran número de fotografías de los años 80s que muestran que en esos países la sociedad se había occidentalizado y las mujeres se habían liberado de las restricciones religiosas que limitaban su estilo de vida y sus derechos.

Sin embargo, hoy que los fundamentalistas religiosos gobiernan en esos países, se ha recrudecido la represión y la pérdida de libertades, así como el trato igualitario al que tiene derecho la mujer, llegando a prácticas represivas indignantes y violentas.

En contraste, en México, -país occidental desde hace 500 años-, vemos un crecimiento de la violencia contra la mujer, -por una parte-, y por otra, una tendencia creciente por generar conciencia a favor del trato igualitario y brindarle oportunidades laborales, profesionales y espacios en el ámbito político.

Cada vez hay más mujeres ejerciendo cargos de relevancia y liderazgo. Se han generado leyes a favor de los derechos de las mujeres.

Tratando de entender esta incongruencia podríamos considerar lo siguiente: esta nueva cultura igualitaria ha permeado solo en las clases medias urbanas, pues aún vemos que en las comunidades indígenas donde los usos y costumbres siguen guiando los valores de la comunidad, siguen prevaleciendo conductas indignas, como la venta de niñas por parte de sus padres, matrimonios infantiles forzados, la ausencia de derechos que las protejan, aunque las leyes subsisten como un simple referente que se reconoce, pero es ignorado.

Sin embargo, aún en el ámbito urbano y en las clases medias y altas, -donde hay acceso a la educación y la escolaridad-, en la intimidad de la vida de las parejas sigue practicándose el abuso.

Por una parte, se está consciente de que el trato agresivo y violento es socialmente inaceptado, pero al momento de actuar con congruencia, prevalecen los valores inconscientes y entonces se repiten los roles ancestrales de dominación masculina y sumisión femenina. Son los condicionamientos familiares que aún siguen activos en un importante segmento de la sociedad mexicana, transfiriéndose de modo inconsciente de generación en generación.

Incluso, siguen vivos condicionamientos inconscientes fuertemente arraigados que impulsan a las mujeres pertenecientes a estos segmentos sociales a aceptar el rol de sumisión y muchas veces, -cuando las nuevas generaciones intentan exigir sus derechos-, aún estando ya en una relación matrimonial donde ellas sufren violencia, es su misma familia la que las presiona a aceptar ese rol de sumisión bajo el argumento de evitar el rompimiento del vínculo marital.

A su vez, en esos sectores las familias actúan en complicidad protegiendo a los hijos varones aún sabiendo que son agresores.

Los viejos roles aún subsisten en lo más profundo de la sociedad mexicana.

Con toda seguridad el cambio cultural se dará a mediano plazo, con total lentitud. Mientras tanto, miles y miles de mujeres mexicanas seguirán siendo víctimas de la violencia intrafamiliar por una parte, y extrafamiliar también.

A la pregunta de ¿cómo acelerar este cambio de idiosincrasia?… no queda otra respuesta mas que el ámbito jurídico.

Sin embargo, ahí el contexto es muy complicado, pues los mismos roles sociales se repiten, generando impunidad aún existiendo denuncias de las víctimas. La impunidad estimula la violencia y ahí reside el drama.

Es recurrente en el testimonio de las víctimas que denuncian una agresión, el trato indigno que reciben por parte de policías y del personal de los ministerios públicos.

Es precisamente en este ámbito de lo que podríamos considerar “primera respuesta” frente al delito, que las autoridades se esfuerzan por convencer a la víctima de evitar la denuncia.

Hay actitud morbosa e insolente si la denuncia es por agresión sexual.

A final de cuentas, se da el archivamiento de los expedientes, hasta que de forma circunstancial este se convierte en un caso de escándalo mediático, o la agresión sistemática desemboca en un feminicidio que se podría haber evitados si las autoridades hubieran actuado cuando se presentaron las primeras denuncias.

Por todo lo anterior las víctimas descubren que denunciar es una pérdida de tiempo y deciden no volver a denunciar nunca una nueva agresión, ya sea de la misma persona, o de otra.

El bajo índice de denuncias es lo que aprovechan las autoridades de alto rango para vanagloriarse a través de estadísticas de la disminución de delitos, tomándolo como un logro de su estrategia de seguridad.

A esto añadamos la corrupción en ministerios públicos y juzgados, donde por unos cuantos pesos los agresores callejeros o sus familiares pueden obtener el domicilio de la víctima para hostigarla y amenazarla para obligarla a retirar la demanda.

Por tanto, las mismas autoridades son las responsables del incremento de la violencia de género. De esta forma el agresor se estimula ante la impunidad.

El único camino para cortar de raíz la impunidad es legislar para convertir en delito grave que amerite cárcel la actitud negligente u omisa de los funcionarios públicos, ya sean policías o personal de los ministerios públicos que no den curso a una demanda y convertirlos en cómplices cuando el delito de agresión que inicialmente fue denunciado desemboque en un feminicidio.

Incluso a mediano plazo se puede crear un sistema electrónico para presentación de denuncias, de modo que el control de la primera de ellas se almacene en un sistema central que cuide la identidad de la víctima y como siguiente paso pueda canalizar el expediente a la autoridad que por razones geográficas corresponda. De este modo, la vigilancia sobre la autoridad de “primera respuesta”, o de “proximidad”, a través de seguimiento del caso desde un sistema central, obligará al cumplimiento de los protocolos definidos por ley.

Incluso, con un sistema electrónico “amigable”, será posible que la víctima presente su denuncia de forma directa ante el sistema central. Además, de este modo la víctima tendría la opción de presentar quejas ante el sistema central si no recibe la asistencia o el trato justo.

Solo con controles se podrá combatir la impunidad.

¿A usted qué le parece?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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