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Columna Invitada

¿Hasta dónde llegará la bomba?

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Por Ignacio Anaya

En el umbral de una nueva era, el historiador británico Eric Hobsbawm colaboró con el periodista italiano Antonio Polito para crear un texto que exploraba el horizonte del año 2000. Su obra, estructurada en formato de preguntas y respuestas, lleva por título “Entrevista sobre el siglo XXI”. Entre los temas discutidos, resaltaba la visión de la guerra, especialmente, la probabilidad de un conflicto con armamento nuclear. Una frase captura la esencia respecto a estas armas: “Es decir, que las guerras han continuado incluso en el período de la pesadilla nuclear”. Para muchos, parecía evidente que un artefacto capaz de destruir una ciudad en segundos acabaría con los conflictos. Sin embargo, las hostilidades persisten hasta el día de hoy, aunque el empleo de estos potentes arsenales no se ha repetido desde agosto de 1945, salvo en pruebas militares. Hay un temor palpable que rodea el futuro accionar de los gobiernos en relación con el uso de bombas nucleares y otras aún más devastadoras. ¿Por cuánto tiempo perdurarán los acuerdos internacionales?

El fantasma de la bomba atómica, inextricablemente asociado a los horrores de la Segunda Guerra Mundial y su presencia constante durante la Guerra Fría, se ha arraigado en la conciencia colectiva. Tratados diplomáticos y discusiones geopolíticas han orbitado desde hace tiempo en torno a la amenaza nuclear. En discursos políticos a menudo se mencionan para infundir temor, mostrar poder o simplemente señalar su influencia en el panorama geopolítico. La mera existencia de un conflicto en el que una o ambas partes cuenten con capacidad nuclear genera alerta. En este contexto, el análisis de Hobsbawm resuena al recordar momentos donde las armas de destrucción masiva han sido un peligro latente, como en las tensiones que se viven hoy en día en Ucrania. Parece que al menos una vez al mes, el tema surge en algún discurso.

El bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki es uno de los eventos más impactantes del siglo veinte. La inigualable capacidad destructiva de las armas nucleares transformó la percepción del uso de la tecnología en conflictos bélicos. Durante ese período, medios como la prensa mexicana, al igual que sus homólogos internacionales, reflexionaban sobre el papel de esta energía en futuros enfrentamientos. En un artículo académico titulado “Después de Hiroshima y Nagasaki. La era nuclear y el problema de la preservación del secreto atómico”, los investigadores Carlos Soya Arape y Fátima de Gasperín Torres recogieron algunos escritos de los periódicos mexicanos. El 10 de agosto de 1945, al día siguiente de Nagasaki, el Universal escribió: “La bomba atómica es el motivo de consternación general. La posesión de esa arma hará inmensamente poderosos a quienes poseen su secreto e infinitamente más débiles a quienes no lo tienen”. Por su parte, el Excelsior anotó el 8 de noviembre de 1945 que “la bomba da a los Estados Unidos el poder de moldear el mundo. Si fuera de los rusos, significaría el fin de la civilización”. También era un momento de tomar posturas políticas e ideológicas.

La prensa nacional registraba los acontecimientos, captando el asombro y miedo ante el nacimiento de una nueva era; estos proporcionaban perspectivas esenciales para entender la dimensión global de la emergencia nuclear. Se debatían las repercusiones éticas y políticas de la proliferación atómica, su influencia en la estabilidad mundial y las responsabilidades inherentes al poseer tales armamentos. El 26 de agosto de 1945, el periódico jalisciense “El informador” proclamaba debajo de una imagen que ilustraba el poder de la bomba atómica lo siguiente: “El nuevo explosivo, poniendo a la disposición del hombre la incalculable fuerza en el átomo, inaugura una era en la guerra y escenas de devastación tan gigantesca que escapan por completo a toda comprensión humana”.

Conforme avanza el siglo XXI, las palabras de Hobsbawm parecen más pertinentes que nunca. La proliferación nuclear y las dinámicas geopolíticas continúan, enfrentando desafíos inéditos e impulsando la búsqueda de respuestas innovadoras. La cuestión para la comunidad global es cómo abordar estos cambios y mantener la paz en un entorno donde el peligro de que la humanidad se destruya está latente.

La advertencia de Hobsbawm resuena con una fuerte presencia; los escritos de los periodistas de 1945 no han quedado en el olvido. El empleo estratégico de armas nucleares como herramienta disuasoria, la posibilidad de un escenario de proliferación y los constantes conflictos forman un mundo donde el riesgo nuclear sigue siendo un eje central. La visión de la prensa de aquel entonces es valiosa para comprender la evolución de opiniones sobre este fenómeno. Así, la importancia de informar, debatir y mantener un diálogo crítico no ha decrecido; por el contrario, es más crucial que nunca. El siglo XXI vive las tensiones regionales y mundiales de diversos factores, varios de ellos son herederos del veinte. La reflexión constante, el análisis exhaustivo y la búsqueda de soluciones innovadoras son esenciales para enfrentar la persistente amenaza nuclear.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx



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Reforma judicial y equilibro de poderes

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Por Rafael Estrada Michel

Toda reforma que pretenda incidir en un mayor, eficiente y eficaz acceso a la Justicia debe ser bienvenida en un país en el que las mayorías tradicionalmente se han hallado excluidas de tan vital servicio público. Ahora bien, precisamente porque se trata de tutelar derechos fundamentales de quienes habitamos México es que debe cuidarse que las propuestas que ahora mismo se discuten no lesionen el entramado de una división de potestades que nos ha costado décadas instrumentar y poner en efectiva práctica más allá de pomposas proclamaciones normativas.

En referencia a quienes juzgan, el equilibro de poderes se debe traducir en independencia para seguir el criterio legal propio y para dictar las resoluciones que la conciencia del juez estime más apegadas a la imparcialidad y a la regularidad constitucional. Si una propuesta lastima esta posibilidad debe ser rechazada o reformulada. Someter a la Judicatura a la presión del escrutinio electoral y a la de mantener sus posiciones a través de sucesivas reelecciones suena bien, pero tal vez no sea una idea óptima. Los incentivos para que ministros, magistrados y jueces comiencen, como se dice coloquialmente, a torear para los tendidos, se hallarán perversamente alineados tan pronto como se les obligue a participar en elecciones populares. Ya lo vivimos en 1836 y 1857, sin más resultado que la sustitución de la voluntad del pueblo, imposible elector, por la del señor presidente Santa Anna, Bustamante, González o Díaz.

Quien realiza la difícil labor de juzgar debe tener claro que no tiene porqué agradar a nadie (mucho menos a quien lo propuso para el cargo) sino que su obligación es hallar la solución más justa al caso concreto en el marco de un orden, el constitucional, que se estima superior a veleidades partidistas, de intereses económicos o de fortalezas fácticas. Su labor es solitaria y frecuentemente incomprendida. No es, no es deseable que sea, un rock star.

Se pretende también, con la iniciativa que se discute, poner por encima del personal judiciario a un tribunal disciplinario encargado de sancionar a quienes, al juzgar, coloquen su conciencia y su saber por encima del difuso e inasible interés público. La cuestión es complicada y ha tratado de solucionarse desde hace siglos, sin que los órganos pesquisidores e intocables que se han puesto en funcionamiento hayan servido para algo más que para sentirse superiores a los Tribunales Superiores. Someter a las personas que juzgan a la obligación de aplicar exactamente las leyes generales y abstractas a los casos peculiares y concretos suena, de nuevo, bien, pero no sólo no es buena idea sino que resulta de imposible aplicación: aplicar la ley en sus términos literales se traduce casi siempre en renunciar a la Justicia y al Derecho.

El Derecho es complejidad, contexto e interpretación. No hay, en realidad, casos fáciles, y en los asuntos que se desenvuelven en los tribunales siempre hallamos más de una posición encontrada y discutible que requiere largas horas de estudio y reflexión. Hacer del juez la boca flaca, inerte y robótica de la voluntad legislativa resulta reduccionista y empobrecedor. Creer que su experiencia no importa a la hora de integrar el orden jurídico a base de resoluciones correctamente argumentadas implica negar uno de los capitales humanos más valiosos con los que contamos. Someter a quien juzga a pesquisas que partan de la sospecha de que sus pensamientos delinquen terminará por excluir a los audaces y someter a los cobardes. En ambos casos, la división de poderes quedará dañada, la imparcialidad judicial se tornará imposible y el acceso a la Justicia quedará como uno más de nuestros seculares anhelos inacabados.

Si se quiere pensar en ampliar la estrecha puerta por la que hoy por hoy transita la Justicia vayamos perfeccionando la carrera judicial -una de las pocas áreas de servicio civil que funciona en la República-, extendamos su benéfica influencia a fiscalías y defensorías públicas, estructuremos un modelo funcional de formación, capacitación y certificación de quienes operan el Derecho (incluyendo a juristas privados, peritos e investigadores policiales), profundicemos en las capacidades de control constitucional de nuestros altos tribunales lo mismo a nivel federal que local y, sobre todo, no permitamos regresiones decimonónicas como aquella que pretende volver a los efectos relativos de las sentencias de Amparo contra leyes, que sería tanto como volver a los aciagos tiempos en que sólo quien podía pagar los servicios de un carísimo amparista lograba verse beneficiado con la declaración de inconstitucionalidad que sobre una norma se sirviera dictar un juez (sí: un juez tutelar de derechos humanos).

Así como no hay razón para tolerar los excesos voluntaristas y politizados de una Judicatura mal formada e inexperta, tampoco se debe apostar por tornar a modelos de facultades exacerbadas para Legislaturas y Ejecutivos. En la sana y equilibrada división de poderes está la clave. Todo lo demás resultara en apacentarse con viento y, muy probablemente, en heredarlo.

Rafael Estrada Michel, Director general de Tiempo de Derechos

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Participación ciudadana

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Por Antonio Maza Pereda

El ciudadano cumplidor e interesado en la política, se limita a votar, pagar sus impuestos, y exigir que nos cumplan. En pocos casos, proponer. Está bien, pero falta algo más. Es raro encontrar quien construya modos de participar en el gobierno, desde la ciudadanía, lo cual es nuestro deber. Deberíamos generar soluciones y crear organizaciones que las lleven a cabo.

Esta responsabilidad no está limitada a algunos temas, a los que la clase política nos quiere restringir, por ejemplo, como el trabajo o la economía. Debemos participar en otros asuntos. La democracia participativa pide que nos organicemos y construyamos organismos intermedios que puedan aportar en todos los niveles, desde los más sencillos, de municipio o de barrio, hasta organizaciones de alcance mundial.

¿Cómo tener este tipo de participación? Algunos ejemplos: crear consejos ciudadanos para proyectos específicos, organizar la exigencia de la comunidad, participar en parlamentos abiertos, donde se escuchen otras voces, no únicamente las de la clase política. También: presupuestos participativos, donde se propongan recursos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, así como consultas ciudadanas.

Son solamente algunos ejemplos. Algo así se ha intentado en nuestro país, pero no tienen credibilidad, sobre todo en el caso de las consultas ciudadanas, donde vimos que los partidos políticos se hacían cargo de ellas y los resultados fueron, por supuesto, a la medida de sus deseos. Estas consultas, que podría estar desarrollando la ciudadanía, son muy necesarias.

Hemos perdido el interés, no creemos en la posibilidad de una participación que no sea manipulada. Aquí tenemos una actividad para el ciudadano, más allá de los mínimos que nos señalan las leyes.

¿Cómo convencer al ciudadano de participar más? ¿Cuáles temas son prioritarios para esa participación? ¿En dónde se puede limitar la participación de la clase política?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Apoyos sociales

“Existen consecuencias negativas de estos apoyos”.

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Por Antonio Maza Pereda

Siempre será necesario apoyar a los miembros más débiles de la sociedad. Apoyos económicos, institucionales, logísticos, sobre todo en casos de desastre. A veces de manera permanente, cuando hay partes de la sociedad que no han podido desarrollar sus capacidades de manera eficiente. Es obligación de todo gobierno.

Hay una contraparte. Existen consecuencias negativas de estos apoyos. Cuando se reducen las iniciativas de los individuos y se pierden sus capacidades, se anulan las posibilidades de ciudadanos que podrían estar haciendo más. La clase política monopoliza la iniciativa.

Suplantar la libertad y la responsabilidad del ciudadano es algo dañino, sin duda. Hay que pensar cuál es el papel del gobierno y también de los grupos poderosos de la sociedad, para apoyar a quienes requieren ayuda. ¿Qué se puede hacer?

Además de apoyar, hay que lograr que los beneficiados se desarrollen, de modo que requieran menos de los apoyos y cada vez sean más autosuficientes. Algo que raramente vemos en los proyectos clientelares de la clase política. Todos, los individuos, las pequeñas empresas, los grupos intermedios, tienen algo que ofrecer a la sociedad. Sobre todo, los individuos.

Hay que tener cuidado de no estar dañando esas capacidades. No anular la iniciativa, para que ese dinamismo crezca. Que tenga apoyos suficientes. Pero siempre habrá que pensar que son actividades transitorias. Y que una vez que se han desarrollado las capacidades en los grupos sociales, hay que dejarlos a su propia iniciativa para que se puedan apoyar a otras agrupaciones, que todavía requieren de apoyos.

Nuestros apoyos sociales, ¿desarrollan capacidades permanentes en la sociedad? ¿Se da el hecho de que la clase política busca tener el monopolio de las iniciativas económicas y sociales? ¿Estamos acostumbrando a las clases más débiles a depender de la clase política, para subsanar sus necesidades?

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Resumen de la 54ª Asamblea General de la OEA

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Por Guillermo Moreno Ríos

La 54ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se celebró del 26 al 28 de junio de 2024 en Asunción, Paraguay. Este evento reunió a representantes de los estados miembros para discutir y tomar decisiones sobre temas críticos para la región, destacando los principales puntos tratados y las posturas de diversos actores:

Declaración de Asunción y Resoluciones Clave

La Asamblea aprobó la “Declaración de Asunción: Integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región”, comprometiéndose a promover la cooperación regional en ámbitos como la seguridad, la defensa y la gobernabilidad democrática. También se aprobaron 22 resoluciones y 3 declaraciones adicionales que abarcan temas como la promoción y protección de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Situaciones Críticas en Nicaragua y Haití

Se adoptaron resoluciones específicas sobre Nicaragua y Haití. En el caso de Nicaragua, se instó al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y a restaurar las instituciones democráticas. Respecto a Haití, se respaldó al nuevo gobierno de transición y se solicitó ayuda humanitaria inmediata para el país.

Elecciones de Nuevos Jueces de la Corte-IDH

Uno de los eventos destacados fue la elección de tres nuevos jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH): Diego Moreno (Paraguay), Alberto Borea Odría (Perú) y Ricardo C. Pérez Manrique (Uruguay, reelección). Estos jueces asumirán sus funciones el 1 de marzo de 2025, lo que se espera aporte estabilidad y continuidad en la protección de los derechos humanos en la región.

Posturas y Reacciones

Presidente de Paraguay, Santiago Peña: Destacó la importancia de la Asamblea como una señal del buen posicionamiento de Paraguay en la comunidad internacional. Peña elogió la elección del juez paraguayo Diego Moreno para la Corte-IDH y presentó la candidatura del canciller Rubén Ramírez Lezcano para secretario general de la OEA, ya que ésta Asamblea marcó la última participación del secretario general actual Luis Almagro, cuyo mandato termina en 2025.

Conferencia Episcopal Paraguaya: La Conferencia Episcopal Paraguaya expresó su preocupación por algunas resoluciones propuestas que podrían contravenir la Constitución de Paraguay y afectar la soberanía nacional. Los obispos reafirmaron su compromiso con la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural y la familia tradicional, instando a las autoridades a defender estos valores nacionales e internacionales.

Global Center for Human Rights (GCHR)

Celebró los resultados de la Asamblea, destacando los esfuerzos por proteger las legislaciones nacionales y la voluntad de los pueblos americanos frente a la imposición de agendas progresistas. Resaltaron la eliminación de términos relacionados con “derechos sexuales y reproductivos”, evitando la promoción del aborto y la agenda del feminismo radical. También se protegió la definición y derechos de la identidad femenina y restringiendo la libertad de expresión en relación con el discurso de odio.

Previo a la 54ª Asamblea General denunciaron ante el Senado paraguayo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) usa financiamientos condicionados para imponer ideologías específicas mediante diversas ONGs. Según GCHR, esto podría violar las constituciones de los países receptores. Advirtieron que Paraguay debe estar en alerta frente a esta influencia y mencionaron el caso Beatriz como un intento de convertir el aborto en un derecho humano internacional, a pesar de que Paraguay defiende la vida desde la concepción según sus tratados internacionales.

Próxima Asamblea

La Asamblea General decidió que la próxima sesión ordinaria se celebrará en Antigua y Barbuda, cerrando un evento significativo para la región y reafirmando los compromisos de la OEA con la democracia y los derechos humanos.

La 54ª Asamblea General de la OEA en Paraguay fue un evento significativo que abordó temas cruciales para la región, destacando la importancia de la cooperación regional, la defensa de los valores tradicionales y la protección de los derechos humanos. Este evento representó un triunfo en la defensa de la soberanía nacional y los valores fundamentales de vida y familia.

Mtro. Guillermo Moreno Ríos
Ingeniero civil, académico, editor y especialista en gestión integral de riesgos, resiliencia empresarial, seguros y derechos humanos.
incide.guillermo@gmail.com

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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