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Opinión

La Reforma que viene. El Poder Judicial. 

Emanuel Mendoza Cancino

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“Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario 

Generalísimo José María Morelos y Pavón 

En México, hace mucho que la justicia se escribe con minúscula. Los ministros y los jueces, ni son autónomos, ni son independientes, con sus honrosas excepciones. 

Es práctica común que la justicia se vende, que está al mejor postor. Que los jueces se doblan ante los grandes intereses. La SCJN al legalizar el anatocismo, el cobro de intereses sobre intereses, se puso del lado de los bancos y en contra de los deudores.  

La SCJN al negar el amparo en contra de los gasolinazos, dejó a los ciudadanos indefensos ante un reclamo justo. 

El poder judicial al ponerse al servicio de los poderosos, se fue quedando solo, perdió credibilidad y respeto. Al encerrarse en su mundo, los ministros, magistrados y jueces, cometieron excesos que los han llevado a usar el poder judicial para enriquecerse. Juraron respetar y hacer respetar la ley, y han hecho  todo lo contrario. Han usado sus cargos para acomodar a sus familias, parientes, amigos. La ley les prohíbe el nepotismo, y lo practican con soberana alegría. 

Desde su publicación, el 24 de agosto de 2009, la reforma al artículo 127 constitucional establece que ningún servidor público podrá percibir remuneración mayor a la que recibe el Presidente de la República. Desde entonces ha sido letra muerta. La SCJN no hizo nada para que se cumpliera, por el contrario, gozan de sueldos y privilegios que resultan ser un agravio y una burla en un país donde el salario mínimo es de 88 pesos diarios. 

Al resistirse a perder sus privilegios, la Corte no entiende que las cosas ya cambiaron. Que el voto popular del primero de julio, es una decisión del soberano contra el derroche, la corrupción, la impunidad y los privilegios. Es un voto por la Justicia con mayúscula.  

Fue patética y reveladora la manifestación de los jueces contra la disminución de sus salarios. Nunca protestaron por nada de lo que la ha dolido al país. Nunca los hemos visto marchar al lado de las madres de los desaparecidos, de los jóvenes o maestros defendiendo la educación pública, nunca al lado de las causas de la gente. Por eso se quedaron solos.  

Nadie defiende al poder judicial, porque hace mucho tiempo que el poder judicial le dio la espalda al pueblo. 

Llegó la hora de la Cuarta Transformación. No solo es una cuestión de reducir los salarios gigantescos. Cosa que se hará y que incluye a todos los servidores públicos. De organismos paraestatales, descentralizados, empresas productivas del estado, fideicomisos, gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores, alcaldes, concejales, órganos autónomos, diputados, senadores, congresos estatales, suprema corte de justicia de la nación, consejo de la judicatura, tribunales electorales. 

Cuando una institución ya no cumple con la finalidad social que le dio origen y sentido, razón de ser. Tiene que irse.   

El país reclama JUSTICIA, quienes hoy la imparten no cuentan con la calidad moral, ni la confianza de la gente. La SCJN como la conocemos hasta hoy, está tocada de muerte. 

Se necesita un nuevo diseño del Poder Judicial, con mujeres y hombres, libres y verdaderamente autónomos, que hagan de la máxima del Generalísimo Morelos, la razón de su existencia.  

Se necesitan jueces, magistrados y ministros que entiendan, que la Justicia y la Patria, son, más grandes y más importantes que sus bolsillos.  

 

Agustín Guerrero Castillo
@agustingc2012 

 



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Análisis y Opinión

Pendencieros y belicistas, la libertad del lenguaje

Felipe Monroy

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Entre el alud de noticias cotidianas parecía escabullirse la sanción que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) impuso al siempre provocador Gerardo Fernández Noroña, debido a los insultos y llamados a la agresión realizados por el legislador contra la diputada federal Adriana Dávila; pero el asunto merece que le prestemos toda la atención porque en él se juega buena parte del escenario democrático futuro.

No es una exageración. La denuncia contra Fernández Noroña surge tras una serie de insultos y llamados a la agresión física contra la diputada en octubre pasado; el TEPJF resolvió y confirmó que el legislador debe ofrecer una disculpa pública y cumplir con acudir a talleres de sensibilización contra la violencia de género. Como era de esperarse, el político criticó al tribunal y aseguró que este episodio es un acto de las autoridades electorales para afectarlo políticamente.

La asesora legal de la diputada fue aún más lejos y aseguró que si Fernández no cumple con la sanción, se solicitará que se ingrese al político en el registro nacional de agresores; lo que sí impediría que este contendiera en el proceso electoral en marcha.

Sin embargo, este caso va más allá de un simple affaire político. Revela la importancia que tiene y tendrá el lenguaje y su regulación en las dinámicas sociales y culturales. Se equivoca, por supuesto, el legislador Noroña al creer que sus expresiones no conllevan riesgos de violencia o que simplemente se inscriben en el marco de la normal tensión política en una campaña electoral. Pero también hay que preguntarse hasta dónde llegan las facultades de las instituciones para sancionar el lenguaje de terceros.

En el caso narrado, parece obvio decantarse a favor de Dávila y, junto con ella, con las miles de mujeres que son víctimas de incontables y muy diversas violencias, incluidas las del lenguaje; pero no parece tan obvia la facultad del tribunal de exigir una reeducación del lenguaje sobre un ciudadano como condicionante para dotarle o restringirle sus derechos ciudadanos.

El lenguaje, se sabe, es más que su mera regulación formal; su maleabilidad o mutación no depende ni de las voluntades de los expertos ni de las pretensiones de los constructores de ideologías; pero sí depende en mucho de la promoción masiva de su uso. Las herramientas de comunicación masiva (cine, televisión, radio e internet) han logrado cambios vertiginosos sobre la fisionomía del lenguaje en todos los pueblos.

Son famosos los estudios europeos sobre el lenguaje sensacionalista y estigmatizador en el tratamiento noticioso de los episodios de infracción de la ley cometidos por jóvenes y adolescentes en los años 90; al parecer, la opción por cierto lenguaje de desprecio contra los jóvenes terminó reafirmando y perpetuando estereotipos agresivos y violentos en una sociedad que distanció aún más las búsquedas comunes entre generaciones. Con la aparición de las redes sociales, este problema sólo se agravó: pequeños guetos de certezas infalibles son los configuradores de nuevos lenguajes que, a su vez, reordenan las dinámicas sociales.

Para muestra, un botón: ¿No le parece raro que prácticamente todos los medios de comunicación utilicen el lenguaje bélico para referirse a la pandemia de COVID-19? ¿Por qué desde las grandes cadenas hasta las más humildes publicaciones siempre se ha definido esta grave situación que atraviesa la humanidad como una ‘guerra’? ¿Y no quizá esta fascinación por el lenguaje militar ha provocado radicalidades incoherentes en las teorías conspirativas frente a un virus que se considera un ‘arma’ más que un ‘fenómeno’? ¿No quizá por ello sea más sencillo para la gente asimilar conceptos como ‘enemigo’ y ‘combate’ respecto al coronavirus en lugar de ‘enfermedad’ y ‘cuidados’?

En conclusión, el lenguaje no es un animal inasible que se deba dejar completamente desbocado y salvaje. Para eso están las relaciones culturales, la dinámica educativa formal e informal; pero tampoco podemos dotar a las instituciones políticas temporales o ideológicas, del derecho o las herramientas para sancionar, censurar o limitar las expresiones (por necias que sean, como las hechas por Noroña).

Que no se malinterprete: El legislador debe asumir consecuencias por las expresiones de violencia contra una mujer; no creo, sin embargo, que sea una institución política la que deba definir su castigo. No es positivo dotar de esas atribuciones a organizaciones que pueden mudar de principios ideológicos sin ruborizarse.

Las respuestas ante el lenguaje pendenciero y belicista deben ejercerlas, en primerísimo lugar, los inmediatos interlocutores, los miembros participantes y consumidores de la cultura del diálogo. Usted y yo, nosotros; porque hablamos para entendernos, no para pelear.

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

LEE Censura y sollozos desde la investidura

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Gerardo Medina Romero

Reforma laboral de 4ta. para el Teletrabajo

Gerardo Medina Romero

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Reforma laboral de 4ta. para el Teletrabajo

El Mundo Interno de las Organizaciones

Por: Gerardo Medina Romero

El 11 de enero del presente año se hizo oficial en México un decreto por el cual se reforman algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo, a raíz de que la mayoría de las empresas han estado trabajando así a causa de la pandemia. Incluso, muchas han decidido que mantendrán esquemas de teletrabajo hacia el futuro, ya que han comprobado sus beneficios, tanto para la empresa como para los trabajadores.

Lamentablemente, en una situación en la que empresas y trabajadores habían llegado a acuerdos, tenía que llegar el gobierno a descomponerlo todo y a poner en riesgo esa estabilidad.

Tal parece que el gobierno de México no tiene la menor idea de las tendencias en materia de organización, innovación, transformación y competitividad que se vislumbran en todo el mundo ante esta nueva situación. Tampoco seguramente se ha percatado de que vivimos en una realidad global y sin fronteras. ¡Por favor! Que alguien le avise al gobierno que las empresas mexicanas necesitan de su apoyo y del respaldo de sus empleados para enfrentar la crisis que la pandemia ha provocado a nivel mundial, y que los empleados mexicanos ahora compiten por sus puestos de trabajo con personas que están en cualquier lugar del mundo.

También puedes leer: La competencia por los puestos de trabajo será mundial

Me parece que las reformas, solo promueven aún más una mentalidad de mediocre de odio y explotación de los empleados hacia sus patrones como ha sido la tendencia de polarización de este gobierno. Seamos claros, el 95% de las empresas en México para las que aplica esta legislación, son PYMES y no puede absorber de manera unilateral todos los costos derivados del cambio de modelo de trabajo. Quizá las empresas transnacionales y los grandes corporativos a nivel mundial sí lo puedan hacer.

Reformas que sobreprotegen al trabajador y cargan la responsabilidad a los patrones solo servirán para crear conflictos, romper la estabilidad y crear mayor crisis, mientras las empresas extranjeras toman la delantera. Seguramente también servirán para que algún líder sindical extorsione a las empresas y se haga rico, utilizando y manipulando a sus agremiados.

La ley dice que el teletrabajo debe ser voluntaria, si el trabajador no acepta el empleador debe mantener su lugar de trabajo, con las mismas características o pudiese ser demandado. También posibilita, bajo la bandera de la intimidad, que el trabajador decida no prender su cámara de video en alguna reunión, y como esto otras cosas más.

Eso sí, obliga a los patrones a adquirir, proporcionar, instalar y dar mantenimiento a todo el equipo que el empleado requiera para trabajar en casa, e incluso a pagar el internet y la parte proporcional de energía eléctrica. Claro, eso si no deciden contratar talento de otros países y ahorrarse esta vergüenza. ¿Te imaginas el gasto para instalar algún tipo de tecnología y medir la parte proporcional del consumo de electricidad utilizado para trabajar?

El incremento en el gasto por internet, energía, café, agua y papelería sin duda se compensa con los ahorros generados por transporte, estacionamiento, comida y ropa y lo más importante, por mantener un trabajo. En el último de los casos, bastaría con hacer algún tipo de ajuste salarial y dejar la responsabilidad en el trabajador.

Tanto las empresas como los empleados han demostrado su capacidad de negociación de términos y condiciones para beneficio de ambas partes, sin la intervención del gobierno. Sobre todo cuidando en la medida de lo posible las fuentes de trabajo ante la crisis que cada día se complica más.

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Estoy convencido de que hay dos tipos de mexicanos en el mundo organizacional: aquellos que quieren salir adelante y competir de tú a tú a nivel internacional, y otros que quieren aprovecharse de sus empresas para beneficiarse sin el menor esfuerzo, aunque esto les dure poco.

Lamentablemente los que hacen las leyes, son del segundo grupo porque toda su vida lo han hecho así. ¿Y tú?, ¿Qué cultura laboral quieres fomentar en México?

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