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Opinión

La Suprema Corte y la Constitución capitalina

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CONTEXTO

Después de estas vacaciones de verano, el Poder Judicial de la Federación regresa a las actividades y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reinició su agenda de pendientes, tiene que resolver uno de los más relevantes y tiene que ver con la recién promulgada Constitución de la Ciudad de México.

En las próximas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que resolver las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas a efecto de controvertir la viabilidad de la Constitución de la ciudad de México, pero el asunto es muy complejo por todo lo que ello conlleva, tomando en cuenta las reformas a la Constitución nacional en los temas de derechos humanos, así como los derechos de las minorías que están plasmados en el artículo primero.

Como se recordará, una vez que se publicó la Constitución capitalina, se tenían 30 días para ejercer los medios de control de constitucionalidad previstos en el artículo 105 de la Carta Magna. Y los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y el Senado de la República, promovieron acciones de inconstitucional, así como el consejero Jurídico de la Presidencia de la República y el Tribunal Superior de Justicia de la misma capital, presentaron controversias constitucionales.

Hay que reconocer que, a diferencia de otros juicios de inconstitucionalidad o controversia, en este caso en concreto, la Suprema Corte de Justicia tendrá que lidiar contra un enorme componente político, el cual estará rodeado de los reflectores de los medios de comunicación.

Sin abordar los temas jurídicos que tendrán que resolver en su momento los ministros de la Suprema Corte de Justicia, vale la pena reflexionar sobre algunas cuestiones que se derivan de estas impugnaciones en contra de la Constitución de la capital del país y que tienen que ver con la denominada técnica jurídica, y que inevitablemente generarán un debate más abierto sobre el control de constitucionalidad.

Destacaría, como lo señala un artículo de la revista “Nexos”, un aspecto:

“En primer lugar, puede sonar extraño que una nueva Constitución creada por una asamblea constituyente sea sometida a un control de constitucionalidad, pero no podemos perder de vista que vivimos en un Estado constitucional de derecho, en el que todo ordenamiento jurídico debe adecuarse a lo establecido en la Constitución federal y, en este caso, al tratarse de una Constitución de carácter local la regularidad constitucional debe garantizarse por parte de la Suprema corte —sin importar el origen legislativo que tenga. Sin abundar en las aristas políticas, creo que no debemos olvidar que el control de constitucionalidad es un elemento esencial en cualquier democracia. Fundamental para garantizar el ejercicio de los derechos humanos y la observancia de los principios constitucionales rectores del Estado.

La controversia que presentó en su momento el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edgar Elías, fue porque la Constitución de la capital del país, le da atribuciones a los ciudadanos –además del Consejo de la Judicatura—para establecer qué tipos de jueces, nombramientos, pero además, la administración y los recursos del poder judicial, invadiendo su esfera de competencia.

Además, está el amparo que promovió el abogado Javier Quijano Baz, por parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió acción de inconstitucionalidad.

Otro tema polémico y que sacará chispas sin lugar a dudas es el derecho de Réplica, que será analizado en una segunda ronda, pues el proyecto inicial del ministro Alberto Pérez Dayán fue rechazado por mayoría y ahora, el ministro Javier Laynez Potisek, será el encargado de presentar el nuevo engrose.

Por otra parte, en la última sesión antes de iniciar el periodo vacacional, la Suprema Corte de Justicia resolvió retornar al tribunal especializado tres amparos en revisión promovidos por Teléfonos de México (Telmex) y Teléfonos del Noroeste (Telnor) en materia de tarifas de interconexión.

Estos amparos fueron promovidos por la empresa controlada por Carlos Slim en contra de las tarifas de interconexión establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 2015 con Axtel y Avantel, NII Digital (Nextel) y TV Rey de Occidente, una empresa que ofrece servicios de telefonía, internet y TV en Michoacán Jalisco, Querétaro y Guanajuato. En semanas anteriores, la Corte resolvió al menos una decena de amparos en materia de interconexión a favor de América Móvil.

La resolución emitida por la Corte determina que “se modifica la sentencia recurrida, se sobresee en el juicio, quedan sin materia los recursos de revisión y de revisión adhesivos y se reserva jurisdicción al tribunal colegiado del conocimiento”. Esto significa que la Corte regresa estos asuntos al Tribunal Colegiado para ciertos efectos, es decir, para que el Colegiado valore los puntos de vista expresados por la Corte y emita una nueva resolución con libertad de jurisdicción, esto es, que vuelva a analizar el caso y emita una nueva sentencia.

Así, la resolución definitiva de estos amparos estará en manos del Tribunal especializado en Telecomunicaciones. Uno de los temas aún pendientes en la SCJN es la discusión de la tarifa de interconexión cero, un amparo promovido por América Móvil para que se discuta si el artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es constitucional o no. La tarifa cero es la prohibición legal que tiene América Móvil en su calidad de agente económico preponderante de cobrar a sus competidores por la terminación de llamadas en su red.

Como se ve, será largos el verano y el otoño para los ministros. Expertos del sector de telecomunicaciones prevén que será en agosto o septiembre, cuando se conozca el proyecto y se discuta la tarifa cero.

ebv



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Análisis y Opinión

Entre el escándalo y la prevención. El mejor camino para las víctimas de abuso

Felipe Monroy

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En esta semana un par de acontecimientos renovaron la atención sobre los avances en el combate a los abusos sexuales cometidos por ministros de culto contra menores o personas vulnerables; sin embargo, ambos hechos guardan entre sí relación y distancia: uno enfocado más en querellas legales contra presuntos culpables; y otro, en la construcción de cultura y espacios donde la prevención y la protección es el objetivo central.

En primer lugar, de alto impacto mediático, fue la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la fiscalía revise “la posibilidad de conocer las investigaciones contra el arzobispo emérito de México, Norberto Rivera Carrera”. Se trata de un amparo interpuesto por el exsacerdote Alberto Athié contra una decisión previa que le impide acceder a carpetas de investigación de casos de pederastia clerical supuestamente encubiertos por el cardenal. Casos en los que, por otra parte, el activista no está involucrado, no es parte interesada directa ni querellante.

Sin duda, el principal y más importante factor que obligó a la Iglesia católica a emprender un viraje absoluto contra los casos de abuso sexual entre sus clérigos y las prácticas institucionalizadas de encubrimiento fue la presión mediática. Hasta antes que los casos de abuso adquirieran dimensión global y cultural, hoy se sabe -y gracias a la propia Santa Sede que ha revelado buena parte de sus dinámicas precedentes- que el clamor de las víctimas era minimizado, que el lenguaje relativizaba la gravedad de los actos y que, para evitar el ‘escándalo’ se prefería el arreglo extrajudicial, el silencio y una somera vigilancia interna a los criminales.

La extensa publicación y divulgación de las voces de las víctimas, así como de las evidencias de protección institucionalizada de ministros culpables, cambió para siempre la actitud de la Iglesia católica frente a los casos de abuso sexual contra menores o personas en condición de vulnerabilidad. Este cambio ha sido radical; a tal grado que no es poco decir que la Iglesia católica es hoy una de las instituciones que más ha avanzado en asumir medidas de prevención de abusos y en la configuración de mecanismos orientados a la protección de menores.

Lo principal ha sido asumir en plena conciencia los yerros autorreferenciales que perpetuaban las actitudes de conservación de la institución antes de cuidar o siquiera escuchar a las víctimas y sus necesidades. Y la Iglesia lo ha comprendido profundamente. Ninguna otra institución u organización ha publicado libremente el proceso de investigación de alguno de sus más encumbrados miembros, exponiendo los errores y complicidades que, por desgracia, acentuaron la agresión y ofensa contra las víctimas.

Y en ese tenor de responsabilidad se encuentra el segundo acontecimiento relevante: El Centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia de México participó en la creación de una nueva Alianza Global de Salvaguarda (GSA, por sus siglas en inglés), para promover acciones de prevención y protección de menores. Un esfuerzo intercontinental en el que participan organizaciones especializadas en la atención de víctimas y en la creación de protocolos de actuación frente a casos de abuso.

La Alianza busca desarrollar estándares globales para programas académicos, certificados y sistemas de protección para menores. Se trata de un esfuerzo sumamente relevante desde la Iglesia que no recibió atención mediática pero que podría hacer mucho por un futuro más seguro para todos y en el que las instituciones asuman su responsabilidad en el cuidado integral de los menores.

Ambos acontecimientos son complementarios, pero deben valorarse por el horizonte real que puedan alcanzar. Insisto, la denuncia pública y el señalamiento de los responsables directos o indirectos de un problema tan complejo como la pederastia clerical ha sido, hasta ahora, la única herramienta de presión para lograr cambios culturales necesarios sobre este flagelo; pero no se puede limitar el horizonte a las dolorosas historias del pasado, se requiere compromiso e imaginación para mejorar el mundo. Y eso es lo que estará intentando la Alianza Global de Salvaguarda, esperamos buenos y muchos resultados.

LEE Un cierre doloroso pero necesario

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Un cierre doloroso pero necesario

Felipe Monroy

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Histórica, dolorosa y sin duda controversial decisión han tomado las autoridades civiles y religiosas para mantener cerrado por cuatro jornadas la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México en el marco de las Fiestas Guadalupanas que año tras año convocan entre 6 y 8 millones de peregrinos hasta los pies de la imagen de la Virgen Morena.

La decisión no ha sido sencilla. Se trata en primer lugar un centro devocional que permanentemente recibe fieles y procesiones que acuden al Tepeyac para pedir, agradecer o sentirse cobijados por el maternal amparo de la Virgen de Guadalupe; es el recinto religioso de mayor afluencia del continente americano y el santuario mariano más visitado de todo el mundo. A lo largo del año, se estima, unos 20 millones de fieles provenientes de todas partes del mundo acuden a La Villa a visitar a la Virgen.

En segundo lugar, es un espacio de convergencia social que reafirma y renueva varias expresiones del profundo sentido cultural mexicano: la solidaridad con el prójimo, la organización local o comunitaria, el tesón, el sacrificio, la compasión y el compromiso con una mejor versión de uno mismo. Entre el 10 y el 13 de diciembre de cada año, miles de personas extienden el mejor de los gestos de hospitalidad para con los millones de peregrinos; y, por su parte, los fieles acuden hasta el Santuario con uno o varios compromisos personales o espirituales que consideran ayudarán a mejorar su vida en su familia o su localidad. Ya sea por obligación moral o por vocación, los voluntarios y los peregrinos son ciudadanos con espíritu renovado que, en su mejor perfil, coadyuvan positivamente a las instituciones fundamentales e intermedias del pueblo mexicano.

Mirar el fenómeno guadalupano exclusivamente bajo perspectivas económicas o demográficas no refleja la verdadera riqueza que existe en esta manifestación popular que no pocas veces ha definido el curso de la historia nacional o de los valores culturales ampliamente aceptados por las familias mexicanas. El fenómeno guadalupano pertenece al pueblo y, como aporta el papa Francisco, ‘pueblo’ no es una categoría lógica o mística, sino una categoría mítica: “La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales”.

La pandemia de COVID-19 ha privado a la sociedad mexicana de esta trascendente experiencia anual y no hay que minimizar los efectos que esto conlleve en los próximos meses. Sin embargo, ha sido un acierto de las autoridades buscar conjurar con esta dolorosa decisión otras verdaderas tragedias familiares que sufrirían ante el ignominioso silencio de quienes, pudiendo hacer algo, prefirieron no adaptarse. Además, aventuro, esta decisión podría ayudar a los fieles guadalupanos a comprender una riqueza de su devoción no advertida y que quizá la costumbre y el folclor disfrazan.

Cierto, hay voces de creyentes más cercanas al fariseísmo, que elogian otras experiencias de fe comunitaria frente al COVID; como la vivida este mes en el patriarcado ortodoxo en los Balcanes donde celebrantes y fieles sin vigilancia de medidas sanitarias participaron el domingo 22 en el funeral del patriarca serbio Irinej (muerto por COVID) quien, a su vez, había celebrado sin cuidados sanitarios al funeral del arzobispo montenegrino Amfilohije Radovic el 1 de noviembre (muerto también por COVID). Afirman que aquellos fieles fueron valientes por no supeditar a Dios ante la pandemia del coronavirus; pero en realidad, aquellos antepusieron la forma al fondo. Y ese es el error en la perspectiva que tienen de su fe y de su experiencia religiosa.

Me explico y concluyo: Se dice que la expresión ‘lengua muerta’ es sumamente precisa porque un idioma muere cuando ya no puede cambiar, cuando sólo se puede ‘aprender’ en el canon gramático, cuando no ‘vive’ ni ‘evoluciona’ en las relaciones ni en las conversaciones, ni en la literatura ni en la cultura de sus hablantes. El fenómeno guadalupano es un lenguaje vivo, que no se limita a los márgenes celebrativos formales, litúrgicos o tradicionales; que ha sobrevivido, madurado y se ha transformado radicalmente a lo largo de la historia. Este tiempo también es una prueba para reencontrar ese sentido, es una prueba para comprobar que más allá de la costumbre, hay un pueblo que vive su devoción abrazando con dolor el presente para sembrar el futuro de aprendizaje.

LEE Caso Cienfuegos: El dilema

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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