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Opinión

Nómina electrónica, un paso hacia la transformación electrónica en Colombia

Andrea Villamizar

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Siguiendo los pasos de muchos países de Latinoamérica, Colombia avanza en su proceso de digitalización de la economía con la implementación de la nómina electrónica, un documento estratégico para reducir trámites, mejorar su administración tributaria y tener acceso más eficiente a la información.

A diferencia de otras economías, a través de la facturación electrónica, esta nueva normativa resulta más sencilla en territorio colombiano, pues solo exige la firma electrónica a aquellas empresas sujetas al pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no a los empleados.

Entendamos que la nómina electrónica es el documento electrónico que reporta los pagos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) -de costos, deducciones o impuestos descontables, derivados de pagos que se realizan en virtud de una relación laboral o legal- y no a la forma de cubrir la nómina de un negocio  través de un medio digital. Según establece el Proyecto Resolución, las empresas deben adaptar sus sistemas de facturación para comenzar a emitir las nóminas de forma electrónica a partir del 31 de mayo y hasta el 1 de diciembre.

No olvidemos, que la implementación de esta herramienta contempla, por un lado, las emisiones de nóminas electrónicas, y, por otro, notas de ajuste del documento de soporte de pago, es decir, los documentos electrónicos que deben emitirse para rectificar o modificar las nóminas electrónicas en caso de error.

Para mayor control, la autoridad fiscal de Colombia prevé un cronograma de adopción escalonado, hasta enero de 2022, según el número de empleados de las compañías, aunque cualquier empresa que cuente con firma electrónica puede anticiparse al calendario establecido y comenzar a emitir las nóminas de dicha forma.

Las exigencias naturales del mercado y de la competitividad obligan a las compañías a delegar procesos y operaciones que no son parte de su core business, y que le restan competitividad y productividad; por supuesto, la administración de la nómina -incluida la implementación de la nómina electrónica- no es la excepción.

Por consiguiente, los recursos, experiencia, know-how y tecnologías de un aliado estratégico como Grupo Soluciones Horizonte, pueden simplificar el cumplimiento de diferentes normativas y mejorar notablemente el rendimiento de una organización.

En el caso particular de las empresas nacionales creadoras de software y tecnología, la nómina electrónica se presenta como una gran oportunidad  para demostrar su capacidad de responder de forma rápida ante las normativas gubernamentales y dar soporte a otras firmas.

Es por eso que con mucho trabajo por delante para consolidar la transformación digital de las empresas colombianas, es claro que las autoridades y las empresas especializadas en el rubro tributario debemos trabajar de la mano para la correcta puesta en marcha de los esquemas de control y fiscalización, e ir a la par de naciones de la región, tales como Chile, Brasil o México, que son pioneras en la modernización tributaria.

*Andrea Villamizar Giraldo
Founder & CEO GSH Grupo Soluciones Horizonte



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Análisis y Opinión

¿Ataques religiosos en México?

Felipe Monroy

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Se ha presentado en la Cámara de Diputados un dictamen que propone extender el criterio de sanción a los ministros de culto y asociaciones religiosas cuando cualquiera de estos promueva actos de discriminación. La iniciativa parece querer añadir otra pauta normativa a las ya existentes en la ley actual que distancian a los ministros de culto registrados ante Gobernación del resto de ciudadanos.

Independientemente de los procesos legislativos que estarán empujando o no esta iniciativa de reforma a la Ley de Asuntos Religiosos y Culto Público, llama la atención la redacción de la exposición de motivos presentada por la diputada Reyna Ascencio Ortega: “El objeto de esta iniciativa es reformar la Ley para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación… con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes”.

Para la diputada, las organizaciones religiosas tienen potencial de realizar ‘ataques’ y por ello es menester de las autoridades civiles imponer más sanciones. La diputada recoge tres notas de prensa que supuestamente evidencian la discriminación; en realidad las notas sólo hablan de la Iglesia católica (en México hay millares de asociaciones religiosas no vinculadas al catolicismo romano) y de actores en otras naciones como el Vaticano y el reino de España.

Por si fuera poco, la exposición de motivos recoge una opinión del papa emérito Benedicto XVI en la que afirma que cualquiera que se oponga a nuevos considerandos sobre la moral y la dignidad humanas es “excomulgado socialmente”; es irónico que el propio dictamen confirme lo dicho por Ratzinger pues pretende sancionar expresamente a quienes tienen un parecer distinto respecto a lo que se hoy algunos consideran ‘discriminación’ aunque no esté soportado por los derechos humanos.

En 2017, sin embargo, la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (SEGECEM) publicó unos ‘Lineamientos de actuación para la Prevención de la Discriminación’ con los que busca inspirar a todas las organizaciones católicas en México. El documento pondera que si bien todos los ministros de culto de la Iglesia católica gozan de los derechos de libertad religiosa y de expresión “estos derechos no son absolutos y deben respetar los límites establecidos por la Constitución y las leyes”.

Los líderes católicos piden a todos sus miembros un equilibrio entre la orientación de los fieles en la doctrina y el respeto a la ley: “La Iglesia debe exponer sin ambages la doctrina cristiana sobre cualquier aspecto, sea dentro o fuera de los templos, siempre y cuando se realice en absoluto respeto a la dignidad de la persona humana y a sus derechos fundamentales. Igualmente, debe emitir consideraciones de moral cristiana respecto de conductas o hechos, si bien se sugiere no hacer alusiones particulares sobre una persona o grupo de personas”.

Muchas otras confesiones religiosas comparten estos principios con los católicos: Expresar con libertad su doctrina sin vulnerar el respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Toda vía más, incluso si en sus órdenes constitutivos no lo contemplaran, las religiones en México deben ajustarse a estos principios puesto que ya están estipulados con claridad en la ley vigente de Asociaciones Religiosas en los artículos 6° y 9°.

Por tanto, la iniciativa sería algo menos que ociosa si no encontráramos en ella las siguientes joyas: “No se debe soslayar el poder espiritual… tampoco se debe soslayar el poder terrenal que gozan las asociaciones religiosas y que constituyen de facto una oposición a lo logros y a la lucha por los derechos de la población”.

Las motivaciones detrás del proyecto de reforma evidencian que estos legisladores consideran que las religiones en México, gracias a sus “poderes espirituales y terrenales”, son una oposición a la ciudadanía y a sus derechos. Que se lo digan a los millones de mexicanos y extranjeros que reciben auxilio, caridad, promoción y salvamento cotidiano por parte de los miles de asociaciones religiosas mexicanas.

Como sea, este tipo de iniciativas de coerción injustificada ya habían advertidas desde la SEGECEM en el mismo documento del 2017: “Existe el peligro de limitarla [la libertad de expresión] de una manera no razonable, lo cual es impropio del espíritu de una sociedad libre, plural, diversa y democrática… La libertad de expresión puede tener limitaciones razonables, pero las limitaciones solo deben ser las necesarias para el ejercicio lícito de los derechos de los demás”.

La mera existencia de un dictamen como éste así como las histéricas reacciones de tirios y troyanos revela la inmadurez ciudadana y democrática respecto a las posibilidades positivas de convivencia, participación y colaboración entre las más diversas organizaciones religiosas con el resto de instituciones sociales, evidencia la ignorancia y los prejuicios de ambos grupos radicales que aprovechan cualquier excusa para desacreditarse mutuamente con falacias e intereses de puro pragmatismo político-partidista.

LEE Regular lo posible, antes que lo inasible

*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe

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Análisis y Opinión

Salgado Macedonio: Sí, pero no

Cristian Ampudia

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Conversando

¡Vaya lío en el que se metió Morena al pretender poner a Félix Salgado Macedonio como su candidato a Gobernador de Guerrero! Porque esa intentona no solamente ha terminado por afectar la imagen del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que además no queda totalmente claro el desenlace que tendrá esta historia, veamos…

Sobre Salgado Macedonio pesan acusaciones y denuncias de abuso sexual, pero eso no pareció incomodar a Morena, partido que hasta hace unos días hacía oídos sordos a los reclamos de las mujeres que exigían (con justificada razón) que un hombre con tales acusaciones sobre su espalda pudiera contender por la Gubernatura de Guerrero.

Han sido innumerables las voces de víctimas, colectivos feministas y hasta del interior del propio partido que se oponen a que Salgado Macedonio fuera el candidato morenista.

La propia secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, consideró un error postular a Salgado Macedonio; Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, también se pronunció en contra, pero nada de eso parecía descarrilar la candidatura morenista… hasta el viernes pasado.

Y es que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena resolvió bajar la candidatura de Félix Salgado Macedonio al Gobierno de Guerrero e instruyó a las Comisiones Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas a reponer el proceso de selección. ¡Y cómo no!, si la presión era tal que en redes sociales se hicieron tendencia los hashtags #PresidenteRompaelPacto y #UnVioladorNoSeráGobernador que claramente exigían a AMLO y a Morena retirarle la candidatura.

Pero cuidado, este asunto no está zanjado. Zazil Carreras, de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, pidió a sus compañeros “juzgar con perspectiva de género” e inhabilitar a Félix Salgado Macedonio para que no pudiera contender por la candidatura; pero Eloísa Vivanco, Donají Alba y Alejandro Viedma votaron contra el proyecto presentado, por lo que el proceso de selección será repuesto, pero Salgado Macedonio podría volver a competir por la candidatura y por lo tanto, obtenerla.

¿Qué pesará más en esta “novela”?, la cercanía de Salgado Macedonio a AMLO y la dirigencia de Morena o los reclamos desde la sociedad civil y dentro del mismo partido? Ya se verá…

Por no dejar

En esta columna abordamos ampliamente la semana pasada el tema de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al primer año de gobierno de la administración de Andrés Manuel López Obrador. La ASF indicó el lunes por la noche que el costo por la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) era menor al que originalmente había calculado, lo que fue retomado por López Obrador en su conferencia matutina del martes.

Como era de esperarse, el tema fue usado en abono del discurso del Presidente que siempre se centra en sus adversarios. Y está bien, si desde la ASF la gente de David Colmenares Páramo no hizo un buen trabajo en la auditoría, no hay razón para que siga en el cargo; pero también hay serios señalamientos en la auditoría y diversos reportes de prensa sobre la corrupción que existe; por ejemplo, en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, en el que hasta los muertos están en el padrón de beneficiarios… y de esas acusaciones, AMLO y la 4T han “callado como momias”.

LEE AMLO y el cubrebocas

ebv

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