Por Antonio Maza Pereda

La rama legislativa de nuestro Gobierno tiene una rara percepción de la realidad. Para ellos su modo de resolver problemas o dificultades, consiste en legislar. Lo cual está bien, para eso los hemos elegido. Lo que no es claro es que, para ellos, con tener una ley ya basta: si el Ejecutivo la promulga y la aplica, el problema ya está resuelto. Para la Sociedad solamente nos queda obedecer. ¿Qué podría salir mal?

La realidad es que eso no es así. Muchas leyes no se cumplen. Hay quien dice que, si la mitad de las leyes que tenemos se cumplieran, seríamos un país de los más avanzados. Cuando una de las leyes que nos obsequia el legislativo no se está cumpliendo, la solución de esos padres y madres de la patria es aumentar la penalidad. Y de esto abundan los ejemplos: a los casos de feminicidios, violaciones y otros tipos de violencia hacia la mujer, les han venido aumentando la penalidad. Lo triste es que no hay una relación entre esos aumentos de penalidad y la reducción de la violencia contra la mujer. Las penas son cada vez más largas, en tal manera que muy pronto esas penalidades serán irrelevantes, porque sobrepasan la esperanza de vida de la población.

Pero tal parece que nuestros representantes se consideran omnipotentes, de algún modo. Basta con que prohíban algún comportamiento indeseable, para que el asunto quede resuelto. Está faltando entender a fondo las situaciones delictivas. Las leyes, ¿realmente concuerdan con los requerimientos, con las necesidades de la Sociedad? Porque si se prohíben comportamientos que la Sociedad no condena, es extraordinariamente difícil hacerlos exigibles. La población no estará inclinada a colaborar ni a denunciar esas conductas. Y luego, está el problema de tener la capacidad de aplicarlas, capturando y condenando a quien delinque. Un tema en el cual no se le ha invertido por décadas: mientras que aumenta el número de leyes, no ha crecido al mismo ritmo la inversión en el personal encargado de hacerlas cumplir. Una inversión, tanto en el número de agentes de la ley como en su capacitación y equipamiento. Cada vez que se establece una nueva ley, debería hacerse el estudio de cuál va a ser el costo de hacerla cumplir. Y de eso, no se preocupan nuestros representantes. En su omnipotencia, piensan que basta con que exista el ordenamiento, para que la situación se haya resuelto.

Han habido algunos asuntos menores donde se actuó de una manera diferente. Por ejemplo, en la Ciudad de México se estableció un reglamento que prohibía tener saleros en las mesas de las fondas y restaurantes. Ello con el loable propósito de contribuir a reducir el número de los hipertensos y, por consecuencia, reducir la mortalidad por enfermedades cardíacas y el costo de atender a los afectados. A los pocos días de promulgar ese ordenamiento, fue claro que no había la posibilidad de hacerlo cumplir. Sencillamente, no hay el número de inspectores que pudieran ejercer una vigilancia adecuada en todos y cada una de las fondas y restaurantes. Se canceló el reglamento y se trabajó con las organizaciones gremiales de estos negocios para que, de modo voluntario, retiraran los saleros de las mesas y se entreguen únicamente a petición de los parroquianos. El resultado es importantísimo: se está cumpliendo el propósito qué tenía el reglamento sin necesidad de tener inspectores que lo hagan cumplir.

En estos últimos días se está discutiendo en el Congreso un reglamento para que las futbolistas profesionales reciban el mismo salario que el que reciben los hombres. Es muy claro que nuestros representantes no entienden la economía del fútbol profesional. Los ingresos de los clubes deportivos no dependen de la voluntad de esas organizaciones. Ese dinero depende de la asistencia del público a los estadios, los cuales tienen un límite. Además, dependiendo de la cantidad de personas que ven los partidos a través de los medios, esos clubes reciben una parte muy sustancial de sus ingresos, en ocasiones muy superiores a lo que reciben por la asistencia a los estadios. En la medida que haya muchos espectadores en dichos medios, las compañías que transmiten los partidos pueden cobrar por su tiempo, en proporción al número de telespectadores. Y esto no es todo: los jugadores y los equipos ofrecen a las compañías la posibilidad de tener su publicidad en los uniformes de los jugadores, con lo cual hay otros ingresos. Y todavía puede haber ingresos adicionales cuando los jugadores recomiendan productos o servicios. En algunos países hay consultores qué ofrecen multiplicar por 10 los ingresos de los jugadores de los deportes de exhibición, a través de diferentes medios publicitarios. Claro, pidiendo un 30% de comisión por esos ingresos adicionales.

Esto se ha ido creando a lo largo de los años en el negocio del fútbol profesional. El fútbol femenino profesional aún no llega a desarrollar estos tipos de ingresos de manera que pudieran permitir realmente una paridad en los ingresos de las jugadoras. En cierto modo la solución está en nosotros, en el público. En la medida en que asistamos a los estadios, aumentemos el número de horas que dedicamos a ver los juegos de las jugadoras profesionales, se podrá cobrar más a las televisoras y se podrán obtener ingresos fuertes por la publicidad.

Estoy seguro de que es de justicia que las futbolistas profesionales ganen tanto o más que los hombres. Pero la solución no está en las leyes. Nada de esto se ha tomado en cuenta en ese ordenamiento. Creo que es un ejemplo de qué los congresistas no analizan a fondo los temas en los que están estableciendo nuevas leyes y reglamentos. No se trata de que nuestros senadores y diputados se vuelvan expertos en todo, pero la rama legislativa recibe ingresos muy sustanciales de los cuales se podría pagar la investigación necesaria para poder tener leyes que puedan cumplirse. Y de esto, al parecer, no se habla.

No basta con tener leyes. Algo nos está fallando. Se necesita entender los problemas de fondo, diseñar los ordenamientos que de veras resuelvan. Hay que convencer a la población de la necesidad de esa ley, hay que instrumentarla para que pueda cumplirse y poner los medios necesarios para que su aplicación sea exitosa.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

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Entre muchas de sus cualidades, se dice que la comunicación nos permite ver el mundo a través de la mirada de los demás. Es una idea sugerente, porque simplifica una serie de incontables procesos que exigen conciencia, lenguaje, diferenciación y comprensión que sólo pueden existir en el ámbito interactivo de la naturaleza humana.

En este mundo, la humanidad ha expresado a través de su vasto –y exclusivo– universo simbólico su comprensión de la realidad; y, aunque es igualmente inabarcable la pluralidad de culturas humanas en la historia de las civilizaciones, en el fondo sólo nos hemos tenido a nosotros mismos como interlocutores materiales de la comunicación.

Es decir, por mucho que nos esforcemos en escuchar los ecos de la historia sobre nuestro planeta y el cosmos, o por atinadas que sean nuestras interpretaciones de las señales del resto de los seres vivos conocidos, en el fondo sólo nos comunicamos con herramientas de nuestras manos y nuestro ingenio en los términos que las culturas se permiten en los márgenes de nuestra especie. Hoy, una de esas herramientas provoca tantas ilusiones como inquietudes.

La Inteligencia Artificial actual ha alcanzado niveles de sofisticación algorítmica sorprendentes: la imitación del lenguaje humano (tanto verbal como visual) y la ‘generación’ de ideas complejas provenientes de inmensas bases dinámicas de datos obliga a reflexionar sobre los nuevos desafíos comunicativos a los que la humanidad se enfrenta; especialmente en lo referente a los márgenes éticos y políticos de esta “inteligencia generativa”.

Es cierto que aún parece lejana la construcción de herramientas de IA que asimilen la identidad propia y la otredad en una conciencia autónoma o que se acerquen a los procesos cognitivos humanos básicos; pero la capacidad que tienen hoy para imitar masiva, inmediata y progresivamente actividades humanas como el análisis, el diseño, la redacción, la esquematización y la jerarquización de informaciones obliga a reflexionar sobre cuáles son los espacios de la vida cotidiana digital que se ven afectados, perturbados o directamente transformados por esta tecnología.

La vida digital contemporánea expresa riesgos permanentes tanto para los usuarios como para la sociedad en general: el robo de datos e identidad, las amenazas de seguridad a las instituciones de servicio público, la falsificación de noticias, la propaganda psicográfica o la alienación social son desafíos permanentes para las instituciones sociales y el tejido social.

La eventualidad de ser tanto víctimas como propagadores de estrategias de consumo ideológico digitalizado es casi ineludible; y la posibilidad de que sea el propio algoritmo de consumo lo que determine las certezas y actitudes de nuestra ciudadanía onlife es cada vez mayor. Incluso, una institución tan ancestral como la Iglesia católica comprende que hoy ya no existe esa frontera entre la vida ‘online’ frente a la ‘offline’, sino una sola ‘onlife’ que une la vida humana y social en sus diversas expresiones en espacios digitales y físicos. Esto lleva a preguntarnos sobre la ética comunicativa y la ética política en los usos y alcances de la IA.

Ya desde los años 60 del siglo pasado, Marshall McLuhan afirmaba que las sociedades se suelen configurar más por la naturaleza de los medios con los que la humanidad se comunica, que por el contenido mismo de la comunicación; pero, por otra parte, el productor y decodificador último de toda comunicación mediada siempre será el ser humano. Por ello, la vida digital contemporánea con herramientas de la IA no debe perder de vista que la auténtica comunicación humana exigirá siempre que se atiendan cuestiones sociales reales y no sólo las especulativas del funcionamiento de los medios, como la ‘comunicación’ que sucede en la aparentemente incognoscible trama del algoritmo. Es decir, es necesario saber distinguir los productos comunicativos derivados de datos e instrucciones realizados con intencionalidad humana, de aquellas alucinaciones que la IA produce a través del recorrido iterado sobre sus códigos, bases de datos y dinámicas de consumo.

Comunicar, en última instancia, siempre será un proceso que exclusivamente habrá de interpretar la raza humana, y en ello radica su responsabilidad.

Así, se hace necesario que la sociedad de la información cuente con herramientas claras para contrarrestar la posibilidad de que el algoritmo anónimo tenga capacidad de hacer política social, promueva creencias y comportamientos o determine los contenidos que evalúe socializadores o ‘antisociales’. Ahí es donde deben entrar los viejos principios de la ética comunicativa en las nuevas fronteras de la IA: veracidad, imparcialidad, completud, responsabilidad y justicia pero en los márgenes de un medio que simula funciones cognitivas humanas complejas.

La comunicación es un intercambio dialógico entre entidades que se reconocen mínimamente semejantes pero que saben que no son iguales; la comunicación para el ser humano no es un fin, sino un camino que se descubre sobre los escarpados perfiles simbólicos de las culturas transformándose.

Por ello, la lucha por atender y mejorar las condiciones sociales de cada época siguen pasando invariablemente por una realidad que sólo se puede intervenir a través de la construcción de lenguajes, de discursos y de una comunicación donde participan los diferentes grupos humanos con las herramientas que están en permanente evolución (de la invención de la escritura a la interacción con la IA apenas ha sido un fragmento de la humanidad); una realidad donde se garantice la disponibilidad, asequibilidad y usabilidad de los medios para todos, en la que se facilite el acceso público a su configuración y en la que se respete la privacidad e inviolabilidad de la dignidad humana.

*Director VCNoticias.com @monroyfelipe