Ciudad de México.— Es fundamental que el Estado refuerce su compromiso con la salud pública, garantizando que toda persona en México tenga acceso a los insumos necesarios para preservar su vida y bienestar, aseguró la diputada federal Graciela Ortiz González.

En ese sentido, presentó una iniciativa que reforma y adición de diversas disposiciones del artículo 2 de la Ley General de Salud. En su argumentación, la diputada priista sostuvo que fortalecer las políticas de salud no solo prolonga la vida de la población, sino que promueve el desarrollo sostenible del país. Por ello, en su proyecto de ley se plantea que la reforma consolide un sistema de salud resiliente que asegure la disponibilidad de medicamentos y vacunas para toda la ciudadanía.

En los cambios al artículo 2, fracciones IX, X, XI y XII, se contempla abastecimiento permanente de medicamentos y vacunas en todo el territorio nacional, con la prioridad de enfermedades crónicas, oncológicas y emergencias sanitarias. Además, se propone inversión sustentable en infraestructura a través de un plan nacional para modernizar los hospitales y centros de salud, que sean una base sólida para enfrentar futuras pandemias.

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También se incluyen políticas públicas de atención a largo plazo que no limitan la médica a soluciones inmediatas, sino integrarlas a una estrategia transexenal que garantiza la prevención y el tratamiento continuo de enfermedades. Se agrega que esto iría de la mano de la atención y prevención de situaciones de emergencia naturales y epidemiológicas, con una adecuada planeación financiera y operativa.

La legisladora priista recordó que la pandemia de Covid-19 dejó claras las fallas y limitaciones del sistema de salud en México, pero también evidenció la necesidad de transformar las políticas públicas de manera profunda y sostenible.

Denunció que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron numerosos casos de desabasto de medicamentos que afectaron a pacientes con enfermedades como cáncer, diabetes e hipertensión.

Dijo que, además, datos de organizaciones civiles y medios de comunicación revelan que el cambio en los mecanismos de adquisición y distribución de medicamentos desde 2019 generó una crisis en el suministro. En ese mismo año, escribió, México experimentó un desabasto en seis de las diez vacunas del esquema nacional, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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Ciudad de México.- En un esfuerzo por abordar la creciente crisis ambiental en la Ciudad de México, el legislador Royfid Torres de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca implementar impuestos a personas físicas y empresas que generen emisiones contaminantes.

Según lo expuesto por el legislador, los avances de programas como PROAIRE han sido insuficientes, con una preocupante disminución de días limpios en la capital, que pasaron de 128 en 2021 a solo 105 en 2023.

Además, se registran al menos 29 muertes diarias atribuidas a la contaminación, lo que subraya la gravedad del problema.

La propuesta plantea un esquema de contribuciones calculadas con base en la cantidad de partículas o sustancias emitidas al aire y su impacto en cuerpos de agua.

Las tarifas se establecerían en función de las Unidades de Medida y Actualización (UMA). Este modelo sigue ejemplos exitosos de países como Finlandia y Suecia, que desde los años 90 aplican gravámenes al carbono y al azufre como parte de sus estrategias para mitigar el cambio climático.

Torres aclaró que el objetivo principal de la iniciativa no es recaudatorio, sino promover la justicia intergeneracional y garantizar que quienes contaminan asuman los costos ambientales que generan.

Asimismo, el legislador destacó que estos ingresos adicionales podrían fortalecer la Hacienda Pública de la Ciudad de México sin afectar a los sectores más vulnerables.

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La urgencia de la propuesta está respaldada por el contexto internacional y nacional. Durante la reciente COP28, México reafirmó su compromiso con los objetivos climáticos, mientras que en el ámbito local, el Congreso capitalino ha abordado reformas al Código Fiscal que, aunque no directamente vinculadas, podrían sentar precedentes para la implementación de medidas como esta.

Esta iniciativa abre un debate sobre el papel de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos en la construcción de un futuro sostenible.

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Ciudad de México.— El vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Diego Garrido López, advirtió que la imposición del “lenguaje inclusivo” no hace más inclusiva a la sociedad, por el contario, la divide.

En ese sentido, el legislador panista se pronunció por dejar de dividir con modas Woke y trabajar por la verdadera equidad.

“La inclusión no se construye cambiando palabras, sino construyendo puentes que acerquen a todas las personas”.

Garrido López reiteró que el llamado lenguaje inclusivo es una moda que lejos de incluir, distorsiona nuestra lengua y afecta gravemente la educación.

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Explicó que la lengua española es una de las mas ricas y precisas del mundo que ya incluye a todos los géneros gramaticalmente.

“Cambiar palabras como todos por todes, no sólo carece de fundamento lingüístico sino que promueve una falta de educación y cultura”, refirió el panista.

Además, Garrido López señaló que un ejemplo claro es el participio activo del verbo ser que forma palabras terminadas en ente como: presidente, “este término no tiene género porque su raíz gramatical no lo permite”, dijo.

Indicó que pretender incluir sólo mutila la lengua, palabras como: estudiante, cantante, presidente, ya son inclusivas no se dice estudianta, cantanta, presidenta.

“El Lenguaje inclusivo, además distrae los verdaderos esfuerzos por la inclusión, sí realmente queremos ser inclusivos aprendamos lenguaje de señas, braille, o impulsemos medida concretas que derriben barreras reales”, finalizó.

Cabe recordar que Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca pidió a sus colaboradores y productores en la televisora dejar de utilizar de forma inmediata el lenguaje “woke”.

“A mis colaboradores que salen en pantalla quiero decirles que ser “diferentes” en un mundo lleno de insensatez… es valentía, no caigan en tratar de encajar y ser normales”, escribió en redes sociales.

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Ciudad de México.— A fin de que el delito de robo en el transporte público se incluya en el catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, el diputado Emilio Manzanilla Téllez impulsa una iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política.

En el documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.

Hace mención que el robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México. “A pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia delictiva, el robo en el transporte público sigue siendo un fenómeno que pone en peligro no solo el bienestar de los usuarios, sino la estabilidad social”.

Por ello, considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente, pues la impunidad en estos casos es factor que contribuye a la percepción de inseguridad y frustración de la ciudadanía.

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Manzanilla Téllez reiteró que el robo en este tipo de transporte es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y mencionó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.

En el Estado de México, esta problemática alcanza niveles alarmantes, ya que, de acuerdo con el SESNSP, entre enero y agosto de 2023 se registraron 6 mil 312 robos con violencia en transporte público, de los cuales 5 mil 432 ocurrieron en esa entidad federativa, lo que representa más de 86 por ciento de los casos a nivel nacional.

Además, dicho delito afecta el patrimonio de las víctimas y pone en riesgo su integridad física y su vida. Los delincuentes suelen actuar en grupos organizados, con armas de fuego o armas blancas, lo que aumenta la peligrosidad de estos eventos.

El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos. La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.

Explica que el artículo 19 constitucional amplía el catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa y se justifica por la necesidad de proteger a la sociedad ante la alta reincidencia y peligrosidad de ciertos delitos; pero el robo en el transporte público, a pesar de su alta incidencia y gravedad, no ha sido incluido, dejando un vacío en la protección de los usuarios de este servicio.

La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.

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