Ciudad de México.— Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) manifestaron su preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo.
Señalaron que la democracia vive momentos cruciales y la aprobación de una eventual reforma a las leyes electorales podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática.
“A pesar de que lo ofrecimos en reiteradas ocasiones, el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma. Al Instituto no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, refirieron
Recordaron que el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, y que la función electoral, depositada en el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; condiciones que se han garantizado, sin excepción, en 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha.
Esto ha sido posible gracias a la autonomía constitucional del INE y a su estructura orgánica: un Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) de excelencia; una estructura desconcentrada permanente en las 32 entidades y los 300 distritos y una Junta General Ejecutiva con direcciones especializadas en sus respectivas atribuciones.
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En ese sentido, del análisis de la reforma advierten deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales:
1.-Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
2.- El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
3.- Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la Credencial para Votar con Fotografía.
4.- La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
5.- Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
6.- La reforma plantea la compactación de calendarios y la alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas.
Por todas estas razones, consideraron que la reforma produciría un efecto regresivo, contrario al principio de progresividad de los derechos reconocidos constitucionalmente, y puede generar incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral.
En ese sentido, reiteraron su llamado a los legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos que consideren pertinentes para hacerles llegar toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones.
De ser el caso, el INE recurrirá a todas las instancias y a todas las vías jurídicas que la Constitución brinda para salvaguardar la autonomía y profesionalismo y seguir garantizando elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución.
Finalmente, consejeros electorales serán empáticos con las acciones que los trabajadores del INE decidan emprender por su cuenta en defensa de sus derechos laborales.
ebv
Ciudad de México.- El autismo es una condición que transforma la dinámica familiar cuando se diagnostica en uno de sus integrantes. Además de los retos en la atención del paciente, impacta en la salud mental de los padres o cuidadores, quienes suelen experimentar ansiedad, estrés y depresión. Un cuidado integral que contemple tanto al paciente como a su entorno familiar puede marcar la diferencia en su calidad de vida.
El autismo y su impacto en la familia.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un grupo de afecciones relacionadas con el desarrollo del cerebro. Se caracteriza por patrones inusuales de comportamiento que dificultan la interacción social y la comunicación.
La OMS estima que aproximadamente uno de cada 100 niños en el mundo tiene un trastorno dentro de este espectro, y en México la cifra supera los 400,000 casos infantiles.
Juan Francisco Lozano, pediatra del desarrollo y comportamiento en el Hospital Zambrano Hellion y director de la Clínica de Síndrome de Down en el Instituto de Pediatría de TecSalud, destaca que una alternativa para ofrecer una atención integral es el cuidado centrado en la familia.
Este modelo fomenta la colaboración entre proveedores clínicos y promueve el acompañamiento en salud mental para padres y la capacitación para intervenciones en casa.
El modelo de cuidado centrado en la familia busca mejorar la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. Se basa en respetar las necesidades y objetivos de cada familia, diseñando estrategias personalizadas que incluyan factores socioeconómicos, culturales y de estilo de vida.
“A veces recomendamos una intervención para desarrollar el lenguaje o el manejo de conductas, pero la familia puede tener una necesidad distinta, como problemas sensoriales o dificultades con rutinas diarias. Si no se involucra a la familia en las recomendaciones terapéuticas, no se estará brindando una atención adecuada”, explica Lozano.
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El diseño de intervenciones efectivas considera la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS, que abarca habilidades diarias, integración escolar y social.
Además, el modelo incluye sesiones de psicoeducación para que los padres comprendan el diagnóstico y reciban apoyo psicológico, tanatológico y de duelo.
Estudios han demostrado que los cuidadores de personas con TEA pueden experimentar ansiedad, culpa y sensación de aislamiento. La falta de apoyo puede deteriorar su salud mental, afectando la calidad de la atención que brindan a sus hijos.
El proceso de aceptación del diagnóstico puede tardar meses o incluso años, generando incertidumbre y ansiedad.
Según Lozano, este ciclo de emociones se repite en distintas etapas del desarrollo del niño, como el ingreso a la escuela o la transición a la vida adulta. Esto puede ocasionar depresión en algunos familiares.
“Si los padres presentan ansiedad, pueden ser más o menos reactivos, distantes o menos tolerantes ante la frustración de sus hijos. Un padre deprimido tendrá menos energía para llevarlo a terapia o jugar con él, lo que impacta directamente en el desarrollo del niño”, explica el especialista.
Para mejorar la calidad de vida, es fundamental que los padres reciban acompañamiento psicológico y capacitación para implementar estrategias terapéuticas en casa.
La OMS ofrece guías y cursos en línea gratuitos para el desarrollo de habilidades de cuidado en personas con TEA.
La ruta hacia un cuidado familiar.
Ante la sospecha de autismo, el primer paso es acudir con el pediatra, quien conoce el historial del niño y puede orientar a la familia. Existen pruebas de tamizaje, como el M-CHAT, que ayudan a determinar si es necesaria una evaluación con especialistas en neurología, psiquiatría o psicología infantil.
Pese a la existencia de terapias eficaces, Lozano señala que muchas de estas tienen costos elevados y están concentradas en zonas de nivel socioeconómico alto. “El autismo no respeta estatus social. Hay una población que necesita estos servicios y enfrenta dificultades para acceder a ellos”, concluyó el especialista.
ARH
Ciudad de México.— La senadora del Partido Verde, Rocío Corona Nakamura, presentó una iniciativa para garantizar el acceso gratuito al transporte público para sectores prioritarios: niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y personas con discapacidad, con el objeto de combatir la desigualdad, reducir la discriminación y asegurar el derecho a la movilidad para quienes más lo necesitan.
La iniciativa plantea agregar un sexto párrafo al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, estableciendo la exención total del pago de tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, previa identificación oficial vigente y que sea emitida por instituciones que acrediten dicha condición.
La senadora argumentó que el acceso a la movilidad es clave para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo. Actualmente en nuestro país, más de 18 millones de adultos mayores, 5 millones de niñas y niños menores de cinco años y 6 millones de personas con discapacidad enfrentan obstáculos para movilizarse libremente.
“En las zonas más marginadas del país, donde el costo del transporte es elevado, las personas en situación de vulnerabilidad enfrentan serios obstáculos como la discriminación, la falta de accesibilidad y la escasa infraestructura, lo que limita su derecho a la movilidad”, alertó la legisladora.
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Por otra parte, Corona Nakamura explicó que, aunque algunas ciudades del país ofrecen descuentos o gratuidad en ciertos medios de transporte, no existe una política nacional que garantice este beneficio de forma uniforme en todas las modalidades de transporte público operado por la administración pública.
A esto se suman cientos de horas perdidas en traslados y los altos costos del pasaje. De acuerdo con el IMCO, las pérdidas económicas derivadas de la congestión en el transporte público ascienden a 94 mil millones de pesos al año, afectando principalmente a quienes menos recursos tienen.
“El transporte no debe ser un privilegio, sino un derecho. México necesita un sistema verdaderamente incluyente, que garantice el acceso pleno a los sectores más vulnerables”, finalizó la senadora.
ebv
Ciudad de México.- En un hecho sin precedentes, México entra en una nueva fase electoral con el arranque de las campañas para elegir a jueces y magistrados, votación que tendrá lugar el próximo 1 de junio.
Esta nueva Reforma al Poder Judicial, aprobada en varias etapas durante septiembre de 2024, permite que los ciudadanos elijan directamente a quienes ocuparán cargos clave en la impartición de justicia desde los tribunales.
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Antes de aprobarse la Reforma, los jueces y magistrados en México eran designados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, con base en propuestas y evaluaciones realizadas por el Consejo de la Judicatura.
Así será el proceso electoral
Las campañas para la elección judicial federal arrancan el próximo domingo 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo, es decir tres días antes de la elección que será el 1 de junio.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en este proceso electoral extraordinario, el primero de su naturaleza que se lleva a cabo en México, se elegirán diversos cargos del Poder Judicial de la Federación entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Nación (TEPJF), magistraturas y juzgados de distrito.
El número de cargos a elegir en el proceso electoral son los siguientes:
- – 9 cargos para Ministras y Ministros de la SCJN.
- – 2 cargos para Magistraturas de las Salas Superior del TEPJF.
- – 15 cargos para Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF.
- – 5 cargos para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
- – 464 cargos para Magistraturas de Circuito.
- – 386 cargos para personas juzgadoras de Distrito.
Los retos de la elección
El proceso electoral para elegir a jueces y magistrados en México enfrenta varios retos, pero hay tres desafíos que son neurálgicos.
1.- Información y transparencia. Es importante que los ciudadanos cuenten con información clara y accesible acerca de cada uno de los candidatos, su experiencia, trayectoria y propuestas.
2.- Independencia judicial. Se ha generado un debate sobre si la elección popular podría afectar la imparcialidad de los jueces, al estar sujetos a campañas políticas y financiamiento externo.
3.- Participación ciudadana. Motivar la participación de la ciudadanía en estos comicios será fundamental y un referente para el éxito de las elecciones de jueces, porque hasta ahora ha sido un tema de poco interés para la población.
Propuestas de los candidatos
A través de sus distintas plataformas, los aspirantes a jueces y magistrados en México han ido presentando algunas de sus propuestas, previo al inicio oficial de las campañas electorales el próximo 30 de marzo.
Entre las principales propuestas de los candidatos, destacan las siguientes:
- – Combatir a la corrupción, para garantizar un sistema de justicia transparente.
- – Facilitar los procedimientos judiciales y eliminar la burocracia.
- – Asegurar que los fallos judiciales respeten los principios de equidad y protección de los derechos humanos.
El objetivo primordial de jueces y magistrados es darle una profunda transformación al Poder Judicial, pero la moneda aún está en el aire, pues aunque se espera una mayor rendición de cuentas a la ciudadanía, también hay preocupación por el uso de los cargos con fines partidistas.
Conforme se vayan desarrollando las campañas de cada uno de los candidatos a los distintos cargos, será fundamental que los ciudadanos se informen y participen de manera activa, para garantizar que en México la justicia sea un pilar de la democracia.
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GDH
Ciudad de México.— El reloj avanza y el tiempo apremia. A pocos días de que venza el plazo, miles de ciudadanos aún no han recogido su Credencial para Votar, el documento que les permitirá participar en las elecciones judiciales del 1 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó que el 31 de marzo es la fecha límite para acudir a los Módulos de Atención Ciudadana y obtener la credencial solicitada. Este trámite es crucial para quienes se inscribieron recientemente en el Padrón Electoral, notificaron un cambio de domicilio o gestionaron una reposición.
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Para muchas personas , esta credencial representa más que un simple requisito electoral. Es el acceso a la toma de decisiones en un proceso que definirá el rumbo del sistema judicial del país. Sin ella, el derecho al voto se esfuma.
Los documentos que no sean recogidos permanecerán bajo resguardo y podrán ser entregados hasta el 2 de junio. Sin embargo, quienes no los obtengan antes de la jornada electoral perderán la oportunidad de ejercer su derecho al sufragio.
ebv
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