Ciudad de México.— El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los montos que aportan el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el Seguro de Infraestructura Educativa, el programa Escuelas al CIEN y las entidades federativas, para la reconstrucción de las escuelas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Lo anterior, respecto de las escuelas ubicadas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Estado de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México, de las cuales deberá entregar un listado completo; la autoridad que realizó el reporte por cada plantel; los criterios para clasificación del daño por escuela (leve, medio o grave), así como las condiciones de pago de los seguros estatales.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Oscar Guerra Ford, manifestó la importancia del derecho de acceso a la información, mediante el cual, se puede conocer lo que aconteció el 7 y 19 de septiembre, donde se perdieron vidas, incluidas de menores de edad.
“La Secretaría de Educación Pública reporta un aproximado de 10 mil escuelas dañadas, de las cuales, se ha dicho, 400 deberán ser reconstruidas totalmente. Es por ello que, atendiendo la trascendencia que representan los daños a estos centros educativos, es que se consideró que encarna un interés fundamental conocer cómo será la recuperación y reacondicionamiento de dichas instalaciones”, apuntó.
Guerra Ford dijo que resulta fundamental que el INIFED acate el procedimiento de búsqueda de la información, dispuesto en la Ley de Transparencia, pues no se puede concebir que, ante su evidente capacidad para conocer de lo solicitado, se declare incompetente.
“Cuando es una temática tan sensible y latente en la sociedad, conocer qué harán tantas personas con los servicios básicos y, en este caso, con la infraestructura educativa, pilar para cualquier país. Por lo que hacemos un llamado a cualquier autoridad federal para que, ante la presentación de este tipo de solicitudes, la actitud sea realizar una búsqueda eficiente y exhaustiva para entregar, a la brevedad, todo aquello que pueda facilitar a las personas el conocer cuándo se restablecerá la normalidad de sus vidas, en este caso, de las escuelas”, remarcó el comisionado.
Un particular requirió, respecto de las escuelas ubicadas en dichas entidades, afectadas por los sismos de septiembre pasado, lo siguiente:
Especificar quién realizó el censo y/o reporte (voluntarios, ingenieros, protección civil), en cada escuela. Definición de los criterios de daño leve, medio y grave o cualquier otra clasificación en cada escuela. Listado completo de escuelas que sufrieron daños. Monto de los recursos para la atención de desastres naturales que se destinarán para la rehabilitación y/o reconstrucción de las escuelas, precisando la aportación de cada fondo. Condiciones de pago de los seguros estatales.
Respecto del apartado 1, el sujeto obligado manifestó que las entidades federativas fueron las responsables de recabar la información, por lo que sugirió canalizar el requerimiento a los organismos estatales encargados del INIFED.
Por lo que toca a los criterios de daño leve, medio y grave (apartado 2), indicó que éstos fueron definidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con los organismos estatales.
En cuanto a los apartados 3 y 4, proporcionó una dirección electrónica donde se encontraría la información y, respecto del punto 5, se declaró incompetente para conocer de lo solicitado.
El particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó su inconformidad por la incompetencia manifestada y por recibir información parcial.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Guerra Ford, destacó que, al revisar el hipervínculo http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico, del portal “Transparencia Presupuestaria” de la Secretaría de Hacienda, proporcionado por el sujeto obligado para la consulta de los puntos 3 y 4, no se localizó el listado de escuelas y sólo se encontró información relativa a los apoyos parciales para la atención de acciones emergentes en zonas afectadas.
Es decir, se expuso, se puede obtener información relativa a los recursos autorizados para obras y acciones necesarias para reconstrucción por entidad federativa y se establece la cantidad que se destinara respecto de infraestructuras de escuelas, dinero que proviene tanto del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), como del Seguro de Infraestructura Educativa, Escuelas al CIEN y de recursos estatales.
Sin embargo, se apuntó, dicha información es genérica, de la cual sólo se obtiene una cantidad total, pero sin que se desprenda de manera puntual el monto aportado por cada uno de los fondos señalados.
En cuanto a los agravios relacionados con los requerimientos 1, 2 y 5 de la solicitud, analizadas las normativas pertinentes, se determinó que el INIFED es competente para conocer de la información requerida.
Lo anterior, ya que el sujeto obligado coordina las actividades derivadas de la atención de daños causados a la infraestructura física educativa, por desastres naturales, para lo cual cuenta con la Dirección de Infraestructura, la Gerencia de Normatividad e Investigación, la Subgerencia de Seguimiento, el Departamento de Seguimiento a Programas de Obras, y la Subgerencia de Atención de Daños y Verificación de Obra.
Por tanto, se concluyó, al declararse incompetente sobre información que podía conocer y al no observar el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de Transparencia, el sujeto obligado vulneró el derecho de acceso del particular.
Ciudad de México.— El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó, mediante sorteo, que los meses de febrero y mayo servirán como base para la insaculación de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla durante los Procesos Electorales Locales (PEL) 2024-2025 y el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025.
En el sorteo, se excluyeron los meses de marzo y abril, que fueron utilizados en el proceso electoral 2023-2024 para seleccionar a los ciudadanos que fungieron como funcionarios de casilla.
📸 #GaleríaINE | Febrero y mayo serán los meses tomados como base para el sorteo de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla en las #Elecciones2025MX y en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial. pic.twitter.com/4c3fwMOKci
Las personas nacidas en febrero y mayo podrán ser convocadas por el INE para participar como funcionarios de mesas directivas de casilla en las elecciones locales de Durango y Veracruz, así como en la primera elección de jueces, magistrados y ministros en México, programada para el 1 de junio de 2025.
Mediante sorteo, febrero es el mes elegido para que, junto con el mes de mayo, se tomen como base para la selección de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla para las elecciones locales de ayuntamientos en Durango y Veracruz el 1 de junio de 2025. pic.twitter.com/QQ7JW1iGOy
Claudia Arlett Espino, secretaria ejecutiva del INE, explicó que los nacidos en febrero tendrán prioridad en este proceso, mientras que mayo servirá como base complementaria. Además, señaló que el INE realizará una segunda insaculación para determinar las letras de los apellidos de los ciudadanos que serán convocados.
En el marco de la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión, las elecciones de junio de 2025 incluirán la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces.
Ciudad de México.— El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las Credenciales para Votar cuyo último día de vigencia es el 31 de diciembre de 2024, continúen vigentes hasta el día de la Jornada Electoral de las elecciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias que se celebren con motivo de los PEL 2024-2025.
Asimismo, que los registros de las personas ciudadanas cuyas Credenciales para Votar se encuentren en este supuesto, sean excluidas del Padrón Electoral y de la Lista Nominal de Electores el día siguiente a la celebración de las jornadas electorales respectivas.
Con corte al 31 de octubre de 2024, el número de registros de ciudadanas y ciudadanos residentes en los estados con PEL el próximo año, cuyas credenciales tienen como último día de vigencia el 31 de diciembre de 2024, asciende a un total de 478 mil 405 (91 mil 204 en Durango y 387 mil 201 en Veracruz).
Ciudad de México.— El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que en la política se tiene que actuar con honestidad y rectitud, pese a que el político está sometido a vicisitudes, a intrigas palaciegas, a intrigas de su equipo y de la familia incluso, está sometido a golpes y elogios de los más cercanos que luego se convierten en detractores.
En ese sentido, Monreal Ávila sostuvo que cuando alguien amenaza con interponer una denuncia debe concretarla para que no quede mal frente a la población, y el denunciado debe exigir que se presente la denuncia, porque si son bases falsas o endebles queda en el escenario de la población que sí fue cierto, cuando fue producto de un mecanismo de maquinación o de invento por dañar la reputación de una persona.
“Esos son los grandes mensajes, por eso en la vida hay que resistir y por eso el que se dedica a la política es obligado ver estas obras, porque en el camino te vas a encontrar con todas ellas, incluso mentiras, insultos o reconocimientos y normalmente no debes dejar pendiente una mentira, una intriga o una acusación falsa, de eso habla el político y de eso habla Maquiavelo. No dejes abierto un expediente, tienes que cerrarlo”, aseveró.
Monreal Ávila indicó que el político tiene que exigir que se presente la denuncia y debe pedir, sí acuerdos, pero no pactos de impunidad. Sí acuerdos en beneficio de lo que se representa, pero no a cambio de impunidad, eso sería muy lamentable.
“Entonces hay que decir, presenta tus denuncias si tienes bases y que la autoridad aclare. No a la maquinación de delitos, no a la maniobra y construcción de argucias ilegales inexistentes, pero tampoco impunidad”.
Ciudad de México.— La diputada del PRI Ana Isabel González González impulsa una iniciativa con el objetivo de establecer protocolos de atención en caso de pérdida gestacional, perinatal o neonatal, con manejo clínico y acompañamiento psicoemocional y mental a la madre y al padre, en todo el Sistema Nacional de Salud.
La propuesta de reformas a las leyes General de Salud, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Federal del Trabajo, plantea incluir la atención médica física y mental integral a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio.
Señala que, en caso de pérdida perinatal o neonatal, la madre tendrá derecho a atención física y psicológica para vivir y superar su duelo y en esta etapa se le otorgará una licencia especial por posparto de seis meses, con el pago de salario íntegro, respetando en todo momento su dignidad como persona.
Se establecerán protocolos específicos de atención física y psicológica, así como acompañamiento y seguimiento al proceso de duelo de madres y padres de familia, en casos de muerte perinatal o neonatal, estipula.
Asimismo, se activarán los protocolos correspondientes para otorgar a la madre la información necesaria respecto a los bancos de leche humana que le permita la donación de leche materna, respetando en todo momento su voluntad y sus derechos humanos.
Se menciona que las causas más importantes de defunciones están relacionadas con la diabetes, el parto prematuro, la hipertensión, las infecciones maternas, el embarazo prolongado y el consumo del tabaquismo.
Refiere que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (NEGI) señalan que en 2023 se registraron 23 mil 541 defunciones fetales, las cuales pertenecen a una tasa nacional de 67.5 por cada 100 mil mujeres de edad fértil.
Agrega que, del total de fallecimientos fetales, 81.7 por ciento fue antes del parto, 17.2 durante el parto. Las entidades que obtuvieron tasas más altas fueron San Luis Potosí con 92.8 por ciento, Durango 91.1 por ciento y Estado de México con 89 por ciento.
Mundohace 2 días
Méxicohace 3 días
Méxicohace 3 días