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Ayotzinapa, un lustro de búsqueda

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Iguala.— La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa cumple un lustro con la versión oficial de la “Verdad Histórica” venida a menos  tras la liberación de decenas de presuntos responsables, y el reto de empezar de nuevo y desde cero la búsqueda.

Esta semana comenzó la excavación de un basurero inexplorado hasta ahora y muy cerca de Iguala, Guerrero, para encontrar indicios de los jóvenes desaparecidos desde el 26 de septiembre el 2014.

LA INSOSTENIBLE “VERDAD HISTÓRICA”

Peña Nieto dejó la Presidencia en diciembre del año pasado y hasta su último día de mandato el Ejecutivo que encabezaba defendió la versión oficial de su Gobierno, conocida como “verdad histórica”.

La investigación gubernamental concluyó que policías corruptos detuvieron en Iguala, Guerrero, a los 43 jóvenes que estudiaban en la escuela normal rural de Ayotzinapa y los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero de Cocula al confundirlos por miembros de un cártel rival.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló que los cuerpos de los 43 no pudieron ser quemados en ese lugar.

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“Concluyeron que la teoría oficial del caso no se soportaba en suficientes pruebas científicas”, expresó Aguirre, quien señaló que en los dos últimos años la situación “se agravó porque el caso comenzó a caerse en los tribunales que concluyeron que las pruebas no soportaban la realidad”.

Eso explica que en días recientes se produjo la liberación de 24 expolicías municipales presuntamente implicados en el caso, jornadas después de la absolución de Gildardo López Astudillo, uno de los principales acusados en la tragedia y presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, por falta de pruebas.

“Las liberaciones de hoy son resultado de una mala actuación de ayer de los fiscales”, dijo Aguirre al señalar que 60 de las 107 pruebas del caso fueron declaradas “ilícitas” al ser en su mayoría confesiones conseguidas mediante torturas a los acusados o detenciones arbitrarias.

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¿REINICIAR LA INVESTIGACIÓN?

Ante la exigencia de los padres de los desaparecidos, la primera medida de López Obrador como presidente fue la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, formada por el Gobierno, las familias y organizaciones de derechos humanos.

La comisión presidencial tuvo un gran poder simbólico porque por primera vez se escuchaba a las familias, pero no ha comenzado a moverse hasta hace poco, con el nombramiento de un fiscal especial para el caso y la iniciación de labores de búsqueda.

Con todo, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, se comprometió el pasado 18 de septiembre con los padres a reconstruir la investigación casi de cero dadas las inconsistencias de la versión oficial, aunque para algunos expertos ha pasado ya demasiado tiempo.

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“Sin duda alguna, en una investigación criminal el solo paso del tiempo conlleva la pérdida de evidencia”, lamentó Aguirre, quien señaló a Peña Nieto por haber “estirado” durante años una versión que no se sostenía para así sofocar la indignación social que despertó el caso.

El director del centro de derechos humanos sugirió, sin embargo, que “no hay que partir de cero” dado que los expertos internacionales hicieron un “gran trabajo” y de la investigación oficial se puede rescatar todo el rastreo telefónico.

LA IMPACIENCIA DE LAS FAMILIAS

Mientras el nuevo Gobierno pide más tiempo para investigar, dado que sólo lleva casi diez meses de funcionamiento, para las familias ya han transcurrido cinco años de dolor, impaciencia y lucha con la convicción de encontrar vivos a los 43 estudiantes.

El lustro transcurrido tras el suceso ha sido eterno para una madre que creía que su hijo y sus compañeros se habían escondido en las montañas e iban a aparecer en una semana.

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“Ya estamos por cumplir cinco años de la desaparición forzada de nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están. Pero no nos vamos a rendir y vamos a seguir hasta saber de ellos y encontrarlos”, aseveró contundente Cristina Baptista, cuyo hijo Benjamín desapareció cuando tenía 19 años.

EFE

ebv



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Promover el cambio de identidad trae serias consecuencias: ONG´s

Quitan la seguridad jurídica en el momento de tener una “nueva”, identidad en una persona.

Arturo Ramírez

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Ciudad de México.- El acta de nacimiento, cuyo principal fin es la de identificar a toda persona sin atender gustos o voluntades.

Sin embargo, en el estado de Jalisco esta primicia parece perderse ante los cambios que el gobierno local propuso.

La reforma, promovida por el Director de Diversidad Sexual del Estado de Jalisco, Andrés Treviño Luna y modificada por el Ejecutivo, reglamenta el cambio de sexo.

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Que no está legislado en la Ley del Registro Civil y del Código Civil del Estado.

Patricia Dávila Orozco, miembro de Voz en Acción, expresó en entrevista con Siete24.mx, que esta iniciativa en la entidad, puede traer problemas en el corto plazo.

Fue una acción sorpresiva, porque a la mayoría de los ciudadanos nos tomó por sorpresa este cambio, y queremos alertar a la sociedad que este cambio no es tan sencillo como se quiere manejar, dijo.

Dávila Orozco, también comentó que esta disposición por parte de las autoridades, vulneran la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Refirió que esta acción fue a solicitud de un grupo de diversidad sexual, que pese a ser minoritario, obtuvo pronta respuesta, sin tomar parecer a la mayoría de la sociedad de Jalisco.

Por lo que el gobierno debería centrarse en darle más atención a lo que realmente necesita la población, dijo la miembro de Voz en Acción.

Este tipo de acciones quitan la seguridad jurídica en el momento de tener una “nueva”, identidad en una persona.

Patricia Dávila también externó que facilitar a los niños un cambio tan trascendental, como es el cambio de sexo a tan temprana edad, denota una falta de análisis psicopedagógico.

Que lleva a consecuencias alarmantes en los niños y adolescentes.

Lic. Patricia Dávila Orozco, miembro de Voz en Acción

Al afectar su sano desarrollo y su futuro, aún en el caso de que sus padres lo apoyaran.

Además, los niños y adolescentes están en proceso de desarrollo de su capacidad de toma de decisiones y se les debe ayudar y guiar.

Aclaró que la Convención de Derechos del Niño, en su Art. 8 es que “Los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad.

Incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

A la hora de firma este convenio, México se compromete a respetar su identidad real, no a la que en ese momento la persona pueda desear tener, agregó.

También se refirió al artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Ratificado por México, en cualquier decisión concerniente a los niños, se debe atender primeramente el interés superior del niño.

Garantizando el respeto y protección a su integridad física, psicológica, moral y espiritual, por lo que promover el cambio de identidad sexual.

Aunque sólo sea legal basado en una situación pasajera no corresponde a esta obligación del Estado.

Promover un cambio de identidad, tiene muchas consecuencias.

Finalmente, Patricia Dávila hizo un llamado a la sociedad para que cuando se escuchen este tipo de acciones.

La sociedad levante la voz, manifieste su inconformidad a los legisladores, para que escuchen las necesidades en la mayoría de la sociedad.

ARH

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INE: improcedente queja contra alcaldesa por salir en filme de Netflix

Emanuel Mendoza Cancino

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México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), resolvió la improcedencia de adoptar medidas cautelares solicitadas por Movimiento Ciudadano por la presunta promoción personalizada, actos anticipados de precampaña, uso de recursos públicos y violación al modelo de comunicación política en radio y tv, atribuibles a María Teresa Jiménez Esquivel, presidenta municipal del Ayuntamiento de Aguascalientes.

La queja se presentó con motivo de la aparición de la servidora pública en la película titulada “Se busca Papá”, disponible en la plataforma Netflix, con lo cual, se alegó, obtiene un posicionamiento y/o ventaja indebida frente a sus posibles contendientes a ocupar una diputación federal en el actual proceso electoral 2020-2021.

La Comisión de Quejas dio cuenta de la naturaleza especial de la plataforma Netflix, como una empresa de entretenimiento que ofrece un servicio por suscripción que requiere para acceder a su contenido una conexión de internet, un dispositivo electrónico y un pago, por lo que la plataforma y medio en el que se difunde la película no es de acceso libre y gratuito para la ciudadanía.

Ahora bien, respecto a la promoción personalizada, la Comisión consideró improcedentes las medidas cautelares pues de un análisis preliminar, ni en la película ni el material para su promoción abordan temas políticos o electorales y la aparición de la denunciada no es preponderante ni central en la película.

Asimismo, es notoria la ausencia de diálogos, frases o elementos en torno a su persona, logros o aspiraciones políticas o electorales.

Por cuanto a los posibles actos anticipados de campaña, la Comisión determinó que no es posible advertir expresiones o algún elemento que, en sí mismas, afecten o pongan en riesgo la equidad de la competencia entre los partidos políticos o la voluntad de la ciudadanía rumbo a 2021.

De la misma manera, no se cuenta con base objetiva y cierta en torno a alguna aspiración o postulación de la servidora pública para ocupar algún cargo de elección popular, ni tampoco que se posicione de manera ilegal frente a otras personas contendientes en algún proceso interno de selección de candidaturas o proceso constitucional para renovar algún cargo de elección popular.

Sobre la existencia de una posible violación al modelo de comunicación política, se estableció que no existe sustento para considerar que la difusión de la película deba ser suspendida, bajo el argumento de que se trata de posible compra o adquisición de tiempos dirigidos a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidaturas a cargos de elección popular, en términos de lo establecido en el artículo 41 constitucional.

Finalmente, la determinación adoptada no prejuzga sobre el fondo de los asuntos, que deberá resolver la Sala Regional Especializada del TEPJF, junto con el posible uso de recursos públicos de la servidora.

LEE Best Buy abandona México por esto…

emc

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